PLAN NACIONAL DE EQUIDAD Y GENERO REPUBLICA DE HONDURAS

POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER
II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO DE HONDURAS
2010-2022
II PIEGH
Tegucigalpa, Honduras, 2010
2
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
Dirección: Colonia Palmira, Ave. Juan Lindo
Sendero Guyana, Casa No. 2429
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 221-4826, 221-3637
Fax: 221-4827
Correo Electrónico: secretariainam@cablecolor.hn
Página Web: http://www.inam.gob.hn
Autoridades
Lic. María Antonieta Botto,
Ministra Instituto Nacional de la Mujer y
Embajadora ante la CIM/OEA
Equipo Consultor
Rocío Rosero Garcés, Coordinadora
Cecilia Valdivieso Vega
Viviana Maldonado Posso
Consultoras Colaboradoras
Mirta Kennedy y Jessica Sánchez
Dirección Técnica
Equipo Técnico
Unidad de Participación Social y Política
Unidad de Prevención y Reducción de Violencia
Unidad de Salud y Género
Unidad de Educación
Unidad de Mujer y Economía
Unidad de Informática
Unidad de Relaciones Públicas
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión
Gestión de Proyectos y Relaciones Internacionales
Agradecimientos:
La formulación de este Documento
ha sido realizada gracias al apoyo financiero
de los organismos de cooperación:
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional ASDI
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID
Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNFPA
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
3
POLÍTICA NACIONAL DE LA
MUJER
II Plan de Igualdad y Equidad de Género
de Honduras 2010 – 2022
II PIEGH
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
4
PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de la Mujer, como la institución del Estado responsable
de la rectoría de las Políticas Públicas de Género, presenta la Política Nacional
de la Mujer y el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-
2022 (II PIEGH), que contiene las principales necesidades y demandas de las
mujeres como titulares de derechos, para reforzar los logros y avanzar en forma
sostenida hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres.
La implementación de este Plan, solo se logrará si el Estado impulsa las
políticas y objetivos estratégicos, el mismo debe ser asumido por todos los
actores involucrados, manifestando voluntad política para la asignación de
recursos y la aplicación de instrumentos legales y mecanismos adecuados para
su operativización.
La función del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), es promover, brindar
asistencia técnica, monitorear y acompañar a las instituciones responsables de
ejecutar las acciones contenidas en el II PIEGH, instando a la creación de
mecanismos de coordinación que permitan establecer relaciones efectivas en la
diferentes instituciones para su ejecución, seguimiento y evaluación de
resultados.
La formulación y validación de este Plan fue producto de un proceso de
consulta nacional con representantes de los diferentes poderes del Estado,
Gobiernos Municipales, Movimiento de Mujeres y Sociedad Civil, con el apoyo
financiero y acompañamiento de agencias y organismos de Cooperación
Internacional.
La facilitación, validación y revisión técnica del Plan, estuvo a cargo del
personal técnico y de apoyo del INAM, sin el cual no hubiera sido posible la
culminación de este documento.
Nuestro agradecimiento a todas y cada una de las personas que han hecho
posible el reto de que nuestro país cuente con un nuevo Plan de Igualdad y
Equidad de Género para el período 2010-2022, que nos permita a nosotras las
mujeres el reconocimiento pleno de nuestros derechos en todas las esferas de la
sociedad hondureña.
María Antonieta Botto
Ministra Instituto Nacional de la Mujer
Embajadora CIM/OEA
5
ÍNDICE
Presentación
4
Introducción
7
Capítulo I: El Punto de Partida 12
1.1 Contexto nacional 13
1.2 Avances en el marco jurídico nacional e internacional 18
1.3 Los principales logros y desafíos relacionados con los Ejes de
intervención priorizados en el I Plan de Igualdad de Oportunidades 2002-
2007.
20
Capítulo II: Fundamentos y Estrategias de la Política Nacional de la
Mujer y II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-
2022.
1. Fundamentos
2. Estrategias
29
30
34
Capítulo III: II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-
2022. Análisis de Situación y Agenda de Políticas
40
Eje 1: Promoción, protección y garantía a la participación social y política,
y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres
Análisis de Situación
Agenda de Políticas
Mapeo de Actores Responsables de Ejecución e Instituciones de Apoyo
Relacionadas
41
41
49
53
Eje 2: Promoción, protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas
y adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia
Análisis de Situación
Agenda de Políticas
Mapeo de Actores Responsables de Ejecución e Instituciones de Apoyo
Relacionadas
54
54
66
76
Eje 3: Promoción, protección y garantía de la salud de las mujeres
durante todo el ciclo de vida y de los derechos sexuales y reproductivos
Análisis de Situación
Agenda de Políticas
Mapeo de Actores Responsables de Ejecución e Instituciones de Apoyo
Relacionadas
77
77
88
96
Eje 4: Promoción, protección y garantía del derecho a la educación, los 97
6
derechos culturales e interculturalidad y el derecho a la información
Análisis de Situación
Agenda de Políticas
Mapeo de Actores Responsables de Ejecución e Instituciones de Apoyo
Relacionadas
97
107
114
Eje 5: Promoción, protección y garantía de los derechos económicos,
trabajo, empleo y acceso, uso y control a los recursos
Análisis de Situación
Agenda de Políticas
Mapeo de Actores Responsables de Ejecución e Instituciones de Apoyo
Relacionadas
115
115
129
137
Eje 6: Género, acceso, uso sostenible y control de la biodiversidad y los
recursos naturales
Análisis de Situación
Agenda de Políticas
Mapeo de Actores Responsables de Ejecución e Instituciones de Apoyo
Relacionadas
138
138
144
149
Capítulo IV: Marco Institucional y Presupuestario del II Plan de Igualdad
y Equidad de Género de Honduras 2010-2022
Análisis de Situación
Agenda de Políticas
Mapeo de Actores Responsables de Ejecución e Instituciones de Apoyo
Relacionadas
Capítulo V: Sistema de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del
II PIEGH 2010-2022
Antecedentes
Indicadores priorizados
150
150
153
156
Anexos
Siglas
Bibliografía
Glosario de Conceptos
168
169
173
180
7
INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de la Mujer (INAM), como ente rector de Políticas
Públicas con Enfoque de Género ha formulado la Política Nacional de la Mujer -
II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 -II PIEGH,
con la activa participación de representantes de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, así como de los Gobiernos
Municipales y la sociedad civil, a través de organizaciones sociales, económicas,
políticas de mujeres y las organizaciones y movimientos feministas.
El II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 es un
instrumento técnico-político que permite incorporar los objetivos y metas para
el logro de la igualdad y equidad de género en la Visión de País, Plan de
Nación, en la agenda pública y por tanto, en la corriente principal de
planificación y presupuestación del Estado en el corto, mediano y largo plazo.
El Estado de Honduras en su conjunto, está llamado a asignar recursos
humanos y financieros para la implementación, ejecución y seguimiento del
presente Plan. Para ello, también es necesario que el Instituto Nacional de la
Mujer, fortalezca su papel rector de políticas de igualdad y equidad de género y
se creen mecanismos institucionales de género en toda la Administración
Pública en el nivel central, regional y municipal, con el objetivo de contribuir a
la ejecución de las políticas de igualdad y equidad de género.
El rol de las organizaciones de la sociedad civil y particularmente de las
organizaciones de mujeres y el movimiento feminista del país es estratégico
para la implementación de este Plan, tal como lo fue en el proceso de
formulación y ejecución de la Política Nacional de la Mujer, Primer Plan de
Igualdad de Oportunidades 2002-2007, así como en el seguimiento y la
vigilancia de su cumplimiento.
La construcción participativa del Plan en sus diferentes fases constituye un
paso importante hacia la concertación de un Pacto Nacional por la Igualdad y
la Equidad de Género en Honduras, en el cual todos los actores de la política
pública, es decir, los diferentes poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y organismos de control, así como las actoras y los actores de la
sociedad civil: organizaciones feministas y de mujeres, organismos no
gubernamentales y otras organizaciones sociales, incluidos los gobiernos
municipales y la cooperación internacional, asumen un compromiso sostenido
con el logro de la igualdad y equidad de género, en el marco de los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos.
Mediante este Pacto queremos destacar que el Instituto Nacional de la Mujer
no es el único organismo estatal responsable de la formulación, ejecución y
8
seguimiento de las políticas de igualdad y equidad; el logro de la igualdad y la
erradicación de la discriminación de género es tarea de todas las instituciones
del Estado en todos los niveles, así como de todas las ciudadanas y ciudadanos
de Honduras, este constituye el principal reto del II Plan, ya que no es posible
el desarrollo sin la inclusión de algo más de la mitad de la población, sin la
potenciación de las habilidades y destrezas de las mujeres, su empoderamiento,
participación y representación en todos los niveles del Estado y principalmente
en la toma de decisiones.
Desde el punto de vista conceptual, el conjunto de políticas incluidas
constituyen el marco de referencia de las políticas de igualdad y equidad de
género en Honduras para el periodo 2010-2022 y contiene las directrices
fundamentales a ser insertadas en la Visión de País y el Plan de Nación, en la
Política Económica, en la presupuestación de recursos nacionales, en la
alineación y armonización de los recursos de la cooperación internacional, en la
Estrategia de Reducción de la Pobreza, en las Políticas de Protección Social y
en las Políticas de Recursos Humanos del Estado.
El II PIEGH se basa en los enfoques de género y de derechos, lo que implica
para el Estado asumir la función de titular de deberes en torno a la promoción,
protección, garantía y restitución de los derechos, de conformidad con las
obligaciones contraídas por el Estado hondureño a través de la ratificación y
adhesiones a las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos.
El enfoque de género y protección integral de derechos en política pública
implica que la acción sistemática del Estado para la garantía de derechos,
incluye tanto los arreglos institucionales como las reformas legales y la
promoción de una nueva cultura que genere el reconocimiento y el respeto de la
igualdad y la equidad de género, como valores sustantivos de la convivencia
social en un sistema democrático, lo que implica además una actuación en el
ámbito cultural. Esta concepción está plasmada en todo el proceso de
elaboración y constituye una directriz técnico-política y metodológica en las
fases de ejecución, seguimiento y evaluación.
Bajo este enfoque, la fase de formulación participativa implicó un proceso de
levantamiento de las demandas de las mujeres como titulares de derechos, con
capacidades para exigir al Estado y a los diferentes actores de la política
pública la creación de condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos.
La Agenda del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-
2022 - II PIEGH se estructuró a partir de seis ejes de derechos, que contienen
las prioridades identificadas por las mujeres en la evaluación del I Plan de
Igualdad de Oportunidades - PIO 2002-2007 y en el proceso de consulta llevado
a cabo para la formulación del II Plan.
9
Los ejes de derechos priorizados son los siguientes:
Eje 1 Promoción, protección y garantía a la participación social y
política y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
Eje 2 Promoción, protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas
y adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia.
Eje 3 Promoción, protección y garantía de la salud de las mujeres
durante todo el ciclo de vida y de sus derechos sexuales y
reproductivos.
Eje 4 Promoción, protección y garantía del derecho a la educación, los
derechos culturales e interculturalidad y el derecho a la
información.
Eje 5 Promoción, protección y garantía de los derechos económicos,
trabajo, empleo, acceso, uso y control de los recursos.
Eje 6 Género, acceso, uso sostenible y control de la biodiversidad, los
recursos naturales y gestión del riesgo.
El presente documento contiene cinco capítulos:
I. El punto de partida, que incluye una visión de contexto económico,
social y político de Honduras, los avances en el marco jurídico
nacional e internacional y los principales logros y desafíos
relacionados con los ejes de intervención priorizados en el I Plan de
Igualdad de Oportunidades 2002-2007.
II. Fundamentos y Estrategias de la Política Nacional de la Mujer y II
Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022, que
contiene los principios fundantes y el marco conceptual que orientan
el proceso de implementación, seguimiento y evaluación de las
políticas de igualdad y equidad de género, acordes con la normativa
jurídica nacional e internacional vigente.
III. Agenda del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras
2010-2022, esta sección ha sido organizada por ejes de derechos. Cada
eje incluye el Análisis de Situación, la Agenda del Plan con sus
respectivas políticas y objetivos estratégicos, así como las
instituciones responsables de su ejecución.
10
IV. Marco Institucional y presupuestario del II Plan de Igualdad y
Equidad de Género de Honduras 2010-2022 – II PIEGH.
V. Sistema de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del II
PIEGH 2010-2022, este capítulo contiene los indicadores priorizados
por ejes para medir el cumplimiento de las políticas para el avance
de las mujeres.
Metodología del proceso de formulación del II PIEGH
Se realizó mediante un proceso participativo en el que se convocaron a las
autoridades y representantes de organismos gubernamentales de todas las
funciones del Estado, autoridades municipales, representantes de las
Secretarías de Estado a nivel departamental, representantes de organizaciones
no gubernamentales, organismos de cooperación, así como a todos los grupos y
sectores de las mujeres organizadas.
Se realizaron cuatro encuentros regionales de consulta sobre la agenda de
derechos de las mujeres:
- Región Centro: La Paz, Comayagua, Intibucá
- Región Sur: Valle, Choluteca
- Región Norte: Cortes, Santa Bárbara, Yoro.
- Francisco Morazán
Adicionalmente se llevaron a cabo catorce Mesas de Diálogo en las que
participaron representantes de las mujeres: indígenas y afrodescendientes,
adolescentes y jóvenes, adultas mayores, sindicalistas, cooperativistas,
empresarias, políticas, privadas de libertad, viviendo con VIH y Sida, con
discapacidad, académicas, feministas y Mesa Interagencial de Género - MIG.
Debido a la emergencia nacional por las lluvias y deslizamientos que dejaron
incomunicados a varios departamentos del país en noviembre del 2008, se
modificó la estrategia de consulta, realizando en enero de 2009 la validación del
Plan en las tres regiones que no participaron en el proceso inicial. Estas
regiones son:
- Región Litoral Atlántico: Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía y
Atlántida
- Región Occidente: Lempira, Ocotepeque y Copán
- Oriente: Olancho y El Paraíso
Adicionalmente se realizó un Taller de Validación en Tegucigalpa, evento que
contó con una amplia representación de las instituciones estatales que trabajan
en diversos programas pro-igualdad y equidad de género, de las organizaciones
11
feministas y de mujeres y de organismos no-gubernamentales, así como las más
altas autoridades del Gobierno.
La sistematización de las propuestas, junto al diagnóstico y análisis de
situación de las brechas de género por ejes de derechos, nos permitió elaborar
la agenda del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-
2022, que contiene los diversos niveles de la política pública.
La definición de los fundamentos y estrategias de la Política Nacional de la
Mujer - II PIEGH, así como los niveles de aplicación concretados en políticas y
objetivos estratégicos, nos permiten contar con un marco de referencia para la
formulación y ejecución de planes inter institucionales para una acción
integrada en materia de igualdad y equidad de género, a través de los Planes
Estratégicos Institucionales, los Planes Operativos Anuales y los presupuestos
asignados para el cumplimiento de dichos instrumentos de planificación.
12
CAPITULO I
Punto de Partida
13
1.1 Contexto nacional
En el proceso de reconstrucción democrática que se inició en 1981, se pueden
distinguir tres grandes etapas en la política hondureña; la primera va desde
1981 hasta fines del siglo pasado, es la reconstrucción democrática en sentido
estricto; en esta fase hubo un estancamiento económico. La segunda etapa, se
inició en el año 2000 y duró hasta fines del año 2007, es el período en que se
reafirmó el orden político y se recuperó el crecimiento económico. La tercera
etapa se inicia en el 2007 y está marcada por la “búsqueda de un nuevo orden
político” en un período de crisis económica y energética global, cuyos canales de
transmisión en el país se expresan en la rebaja de las remesas familiares, la
baja de las exportaciones y la inversión extranjera, así como una crisis del
sector financiero (UNDP–ASDI, 2010). A nivel interno, en este período se
destaca la caída del crecimiento económico del PIB real y el inicio de una
fractura política debido a que no se logró un acuerdo entre los partidos políticos
sobre las reformas para el desarrollo económico y social.
En este último período se expresa por otra parte un creciente desencanto de la
población con respecto al “sistema de partidos políticos, la limitada eficiencia
pública y el incremento dramático de la situación de inseguridad pública y
violencia comienzan a inquietar profundamente sobre los aspectos de
gobernabilidad y convivencia ciudadana en el país” (PNUD-ASDI: 2010).
El incremento de la violencia y la inseguridad, a nivel nacional y regional,
coloca a Honduras entre los países con mayores índices de violencia y
percepción de inseguridad. Según datos del Observatorio de Violencia, durante
el 2008 en Honduras hubo 4,473 homicidios, lo que equivale a un promedio de
373 muertes por mes, 93% de las cuales fueron hombres, especialmente
jóvenes; el 78% de los casos por medio de armas de fuego. En el mismo período
Medicina Forense documentó 9,747 lesiones de las cuales 6,609 fueron por
riñas, 1,408 casos de delitos sexuales, 83% de los cuales fueron cometidos
contra niñas y mujeres jóvenes; en el mismo período se registraron 870 mujeres
agredidas por su condición de género. En La Ceiba y San Pedro Sula, las cifras
de homicidios alcanzaron niveles récord, con tasas de 150 y 108 por cada
100,000 habitantes. (Cf. Idem).
La criminalidad y la violencia en Honduras son consecuencia de un conjunto de
factores interrelacionados entre sí y que se refuerzan mutuamente: las
inequidades de género, sociales y económicas; la falta de oportunidades para los
y las jóvenes, así como una cultura que valida a la violencia como forma de
resolver conflictos en todos los niveles de la vida social; la disponibilidad de
gran cantidad de armas en la población, con leyes permisivas de la tenencia y
portación. De otra parte, existe una desarticulación de los organismos
encargados del control del crimen, incluyendo la Policía, el Ministerio Público y
14
el Poder Judicial, lo que conlleva altos niveles de impunidad. A este panorama
hay que añadir la magnitud del fenómeno del narcotráfico que, frente al
tamaño de la economía de Honduras, tendrá un mayor impacto que en otros
países, lo que generará una situación que desborde las capacidades actuales del
Estado. (Cf. Idem).
Durante el primer semestre del 2009, el Ejecutivo impulsó una consulta
popular (encuesta sobre la “Cuarta Urna”) para instalar una urna adicional en
las elecciones generales de noviembre de 2009 y decidir si debía o no convocarse
a una Asamblea Nacional Constituyente, que sustituyera la Constitución
vigente desde 1982. Si bien esta consulta contaba con el respaldo de varias
organizaciones políticas y sociales, también produjo una importante
polarización social con quienes se oponían a la consulta, o a la forma en que se
impulsaba, percibiendo en ella un proyecto continuista del Gobierno, lo cual
colocó al país en una coyuntura de conflicto político y social. Lo anterior
desembocó en una crisis institucional que llevo al cambio abrupto de la máxima
autoridad del Poder Ejecutivo (Cf. Idem).
