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Política de migración y visas en juego
Martes 05 de Septiembre de 2006
Los temas referentes a migración e inmigración están de nuevo en el ojo del huracán tras conocerse la decisión del gobierno de los Estados Unidos de revocarle la visa al economista y político Aníbal Delgado Fiallos, por suponérsele vinculado con presuntos actos de terrorismo, 18 años atrás.
El embajador norteamericano Charles Ford ha declarado que no tuvo responsabilidad alguna en esa decisión, pues la misma fue el producto de lo acordado por un comité con asiento en Washington que se fundamenta en los informes de las distintas agencias de inmigración de los estados unidos, según ha dicho el diplomático.
Antes de este episodio, la opinión publica nacional se escandalizó con motivo de la puesta en libertad de la pareja de cameruneses que habían sido capturados dos meses antes al descubrírseles amplia documentación hondureña que obtuvieron a través de empleados corruptos del Registro de las Personas y de la Dirección de Migración.
El hecho anterior es, sin duda, muy desmoralizante para las autoridades a cargo de la depuración de esas dos instituciones, pero igualmente frustrante es que hasta la fecha no existen visos de que habrá de aplicarse todo el peso de la ley a los burócratas involucrados en esos sucesos bochornosos.
Más bien resulta escandaloso que el Sindicato de Empleados del Registro de las Personas proteste por las medidas disciplinarias adoptadas contra los sospechosos de traficar con documentos emitidos por esa dependencia, bajo el argumento de que éstos son víctimas de una presunta persecución política.
Quizá el temor a enfrentar las presiones de esa organización gremial, que no debería funcionar en un ente estratégico para la seguridad nacional e internacional como el Registro, no han permitido, de momento, que las autoridades del mismo pongan en marcha acciones de saneamiento más drásticas y decididas.
En ese sentido se advierte una labor más incisiva pero todavía muy distante de cumplir con los objetivos propuestos, por parte de la dirección de migración, la cual ha empezado a desplazar al personal viciado con elementos moralmente idóneos. El problema es que este proceso tiene una reducida cobertura y es extremadamente lento, habida cuenta las limitaciones presupuestarias de esa dependencia.
Cuando tomó posesión de su cargo en marzo pasado, el director de Migración German Espinal, prometió llevar a cabo una evaluación que sería anunciada en 60 días, lo mismo que la puesta en marcha de un sistema anticorrupción y de una oficina de auditoría y control para garantizar la transparencia en todos los trámites.
Se desconoce, a la fecha, si Espinal cumplió con esos propósitos, pues en sus mas recientes comparecencias ha hablado de un plan de emergencia con vigencia hasta diciembre, al tiempo que ha pedido un presupuesto de 300 millones para lo que el denomina un relanzamiento de la institución. Pero a la luz de la precaria condición de las finanzas del Estado, difícilmente podrá ser satisfecha esa solicitud.
Este año ha sido prolífico en propuestas para someter a una reingeniería a la Dirección de Migración. Recuérdese que en enero anterior, la Comisión de Ética y Transparencia del Consejo Nacional Anticorrupción presentó al entonces Presidente Ricardo Maduro un informe sobre la situación prevaleciente en esa entidad. La investigación incluyó una serie de recomendaciones que el nuevo gobierno ignoró por completo.
Y así sucede que las evaluaciones van y vienen, pero el problema de la corrupción persiste en Migración como en el Registro de las Personas, con el agravante que los empleados pervertidos ahora cuentan con la protección de los sindicatos correspondientes, frente a cuyas presiones el actual gobierno no lo piensa dos veces para dar marcha atrás en cualquier pretensión moralizadora que haya proyectado realizar.
Altos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos han reconocido los esfuerzos de algunas autoridades hondureñas por combatir esta problemática. Sin embargo, también han sido francos al señalar que desconfían del sistema migratorio y de los documentos expedidos por ciertas oficinas públicas.
Está en lo correcto el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio cuando afirma que en la práctica de nada ha servido invertir sumas millonarias en tecnificar el proceso de identificación nacional, si se continúa documentando ilegalmente a personas de origen extranjero que no solo ponen en riesgo nuestra seguridad, sino la de los países amigos.
El gobierno ha asumido el compromiso de mejorar los mecanismos de control de nuestro sistema migratorio, y esto no debe quedarse en un simple enunciado. Porque tal como lo sustentan distintos sectores nacionales, mientras prevalezca la corrupción en las instituciones a cargo de esos trámites, no estaremos en capacidad de brindar seguridad jurídica a quienes deseen invertir en Honduras y lo que es peor: no seremos dignos de respeto en el exterior.
Viernes 18 de agosto de 2006
(Tomado de HRN La Voz de Honduras)
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Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras
Colonia Florencia Norte, Boulevar Suyapa, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Teléfonos: +504 239-0438, +504 239 0483, +504 232-0433
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