Las autoridades de Gobierno tienen bajo su responsabilidad enfrentar grandes
desafíos respecto a la situación política y económica actual, la misma que
según datos de la CEPAL se manifiesta en cifras macro económicas como el
decrecimiento del Índice del PIB real del 6.65 en el 2006 al 3.95 en el 2008, la
estimación del crecimiento económico había alcanzado en 2008-09 un -2.5% y se
estima que alcanzaría al 2010-2011 niveles mucho menores (entre -4.5% y -
5.5%) como consecuencia de la débil situación fiscal por la caída de la
recaudación y la ausencia de la cooperación externa, la disminución de la
inversión extranjera directa, el flujo de remesas, de la demanda agregada y el
clima inadecuado para las inversiones.
Estudios realizados por el PNUD para simular los efectos de la crisis económica
indican que los principales impactos se traducirían en un incremento
significativo de la incidencia de la pobreza entre el 6% y el 8% y el deterioro de
los indicadores sociales que podrían poner en mayor riesgo el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de manera particular los relacionados con
educación y salud, con alta incidencia en los grupos poblacionales con mayor
exclusión: mujeres, niñez y juventud (Cf. Idem).
Varios analistas coinciden en señalar que las elecciones generales del 2009
fueron un punto de partida para comenzar a solucionar la crisis. Bajo el lema
“CAMBIO YA” y con una agenda de reconciliación nacional, el Presidente
Porfirio Lobo Sosa inició su gobierno, con la ratificación del Acuerdo San José-
Tegucigalpa firmado en octubre de 2009, que contiene entre otros puntos, el
establecimiento de una Comisión de la Verdad, la conformación de un gabinete
15
de unidad nacional y la aprobación de parte del Congreso Nacional de un
decreto de amnistía para delitos políticos. (Cf. Idem)
En este complejo escenario económico y político de transición y de alto riesgo
social, Honduras se apresta a dar un nuevo paso en el fortalecimiento de la
democracia, a través de la aprobación de la POLÍTICA NACIONAL DE LA
MUJER - II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO DE
HONDURAS 2010-2022, formulado participativamente en un proceso nacional
durante el período enero 2008 - mayo 2009, retomado en febrero de 2010,
asumiendo de manera consciente que en el marco de la situación actual,
agravada por la crisis política, económica y fiscal, existe la imperiosa necesidad
de abordar las desigualdades de género como un elemento esencial del
crecimiento, del desarrollo sostenible y de la consolidación de la gobernabilidad
democrática.
Las reformas políticas, jurídicas, económicas y sociales que requiere el país,
configuran en el 2010, un escenario en el que existe la necesidad de impulsar
un pacto de convivencia que mitigue las dificultades crecientes en contra de la
gobernabilidad, así como la polarización de la sociedad.
En términos de indicadores sociales y económicos a corto y mediano plazo, la
situación del país es crítica, tal como lo muestran las cifras; en el marco
internacional de la crisis global y la recesión económica, ésta tiende a
empeorar, agravando los problemas internos del país en asuntos tan básicos
como la alimentación.
Uno de los esfuerzos de respuesta a la crisis por parte del Gobierno de
Honduras es la adopción de la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-
2022, fundamentada en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP),
financiada con el alivio de la deuda, como resultado de un proceso de
concertación entre el gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional
(ERP Versión actualizada 2008).
La ERP está orientada a reducir la pobreza de manera sostenible en base al
crecimiento económico con equidad, lo que implica el desarrollo y potenciación
del capital humano. En este marco resulta estratégico incorporar de manera
transversal el enfoque de género, a fin de potenciar la inclusión de mujeres y
hombres en el proceso productivo.
Las disparidades de acceso a las oportunidades económicas, sociales y políticas,
que implican el desarrollo de las capacidades humanas de mujeres y hombres,
determinan las desigualdades de género en Honduras. Como lo veremos más
adelante en el análisis de situación de cada eje de derechos, existen condiciones
desfavorables para las mujeres en las dimensiones económica, política,
16
educativa, cultural y social, lo que se expresa en las elevadas tasas de
analfabetismo y deserción escolar, así como los bajos niveles de ingreso de las
mujeres que representa aproximadamente el 67.6% del salario promedio
devengado por los hombres en las mismas condiciones (PNUD, 2006); elevadas
tasas de muerte materna por causas prevenibles: 83 mujeres por cada 100,000
nacidos vivos, altos índices de violencia de género incluido el femicidio y una
escasa participación política en los niveles de decisión.
A esto se suman un conjunto de mecanismos legales e institucionales, así como
prácticas culturales, que constituyen barreras para las mujeres en el acceso a
los bienes productivos, al trabajo y empleo, a los mercados, tierra,
financiamiento, asistencia técnica, productiva, agrícola, lo cual incide en la
productividad de la economía nacional.
En Honduras el 60.2% de los hogares se encuentran en pobreza lo que equivale
a 4.5 millones de personas, de las cuales 3.3 millones viven en extrema
pobreza; el 28.3% de las jefaturas de hogar están dirigidos por mujeres. “En el
sector rural, dos de cada tres pobladores son pobres. A nivel territorial 11 de los
18 departamentos del país registran niveles de pobreza entre el 70% y el 82%;
tres entre el 50% y el 69%; y cuatro inferiores a 49%” (Zamorano, 2008)
El Índice de Potenciación de Género- IPG (2007) desarrollado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD evidencia las diferencias de
género en términos de participación económica, política y profesional y pone
especial atención en el ingreso de las mujeres como un mecanismo que les
permite elegir entre un conjunto más amplio de posibilidades para su vida. De
acuerdo al IPG, el 50.5% de los puestos profesionales y técnicos en Honduras
son ocupados por mujeres, sin embargo a nivel de puestos de directores,
gerentes y administradores, sólo un 37.0% están ocupados por mujeres, es
decir, los niveles de toma de decisiones son todavía espacios para los hombres.
(PNUD:2008/2009).
De acuerdo al informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 del
PNUD, el país experimentó un leve incremento en su Índice de Desarrollo
Humano Relativo al Género (IDG) pasando de 0.687 en el año 2005 a 0.699 en
el año 2007, así como del Índice de Desarrollo Humano IDH de 0.697 en el 2005
a 0.709 en el 2007, lo cual permite constatar la estrecha relación entre las
desigualdades de género y el desarrollo humano. (PNUD: 2008/2009).
Si bien las cifras antes presentadas evidencian los niveles de discriminación de
género, el Estado Hondureño ha hecho importantes avances en materia de
políticas públicas de igualdad y equidad de género. En efecto, las evaluaciones
realizadas de la Política Nacional de la Mujer - I Plan de Igualdad de
Oportunidades denotan algunos avances en materia de igualdad de género,
17
tanto en el ámbito legislativo como de políticas públicas y mecanismos
institucionales, pero al mismo tiempo se plantean grandes retos y desafíos
provenientes de la compleja situación económica, social y política del país.
1.2 Avances en el marco jurídico nacional e internacional
La legislación nacional en materia de promoción y protección de los Derechos
Humanos de las mujeres se encuentra plasmada en un conjunto de leyes tales
como:
1. La Ley Contra la Violencia Doméstica (1997) y sus reformas (2005),
promueve un cambio en los valores vigentes y establece la obligación del
Estado de ejecutar políticas públicas que garanticen la eliminación de la
violencia doméstica y la protección de la familia;
2. El Código Penal en las reformas incluidas en 1996, 1997 y 2005
coadyuvan a la garantía del derecho a la paz y a una vida libre de
violencia;
3. La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM - 2000) y su
reglamento (2008) establece la obligación del Estado de promover la
igualdad y la equidad de género, proteger los derechos de las mujeres en
los diferentes ámbitos: familia, salud, educación, cultura, trabajo y
seguridad social, tenencia de la tierra, acceso al crédito, a la vivienda,
participación política y en la toma de decisiones en las estructuras de
poder.
4. La Ley del Instituto Nacional de la Mujer, INAM, aprobada mediante el
Decreto Legislativo 232-98 del 11 de febrero de 1999.
Otras leyes vigentes tales como el Código de Familia, el Código del Trabajo, la
Ley de VIH y Sida incluyen acciones afirmativas para la garantía del ejercicio
de los derechos de las mujeres en sus ámbitos específicos.
El Estado ha ratificado un conjunto de instrumentos internacionales
relacionados con la igualdad y equidad de género y la protección a las mujeres,
las adolescentes y las niñas, asumiendo el compromiso de establecer medidas
de carácter obligatorio para el avance y protección de sus derechos. Cabe
destacar que los Tratados y Convenciones Internacionales, una vez ratificados
por el Estado Hondureño, forman parte del derecho interno.
Honduras como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha suscrito y
ratificado la mayoría de Tratados y Convenciones, por tanto se ha inscrito en
los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos.
18
En cuanto a los Tratados y Convenciones de derechos humanos de las mujeres,
Honduras ratificó en 1983 la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer – (CEDAW) y en 1995 la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer. De igual manera, suscribió la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y
el Programa de Acción de El Cairo sobre Población y Desarrollo (1994), así
como la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM (2000).
Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por el
Estado de Honduras desde hace varias décadas, contribuyen sin lugar a dudas
a fortalecer el marco legal e institucional sobre diferentes temas, entre los más
importantes, destacan:
CONVENIOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
RATIFICADOS POR EL ESTADO DE HONDURAS
Nombre del Instrumento Internacional Fecha de
ratificación
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 25-08-1997
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 17-02-1981
Carta de la Organización de los Estados Americanos 02-07-1950
Convención sobre los Derechos del Niño 10-08-1990
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 23-06-1949
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 05-09-1977
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer
03-03-1983
Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer
12-07-1995
Convenio para la represión de la Trata de Personas y de la Explotación de
la Prostitución Ajena
15-06-1993
Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional 01-07-2002
Protocolo facultativo para la Convención de Naciones Unidas sobre
derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía
08-05-2002
Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada
Transnacional
02-12-2003
Convenios internacionales de la OIT Fecha de
ratificación
C14 Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 17-11-1964
C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 21-02 -1957
C42 Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 17-11-1964
C45 Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 20-06-1960
C62 Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 17-11-1964
C78 Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no 20-06-1960
19
industriales), 1946
C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 06-05-1983
C87 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948
27-06-1956
C95 Convenio sobre la protección del salario, 1949 20-06-1960
C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949
27-06-1956
C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 09-08-1956
C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 04-07-1958
C106 Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 20-06-1960
C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 20-06-1960
C122 Convenio sobre la política del empleo, 1964 09-06-1980
C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973 09-06-1980
C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 28-03-1995
C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 25-10-2001
1.3 Los principales logros y desafíos relacionados con los Ejes de
intervención priorizados en el I Plan de Igualdad de Oportunidades
2002-2007
Los logros alcanzados en el periodo 2002-2007 por el conjunto de instituciones
del Estado hondureño constituyen el punto de partida en el nuevo desafío del
INAM como organismo rector de las políticas de igualdad y equidad de género
en el país.
En esta sección del documento se recuperan los avances y se señalan los
principales desafíos a nivel macro y a nivel sectorial, a partir de la lógica del I
Plan de Igualdad de Oportunidades 2002-2007 (PIO) y de la estructura
organizativa actual que mantiene el INAM hasta la promulgación del II Plan
de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022 - II PIEGH.
A continuación presentamos los principales logros y desafíos obtenidos de la
evaluación del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2002-2007.
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
Principales logros
• Sensibilización de la población sobre la igualdad de oportunidades y
Derechos Humanos.
• Reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP)
Decreto 44-2004, lográndose un Incremento de la participación de las
mujeres en el Congreso Nacional en el periodo electoral 2006-2009.
20
Desde el punto de vista de las organizaciones de mujeres, las reformas a
la Ley no significó que las demandas de las mujeres se incluyeran, y en
cuanto a las organizaciones políticas, si hubo participación de las
mujeres en las planillas, pero no se cumplió la cuota mínima de
participación en los diferentes niveles electivos por Departamento y por
Municipio, aunque sí a nivel global.
• Construcción de procesos de interlocución con el movimiento amplio de
mujeres para la definición y ejecución de políticas.
• Creación y fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer como
mecanismo para impulsar la incorporación de Género en el desarrollo
local.
• El movimiento de mujeres realizó un proceso de incidencia y
concertación para la legalización de las OMM en la reforma a la Ley de
Municipalidades, logrando la obligatoriedad de las municipalidades para
destinar el 2% de la transferencia municipal a programas y proyectos
para el desarrollo económico, social y el combate a la violencia en contra
de la mujer.
• Difusión de la cuota electoral en beneficio de las mujeres, prevista en la
LEOP.
• Fortalecidos técnicamente los actores claves de los municipios
involucrados en la implementación de la Política Nacional de la Mujer.
Principales Desafíos
• Inserción del enfoque de igualdad de género en los Planes Estratégicos y
presupuestos municipales.
• Incorporación de los mandatos de las políticas de igualdad de género en
las instituciones del sistema electoral.
• Incidir en la reforma a la Ley Electoral y su reglamento, para que se
incluyan sanciones ante el incumplimiento de la cuota de participación
política y la política de equidad de género de los partidos.
• Creación de estrategias, mecanismos y herramientas para vigilar la
inserción del enfoque de equidad de género en las organizaciones
políticas.
• Creación de mecanismos de vigilancia ciudadana para que se cumpla la
participación de las mujeres en los niveles de decisión.
• Incremento de la Cuota de participación política al 50% en la LEOP y
establecer mecanismos que aseguren esa cuota en los Gobiernos
Municipales.
• Las reformas a la Ley de Municipalidades del 2009, no incluyeron las
Oficinas Municipales de la Mujer como unidades específicas, sino como
gerencias sociales que estarán obligadas a atender niñez, juventud,
21
personas con discapacidad, etnias, adultos mayores y otras poblaciones
en situación de vulnerabilidad de derechos. Lo anterior plantea el desafío
de incidir en la aprobación de instrumentos jurídicos para la
institucionalización de las Oficinas Municipales de la Mujer, (OMM) en
las Corporaciones Municipales.
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
Principales logros
• Fortalecimiento de alianzas interinstitucionales con el sector justicia.
• Realización de investigaciones especializadas sobre violencia contra las
mujeres.
• Implementación de procesos de capacitación, sensibilización en género y
Derechos Humanos de las mujeres a operadores de justicia, policías,
militares y redes de mujeres contra la violencia.
• Incorporación del enfoque de igualdad y equidad de género en los
diferentes comités y mesas interinstitucionales sobre violencia de género.
• Fortalecimiento de las capacidades locales en la aplicación de la Ley
Contra la Violencia Doméstica.
• Creación de la Unidad de Género en la Secretaría de Seguridad y
realizada propuesta para su creación en el Poder Judicial.
• Fortalecimiento institucional al Ministerio Público y la Secretaría de
Seguridad a través de instrumentos y normativas para la correcta
aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica.
• Equipamiento a las casas refugio: Calidad de vida, Casa Ixchell y Centro
de Atención Integral para la Mujer de Choluteca, Casa Renacer.
• Incidencia en la Defensa Pública para el seguimiento de casos de
mujeres privadas de libertad recluidas en la Penitenciaría Nacional de
Adaptación Social Femenina, así como la realización de Jornadas de
formación en la temática de Derechos Humanos a mujeres privadas de
libertad.
• Incidencia y formación en el abordaje del tema de explotación sexual
infantil y trata de mujeres en Honduras, dirigido a las Oficinas
Municipales de la Mujer y Operadores de Justicia.
Principales Desafíos
• Creación de un sistema de registro de sentencias que permita identificar
los tipos de violencia contra la mujer y los niveles de impunidad que
existen actualmente en Honduras.
• Creación de sistemas de registro y producción sistemática de estadísticas
22
que incluyan los diferentes tipos de violencia contra la mujer en todo el
país.
• Ampliación de la cobertura de las Consejerías de Familia en todos los
departamentos del país a fin de hacer efectiva la correcta aplicación de la
Ley contra la Violencia Doméstica.
• Fortalecimiento de los procesos de formación y capacitación en violencia
de Género y Derechos Humanos al personal especializado del sector
Justicia en todo el país.
• Implementación de una estrategia comunicacional para la ejecución de
campañas periódicas de prevención de violencia contra la mujer.
• Asignación de recursos en las instancias especializadas para la
prevención y sanción de la violencia de género.
• Creación a nivel nacional de nuevas alternativas de casa refugio para
Mujeres sobrevivientes de violencia de Género y su reglamentación de
acuerdo con los estándares del Derecho Internacional de Derechos
Humanos.
• Incidencia en la aplicación efectiva de los Convenios Internacionales
suscritos y ratificados por Honduras a favor de las mujeres en la
Normativa Nacional, a fin de mejorar la capacidad de respuesta del
sistema jurídico en relación a la alta incidencia de violencia contra la
mujer en todas sus formas.
• Creación de un observatorio estatal de todas las formas de violencia
contra la mujer.
• Estudio o encuesta nacional especializada sobre Violencia Contra la
Mujer a fin de medir la verdadera magnitud del problema en Honduras.
• Incidencia para la eliminación de textos discriminatorios o atentatorios a
la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes, entendiendo ésta
como una forma de violencia contra las mujeres.
• Aprobación y socialización del anteproyecto de Ley de Maternidad y
Paternidad Responsable por el Congreso Nacional de la República.
SALUD
Principales logros
• Ampliación de la cobertura regional de salud, mediante programas de
atención a las mujeres en salud sexual reproductiva, planificación
familiar, control del embarazo y atención de VIH y Sida.
• Incorporación del enfoque de género en la reorganización del sistema de
salud, principalmente en el proceso de departamentalización y
descentralización.
• Avances en la generación de Estadísticas desagregadas por sexo y la
puesta en marcha de mecanismos de procesamiento de información de
morbi-mortalidad y otros problemas de salud con la Implementación del
23
Sistema Integrado de Información en Salud (SIIS).
• Diseño de indicadores en la Secretaría de Salud e Instituto Hondureño
del Seguro Social (IHSS), para monitorear el impacto de la inserción del
enfoque de género.
• Formulación e implementación de políticas, estrategias y programas de
salud, tales como: Política Nacional de Salud 2021, Reducción Acelerada
de la Mortalidad Materna y de la Niñez (RAMNI), Manual de Atención
Integral para los y las Adolescentes, Salud Indígena e Interculturalidad,
Plan de Reforma al Sector Salud, Política Nacional de Nutrición,
Estrategia Información-Educación-Comunicación (IEC), Municipios
Saludables, Atención Domiciliaria Integral, Cuidados Obstétricos Neo
Natales Esenciales (CONE).
• Asignación más equitativa del presupuesto a las regiones sanitarias
departamentales a partir de criterios objetivos que valoran las
necesidades de salud por región.
• Aprobación del Plan Nacional de Mejora de la Calidad Asistencial.
• Mejoramiento de infraestructura hospitalaria.
• Desarrollo e implementación de sistemas de información para la gestión
hospitalaria.
• Mejoramiento de la extensión de cobertura del IHSS, así como la
desconcentración de la administración y gestión de los servicios e
implementado un sistema de incentivos a la buena gestión o señalización
por incumplimiento de objetivos y metas.
• Creación del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CAIAM) del
IHSS.
• Incidencia para la creación y fortalecimiento de las Consejerías de
Familia. A mayo de 2010, se cuenta con 18 Consejerías a nivel nacional.
Principales desafíos
• Vinculación del II PIEGH a las políticas y estrategias del sector salud, a
las mesas sectoriales, al Plan y la Estrategia de Salud Reproductiva.
• Inclusión de los enfoques de igualdad y equidad de género e
interculturalidad en la atención integral de la salud, en los Planes
Operativos Anuales y Presupuestos institucionales del sector.
• Articulación con las instituciones de Salud en torno a políticas, planes y
estrategias comunes para lograr sinergias en las intervenciones y por
tanto un mayor impacto en la calidad y eficiencia de los servicios.
• Asignación de recursos técnicos y financieros para el desarrollo de las
capacidades institucionales del sistema de salud.
• Formación en el uso y manejo de herramientas conceptuales y operativas
de género y salud sexual reproductiva.
• Creación y puesta en marcha de sistemas de monitoreo y seguimiento de
la implementación a los convenios interinstitucionales.
24
• Implementación del Programa Nacional de Educación Sexual desde una
perspectiva de promoción de la co-responsabilidad del hombre y la mujer
en el cuidado de la salud en todas las etapas de la vida, así como la
realización de campañas de prevención del embarazo adolescente.
• Decisión política de las Secretaría de Trabajo, Salud y Seguro Social
para regular y aplicar el marco jurídico sobre salud ocupacional.
• Mejoramiento de la información y prestación de servicios integrados e
integrales para las mujeres y las niñas, particularmente en materia de
salud sexual y reproductiva, acceso a métodos de planificación familiar,
con especial atención en la prevención del embarazo en la adolescencia y
atención a mujeres con complicaciones por abortos peligrosos, para
reducir la mortalidad materna, de acuerdo con las Recomendaciones del
Comité de la CEDAW.
• Incorporación de la perspectiva de género en los programas y políticas
sobre VIH y Sida para asegurar la atención de las necesidades de las
mujeres pertenecientes a minorías étnicas.
EDUCACIÓN
Principales logros
• Disminución de los índices de analfabetismo entre las mujeres.
• Ampliación de la cobertura regional de la educación de niñas y jóvenes.
• Implementación del enfoque de género en el currículo nacional básico, en
todos los niveles del sistema educativo y en los textos de educación.
• Implementación del enfoque de desarrollo de habilidades en programas
de alfabetización radial.
• Aprobación de normativa jurídica y materiales de apoyo y guías
educativas para la educación con enfoque de género.
• Realización de campañas comunicacionales sobre la igualdad de género
que aportaron al posicionamiento del tema y a la sensibilización de la
población.
• Incorporación del enfoque de género en los registros de información del
sistema educativo nacional.
• Organización de la Red de Comunicadores Sociales por una Cultura de
Equidad en el país y fortalecidas sus capacidades de Género y
Comunicación.
Principales desafíos
• Priorización de la implementación de las políticas y programas de
igualdad y equidad en género y los recursos pertinentes en todas las
instituciones del sistema educativo.
25
• Establecer alianzas estratégicas con decisores, funcionarios y
funcionarias del nivel intermedio y político del sector educación.
• Implementación de procesos de sensibilización a los decisores y
funcionarios de los niveles operativos del sistema educativo.
• Promoción de la Política Nacional de la Mujer - II PIEGH en el ámbito
educativo para la divulgación de los derechos de las mujeres y la
igualdad de género a nivel nacional, regional y municipal.
• Promoción de alianzas y compromisos de las instituciones u
organizaciones comunitarias para la igualdad y equidad de género y la
protección de los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes.
• Inclusión del enfoque de género, Derechos Humanos y prevención de
violencia contra las mujeres y las niñas en los programas de
sensibilización y capacitación docente para el desarrollo de
conocimientos en el manejo de situaciones de vulneración de derechos.
ECONOMÍA
Principales logros
• Creados mecanismos sectoriales de género en la Secretaría de
Agricultura y Ganadería, Secretaria de Finanzas y Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente.
• Creación de la política de igualdad y equidad de género en el Instituto
Nacional Agrario y la reactivación del programa nacional de la mujer
para el acceso a la tierra y la tecnología.
• Diseñadas propuestas para la incorporación del enfoque de género en la
cartera de proyectos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, (ERP).
• Realizadas campañas de difusión sobre los derechos económicos de las
mujeres.
• Creadas redes de comercialización para apoyar las iniciativas
productivas de las mujeres.
• Diseñado programa de empleabilidad de jóvenes, enfatizando las
condiciones de las mujeres.
• Reformada Ley de Seguridad Social para incorporar a las mujeres
trabajadoras del servicio doméstico remunerado al Régimen y Afiliación
Progresiva del Sector de Trabajadoras Domésticas.
• Generada información estadística desagregada por sexo sobre
focalización de hogares con extrema pobreza para la equidad económica.
• Desarrolladas investigaciones sobre la Situación y Posición de las
Mujeres en Diferentes Municipios, Situación del Mercado Laboral,
Diagnóstico de Mecanismos de Financiamiento, Análisis Situacional de
los Fondos de la ERP y las Iniciativas con Enfoque de Equidad de Género
en los Municipios de Trinidad en el departamento de Santa Bárbara y
26
Gracias en Lempira.
Principales desafíos
• Apropiación y responsabilidad del sector económico en la
implementación de la Política Nacional de la Mujer - II PIEGH.
• Aplicación de la estrategia de igualdad de género en la ERP, incluida la
representación de las mujeres.
• Lograr plenamente igual remuneración para la mujer y el hombre, por
igual trabajo o trabajo de igual valor.
• Asignación de recursos técnicos, financieros, formulación de estrategias y
herramientas para el funcionamiento de las Unidades de Género en las
diversas instituciones del Estado.
• Generación de información cuantitativa sobre los derechos económicos de
las mujeres y la especialización de personal en el manejo de la
información.
• Implementación de estrategias de difusión permanente sobre las leyes a
favor de las mujeres en materia de derechos económicos.
• Adoptar una política de empleo digno con enfoque de género en todos los
programas y planes de gobierno.
• Fortalecimiento y/o creación de mecanismos institucionales como
Comisiones mixtas de higiene y seguridad ocupacional, inspectorías y
juzgados de trabajo entre otros, que velen por el cumplimiento de la ley y
la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras.
• La Secretaría de Trabajo debe hacer inspecciones de manera permanente
en los centros de trabajo en los cuales hay riesgos para la salud
ocupacional de las mujeres.
• Igualmente se hace necesaria una reforma al Código del Trabajo que
reconozca los riesgos y proteja a las mujeres de las enfermedades
profesionales y riesgos del trabajo.
• Creación e implementación de una política de vivienda digna con enfoque
de género.
• Desarrollo de un programa nacional que posibilite la competencia,
habilidades y recursos de empresas dirigidas por mujeres para fomentar
el aumento en el acceso a recursos productivos.
• Desarrollar programas de soberanía y seguridad alimentaria desde una
perspectiva de género.
AMBIENTE
Principales Desafíos
• Incorporación del enfoque de género a leyes, políticas y planes a favor del
27
desarrollo ambiental sostenible.
• Articulación de las políticas ambientales con enfoque de género en los
sectores de educación, salud, economía, a nivel central, regional y
municipal.
• Adopción del enfoque de género en estrategias relativas a cambio
climático, áreas protegidas, planes de manejo forestal, energéticas,
biodiversidad, agua, gestión de riesgo y zonas protegidas.
• Lograr la participación activa de las mujeres en la adopción de
decisiones relativas al ambiente en todos los niveles.
• Generar conocimiento sobre la función de las mujeres en la recolección y
reproducción de alimentos, soberanía y seguridad alimentaria, medicina
botánica; conservación del suelo; riego, ordenación de cuencas
hidrográficas, saneamiento, ordenación de zonas costeras y el
aprovechamiento de los recursos marinos, y pesca; control integrado de
plagas, planificación del uso de la tierra, conservación de los bosques y la
silvicultura, manejo ambiental y forestal sostenible y la prevención de
los desastres naturales; las fuentes de energía nuevas y renovables,
prestando especial atención a los conocimientos y a las experiencias de
las mujeres indígenas y afrodescendientes.
• Generación de información estadística cuantitativa y cualitativa
desagregada por sexo y la elaboración de un set de indicadores
ambientales con enfoque de género.
28
CAPITULO II
Fundamentos y Estrategias
de la Política acional de la
Mujer - II Plan de Igualdad
y Equidad de Género de
Honduras
2010 – 2022
29
Los Fundamentos y Estrategias de la Política Nacional de la Mujer - II Plan de
Igualdad y Equidad de Género de Honduras - II PIEGH, se basan en los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos: la Declaración Universal
de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), así como las plataformas de acción de las
Conferencias Internacionales de El Cairo, Viena, Beijing, Durban y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
1. FU DAME TOS DEL PLA
Constituyen los principios inspiradores de la agenda de políticas públicas
formulada para el periodo 2010-2022.
1.1. Derechos Humanos de las mujeres y género
Todos los Derechos Humanos son universales,
indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.
Los Derechos Humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable,
integrante e indivisible de estos derechos (los Derechos Humanos universales)
(Declaración de Viena, 1993)
Es deber del Estado de Honduras cumplir y hacer cumplir los compromisos
establecidos en los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos
Humanos. Los derechos humanos son inherentes a la persona, se fundamentan
en la dignidad humana y no dependen del reconocimiento del Estado.
En tanto los derechos son atributos de las personas, mujeres y hombres son
titulares de derechos por igual de acuerdo a la ley. Sin embargo, la historia ha
demostrado que el derecho al igual que muchas otras instituciones sociales ha
sido concebido desde la visión masculina del mundo. De ahí que la Política
Nacional de la Mujer - II PIEGH recogen como fundamento los Derechos
Humanos de las mujeres y a la vez la necesidad de incorporar el enfoque de
igualdad y equidad de género como propuesta política y categoría de análisis.
La articulación de los conceptos de Derechos Humanos y de género nos permite
visibilizar el conjunto de intereses y necesidades de las mujeres en forma
particular, ya que sufren violaciones específicas basadas en el género, en los
roles y estereotipos que la sociedad les ha asignado a lo largo de la historia. De
esas violaciones se deriva la necesidad de una protección específica que es
30
posible si incorporamos el enfoque de Igualdad y Equidad de Género en las
políticas públicas.
Esos intereses y necesidades específicas nos remiten a grupos de derechos
estratégicos para las mujeres, como el derecho a una vida libre de violencia, los
derechos económicos, derecho a la educación, los derechos sexuales y
reproductivos, derecho a la participación social y política puesto que potencian
su autonomía política, física y económica.
Los Derechos Humanos conllevan deberes y obligaciones que determinan la
acción estatal. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del
derecho internacional de respetarlos, protegerlos y garantizarlos a todas las
personas sin ninguna discriminación.
Honduras al igual que la mayoría de Estados en América Latina y el mundo, se
ha comprometido a garantizar la plena aplicación de los derechos de las
mujeres, adolescentes y niñas mediante la suscripción de una serie de
instrumentos internacionales, entre los que destaca la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW).
La obligación de garantizar implica la promoción y protección de los derechos,
es decir, asegurar la disponibilidad de mecanismos de defensa, denuncia,
exigibilidad y restitución de los derechos que han sido violentados.
La inclusión de los Derechos Humanos como principio fundante y como enfoque
de la Política Nacional de la Mujer - II Plan de Igualdad y Equidad de Género
de Honduras 2010-2022, supone la construcción de propuestas de
macropolíticas y de políticas sectoriales, estrategias, acciones y alianzas,
orientadas a lograr el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
1.2. Igualdad y Equidad de Género
La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos y oportunidades
para mujeres y hombres. Implica que tanto mujeres como hombres deben
potenciar sus capacidades sin obstáculos, tomar decisiones libremente sin la
existencia de valoraciones ni jerarquías entre unas y otros.
En el marco de un tratamiento igualitario, la equidad de género subraya la
relevancia de la igualdad de resultados; llama la atención sobre la importancia
del tratamiento diferencial necesario para poner fin a las inequidades y
promover la autonomía de las mujeres como condición indispensable para
lograr la Igualdad y Equidad de Género. Nos permite poner en evidencia la
diversidad y sus múltiples expresiones así como las desigualdades que se
generan en todos los ámbitos. Partimos del principio de que mujeres y hombres
31
tienen derecho a acceder a las mismas oportunidades para lograr la igualdad y
por tanto el desarrollo humano.
La igualdad y equidad de género son dos principios que van de la mano. La
visibilización y articulación de estos dos fundamentos marcan una diferencia
sustancial con respecto del primer Plan.
Para ello es necesario diseñar políticas y acciones orientadas a erradicar la
discriminación y las desigualdades estructurales en el acceso a recursos,
oportunidades y servicios. Entendemos la igualdad como el disfrute pleno de
iguales derechos y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres,
aplicando medidas de acción positiva en algunos sectores de la población dadas
las particulares circunstancias de discriminación y exclusión que han vivido a
lo largo de sus vidas.
La consagración de la igualdad real o sustancial, es un avance que modifica la
esencia y concepción del Estado, vence y supera los obstáculos y límites del
principio de igualdad formal.
1.3. No Discriminación
La expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer,
de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera.
(CEDAW, Artículo 1)
Los principios de no-discriminación y de igualdad ante la ley constituyen
fundamentos básicos y generales de la normativa internacional relativa a la
protección de los Derechos Humanos.
Tal como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos”. Es un principio fundamental para el II PIEGH incluir las diferentes
formas de discriminación que enfrentan las mujeres por su condición de género
y que se tornan en formas de discriminación múltiple cuando se las margina
por su origen étnico, condición socioeconómica, edad, sexo, opción sexual,
discapacidad, entre otros.
32
El principio de no discriminación obliga al Estado a garantizar la igualdad de
trato de las personas independientemente de su condición.
1.4. Ciudadanía plena de las mujeres
xxi) Promover la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres
en todos los niveles de toma de decisiones en el Estado, la sociedad
y el mercado y fomentar la participación de la sociedad civil,
incluidas las organizaciones no gubernamentales
y las organizaciones de mujeres
en los procesos de adopción de decisiones en los ámbitos
local, nacional, regional y global
a fin de avanzar en la construcción
y ejercicio de la ciudadanía plena
de todas las mujeres de la región;
(Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 10
al 12 de junio 2004)
El II PIEGH plantea como principio y fundamento la ciudadanía plena de las
mujeres, es decir que el Estado garantiza las condiciones jurídicas e
institucionales para su ejercicio y toma las medidas apropiadas para que las
mujeres conozcan sus derechos, los exijan y hagan efectivos, tanto en el ámbito
público como en el privado.
Es fundamental referirnos al ámbito privado, ya que las mujeres no pueden
ejercer una ciudadanía plena si en sus relaciones de pareja y al interior de sus
familias no gozan de capacidad para tomar decisiones libres sobre su vida.
Hablamos entonces de una ciudadanía que comienza en el hogar y determina la
participación activa en las demás dimensiones de su vida.
Implica que las mujeres de manera colectiva intervengan y den seguimiento a
las políticas públicas y a la ejecución de los recursos respectivos, a través de
diversos mecanismos de participación, con poder para colocar y posicionar sus
demandas prácticas y estratégicas en la agenda pública.
Esta ciudadanía comprende la posibilidad de las mujeres de organizarse para
hacer efectivos los derechos consagrados en las leyes nacionales y los
instrumentos internacionales y lograr la restitución de éstos cuando son
vulnerados. Entendemos entonces la ciudadanía como una práctica crítica
desde la cual son capaces de exigir el cumplimiento de las normas jurídicas
vigentes, pero también de comprender la naturaleza cambiante de las
demandas de las personas y proponer nuevos derechos. En palabras de la
33
filósofa y politóloga alemana Hannah Arendt se trata del "derecho a tener
derechos".
1.5. Empoderamiento de las mujeres
El empoderamiento del papel de la mujer y la igualdad
entre la mujer y el hombre
son condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social,
económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos.
(Declaración y Plataforma de Beijing, 1995)
El Estado Hondureño considera fundamental para el desarrollo del país, que
mujeres y hombres tomen conciencia de sus derechos y se reconozcan
plenamente como sujetas y sujetos de derechos y responsabilidades.
El empoderamiento de las mujeres hondureñas implica por lo tanto el
desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades para participar activamente
en los procesos económicos, sociales y políticos del país. Esa capacidad equivale
a mayor poder de decisión y autonomía política, social, económica, física y
cultural.
Es un proceso por medio del cual las mujeres adquieren la capacidad de
construir su propio plan de vida, establecen con claridad y determinación la
forma de relacionamiento con su familia, pareja, colegas, socias y socios, jefes y
jefas y frente a las instituciones sociales, convirtiéndose en agentes de
desarrollo.
Es vital fomentar la autoconfianza de las mujeres, la seguridad en sí mismas,
el poder para tomar decisiones sobre sus vidas, de manera individual y
colectiva, para alcanzar objetivos como la equidad género.
Las mujeres empoderadas estarán en condiciones de superar la subordinación,
ya que han vivido en un proceso de reconocimiento de la ideología de
dominación masculina que reproduce patrones socioculturales de
discriminación y exclusión hacia ellas.
2. ESTRATEGIAS
El II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras contempla las
estrategias priorizadas para su implementación en el corto, mediano y largo
plazo, basadas en las funciones de rectoría del Instituto Nacional de la Mujer
(INAM) determinadas en su ley de creación.
34
Las Estrategias apuntan al fortalecimiento de la institucionalidad de género en
el nivel central y en los gobiernos regionales y municipales, con el objeto de
incidir en las agendas políticas, instrumentos de planificación y presupuestos
institucionales de manera que el Estado en su conjunto asuma los compromisos
en materia de Derechos Humanos de las mujeres.
De igual manera se busca el fortalecimiento de las mujeres como actoras
determinantes en la formulación y ejecución de políticas públicas para la
igualdad y equidad de género, a partir de una concepción que toma en cuenta
las realidades particulares de las mujeres en los territorios en que habitan, así
como sus condiciones específicas de edad, sexo, religión, discapacidad, origen
étnico-cultural y otras.
2.1. Fortalecimiento de la institucionalidad de género
La creación y funcionamiento de los mecanismos de género es la expresión de la
legitimación e institucionalización de la problemática en el Estado y la sociedad
civil. Es desde esa perspectiva que el INAM busca fortalecerse en su función
rectora; al mismo tiempo se busca crear y fortalecer la institucionalidad en
todas las entidades del Estado, tanto a nivel central, regional y municipal, a fin
de contar con un sistema institucional pro igualdad y equidad de género.
Según lo establecido en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los
Gobiernos tienen la obligación de: “Crear, sobre la base de un sólido
compromiso político, un mecanismo nacional, cuando no exista, y fortalecer,
según proceda, los mecanismos nacionales existentes para el adelanto de la
mujer en las instancias más altas de gobierno que sea posible; el mecanismo
debería tener mandatos y atribuciones claramente definidos; la disponibilidad
de recursos suficientes y la capacidad y competencia para influir en cuestiones
de políticas, formular y examinar la legislación serían elementos decisivos;
entre otras cosas, debería realizar un análisis de políticas y llevar a cabo
funciones de fomento, comunicación, coordinación y vigilancia de la aplicación”
En este sentido, la función de rectoría de políticas de igualdad y equidad de
género que le corresponde al INAM, requiere de capacidad técnica y política
para visibilizarla en la agenda pública, insertarla en la planificación y
presupuestación de políticas, así como en su ejecución, así como en la cultura
organizacional de las diferentes instituciones del Estado y de los gobiernos
municipales.
Esta capacidad técnico-política supone un proceso de corto, mediano y largo
plazo para crear las condiciones mínimas que permitan contar con un equipo
técnico con experiencia y un alto nivel de especialización en temas claves:
35
Políticas Públicas con enfoque de Género y Protección Integral de Derechos
Humanos, basadas en el paradigma del Desarrollo Humano Sustentable,
nueva visión del Desarrollo que pone en el centro a las personas en su condición
específica a lo largo de todo el ciclo de la vida.
De igual manera se requiere de políticas institucionales diseñadas con un
enfoque de género y protección integral de derechos que posibiliten una gestión
acorde con la misión y visión del INAM. Nos referimos a las políticas de
selección de personal, de asignación de cargos y funciones por sexo, salarios,
tiempo y jornada laboral, ascensos, oportunidades de capacitación, cuidado de
hijos e hijas, en suma una cultura organizacional de respeto a los Derechos
Humanos.
En tanto la igualdad y equidad de género es una responsabilidad del Estado
Hondureño en su conjunto, es responsabilidad del INAM contribuir al
fortalecimiento técnico de las diferentes secretarías y entidades estatales, de
manera que estén en plena capacidad de asumir este reto. Para el
cumplimiento de esta tarea se pretende invertir esfuerzos y recursos en la
consolidación de mecanismos institucionales de género y la creación de nuevos
mecanismos donde fuera necesario.
2.2. Incidencia en la agenda pública
El Instituto Nacional de la Mujer (INAM), a partir de su rol rector de políticas
para la igualdad y equidad de género, tiene la función estratégica de incidir en
la agenda pública de manera que el conjunto del Estado asuma su
responsabilidad frente a los compromisos internacionales y la normativa
jurídica nacional para promover y proteger los Derechos Humanos de las
mujeres.
La capacidad de incidencia implica posicionar la agenda de las mujeres
diversas de Honduras, en la planificación y presupuestación de las políticas
públicas en todos los niveles del Estado. Para ello el INAM requiere poder de
negociación, fundamentado en su posición como ente rector de las políticas
públicas de género y en la normativa nacional vigente.
El II PIEGH se propone incidir en las políticas macro económicas, macro
sociales, macro administrativas y de recursos humanos del Estado,
principalmente en las siguientes estrategias y ámbitos:
A nivel macro:
- Visión de País, Plan de Nación y Planes de Gobierno: incorporación de los
objetivos estratégicos para garantizar la transversalidad de género.
36
- Los Sistemas de Gestión por resultados (nacional, regional y municipal).
- Política fiscal, inversión y crédito público
- Estrategia de Reducción de la Pobreza
- Presupuestos concurrentes para la implementación de agendas
intersectoriales
- Políticas y Programas de Protección Social
- Servicio civil y carrera administrativa, políticas de remuneraciones,
selección y profesionalización de las y los servidores públicos.
A nivel meso:
- Secretarías de Estado a cargo de las políticas de Salud, Educación,
Trabajo, Desarrollo Social, Ambiente, Agricultura, Industria y Comercio,
Seguridad, Descentralización, Desarrollo Local y Ordenamiento
Territorial.
- Organismos de control.
- Producción y difusión oficial de estadísticas
2.3. Presupuestos sensibles al género
El Presupuesto General del Estado es una herramienta de planificación que
refleja la voluntad política de las autoridades de turno y por tanto el nivel de
compromiso del Estado en su conjunto con las demandas de la población en su
diversidad.
El diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas en los ámbitos
económico y social debe incorporar el enfoque de género, por tanto constituye
una prioridad urgente contar con herramientas y metodologías que permitan
transversalizar el enfoque de igualdad y equidad de género en los sistemas de
inversión y crédito público, incluidos los proyectos de cooperación no
reembolsable, así mismo, realizar acciones afirmativas etiquetando el gasto
público dirigido hacia las mujeres.
Se requiere también de recursos específicos para el mecanismo nacional rector
de las políticas de igualdad y equidad de género en el nivel central y regional.
Es necesario garantizar la asignación de un presupuesto acorde con los
objetivos y políticas del II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras
2010-2022.
De igual manera es fundamental que la legislación nacional garantice la
provisión de recursos para la creación, fortalecimiento y sostenibilidad de las
Oficinas Municipales de la Mujer, como parte de la estructura de los gobiernos
municipales. Es un componente fundamental para la ejecución de políticas para
la igualdad y equidad de género en el nivel nacional, regional y municipal, el
fortalecimiento de la participación de las mujeres en los procesos de
37
construcción de presupuestos así como en mecanismos de contraloría de la
política fiscal.
2.4. Participación en la toma de decisiones
La institucionalización de políticas de igualdad y equidad en Honduras implica
el fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres en todos los
niveles y esferas del quehacer nacional.
La institucionalidad de género debe asumir la responsabilidad de apoyar los
procesos de fortalecimiento y organización de las mujeres, como sujetas plenas
de derechos y por lo tanto en su condición de actoras claves de la política, a
través del apoyo en la creación de mecanismos de vigilancia autónomos para el
cumplimiento de las políticas públicas.
La construcción de la gobernabilidad democrática desde una perspectiva de
género busca lograr una participación de la ciudadanía en el diseño de políticas
públicas y por lo tanto en los niveles de toma de decisiones. El II PIEGH busca
contribuir al desarrollo de la capacidad de las mujeres para vincularse a
estructuras políticas representativas y participar activamente en diversos
mecanismos y espacios de vigilancia y contraloría social.
2.5. Enfoque de territorialidad
La Política Nacional de la Mujer - II Plan de Igualdad y Equidad de Género de
Honduras 2010-2022 asume la responsabilidad de incorporar el enfoque de
territorialidad en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de
género.
La territorialidad implica visibilizar las especificidades de las mujeres de todas
las regiones del país, su identidad étnica, su entorno, sus condiciones de vida
en un contexto socio-cultural, económico, político y geográfico particular.
Significa también, articular la agenda de las mujeres contenida en el II PIEGH
con la planificación en el nivel territorial. Se trata de poner en marcha un
proceso que permita insertar el enfoque de género en los planes de desarrollo a
nivel municipal así como en los presupuestos, desde la fase de la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación.
El diseño e implementación de políticas de igualdad y equidad de género desde
un enfoque de territorialidad, busca promover acciones para dotar a los
municipios y oficinas del gobierno presentes en el nivel local, de condiciones
mínimas, instrumentos, herramientas, metodologías así como mecanismos y
capacidades que les permita a las personas tomadoras de decisiones y
38
operadoras diseñar políticas, programas y proyectos de acuerdo a la realidad
específica de las mujeres y hombres de cada zona y las relaciones de género que
en ella se producen.
En el marco de esta estrategia, la creación y puesta en marcha de las Oficinas
Municipales de la Mujer es clave, a través de estos mecanismos institucionales
el INAM promueve y apoya el fortalecimiento de la participación plena de las
mujeres, desarrollando la capacidad de relacionarse con las estructuras
institucionales y socio-organizativas propias de su territorio, en los gobiernos
municipales y frente a los servicios públicos, en condición de sujetas de
derechos y por tanto como mujeres que entienden y cuestionan las diferentes
formas de dominación y exclusión que históricamente han vivido.
2.6. Gestión del Conocimiento sobre la Igualdad y Equidad de Género
De acuerdo con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el INAM
como mecanismo normador de las políticas públicas de Género debe “Facilitar
la formulación y aplicación de políticas gubernamentales sobre la igualdad
entre mujeres y hombres, elaborar y establecer las estrategias y metodologías
adecuadas para su implementación, promoviendo la coordinación y cooperación
dentro del gobierno central a fin de conseguir que la perspectiva de Género se
incorpore normalmente en todos los procesos de formulación de políticas”.
(Declaración y Plataforma de Acción de Beijing)
Para lograr lo anterior, es indispensable que el INAM promueva y desarrolle
procesos continuos de generación y transferencia del conocimiento y
experiencias sobre la transversalización de género dirigida a la Administración
Pública a nivel central, regional y municipal, con metodologías e instrumentos
adecuados.
Asimismo, es necesario establecer relaciones de cooperación y alianzas
estratégicas con los centros de estudios e investigación sobre las mujeres,
instituciones académicas y educativas, a fin de lograr una generación continua
de conocimientos sobre las diversas problemáticas de género. Ello permitirá
contar no sólo con información cuantitativa y cualitativa que apoye la
formulación de propuestas para el avance integral de las mujeres, sino con
metodologías e instrumentos que posibiliten la medición de sus impactos en la
vida de las mujeres (Declaración y Plataforma de Acción de Beijing).
2.7 Articulación con el movimiento amplio de mujeres y feminista
Mecanismos y espacios de interlocución en el establecimiento de alianzas
estratégicas para:
39
- Definición y ejecución de políticas nacionales y territoriales de igualdad
y equidad de género.
- Vigilancia y auditoría ciudadana de las políticas, programas, planes,
proyectos y sus presupuestos.
- Procesos de incidencia en las distintas funciones del Estado para la
implementación de las políticas y objetivos estratégicos del II PIEGH.
40
CAPITULO III
II Plan de Igualdad y
Equidad de Género de
Honduras
2010 – 2022
Agenda de Políticas
41
EJE 1:
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA A LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL, POLÍTICA Y EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DE LAS
MUJERES.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
La inclusión de las mujeres en espacios organizados tiene sus antecedentes en
los procesos de independencia y la lucha por un Estado unionista
centroamericano, donde aparecen activistas, políticas y escritoras.
Posteriormente, las mujeres se integran a espacios políticos como los
sindicatos, centrales obreras, en la mayoría de los casos ocupando cargos de
secretarias o vocales, organizando y apoyando la gran huelga obrera de 1954,
donde son reconocidos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esta
manifestación otorga fuerza a un movimiento de mujeres que se gesta desde la
década de los 40’s y que tuvo como bandera de lucha el derecho al sufragio
femenino, debatido desde 1892 y el derecho a la soberanía nacional en contra
de la ocupación militar de los Estados Unidos en territorio hondureño.
La participación política de las mujeres se incrementó desde el acceso al
sufragio en 1954, año en el cual se candidatizaron varias mujeres como
aspirantes a regidoras y otros cargos de elección popular; pero es hasta 1997
que se presenta la primera mujer como candidata a la Presidencia de la
República por el Partido Nacional, Nora de Melgar, seguida por Gabriela
Núñez como aspirante a la Presidencia por el Partido Liberal en las elecciones
internas del año 2004.
La lucha del movimiento feminista por el reconocimiento de la ciudadanía de
las mujeres es uno de los grandes hitos para la democracia. Es importante
señalar que este movimiento inicia en los años 70’s y se consolida a finales de
los 80’s. A mediados de la década de los noventa y principios del 2000, se
amplía conformándose redes de mujeres a nivel nacional que tienen como
bandera de lucha el derecho a una vida libre de violencia, la lucha contra el
Lineamiento
El Estado garantiza a la mujer igualdad de acceso y plena participación
en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones en el espacio
público para fortalecer su liderazgo y derecho a las prácticas asociativas.
42
femicidio, la feminización de la pobreza, los derechos sexuales y reproductivos y
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Estas luchas se inscriben en un contexto regional y global de reivindicación de
los derechos de las mujeres que se gestan en los diversos países de América
Latina, como parte de la llamada “primera ola feminista”. Estos procesos se
llevan a cabo en la arena de Naciones Unidas durante varias décadas, lo que
permite avanzar en la formulación y aprobación de marcos legales y de políticas
públicas a nivel internacional en materia de igualdad y equidad de género. De
esta manera, los gobiernos adoptan y se comprometen con las convenciones de
Derechos Humanos de las mujeres y, especialmente, con las agendas emanadas
de las Conferencias Internacionales de El Cairo sobre Población y Desarrollo, la
Plataforma de Acción Mundial de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Los procesos organizativos de las mujeres en Honduras, al igual que en otros
países de la región, permitieron conquistas legales e institucionales
importantes, destinadas a favorecer la participación plena de las mujeres en
todos los espacios de la vida pública y privada, la creación de mecanismos de
monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de estos derechos, tales como la
aprobación de la Ley contra la Violencia Doméstica (1997) y sus reformas en el
2005, Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2000) y su Reglamento
(2008).
A nivel institucional, en un esfuerzo conjunto entre organizaciones feministas y
de mujeres con el gobierno, se creó el Instituto Nacional de la Mujer en 1998,
como ente rector y normador de las políticas públicas de género en el país,
función que ha sido desempeñada de forma coordinada con las Secretarías de
Estado. En el marco del cumplimiento de este rol, se inicia la formulación e
institucionalización de políticas de Estado con enfoque de género.
También en el año 2000, las diversas organizaciones feministas y de mujeres
realizaron la Marcha Mundial de las Mujeres, en 16 de los 18 Departamentos
de Honduras, contando con la participación de más de 4.000 mujeres
organizadas en todo el país, cuyas principales propuestas y demandas al
Estado priorizaron la prevención y erradicación de la violencia y de la pobreza
(Centro de Estudios de la Mujer, 2001).
En ese mismo año se creó la Comisión Interinstitucional para el seguimiento de
la Ley contra la Violencia Doméstica y posteriormente en el 2002, la Comisión
Interinstitucional contra los Femicidios, que cuentan con la participación y
representación del movimiento feminista y de mujeres así como Instituciones
representativas en la Aplicación de la Justicia. Estas alianzas estratégicas
permitieron, en el 2008, la creación de la Unidad de Delitos contra la Vida de
43
Mujeres en el Ministerio Público bajo la responsabilidad de la Fiscalía Especial
de la Mujer.
En el año 2002 se promulgó la Política Nacional de la Mujer: I Plan de Igualdad
de Oportunidades 2002-2007, mediante Decreto Ejecutivo 015-2002, “dando
cumplimiento a la promesa realizada por los aspirantes presidenciales al
movimiento de mujeres, durante la campaña política del 2001”. (INAM, 2005)
En cuanto a participación política electoral, a partir del año 2000 aumentó el
porcentaje de mujeres que accedieron a cargos de elección popular y lograron
un mayor liderazgo dentro de las Organizaciones Políticas. De igual manera, se
incrementó el número de mujeres que participaron como delegadas y
observadoras en las elecciones 2006-2009. En promedio, según datos
proporcionados por el Informe de Desarrollo Humano 2006, las Organizaciones
Políticas presentaron un 26.1% de candidatas a diputadas, ganando 32 de las
128 diputaciones, lo que significa un incremento del 18% de mujeres en el
Congreso Nacional, en comparación con las elecciones del 2001. En el 2006,
24.2% de los Diputados son mujeres y siete de los trece miembros de la
directiva de la Asamblea Legislativa (PNUD, 2006). Para el período 2010-2014
existen 25 diputadas propietarias, lo que equivale al 19.63%, mientras que las
diputadas suplentes representan un porcentaje más alto 37.8%.
En la legislatura 2006-2009, la representación de las mujeres fue del 24.22% a
nivel de propietarias y en las elecciones del 2009, bajó la participación al
19.63%, registrándose un retroceso de 4.59%, sumado a más de 50
candidaturas de mujeres que renunciaron a sus postulaciones porque
consideraron que el proceso electoral no garantizaba transparencia.
En las elecciones del 2001 y del 2005, la mayoría del electorado fueron mujeres,
según datos del Tribunal Supremo Electoral1. En este mismo periodo se
registró un aumento sustantivo de la participación de las mujeres en la
población electoral de 1,732.841 a 2,016.088.
Asimismo, desde 1981 a 2005, solo 84 mujeres fueron electas diputadas
propietarias frente a 772 diputados propietarios. A nivel de diputados
suplentes se eligieron a 730 hombres y a 126 mujeres. (INAM, 2008)
1 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuenta con información desagregada por sexo a partir del 2001.
44
En las elecciones del 2005 sólo en 6 de los 18 departamentos, las mujeres
candidatas consiguieron sobrepasar el 30% de lo establecido por la Ley de
Igualdad de Oportunidades para la Mujer: 100% en Gracias a Dios, 50% en
Valle, 45% en Cortés, 42.9% en Comayagua, 39.1% en Francisco Morazán y
33.3% en Choluteca.
La elección e inclusión de las mujeres en las alcaldías municipales en el 2006
fue menor, logrando apenas 23 de las 248 corporaciones municipales, lo que
equivale a 7.7% de los cargos y en 6 departamentos del país ninguna mujer fue
electa para una alcaldía municipal: Colón, Copán, Gracias a Dios, Islas de la
Bahía, Ocotepeque y Olancho. En las regidurías las mujeres representaron el
16.6%: 306 mujeres y 1.540 hombres. En las elecciones para el período 2010-
2014 las mujeres electas como Alcaldesas son 17, correspondientes al 6% de los
municipios del país; mientras que para regidores fueron electas 448 mujeres, lo
que equivale al 22.4% del total de regidurías.
De acuerdo a los datos del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones
internas de las organizaciones políticas mayoritarias realizadas en el año
2008, las mujeres electas en cargo de diputadas representaban en el
Partido Liberal el 22% de propietarias y 31% de suplentes; mientras que
en el Partido Nacional el porcentaje fue de 26% de mujeres propietarias y
39% de suplentes. En esta misma elección los cargos ocupados por
mujeres en los gobiernos municipales sumaron el 33% para el Partido
Nacional y el 39% para el Partido Liberal.
En el período electoral 2006-2009 hubo avances en la representación de los
grupos étnicos y personas con discapacidad en los organismos de toma de
decisión y en las funciones de los tres Poderes del Estado.
Las mujeres en cargos de Ministras o Secretarias de Estado han sido muy
pocas desde el nombramiento de la primera Ministra de la Secretaría de
Trabajo y Seguridad Social en 1964, sólo se contó con una ministra en cada
gabinete de gobierno hasta el año 1998 (Villars, 2005)2. A partir de ese año se
designa a 4 mujeres como Ministras y con la creación del Instituto Nacional de
la Mujer, se incrementa a 5 de las 16 existentes; esta situación se mantiene
durante el período 2002-2005. En el año 2010 hay 4 Ministras en Secretarías de
Estado.
2 De 1964 a 1998 se cuentan 7 períodos de elecciones gubernamentales: a) 1964-1965, b) 1971-1972,c) 1975-
1978, d)1982-1986 e)1986-1990, f) 1990-1994, g) 1994-1998.
45
En los cargos de gobierno del 2010, de 132 personas entre Ministros, Ministras,
Viceministros, Viceministras, Gobernadoras y Gobernadores, solamente 38 son
mujeres (PNUD - ASDI: 2010).
En el año 1982 en el Poder Judicial fue nombrada la primera mujer magistrada
de la Corte Suprema de Justicia y solo en la legislatura 2002-2008, una mujer
presidió este Poder del Estado. Cabe destacar que en la reciente elección para
el período 2009-2015, llevada a cabo el 25 de enero del año 2009, se eligieron a
3 mujeres de los 15 cargos a magistratura, alcanzando el 20% de
representación en este poder del Estado. Además, para el período 2002-2008
dos magistradas presidían dos de las cuatro salas de la Corte Suprema,
únicamente una sala constitucional estuvo presidida por una magistrada
(Centro Electrónico de Información y Documentación Judicial, 2007). Para el
período 2009-2016, de 15 magistrados, sólo 3 son mujeres, lo que equivale al
20%.
Marco legal e institucional
La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (Decreto No 34-2000) fue
aprobada con la finalidad de promover y asegurar la “Igualdad de
Oportunidades en la participación y toma de decisiones dentro de la estructura
de poder”. Cabe destacar, que el artículo 81, establece: “El Estado a través de
las instituciones respectivas tomará medidas eficaces para lograr una
distribución equitativa de hombres y mujeres en los cargos de elección popular,
acelerando el proceso encaminado a hacer efectivo el ejercicio de los derechos
políticos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. Para lograr la
participación efectiva de la mujer, se establece una base de treinta por ciento
(30%) en forma progresiva, hasta lograr la equidad entre hombres y mujeres,
aplicable en lo relativo a los cargos de dirección de los partidos políticos,
diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional, al Parlamento
Centroamericano, Alcaldes y Alcaldesas, Vice-Alcaldes y Regidores en posición
elegibles de conformidad con una escala basada en los resultados de tres
elecciones”.
Esta Ley debe ser reformada para incluir la cuota de participación ciudadana
en las diferentes estructuras organizativas en los ámbitos comunales,
municipales y nacionales, tales como: patronatos, juntas de agua, comisiones de
transparencia, cabildos abiertos municipales, comités ciudadanos y otras
organizaciones comunitarias.
El porcentaje de participación de las mujeres es aplicable para todos los
espacios y cargos de toma de decisiones a nivel comunitario, político y social.
Actualmente, el movimiento de mujeres, así como los comités de la mujer o de
género de las organizaciones políticas trabajan en una propuesta de reforma
46
legal orientada a lograr el 50% de la participación social y política de las
mujeres.
Por otro lado, la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas en el Título VI,
capítulo II referido a la igualdad de oportunidades, establece en el artículo 103:
“el Estado garantiza la democracia participativa y el ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos tanto a hombres como a mujeres, en igualdad de
oportunidades. Los partidos políticos deben crear las condiciones materiales
que permitan la incorporación real de las mujeres en todos los aspectos de la
vida partidaria”; mientras que el artículo 104 establece la garantía de no
discriminación, mediante la aprobación y ejecución de una política de equidad
de género y el establecimiento de informes de cumplimiento de esta política. De
igual manera el artículo 105 retoma textualmente el artículo 81 de la LIOM en
cuanto al establecimiento de la participación política de las mujeres en un 30%
en forma progresiva.
Avances y obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos y ciudadanía de las
mujeres
El movimiento feminista y de mujeres impulsa, desde mediados de los años
ochenta, campañas dirigidas a la creación y fortalecimiento de espacios
organizativos para las mujeres. Producto de este esfuerzo en los años 90’s se
conforman las redes de mujeres a nivel local y los foros de mujeres
parlamentarias; en el año 2000 se crea el Foro de Mujeres Políticas
Parlamentarias y en el 2002 la Asociación de Mujeres Políticas de Honduras.
En el ámbito de la formación política, el Instituto Nacional de la Mujer y las
organizaciones feministas han realizado campañas dirigidas a la promoción de
las candidaturas de mujeres a puestos de elección popular. Paralelamente, se
han realizado campañas de sensibilización y educación inter partidarias
dirigidas a mujeres políticas de todo el país, así como la revisión y adecuación
de las “políticas de equidad de género de los partidos”3 en cada una de las cinco
organizaciones políticas de Honduras: Partido Demócrata Cristiano, Partido
Innovación y Unidad, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Unificación
Democrática (INAM, 2009).
Un aspecto importante, en este proceso, es la creación de la “Agenda
Interpartidaria de las Mujeres” y su plan de acción bajo diversos ejes: aspectos
legales, capacitación, sensibilización, financiamiento, organización,
investigación, participación política y políticas públicas, con el objetivo de
promover reformas conjuntas a la Ley Electoral para la aplicación de la
3 Las políticas de género de cada uno de los partidos políticos se encuentran elaboradas y cuentan con un plan
de acción operativo para el año 2009-2010.
47
equidad de género (Rodríguez, 2008), realizar acciones encaminadas a
potenciar la participación política de las mujeres y vigilar el cumplimiento de la
“cuota electoral”. Esta agenda inter partidaria se encuentra en período de
negociación y aprobación al interior de las organizaciones políticas y el
principal obstáculo para su ejecución es la falta de asignación de recursos.
Actualmente, la rendición de cuentas sobre la participación de las mujeres, a
nivel de las organizaciones políticas, recae sobre las Secretarías de la Mujer de
cada organización, pero de manera legal, la responsabilidad de la ejecución de
las políticas de género corresponde a las directivas centrales. Varias líderes
pertenecientes al movimiento de mujeres y feministas se postularon a cargos de
elección popular, sin embargo no alcanzaron ningún escaño. Las mujeres que
ingresaron a puestos de poder y decisión en el periodo electoral 2006-2010 no
han sido aliadas estratégicas para posicionar la agenda del movimiento
feminista, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos y los
derechos a una vida libre de violencia.
El incumplimiento de la Ley Electoral en lo que corresponde a la asignación del
30% de participación de las mujeres en cargos de elección popular y en los
espacios de poder público, es una constante en los diferentes procesos
electorales de Honduras. La paridad, en este sentido, es aún un reto pendiente,
por lo que se están realizando acciones de incidencia para lograr una
participación equitativa. Un sector del movimiento feminista igualmente
expresa que el mayor reto es “cambiar la mirada política hacia las mujeres”
proponiendo que bajo una reglamentación especial se reserve el cupo para las
mujeres a partir del 30%, pero que este mismo porcentaje sea destinado para
puestos claves dentro del sistema electoral y en los cargos de designación en
todas las funciones del Estado (OXFAM: 2009). Debido a la crisis política
generada en el 2009, se produjo el estancamiento de la agenda política interpartidaria
y adicionalmente se suspendieron los recursos para los partidos
políticos destinados a fortalecer sus capacidades.
Otro desafío importante es lograr la incorporación de las mujeres en espacios
de toma de decisiones a nivel local en juntas de agua, patronatos, sociedad de
madres y padres de familia, ya que la tendencia general es que si bien la
participación de las mujeres en estas instancias ha aumentado y algunas
ocupan cargos de decisión, son minoría en comparación con el porcentaje de sus
compañeros varones. (Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible: 2008)
Las organizaciones de mujeres, a nivel rural y urbano han crecido y se han
fortalecido en los últimos años conformando aproximadamente el 40% de las
organizaciones de la Sociedad Civil (Diagnóstico sobre la Sociedad Civil en
Honduras: 2004). Las organizaciones mixtas o de mujeres son legalizadas en la
Secretaría de Gobernación y Justicia a través de una personería jurídica; sin
embargo, estas organizaciones no cuentan con el apoyo de dicha Secretaría de
48
Estado a nivel económico o técnico, por lo que la mayor parte de la labor
organizativa se hace de manera voluntaria o mediante el financiamiento de la
Cooperación Internacional.
Existen diversos espacios de auditoría social a nivel municipal coordinados por
organizaciones y redes de mujeres, tomando como mecanismo de control los
cabildos abiertos, éstos son espacios donde la municipalidad coordina una
reunión abierta de toda la ciudadanía para exponer sus necesidades o evaluar
los avances de la agenda de trabajo municipal. En este caso, las agendas de
género en las cuales participan como mínimo un 60% de mujeres, manteniendo
reuniones trimestrales para evaluar el desempeño municipal y hacer
recomendaciones.
Fuera de este mecanismo a nivel local, no existe ningún otro destinado a
realizar el control y la vigilancia ciudadana. La Secretaría de Gobernación y
Justicia es la encargada de conducir y coordinar el proceso de
descentralización, por ello es importante incidir para incorporar el enfoque de
igualdad y equidad de género en los Planes Estratégicos de Desarrollo
Municipal. De ahí la importancia de la movilización y participación ciudadana
de las mujeres para monitorear los avances de sus derechos en los mecanismos
de coordinación e instancias de desarrollo territorial que se creen en el marco
del cumplimiento al Plan de Nación.
A nivel local, la articulación de las redes de mujeres ha sido muy importante;
ello ha posibilitado la elaboración de las Agendas de las Mujeres, que priorizan
el derecho a la salud, a una vida libre de violencia, así como la erradicación de
la pobreza y la justicia de género como un factor esencial para potenciar la
igualdad de oportunidades.
Las mujeres organizadas a nivel local a través de una acción de incidencia han
comprometido a los y las aspirantes a las Alcaldías Municipales para que
incorporen estas agendas en sus planes y programas de gobierno. Entre las
Alcaldías que han firmado convenios con las organizaciones de mujeres, se
encuentran: La Esperanza, Intibucá, La Paz, Marcala, Choluteca, Olanchito,
Tocoa (Centro de Estudios de la Mujer, 2007). Este proceso de cumplimiento de
las agendas de las mujeres es posible gracias a los mecanismos de seguimiento
y auditoría social con las que cuentan las redes de mujeres, entre los que se
destacan el establecimiento de cabildos abiertos y reuniones con las
Corporaciones Municipales para la rendición de cuentas a nivel presupuestario
y de ejecución de políticas.
En el periodo electoral 2001-2005 se conformó la Alianza de Mujeres
Municipalistas de Honduras (ANAMMH), organización que aglutina a las
mujeres que forman parte de las autoridades municipales y otras
49
comprometidas con el desarrollo local. Esta organización alcanzó un gran perfil
político, sin embargo, tiene resistencias por parte de la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON), instancia liderada por hombres, lo que
restó importancia a la ANAMMH, mermando su perfil político. Actualmente la
AMHON ha retirado el presupuesto para la sostenibilidad de la organización,
lo cual entra en contradicción con la Política de Equidad de Género de la
AMHON.
A nivel de Centro América (El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua), 5
organizaciones feministas, CEM-H, Las Dignas/Colectiva Feminista,
Mélidas, Tierra Viva y Venancias, organizaron en el 2004 una Red de Mujeres
Municipalistas por el Desarrollo Local, que aglutina a regidoras, alcaldesas,
vice alcaldesas, coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer y
también a las mujeres líderes de organizaciones y redes locales.
50
AGENDA POLÍTICA
POLÍTICA 1
El Estado promueve y establece los mecanismos jurídicos e institucionales para
garantizar la participación de las mujeres, fortaleciendo su actoría en la
definición y ejecución de los planes, programas y políticas desarrolladas por el
gobierno nacional y municipal.
OE 1.1.
Promover y apoyar la formación ciudadana de las mujeres organizadas y no
organizadas, desde un enfoque de género, generacional e interculturalidad,
para el fortalecimiento de su actoría social y política, garantizando una
formación integral.
OE 1.2.
Crear los mecanismos legales e institucionales para garantizar la participación
paritaria de las mujeres organizadas y no organizadas en los planes, programas
y políticas a nivel nacional, regional y municipal, incluyendo las políticas
presupuestarias.
OE 1.3.
Asegurar la representación y participación ciudadana de las mujeres en los
órganos de alto nivel del Estado, organismos de control, instancias
gubernamentales, comisiones y en la definición y ejecución de las políticas
priorizadas por el Estado, en el ámbito internacional, nacional, regional y
municipal.
POLÍTICA 2
El Estado garantiza los mecanismos para el ejercicio de la vigilancia y
participación ciudadana, como fundamento de la democracia bajo el principio
de igualdad de los Derechos Humanos de las mujeres.
OE 2.1.
Asegurar el marco jurídico y los arreglos institucionales para que las mujeres
organizadas realicen acciones de vigilancia ciudadana y auditoría social a las
políticas, planes, programas y proyectos, a nivel central, regional y municipal,
para el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres sin
ningún tipo de discriminación, de acuerdo a los compromisos asumidos por el
Estado en el marco jurídico nacional e internacional.
OE 2.2.
51
Impulsar mecanismos de promoción y difusión del marco legal de protección de
los Derechos Humanos de las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores,
especialmente de los grupos de atención prioritaria para que tanto las
instituciones titulares de deberes, como los sujetos de derechos conozcan y
asuman sus responsabilidades.
OE 2.3.
Apoyar iniciativas de vigilancia ciudadana a los compromisos asumidos por las
mujeres y hombres electas y electos frente a la agenda de igualdad y equidad
de género del movimiento feminista y de mujeres.
POLÍTICA 3
El Estado promueve y garantiza la participación y representación paritaria de
mujeres y hombres sin ningún tipo de discriminación, en los cargos de
designación, en todas las instancias de dirección y decisión de las funciones
estatales del Ejecutivo, en la Administración de Justicia, en los Organismos de
Control y en otras instancias del Estado a nivel internacional, nacional,
regional, departamental y municipal.
OE 3.1.
Establecer mecanismos de acción positiva para garantizar la representación en
la designación paritaria de las mujeres de las diversas etnias y otras
condiciones en todas las instancias de toma de decisiones en el ámbito nacional,
regional, departamental y municipal.
OE 3.2.
Establecer la normativa y los procedimientos administrativos necesarios para
garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en la
representación y designación en todas las funciones del Estado.
OE 3.3.
Establecer medidas de acción positiva para asegurar la designación de las
mujeres en las representaciones del gobierno, así como su participación en la
toma de decisiones y gestión de las organizaciones intergubernamentales, en
los niveles internacional y regional.
OE 3.4.
Promover y fortalecer la formación política de las mujeres para asegurar su
participación y representación paritaria en los cargos de designación, en todas
las instancias de dirección y decisión de las funciones estatales, a nivel
nacional, regional, departamental y municipal.
POLÍTICA 4
52
El Estado promueve y garantiza la participación y representación paritaria de
mujeres y hombres e incorpora el enfoque de igualdad y equidad de género en
el Sistema Electoral, en las organizaciones y movimientos políticos.
OE 4.1.
Asegurar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) establezca mecanismos
jurídicos e instrumentos técnicos que le permitan garantizar la aplicación
efectiva de Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en la conformación
de listas de candidaturas de las organizaciones y movimientos políticos en
todos los procesos electorales, incluidas las elecciones primarias a nivel
nacional, regional, departamental y municipal.
OE 4.2.
Promover la incorporación del enfoque de género en la Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas, garantizando la paridad, la secuencia y la
alternabilidad en la conformación de las listas, así como medidas de acción
afirmativa que establezcan cuotas de participación de mujeres indígenas y afro
descendientes.
OE 4.3.
Establecer las condiciones jurídicas e institucionales para que las mujeres
organizadas realicen acciones de vigilancia ciudadana y auditoría social a los
procesos electorales.
OE 4.4.
Asegurar que el TSE establezca la normativa correspondiente para garantizar
que todas las candidaturas de todas las organizaciones y movimientos políticos,
incluyan la igualdad y equidad de género como una prioridad del Plan de
Gobierno.
OE 4.5.
Diseñar e institucionalizar un sistema de indicadores de género en el TSE para
la formulación e implementación de políticas de igualdad y equidad de género
en el Sistema Electoral.
POLÍTICA 5
El Estado establece mecanismos y estrategias para garantizar la formación
política y la promoción de candidaturas de mujeres en igualdad de condiciones
dentro de las organizaciones y movimientos políticos.
OE 5.1.
53
Promover y fortalecer la formación política de las mujeres diversas a nivel de
las organizaciones y movimientos políticos, así como en el Sistema de
Educación Formal y no Formal.
OE 5.2.
Establecer estrategias e instrumentos, desde el TSE, para el seguimiento,
control financiero y rendición de cuentas de las organizaciones y movimientos
políticos, a fin de garantizar la distribución equitativa entre mujeres y hombres
de los recursos asignados para capacitación y campañas electorales en la
promoción de las candidaturas inscritas.
OE 5.3.
Establecer normas y mecanismos que aseguren la no discriminación en el
ejercicio del derecho a la participación política y en el acceso a los espacios de
toma de decisiones por razones de género, etnia, edad, discapacidad u
orientación sexual.
54
MAPEO DE ACTORES RESPO SABLES DE EJECUCIÓ E I STITUCIO ES
DE APOYO RELACIO ADAS
EJE DE DERECHOS INSTITUCIONES
EJE 1: PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y
GARANTÍA A LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y POLÍTICA, EL EJERCICIO DE
LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES Y LA
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
INSTITUCIÓN RECTORA:
• Instituto Nacional de la Mujer
RESPONSABLES EN LA EJECUCIÓN DEL
PLAN:
• Universidades
• Comisionado Nacional de Derechos
Humanos (CONADEH)
• Ministerio Público
• Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ)
• Tribunal Supremo Electoral (TSE)
• Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación Externa (SEPLAN)
• Alcaldías Municipales
• Oficina Municipal de la Mujer (OMM)
• Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Poder Legislativo
• Poder Judicial
• Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP)
DE APOYO:
• Mancomunidades
• Organizaciones Feministas y de Mujeres
• Organizaciones Sociales
• Organizaciones y Movimientos Políticos
• Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)
• Alianza Nacional de Mujeres Municipalistas
de Honduras (ANAMMH)
• Mirador Electoral
• Consejo Nacional Anticorrupción
55
EJE 2
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS
MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
“La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta
basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público o
privado. Que tenga lugar dentro de la familia, unidades
domésticas, en la comunidad, o que sea perpetrada o tolerada por
el Estado”.
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Artículos 1 y 2
El contexto social y cultural de la violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres en Honduras es una situación generalizada que
constituye una violación, una limitación al reconocimiento, goce y ejercicio de
los Derechos Humanos y sus libertades fundamentales y al ejercicio de la
ciudadanía en todos los ámbitos. Es una amenaza real y simbólica contra sus
vidas y su alta incidencia adquiere las dimensiones de una epidemia. Tiene
profundas repercusiones en el entorno familiar y social, en sus hijas e hijos,
coadyuva a la producción y reproducción de la violencia social en detrimento
del desarrollo humano y a las aspiraciones de una sociedad más justa, pacífica
y democrática.
Lineamiento
El Estado adopta las políticas necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer durante todo el ciclo de vida, en el
espacio privado y público, estableciendo la normativa, los instrumentos
institucionales y los procedimientos adecuados para brindar una atención
integral, de conformidad con los Convenios y Tratados Internacionales de
Derechos Humanos.
en tosrmas, ,.
56
Expresa y es consecuencia del sistema patriarcal basado en relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, arraigadas en las
diferentes expresiones de la discriminación y subordinación de género. Es la
manifestación de una estructura social que legitima y articula las diferentes
formas de violencia contra las mujeres como un continuo, que va desde las más
leves, como la violencia verbal, a las más graves y extremas como el femicidio.
En el país no se han realizado estudios específicos sobre incidencia de las
diversas formas de violencia contra las mujeres. La Encuesta de Hogares del
2002 y la más reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA)
2005-2006, incluyeron módulos de preguntas para captar esta información. La
ENDESA revela que a nivel nacional, en los 12 meses previos a la encuesta, el
15% de las entrevistadas con edades entre los 15 a 49 años experimentaron
alguna forma de violencia basada en género4.
La violencia basada en género impacta en todas las mujeres sin distinción de
raza, clase o edad, pero tiene consecuencias más graves en las que viven
situaciones que incrementan su discriminación, como la pobreza, pertenecer a
una comunidad social excluida, vivir con VIH, alguna discapacidad, o estar
dentro de ciertos rangos de edad (niñas, jóvenes, adultas mayores). Sostenida
por patrones y prácticas culturales, sociales, políticas, económicas, religiosas y
otras, que reproducen la desigualdad y la discriminación de género.
Desde la temprana socialización en la familia, las niñas y niños aprenden que
la diferencia sexual representa oportunidades diferenciadas. La violencia
aparece como un mecanismo efectivo de control del cuerpo, mente, tiempo y
recursos, en un contexto en el que las diferencias de género son interpretadas
como relaciones de discriminación y desigualdad hacia las niñas y las mujeres,
en el ámbito privado y público.
En el país se han logrado avances significativos en Derechos Humanos de las
mujeres, no obstante, persisten importantes brechas entre su reconocimiento
formal y su ejercicio efectivo. Todavía no se logra equiparar su participación en
los espacios políticos de toma de decisiones, ni en el acceso igualitario a los
recursos, al empleo, ingresos, entre otros. Estas brechas persisten en un
contexto de resistencia al cambio de las relaciones sociales patriarcales,
sostenidas por ideologías que contribuyen a naturalizar la violencia basada en
género, reafirmando los roles domésticos femeninos y la supremacía masculina
4 Cabe mencionar que la ENDESA es el único instrumento que aporta información sobre la incidencia de la
violencia contra las mujeres a nivel nacional; sin embargo, ésta presenta ciertas limitantes con la información
disponible, específicamente en que no se incluyen preguntas que profundicen la dinámica de la violencia en la
vida de las mujeres. Asimismo, la muestra no es suficientemente representativa, debido a que se excluyen a
las mujeres menores de 15 años y a las mayores de 49, tramos de edades en los cuales las mujeres son muy
afectadas por la violencia de género.
57
en la familia y la sociedad; es decir, reconociendo a los hombres superiores
derechos que a las mujeres. Ese convencimiento de la superioridad masculina
es el fundamento de la violencia contra las mujeres.
A pesar de la centralidad que tiene la reproducción de valores en los procesos
educativos, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, hasta el
momento ha faltado una iniciativa de prevención de cobertura nacional,
sistemática y permanente, que integre y comprometa las instituciones
gubernamentales, organizaciones de mujeres y demás actores sociales. No se ha
posicionado en la sociedad hondureña un enfoque de prevención basado en una
plataforma ética ciudadana en la cual se fomente el respeto a los Derechos
Humanos y libertades fundamentales en todos los niveles y promueva la
transformación de los roles tradicionales de género femenino y masculino, hacia
una mayor incorporación de los hombres en la economía doméstica del cuidado
y de las mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones. El INAM, las
Organizaciones de Mujeres y las Instituciones del Estado involucradas,
anualmente desarrollan algunas campañas de prevención, pero son temporales,
sin coordinación con el conjunto de las instituciones del Estado involucradas y
tienen más difusión en el área urbana.
Los cambios económicos y sociales ocurridos en las últimas décadas, como
resultado de los procesos de globalización y apertura comercial, tuvieron
grandes repercusiones en la sociedad hondureña. Favorecieron el aumento de
la migración interna e internacional, la incorporación masiva de mujeres
jóvenes al trabajo en las maquilas, el crecimiento de las grandes ciudades y el
aumento de la violencia urbana.
La reducción del gasto público en programas sociales, contribuyó a profundizar
la brecha entre ricos y pobres y al aumento de la delincuencia organizada,
repercutiendo en el incremento de la violencia social. En esa dinámica, las
mujeres adquirieron un nuevo valor transaccional en los pactos y conflictos
entre hombres; si en el pasado recurrían a la violencia directa entre ellos para
arreglar sus cuentas, en el presente lo están haciendo a través de la
intermediación de los cuerpos y las vidas de las mujeres, para expresar esa
transacción patriarcal.
El asesinato de esposas, hijas, hermanas, madres y otras mujeres cercanas, se
ha vuelto frecuente entre los diferentes grupos del crimen organizado. Estos
actores de la criminalidad también recurren al asesinato y masacre de mujeres
sin vínculos con sus círculos directos, como forma de enviar mensajes hacia las
autoridades, la clase política, empresarios, u otro público. La extrema alevosía
y el ensañamiento hacia las víctimas, describe el nuevo escenario de los
femicidios de mujeres y niñas.
58
Muertes violentas basadas en la condición de género; en la desigualdad de
poder y en la discriminación que convierte a las mujeres en el objeto de
venganza, cobro de cuentas, de explotación sexual o laboral. Estas nuevas
expresiones de la violencia pública, están permeando toda la sociedad y se
están imprimiendo en la violencia doméstica e intrafamiliar, en relaciones
donde las redes del crimen organizado se superponen con el vínculo de pareja.
En Honduras en el último quinquenio se triplicó el número de femicidios, en
una progresión que no diferencia edades ni condición social, aunque son las
mujeres jóvenes las más afectadas. Los datos del Ministerio Público señalan
que 1,300 mujeres fueron víctimas de femicidio. Sólo en el 2009, se produjeron
405 muertes violentas de mujeres, 145 de ellas en Tegucigalpa y 177 en San
Pedro Sula, siendo las ciudades con mayor incidencia (Ministerio Público:
2010). Al mismo tiempo aumentó la vulnerabilidad de las niñas, jóvenes y
mujeres pobres, frente a la explotación sexual, el tráfico, la trata, la
servidumbre laboral y la pornografía, entre otras.
En estos nuevos escenarios, hay ideologías que han ido cobrando mayor
presencia y fuerza discursiva dentro del ámbito público, que tienden a
cuestionar los derechos y libertades obtenidas, abogan por leyes y políticas de
retorno de las mujeres al espacio doméstico, lo que a su vez contribuye a
fortalecer representaciones sociales y concepciones que refuerzan el machismo
y el riesgo de violencia.
Replantear un enfoque integral para abordar la prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las mujeres, que tome en cuenta el contexto,
se evidencia como prioridad, para lograr cambios culturales que impacten en la
transformación de las estructuras de relaciones sociales de género: pareja,
familia, escuela, Sistema de Salud, policía, organizaciones sociales u otras.
Marco legal e institucional
Honduras cuenta con un marco normativo, de políticas públicas y de
institucionalidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, creado en las últimas décadas. Es el resultado de un amplio
proceso de incidencia, alianzas y concertación entre el movimiento feminista y
de mujeres, las mujeres políticas comprometidas con esas demandas
acompañadas de otros sectores sociales en el país y el apoyo de la cooperación
internacional; especialmente las instancias de las Naciones Unidas,
impulsando el reconocimiento y adopción por el Estado de los mecanismos
internacionales de protección a los Derechos Humanos de las mujeres.
Los instrumentos más importantes son:
59
- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer, CEDAW.
- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do Pará.
- La Conferencia de Viena (1993), donde se reconocieron los Derechos
Humanos de las mujeres como parte integral, inalienable e indivisible de
los Derechos Humanos universales, y la violencia contra las mujeres
como un problema de Derechos Humanos.
- La Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la
Mujer de Beijing (1995), que dedica una sección a la violencia contra las
mujeres, reconociendo que su eliminación es esencial para la igualdad, el
desarrollo y la paz mundial, e insta a los Estados a tomar medidas para
su erradicación.
Los principios de este marco legal internacional están contenidos en la
legislación nacional en disposiciones como:
- La Ley Contra la Violencia Doméstica (1997) y sus reformas (2005);
- El Código Penal, en las reformas incluidas en 1996, 1997 y 20055;
- La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (2000), donde se
establece la obligación del Estado de dar una atención integral a la
violencia;
- El Código de la Niñez y la Adolescencia (1996), con la inclusión de
artículos relacionados con la protección contra el maltrato y el abuso.
La Ley Contra la Violencia Doméstica y la Ley de Igualdad de Oportunidades
se tradujeron a tres lenguas indígenas tawahka, garífuna y miskito.
Otras leyes vinculantes son el Código de Familia, el Código del Trabajo y otras
que incluyen artículos afirmativos de algunos derechos de las mujeres, como la
Ley de VIH y Sida.
Acorde con las reformas legales, fue surgiendo un nuevo marco institucional y
de políticas públicas; las Consejerías de Familia en 1993, ubicadas en el ámbito
de la Secretaría de Salud para prevenir, asistir, proteger y dar apoyo a las
víctimas de violencia intrafamiliar, física, psíquica o sexual; la Oficina
Gubernamental de la Mujer (OGM), en 1994, adscrita a la Presidencia de la
5 Entre ellas destacan: modificación de la tipificación de los delitos sexuales; eliminación del bien jurídico
tutelado “la honestidad, la libertad sexual”; incluye nuevos tipos penales como la violencia intrafamiliar y la
explotación sexual comercial; se modifican los tipos penales; aumento de penas de la mayor parte de estos
delitos; elimina contenidos sexistas y discriminatorios; se establece la prohibición del perdón expreso para
estos delitos, la posibilidad de resarcir la pena y las obligaciones civiles mediante el matrimonio con la
agredida; se tipifica los delitos de negación de asistencia familiar, la violencia intrafamiliar y los delitos
sexuales como delitos de orden público cuando se trata de personas o mujeres menores de 18 años (salvo los
delitos de violación y de explotación sexual comercial, que son perseguidos de oficio con independencia de la
edad). Dichas reformas se dieron en varias etapas.
60
República; la Fiscalía Especial de la Mujer creada en 1995; la aprobación de la
ley del Instituto Nacional de la Mujer, (INAM), (Decreto Nº 232-1998); la
aprobación de la Política Nacional de la Mujer y I Plan de Igualdad de
Oportunidades, (2002-2007) y el Plan Nacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, (2006-2010).
Se crearon varios mecanismos integrados por entidades de gobierno y sociedad
civil en el nivel central, a partir de la incidencia de las organizaciones de
mujeres para monitorear los avances en la aplicación de la ley y la justicia.
Estas instancias permiten realizar acciones vinculantes que involucran a un
amplio espectro de actores sociales, nacionales y de la cooperación.
En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia funciona la Comisión de Justicia
Penal, que da seguimiento a la aplicación de la ley, capacita en reformas
legales al personal de la Corte y elabora propuestas de cambios legales.
Funcionan asimismo varias comisiones; la Comisión Interinstitucional de
Seguimiento a la Aplicación de la Ley Contra la Violencia Doméstica, (1998), la
Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual y Trata de niñas,
niños y adolescentes (2004) y la Comisión Interinstitucional sobre Femicidios-
CIF (2005). Como resultado del trabajo de esta última Comisión, el 18 de abril
del 2008 se crearon en el Ministerio Público nueve unidades para el
seguimiento de muertes violentas de mujeres, que empezaron a funcionar el
primero de mayo del mismo año, con un presupuesto de 16 millones de
lempiras asignados por el Congreso Nacional.
En la última década el INAM, las organizaciones de mujeres y otras
organizaciones civiles, con el apoyo de la cooperación internacional, han
apoyado la creación y funcionamiento de 158 Oficinas Municipales de la Mujer,
las cuales desarrollan acciones de prevención y acompañamiento a mujeres
sobrevivientes de violencia, mediante la coordinación con diversos comités y
redes interinstitucionales incorporados en la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia.6
Es importante destacar la aprobación de manuales y protocolos de atención,
como ser el Protocolo de Aplicación de la Ley Contra la Violencia Doméstica
dirigido a prestadores de servicios; Manual de Jurisprudencia con enfoque de
género del Poder Judicial; Protocolo de Atención a Mujeres Sobrevivientes de
Violencia dirigido al personal de la Policía; Manual de Procedimiento Policial
6 Entre las principales organizaciones locales que apoyaron este proceso destacan: Red Contra la Violencia en
Choluteca, la Comisión de Justicia Penal en Intibucá, la Red de Mujeres de Nacaome - REDMUNA de Valle,
y las Redes de Choloma, Comayagua, Danlí, Ocotepeque y La Ceiba, entre otras.
61
en casos de Violencia Doméstica en Honduras. En el ámbito de salud, se
aprobaron los siguientes para el uso de la Secretaría de Salud: el Manual de
Normas y Procedimientos de Atención Integral a la Mujer y Normas de
Atención Integral a los y las Adolescentes, en los que se incluyen apartados
sobre la detección y tratamiento de la violencia; y el Protocolo de Detección de
Violencia Doméstica y Sexual en el nivel primario de atención. Por otra parte,
se aprobaron el Protocolo de Atención para Mujeres Sobrevivientes de Violencia
del Programa de Atención a la Mujer en el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos - CONADEH; el Manual de Atención y Asesoría Legal
sobre Violencia Doméstica, para grupos de apoyo comunitarios integrados por
mujeres para brindar atención y asesoría a mujeres afectadas por violencia
doméstica.
Sin duda, los avances alcanzados en reformas legales, políticas públicas y
mecanismos institucionales han contribuido al reconocimiento y la protección
de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia; sin embargo, todavía
existen grandes vacíos y problemas relacionados con el contenido sustantivo de
las leyes y con su aplicación. En términos del reconocimiento de la aplicación de
la legislación internacional, un obstáculo importante es que no ha sido
ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que permitiría que las
mujeres denuncien hechos de discriminación realizados o tolerados por el
Estado.
Obstáculos en la aplicación de la justicia
Los obstáculos para la aplicación de la justicia se relacionan con el contenido de
las leyes, los procedimientos aplicados para su impartición; y con los problemas
de acceso a la justicia. Si bien es cierto se han logrado avances en el marco de
políticas públicas, las leyes, las instituciones y en el surgimiento de una cultura
de la denuncia, persisten los vacíos legales.
Falta la tipificación de algunos delitos, especialmente relacionados a
situaciones que son resultado de los cambios del contexto social, económico y
político como el femicidio, la migración, el narcotráfico, la violencia realizada y
tolerada por el Estado como la violencia laboral, la producida como resultado de
la violación de los deberes de funcionarios y funcionarias en la atención a las
mujeres.
Todavía algunas formas de violencia, como la violación dentro de la pareja y el
femicidio no están incluidas en la legislación penal; y hay artículos que no son
claros, como el hostigamiento sexual, ya que no se protege debidamente a las
víctimas del acoso, poniendo en riesgo su trabajo o los estudios.
62
Por otra parte, los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal
permiten que muchos actos de violencia contra las mujeres queden en la
impunidad, se aplica la conciliación y la posibilidad de sustituir la prisión
preventiva por otras medidas que no son privativas de libertad, impidiendo la
protección de la vida de las mujeres. Otra forma de impunidad, es que persiste
la práctica de excarcelación durante el proceso penal para hombres mayores de
60 años, aunque hayan violado niñas o niños.
Respecto a la aplicación de la Ley Contra la Violencia Doméstica, una
observación reiterada por las diversas instancias, es que las medidas de
seguridad dispuestas no son adecuadas a la gravedad de los actos de violencia,
por lo que no se logra el fin principal de la ley que es proteger a las mujeres.
Bajo el argumento de la falta de recursos, las instituciones encargadas de velar
por su ejecución, como la policía y los juzgados, no dan seguimiento a las
denuncias de agresiones admitidas y tramitadas sólo como violencia doméstica,
casi nunca se llevan casos por el delito de violencia intrafamiliar u otros, que
tienen sanciones o penas más severas aunque existan causales.
En total, entre enero de 2003 y septiembre de 2008, se presentaron 83,969
denuncias por violencia doméstica en todo el país, un promedio de 14,000 al
año, lo que permite visibilizar como poco a poco se va creando una cultura de la
denuncia. Sin embargo del total de denuncias, sólo un tercio culminó con
sentencias y en promedio el 12% en sentencias condenatorias.
Otro problema que se presenta es la mora judicial, observándose que para el
2007 el 35.5% de las sentencias correspondieron a casos ingresados en el mismo
mes, el 58.5% a sentencias de casos ingresados en meses anteriores y el 7% a
sentencias de casos ingresados en años anteriores. Esto se debe a que la
infraestructura institucional y los recursos disponibles en la atención de la
violencia doméstica son insuficientes para el volumen de denuncias, ya que solo
hay 2 juzgados especializados y un solo juez de ejecución a nivel nacional para
darle seguimiento a las sentencias. Hay que mencionar que de enero a junio del
2008, del total de las denuncias recibidas, al menos un 9% han sido
presentadas por hombres.
En cuanto a la denuncia de los delitos tipificados en el Código Penal, el más
denunciado en los últimos tres años es la violencia intrafamiliar, con un 53.8%
del total de denuncias recibidas en los Juzgados de Letras y el 46.2% restante
son delitos sexuales, entre éstos, la violación es el más denunciado con un
71.7% equivalente a 2,656 casos (Centro Electrónico de Información y
Documentación Judicial: 2008). En orden de importancia ocupan un segundo
63
lugar los actos de lujuria7 con un 17.6% y el estupro con un 8.7%. La
explotación sexual comercial y el hostigamiento representan juntos el 1.2% del
total. No se reportan denuncias por otros tipos de violencia, como la violencia
laboral y en los casos de violencia doméstica, el porcentaje de sentencias por
denuncias en delitos es bastante bajo.
El mayor porcentaje de sentencias corresponden al delito de estupro (79.6%),
un 41.6% de las denuncias por violación terminaron en sentencia, al igual que
un tercio de las denuncias por incesto. Hay delitos como el de explotación
sexual, donde no existe una sola sentencia emitida en los últimos años y en el
delito de hostigamiento sexual de las 15 denuncias ingresadas, sólo se emitió
una resolución en el primer semestre de 2008. (Centro Electrónico de
Documentación e Información Judicial, 2008)
Las estadísticas obtenidas reflejan que a partir de 1990 se produjo un aumento
de femicidios o muertes violentas de mujeres, con mayor incidencia en las
jóvenes, hasta el punto que se ha vuelto una noticia cotidiana el hallazgo de
cuerpos de mujeres, asesinadas con extremada saña y alevosía.
Redes de servicios de prevención y atención de la violencia contra las mujeres
Los avances en la legislación y en las políticas públicas han estado
acompañados de la creación de nuevas instancias de administración de justicia,
como: los Juzgados de Violencia Doméstica y las Fiscalías Especiales de la
Mujer en Tegucigalpa y San Pedro Sula, el nombramiento de tres juezas de
ejecución para el seguimiento de las sentencias; Unidades de Investigación de
Muertes Violentas de Mujeres en el Ministerio Público; funcionamiento en
Tegucigalpa del Centro Integrado en el cual, la Fiscalía, la Dirección Nacional
de Investigación Criminal (DNIC), Medicina Forense y la Defensa Pública
concentran sus servicios. La creación de la Unidad de Género en la Secretaría
de Seguridad; apertura y funcionamiento de la Línea 114 para la atención de
emergencias; unidad de investigación de muertes de mujeres en la DNIC y la
creación de los juzgados itinerantes de paz para acercar la administración de la
justicia a la población.
Las y los prestadores de servicios, jueces y juezas, fiscales, policías y otros,
fueron capacitados sobre violencia doméstica y otras formas de violencia contra
las mujeres y la aplicación del marco legal; con el apoyo del INAM, la Corte
Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Comisionado de los Derechos Humanos de
7 El Artículo No. 141 del Código Penal actual tipifica a quien comete actos de lujuria a “Quien, empleando
los medios o valiéndose de las condiciones indicadas en el artículo anterior, cometiere sobre alguien actos de
lujuria distintos de la unión carnal, será penado con dos a cuatro años de reclusión”.
64
Honduras (CONADEH), algunas organizaciones de mujeres, como Centro de
Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Estudios de la Mujer de Honduras
(CEM-H) y otras.
Existen 18 consejerías de Familia, que se encargan de realizar el trabajo de
reeducación de los agresores y brindar apoyo psicológico a las mujeres
sobrevivientes de violencia, según lo estipula la Ley contra la Violencia
Doméstica, funcionando en las ciudades de Tegucigalpa, Danlí, Comayagua,
San Pedro Sula, Puerto Cortés, Choluteca, La Ceiba y Juticalpa.
Una limitación muy importante es que, como parte de los servicios de apoyo y
protección disponibles, solamente hay cuatro casas refugio operando en el país,
ninguna dependiente del gobierno central; ubicadas en Tegucigalpa, La Ceiba,
Choluteca y Juticalpa. Estas últimas surgieron como proyectos co-gestionados
entre organizaciones de mujeres, redes locales interinstitucionales, la
cooperación internacional y los gobiernos municipales. En Tegucigalpa, San
Pedro Sula y otras ciudades del país, como Intibucá, Tocoa, Choluteca y
Comayagua funcionan servicios de atención legal y emocional gratuitos para
mujeres sobrevivientes de violencia, proporcionados por organizaciones de
mujeres y universidades (Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras - UNAH y de la Universidad Católica de
Honduras -UNICAH).
Este equipamiento de servicios y recursos contribuyó a mejorar el acceso de las
mujeres al sistema de justicia; no obstante todavía se presentan numerosos
problemas que llevan a que las denuncias no ingresen al sistema legal o no
concluyan en sentencia, favoreciendo la espiral de reiteración de la violencia, la
impunidad de los agresores y la tolerancia del Estado. Esto se relaciona con la
centralización de los servicios en las grandes ciudades, Tegucigalpa y San
Pedro Sula y la falta de cobertura en el resto del país donde no hay Fiscalía
Especial de la Mujer, medicina forense, unidades de investigación criminal, ni
consejerías de familia.8
La debilidad de los presupuestos, la falta de logística y de recursos humanos
afectan a todas las instituciones del Estado, principalmente las de seguridad,
fiscalía y justicia, en particular para atender los casos de violencia contra las
mujeres; sólo el 0.2% del presupuesto de la Corte se destinó a los Juzgados de
Violencia Doméstica en el 2007 (Corte Suprema de Justicia: 2007). Se puede
observar que a pesar de los recursos invertidos en la formación y
sensibilización a las y los prestadores de servicio sobre violencia contra las
8 No cuentan con consejerías de familia los departamentos de Yoro, Colón, Copán, Ocotepeque, Santa
Bárbara, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Intibucá, Lempira, La Paz, El Paraíso y Valle.
65
mujeres, leyes de protección y procedimientos; no se ha logrado una mejora
sustantiva en la eficiencia y eficacia en su aplicación, ni atención humana de
calidad, basada en el respeto a los Derechos Humanos.
Todavía se presentan casos en los cuales no se reciben o no se atienden con
celeridad las denuncias, se desvaloriza la situación y revictimiza a las mujeres;
quienes son humilladas y culpabilizadas, especialmente en los casos de
violencia sexual, doméstica e intrafamiliar; y no se respetan los principios de
oficiosidad, gratuidad, secretividad y celeridad. El femicidio se sigue
interpretando como un “crimen pasional”, como resultado indeterminado de la
violencia pública o por “asociación al crimen organizado”, sin tomar en cuenta
los nuevos escenarios de la violencia contra las mujeres. Tampoco se ha logrado
eliminar la corrupción en el proceso judicial y que el tráfico de influencias no
interfiera con el curso de la recepción de las denuncias y procesos legales.
Aunque la violencia doméstica es la segunda causa más denunciada en la
Fiscalía a nivel nacional, la falta de claridad y entendimiento sobre el
procedimiento establecido obliga a las mujeres a acudir a dos o más instancias
para interponer o darle seguimiento a las denuncias. La falta de recursos en los
tribunales impide que se cite oportunamente a las audiencias a los agresores o
se les dé seguimiento; alargando la ruta a seguir en el proceso de denuncia.
Las estadísticas disponibles indican que sólo la mitad de las denuncias
terminan en sentencia en el mismo mes que fueron presentadas, aunque la Ley
establece que no deben transcurrir más de dos días desde la recepción de la
denuncia hasta la celebración de la audiencia y la sentencia9.
Sistemas estadísticos y monitoreo social
La generación y análisis de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres,
ha cobrado mayor relevancia y atención de parte de las distintas instituciones
que intervienen en la aplicación de la justicia. Entre los avances registrados, se
deben mencionar la instalación desde el 2004 de un sistema unificado de
información sobre violencia doméstica en la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
específicamente el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
(CEDIJ); la creación en el 2005 de un sistema de registro de los casos de
9 “Para la ratificación o modificación de medidas de seguridad e imposición de medidas precautorias y
cautelares, el juzgado competente señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes. No se concederá
prórroga de este plazo. Los jueces que conozcan de otras materias deberán dar prioridad a las denuncias de
violencia doméstica….cuando los hechos fueren controvertidos, se admitirán y evacuarán las pruebas
pertinentes dentro de esta misma audiencia, y si no se pudiere se tiene que suspender para continuarla en los
próximos 2 días hábiles siguientes. No se concederá prórroga de este plazo”. Artículo No. 19 de la Ley Contra
la Violencia Doméstica.
66
violencia contra la mujer en la Fiscalía y la incorporación este mismo año de los
casos de violencia contra la mujer en la base de datos de la Policía Nacional y la
Dirección Nacional de Investigación Criminal - DNIC.
La información sobre delitos de violencia contra las mujeres conocidos por las
instancias de la CSJ es muy limitada, ya que sólo se registran datos sobre el
número de denuncias presentadas y las resoluciones emitidas; la base de datos
de la Policía Nacional Preventiva y del Ministerio Público no tienen
información desagregada por sexo y por edad en el caso de delitos sexuales;
todavía hay un subregistro de las denuncias presentadas en la policía, ya que
persiste la práctica de enviar los expedientes a la Fiscalía o los Juzgados sin
registrarlos, entre otros problemas.
El Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), desarrollado inicialmente como un programa con fondos de
cooperación externa (PNUD), que funciona desde 1997, hasta el momento no
realiza el seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres. Se han
publicado algunos datos, pero fragmentados.
No hay un sistema nacional de registro de las denuncias en proceso legal, sin
embargo existe el Sistema de Expedientes Digítales Interinstitucionales –
SEDI, que registra las denuncias en tres instituciones: Ministerio Público,
Corte Suprema de Justicia y Policía Nacional que operan solamente en
Tegucigalpa, San Pedro Sula y recientemente en La Ceiba. Falta investigar
sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres, especialmente en los
delitos sexuales, trata y femicidio, la persistencia de los problemas de
aplicación de la Ley en las ciudades pequeñas y a nivel municipal; las formas
como afecta la violencia a las mujeres de poblaciones específicas (adolescentes,
etnias, adultas mayores o con discapacidad). Tampoco existe un sistema de
monitoreo de la actuación de las entidades involucradas en la prevención y
aplicación de justicia.
67
AGENDA POLÍTICA
POLÍTICA 1
El Estado garantiza la promoción de cambios culturales para eliminar los
estereotipos de género que perpetúan valores y prácticas de discriminación,
subordinación, opresión y violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y
adultas mayores, fomentando el respeto a sus Derechos Humanos, a vivir en
paz y sin violencia.
Objetivos Estratégicos
O.E.1.1
Diseñar y ejecutar programas coordinados entre todas las Secretarías de
Estado para erradicar las concepciones y prácticas de violencia basada en
género, en la sociedad y familia, como los roles y estereotipos sexistas, el
autoritarismo, machismo, las relaciones de poder, el dominio masculino y
subordinación femenina, tomando en cuenta la diversidad étnica y cultural,
desde la perspectiva de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres
durante todo el ciclo de vida.
OE.1.2.
Incorporar en todos los niveles del sistema educativo, incluyendo los institutos
militares y centros de formación policial, la formación en género, Derechos
Humanos y prevención de la violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y
adultas mayores.
OE. 1.3.
Realizar campañas continuas en los medios de comunicación del Estado, con la
participación de los medios privados en el cumplimiento de la responsabilidad
social que les compete, para la prevención de la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñas, la promoción de una cultura de paz, enfatizando en los
grupos de mayor vulnerabilidad, por edad, condición de salud y otras causas,
realizando la medición de su impacto.
O.E.1.4.
Promover la difusión de programas radiales nacionales y comunitarios, que
divulguen información sobre leyes, servicios de apoyo y protección contra la
violencia hacia las mujeres, adolescentes, niñas y niños, donde puedan solicitar
información y hacer denuncias públicas.
OE 1.5.
Promover la aplicación de mecanismos de vigilancia, regulación, firma de
pactos y sanción a los medios de comunicación, que produzcan o transmitan
68
programas y publicidad que atente contra la dignidad de las mujeres,
fomentando estereotipos de género que perpetúan conductas lesivas, serviles y
opresivas para las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores.
OE.1.6.
Impulsar la implementación de programas de sensibilización y capacitación a
comunicadores sociales, empresarias y empresarios de medios, sobre igualdad y
equidad de género, Derechos Humanos y prevención de la violencia contra las
mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores.
OE 1.7.
Incluir en las campañas de comunicación sobre Salud, Derechos Sexuales y
Reproductivos y prevención del VIH y Sida, el enfoque de prevención y atención
de la violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores.
OE 1.8
Promover entre las mujeres de todas las edades una cultura de denuncia de las
violaciones a sus Derechos Humanos, tanto en el ámbito privado como el
público, en todo el territorio nacional, a través de campañas de sensibilización e
información sobre los pasos a seguir para presentar y dar seguimiento a las
denuncias.
OE.1.9
Impulsar la participación de las organizaciones de hombres que promueven
masculinidades no violentas, en las campañas y otras estrategias de prevención
de la violencia de género contra las mujeres, las adolescentes, las niñas y
adultas mayores; la promoción de valores, modelos y prácticas de masculinidad
no violenta.
POLÍTICA 2
El Estado Hondureño garantiza políticas públicas y una legislación acorde a los
instrumentos internacionales suscritos por el país para la prevención, atención,
sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres,
adolescentes, niñas y adultas mayores.
Objetivos Estratégicos
OE 2.1.
Crear y fortalecer las instancias de coordinación y concertación entre las
Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial, para el diseño, aprobación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas y programas de
prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia
contra las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores, desde la perspectiva
69
de género y Derechos Humanos, con la participación de los gobiernos
municipales, las organizaciones feministas y de mujeres y otras instancias de la
sociedad civil y medir su impacto.
OE.2.2.
Apoyar los mecanismos de seguimiento y control ciudadano para la vigilancia a
la asignación y ejecución de presupuestos y la implementación de las políticas
públicas vinculadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores, en el
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
OE. 2.3.
Revisar y actualizar el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, de
conformidad con el mandato del II PIEGH, e impulsar su ejecución en
coordinación con todas las instancias gubernamentales y de sociedad civil
involucradas, promoviendo la participación de la empresa privada.
OE. 2.4.
Incorporar el enfoque de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores en el
diseño e institucionalización de políticas públicas y programas de seguridad
ciudadana, justicia, gobernabilidad, salud, protección social, educación, trabajo,
cultura, bienestar, desarrollo social, participación ciudadana, entre otros,
relacionados con la promoción, protección y garantía de los Derechos Humanos.
OE.2.5.
Fortalecer el marco legal de protección de las mujeres, adolescentes, niñas y
adultas mayores, contra la violencia basada en género, en concordancia con la
normativa internacional, incorporando los tipos de violencia no contemplados
en la Ley como el femicidio, la violencia institucional, trata, turismo sexual,
pornografía por Internet, entre otros, así como el incremento de penas.
O.E.2.6.
Promover un proceso participativo y consensuado de reformas al Código Penal
y a la Ley contra la Violencia Doméstica, para fortalecer las medidas de
protección a las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores, ante la
violencia de género, con prioridad en la violencia doméstica e intrafamiliar,
ampliando y mejorando los mecanismos de prevención, acceso y aplicación de
la justicia; incluyendo, entre otras medidas, la eliminación del perdón expreso,
la conciliación y medidas desjudicializadoras en los casos de violencia
intrafamiliar, delitos sexuales, delitos cometidos contra niños, niñas y
adolescentes o sustitución de la detención preventiva cuando el agresor es
mayor de 60 años.
70
OE.2.7.
Promover reformas a los Códigos Civil, de Trabajo y de Familia, a la Ley
especial de VIH y Sida y demás que se consideren pertinentes, para asegurar la
protección del derecho a una vida libre de violencia, especialmente en el ámbito
educativo, familiar y laboral y de los derechos patrimoniales de las mujeres, sus
hijas e hijos, tomando en cuenta el impacto de la migración internacional.
OE.2.8.
Promover la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
POLÍTICA 3
El Estado reconoce la violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y
adultas mayores, como un problema de seguridad humana, pública y ciudadana
y garantiza en las políticas públicas la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia de género, tomando en cuenta los nuevos
escenarios, el aumento de la violencia y criminalidad contra las mujeres.
Objetivos Estratégicos
OE. 3.1.
Definir y ejecutar políticas de seguridad ciudadana y prevención del delito que
consideren los riesgos diferenciados de mujeres y hombres por razones de
género.
OE. 3.2.
Fortalecer la legislación y la aplicación de los instrumentos legales nacionales e
internacionales para prevenir, sancionar y erradicar el tráfico, trata de
mujeres, adolescentes, niñas y niños para la explotación sexual comercial
incluyendo la pornografía, y otros fines como la explotación laboral, la
servidumbre doméstica, adopción ilegal, matrimonio servil y cualquier práctica
esclavista para propósitos militares, el tráfico de órganos, tejidos u otras que se
identifiquen.
OE.3.3.
Incorporar la tipificación de femicidio en la legislación del país, como un delito
específico, fortalecer las instancias y mecanismos para la aplicación de la
justicia, la prevención de las muertes violentas de mujeres, adolescentes y
niñas y adultas mayores por causas de género y establecer medidas para la
protección de las hijas e hijos de las víctimas.
OE.3.4.
71
Promover mecanismos legales e institucionales, para la protección contra las
distintas formas de violencia y explotación a las que se ven sometidas las
migrantes y servicios de atención para la reinserción de las retornadas.
OE.3.5.
Promover mecanismos legales y medidas para la prevención, atención, sanción,
y erradicación de la violencia institucional, especialmente la situación de las
mujeres privadas de libertad, de las mujeres, niñas, adolescentes y las adultas
mayores institucionalizadas en centros de cuidado, mujeres en hospitales
psiquiátricos, geriátricos, mujeres con discapacidad; así como grupos
minoritarios, mujeres indígenas, afro descendientes, refugiadas y en extrema
pobreza.
OE. 3.6.
Investigar los nuevos escenarios de la violencia contra las mujeres,
adolescentes, niñas y adultas mayores, los vínculos entre la violencia pública y
el crimen transnacional, con la violencia de género, la pobreza y el modelo
económico.
OE. 3.7.
Mejorar y fortalecer los sistemas de investigación criminal y de información,
integrados y coordinados entre las diferentes policías nacionales e
internacionales y demás instituciones competentes, para la investigación de las
diversas formas de violencia transnacional contra mujeres, adolescentes, niñas,
niños, como el tráfico y la trata, promover además mecanismos de coordinación
interinstitucional, para la identificación de las víctimas, la repatriación,
atención primaria y otros procedimientos.
O.3.8.
Implementar planes de acción y programas para la prevención y atención de las
formas de violencia relacionadas al crimen organizado como el tráfico y la trata,
promoviendo la creación y/o fortalecimiento de sistemas de atención,
protección, reinserción y reparación a las sobrevivientes.
O.3.9.
Promover la capacitación y el desarrollo profesional de las y los funcionarios y
agentes de seguridad pública en materia de género y Derechos Humanos,
políticas de seguridad, prevención y atención de la violencia contra las mujeres,
de conformidad con los estándares del derecho internacional de los Derechos
Humanos.
O.E. 3.10.
72
Promover la suscripción de convenios con el sector empresarial del turismo,
para prevenir, vigilar y sancionar el turismo sexual de niños, niñas,
adolescentes y mujeres.
POLÍTICA 4
El Estado garantiza la aplicación de la legislación relativa a la prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y
adultas mayores y establece mecanismos que permitan superar la impunidad y
los obstáculos de acceso a la justicia.
Objetivos Estratégicos
OE. 4.1.
Fortalecer en aspectos técnicos y presupuestarios a las instituciones que
intervienen en la aplicación de la ley y administración de la justicia, para el
mejoramiento del proceso de recepción de la denuncia, investigación, sanción de
los actos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, mediante la
formación de capacidades y la redistribución interna de los recursos asignados
en el presupuesto nacional.
OE. 4.2.
Ampliar la cobertura de los servicios especializados en la atención de la
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, como los juzgados de
Violencia Doméstica, de Familia, Fiscalías Especiales de la Mujer, de Derechos
Humanos, de la Niñez, oficinas de Medicina Forense, Unidades de
Investigación, Consejerías de Familia y Casas Refugio, en las cabeceras
departamentales del país donde no existan y fortalecer las ya existentes.
OE. 4.3.
Fortalecer la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad, otorgarle la
capacidad de monitorear y supervisar la acción de la Policía Preventiva,
Dirección Nacional de Investigación Criminal y demás instancias relacionadas
en los casos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, el
funcionamiento eficiente de la Línea 114 y otras líneas de emergencia para la
intervención oportuna y aplicación de medidas, así como el cumplimiento de las
disposiciones en los juzgados y tribunales.
OE. 4.4.
Aplicar mecanismos de vigilancia al cumplimiento de las leyes de protección a
las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores, contra todas las formas de
violencia de género, los reglamentos, manuales, protocolos y prontuarios de
atención que correspondan en cada instancia de atención institucional.
73
OE. 4.5.
Aplicar las sanciones a las y los funcionarios que incumplen con los deberes y
obligaciones señaladas en las leyes, aumentar las penas establecidas en el
Código Penal, otras leyes y reglamentos administrativos, códigos de ética
profesional, en estos casos y difundir los procedimientos para que proceda la
denuncia.
OE. 4.6.
Garantizar la gratuidad en los trámites de los procesos en los casos de violencia
doméstica, delitos contra las mujeres en la Fiscalía y promover la ampliación
de servicios legales gratuitos para las mujeres, con perspectiva cultural, en
todo el país.
OE. 4.7.
Asegurar el cumplimiento de la ley para la protección de las víctimas y testigos
en los casos de violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y adultas
mayores, involucrando las instancias gubernamentales y de sociedad civil.
OE. 4.8.
Mejorar la eficiencia y eficacia en la administración de la justicia, aumentando
el número de sentencias respecto a las denuncias en los casos de violencia
doméstica e intrafamiliar, pensiones alimenticias y todos los delitos de
violencia de género contra las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores,
de conformidad con la Ley.
OE. 4.9.
Dotar a las instituciones encargadas de la investigación criminal: DNIC,
Medicina Forense y otras unidades especializadas del Ministerio Público, de
recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para asegurar la
recolección, conservación de pruebas y la oportuna presentación, en los casos de
violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores.
OE. 4.10.
Promover acciones para garantizar el cumplimiento de las sentencias por
negación de asistencia familiar, violencia patrimonial o económica, pensiones
alimenticias e indemnizaciones.
POLÍTICA 5
El Estado garantiza la ampliación y fortalecimiento de los servicios de
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y
adultas mayores, así como la reparación de sus derechos.
Objetivos Estratégicos
74
OE. 5.1.
Fortalecer, mejorar y ampliar en el ámbito nacional, departamental y
municipal, las redes de servicios de referencia, contra referencia,
implementación de mecanismos de protección, atención integral, reparación del
daño y de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores
afectadas por todas las formas de violencia de género.
OE. 5.2.
Fortalecer las capacidades técnicas y presupuestarias de las instituciones
involucradas, a nivel central y local, en la prevención y atención de la violencia
contra las mujeres: Consejerías de Familia, CONADEH, IHNFA, OMM y otras.
OE. 5.3.
Fortalecer y consolidar los Comités Interinstitucionales de seguimiento a la
aplicación de las leyes y la justicia y promover mecanismos de rendición de
cuentas de sus instituciones miembros.
OE. 5.4.
Crear y fortalecer casas refugio y centros de atención integral a las mujeres
sobrevivientes de violencia, en cada uno de los departamentos del país, así
como centros de protección para adolescentes y niñas.
OE. 5.5.
Incentivar e impulsar la participación de los gobiernos locales en la producción
de servicios, programas de prevención, atención y protección a las mujeres, las
adolescentes, las niñas y las adultas mayores sobrevivientes de violencia,
incorporándolos en los planes de desarrollo municipal
OE. 5.6.
Fortalecer las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) en sus capacidades
técnicas y presupuestarias para asegurar la coordinación interinstitucional, el
funcionamiento de las redes locales, la implementación de campañas de
prevención de la violencia contra las mujeres y la información sobre servicios
de apoyo.
OE 5.7.
Fortalecer y ampliar las redes interinstitucionales locales, con la participación
de las organizaciones de mujeres y otros mecanismos de coordinación para la
prevención y atención de la Violencia contra las mujeres en el ámbito nacional,
regional/departamental y municipal.
OE. 5.8.
75
Promover la creación y ampliación de grupos de autoayuda, promotoras legales
y programas de generación de empleo e ingresos u otros servicios a nivel
comunitario, para mujeres sobrevivientes de violencia, con la participación de
las instituciones públicas, gobiernos municipales, organizaciones no
gubernamentales, sector privado u otros actores sociales.
OE 5.9
Apoyar a las Organizaciones de Mujeres y otras de la sociedad civil, a nivel
nacional, regional/departamental y municipal para el desarrollo de programas
de prevención y atención a mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores
sobrevivientes de violencia.
POLÍTICA 6
El Estado garantiza el mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas de
registro de la violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y adultas
mayores, la producción de conocimientos que visibilicen la dimensión e impacto
del problema y la auditoría social a la actuación de las instituciones.
Objetivos Estratégicos
OE. 6.1.
Crear un observatorio de la violencia contra la mujer a nivel nacional con la
participación de las instituciones involucradas en la prevención, atención,
administración de justicia y otras relacionadas a la red de servicios, con la
participación de las organizaciones de mujeres, sociedad civil e instancias
académicas.
OE. 6.2.
Promover la creación y mantenimiento de un sistema nacional de registro
unificado de las denuncias, casos judicializados en proceso y sentencias de
violencia contra las mujeres, con información por tipo de violencia, datos sobre
la víctima y el agresor, para contribuir a mejorar los sistemas de prevención,
atención y reparación de los derechos de las víctimas. El sistema nacional de
registro unificado estará vinculado con otros sistemas de información nacional:
CEDIJ, SINIMAN, Sistema Estadístico Nacional del INE.
OE. 6.3.
Establecer un sistema de monitoreo y seguimiento para documentar avances y
obstáculos en la administración de justicia, aplicación de leyes nacionales y
convenios internacionales, sobre la efectividad de respuesta del sistema judicial
en los casos de violencia contra las mujeres, en las instituciones de prevención
y atención, impulsando la creación de la Unidad de Género del Poder Judicial.
76
OE. 6.4.
Apoyar las iniciativas sociales de organización y movilización para la
incidencia, la vigilancia del cumplimiento del Estado, del marco legal y de
política pública nacional e internacional, para la prevención, atención y
erradicación de la violencia en contra de las mujeres, las adolescentes, las
niñas y las adultas mayores, a nivel central y local.
OE. 6.5.
Promover el desarrollo de investigaciones que aporten información para la
prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia contra las
mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores, especialmente sobre
femicidios, trata, tráfico, violencia institucional y sexual, con la participación
de las entidades académicas, centros de investigación y organizaciones de
mujeres.
OE. 6.6.
Promover la elaboración de manuales, protocolos, materiales educativos e
informativos sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres, la
difusión de leyes y políticas en idiomas autóctonos, servicios de protección y
sistematización de experiencias comunitarias exitosas en prevención de
violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores, dirigido a
funcionarios y funcionarias que atienden la problemática, Oficinas Municipales
de la Mujer, Organizaciones de Mujeres y otras de la Sociedad Civil para la
población usuaria y la comunidad en general.
77
MAPEO DE ACTORES RESPO SABLES DE EJECUCIÓ E I STITUCIO ES
DE APOYO RELACIO ADAS
EJE DE DERECHOS INSTITUCIONES
EJE 2: PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y
GARANTÍA DEL DERECHO DE LAS
MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA
PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
INSTITUCIÓN RECTORA:
• Instituto Nacional de la Mujer
RESPONSABLES EN LA EJECUCIÓN DEL
PLAN:
• Centros Universitarios
• Secretaría de Estado en el Despacho De
Desarrollo Social
• Poder Legislativo
• Poder Judicial
• Ministerio Público
• Secretaría de Estado en los Despachos de
Cultura, Artes y Deportes
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Educación
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Salud
• Secretaría de Estado en los Despachos De
Gobernación y Justicia
• Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación Externa (SEPLAN)
• Alcaldías Municipales
• Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Instituto Hondureño de la Niñez y la
Familia (IHNFA)
• Medios de Comunicación
• Oficinas Municipales de la Mujer (OMM)
INSTITUCIONES DE APOYO:
• Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)
• Alianza Nacional de Mujeres Municipalistas
de Honduras (ANAMMH)
• Asociación de Medios de Comunicación y
de Prensa
• Organizaciones Feministas y de Mujeres
• Organizaciones de la Niñez
• Comisionado Nacional de Derechos
Humanos (CONADEH)
• Comités Interinstitucionales
• Otras Organizaciones Sociales y Civiles
Trabajando en Prevención de Violencia
• Observatorio de Violencia
78
EJE 3
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LA SALUD DE LAS
MUJERES DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA Y DE SUS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Datos demográficos y derechos sexuales y reproductivos
Las mujeres representan alrededor del 51,7% de la población total de
Honduras; el 36,5% del total son mujeres y hombres entre 12 a 19 años
(EPHPM: 2009). La esperanza de vida al nacer para las mujeres es de 77 años
mientras que para los hombres es de 70 años (INE: 2001-2015); sin embargo,
las mujeres registran tasas de morbilidad más altas, acuden con más
frecuencia a los servicios de salud debido al ciclo reproductivo y mueren todavía
en gran número por causas prevenibles: riesgos relacionados con la
maternidad, violencia de género, VIH y Sida e Infecciones de Transmisión
Sexual –ITS (Kennedy: 2006, Secretaría de Salud: 2009).
La tasa de mortalidad en mujeres en edad reproductiva incrementó de 1.43 en
1990 a 1.50 por mil en 1997, siendo el VIH y Sida la primera causa, la violencia
de género la segunda y los tumores la tercera, de los cuales más de un tercio de
los casos eran de cáncer cérvico uterino. “En el año 2001, el 61% de las mujeres
con experiencia sexual se había practicado citologías, pero la detección
temprana no ha contribuido a reducir la incidencia debido a la escasa
capacidad tecnológica y humana del país para el tratamiento preventivo y
curativo de cáncer (Kennedy: 2006).
Según datos de la última Encuesta de Demografía y Salud- ENDESA 2005-
2006, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) ha descendido en el país desde el
período 1998-2001; actualmente Honduras es el segundo país de Centroamérica
Lineamiento
El Estado garantiza la implementación de planes, programas y
estrategias de salud con enfoque de género e interculturalidad, que
promuevan un estado de salud óptimo en las mujeres a lo largo de todo
su ciclo de vida, de acuerdo con los compromisos asumidos mediante la
ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
79
con más alta tasa de fecundidad después de Guatemala con un promedio de 3.4
hijos e hijas (INE: 2006, Secretaría de Salud: 2009).
Las mujeres inician su vida reproductiva entre los 15 a 19 años, en el área
rural tendrían 4.1 hijos e hijas promedio al final de su vida reproductiva, casi el
doble de lo que tienen las mujeres como promedio en el área urbana que es de
2.6. La edad mediana al nacimiento del primer hijo o hija para las mujeres no
ha variado mucho en las últimas dos décadas, manteniéndose en alrededor de
los 20 años en el área urbana y 19 en el área rural.
La tendencia señalada sobre fecundidad en Honduras está altamente
relacionada con la edad de la primera relación sexual y la edad al nacimiento
del primer hijo o hija. El 42.1% de las mujeres entre 15 a 29 años tuvo su
primera relación sexual antes de los 18 años y el 24.3% tuvo su primer hijo o
hija antes de cumplir esa edad (Secretaría de Salud: 2006). La Encuesta revela
la relación entre el nivel educativo de las mujeres y el cuidado de su salud,
particularmente de su vida reproductiva y sexual; de igual manera se pone en
evidencia la relación con la situación socio-económica que atraviesan. Los
departamentos de Copán (15%) y Lempira (13%) registran los mayores
porcentajes de mujeres que no han accedido a la educación formal. El 29% no
ha completado la educación primaria, de los cuales el 42% pertenecen al área
rural y 17% al área urbana.
Según esta misma fuente, el 65% de las mujeres en unión de pareja estaban
usando métodos anticonceptivos en el momento de la Encuesta, en comparación
con el 62% registrado en el 2001. Los menores niveles de uso se registran en el
área rural (61%), entre las mujeres con bajo nivel educativo (56%) y las más
pobres (53%). La mitad de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años
no eran deseados en el momento en que la madre quedó embarazada, ya sea
porque querían postergar la decisión o porque ya no deseaban tener más hijos e
hijas.
En relación con la autonomía sexual de las mujeres, solo el 49% de ellas
comparten con su pareja decisiones relativas a la salud. Menos de la tercera
parte de las encuestadas (32%) decide por sí misma y en el 19% de los casos, los
hombres deciden sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Estos
datos reflejan una relación directa entre niveles de empoderamiento de la
mujer basados en indicadores de decisión sobre la salud y la prevención de la
violencia y el mayor acceso a los servicios de cuidado de salud reproductiva.
Acceso a los servicios de salud
El 90% de las mujeres encuestadas identifican al menos un problema en el
acceso a los servicios de salud. La causa más importante está relacionada con
80
la no disponibilidad de medicamentos (80.8%), en segundo lugar se señala que
no hay quién les atienda al momento de acudir a un centro de salud (73.7%), en
tercer lugar se menciona la dificultad en obtener el dinero necesario para el
tratamiento.
Aproximadamente la mitad de las mujeres, 48.1%, explican que un problema
en el acceso a los servicios es la distancia entre los centros de salud y la
comunidad (12 a 20 kilómetros), a lo que se suma la falta de transporte o un
servicio muy limitado, que obliga a las mujeres a transitar solas, realizando
largos viajes y generalmente al llegar no encuentran personal que las atienda.
Las mujeres que informaron tener mayores dificultades en el acceso a los
servicios de salud, pertenecen a los departamentos de El Paraíso, Intibucá y La
Paz, los dos últimos concentran una gran cantidad de población de origen lenca
cuyo principal problema es la falta de recursos económicos. Además el 19%
explicó que “la autorización de su pareja” para recibir tratamiento en los
servicios médicos y hospitalarios es un obstáculo para el cuidado de su salud.
El acceso a los servicios de salud depende de la cobertura de la red de clínicas,
los Centros de Salud con Médico (CESAMO) y Centros de Salud Rural
(CESAR), ya que los hospitales se ubican exclusivamente en las áreas urbanas.
En general el 40% de la población no tiene acceso a los servicios de salud
estimándose en algunos casos que toma más de una hora y hasta cinco llegar a
un centro de salud como ocurre en los departamentos de Yoro, Intibucá,
Lempira y La Paz, en donde las vías de comunicación permanecen
deterioradas, dificultando su traslado por lo que prefieren no acudir (OPS:
2005).
La primera causa de internamiento en el año 2007 a nivel general fue por
enfermedad en un 39.9%, la segunda fue embarazo en un 35% y por accidentes
o violencia en un 13%, seguido de complicaciones en el parto con un 2%.
Embarazo adolescente
Según datos de la ENDESA 2005-2006 las tasas de embarazo adolescente en
Honduras son elevadas, considerándose que el país tiene el porcentaje más
alto a nivel centroamericano ya que más del 22% de las mujeres entre 15 a 19
años de edad han estado embarazadas alguna vez. Al observar esta
información desagregada por regiones, en el departamento de Colón una de
cada tres adolescentes, es decir 31% son madres o se encuentran
embarazadas. Las tasas más elevadas de maternidad y embarazo adolescente
se encuentran en los departamentos de Santa Bárbara y Atlántida, con un
29% en ambas regiones, Lempira y Copán con un 26%.
81
Alrededor de 8 de cada 10 adolescentes embarazadas son solteras y muchas de
ellas ya son madres, teniendo que asumir la maternidad desde muy temprana
edad. De igual manera corren riesgos de salud en vista de que no se realizan
los controles necesarios en el período de embarazo, parto y puerperio. El
ocultamiento de los embarazos adolescentes y la falla en las políticas de
protección dificultan el acceso a los servicios de salud por parte de este
importante grupo de la población. Por otro lado, muchas de estas jóvenes ven
interrumpidos sus estudios por la responsabilidad materna, implicando menos
posibilidades de obtener trabajos bien remunerados para el sostenimiento
propio y de sus hijos e hijas (Kennedy: 2006).
El inicio de las relaciones sexuales debe ser precedido por una adecuada
información sobre el ejercicio de la sexualidad y de los derechos sexuales y
reproductivos para mujeres y hombres jóvenes, con el propósito de que,
aspectos como el uso de los métodos anticonceptivos no solo sean
responsabilidad de las mujeres, sino que los hombres también asuman su
papel en la planificación familiar, que ambos estén concientes de los riesgos
que enfrentan ante los embarazos no deseados y las infecciones de
transmisión sexual o el VIH, si no se toman las medidas preventivas
necesarias, así como los problemas relacionados con su desarrollo emocional y
la continuidad en su educación.
Maternidad segura
En los últimos 14 años el “62,6% de las mujeres embarazadas tuvo al menos
una atención prenatal, 25.4% tuvo por lo menos cinco atenciones y el 56,4%
inició la atención durante el primer trimestre” de su embarazo (Secretaría de
Salud: 2006). De acuerdo a la ENDESA, el 92% de las madres que tuvieron
alumbramientos en los cinco años anteriores a la encuesta recibieron cuidado
prenatal calificado, lo que significa un incremento de 9 puntos porcentuales con
respecto al 2001; el 73% de estas prestaciones son brindadas por médicos o
médicas y en el 19% de los casos por enfermera o auxiliar de enfermería.
Las diferencias a nivel rural y urbano son importantes: 90% de los nacimientos
en las zonas urbanas recibió asistencia del personal de salud, frente a un 50%
del área rural (Secretaría de Salud: 2006). Se estima que en 1997 el 35% de las
embarazadas no recibieron atención prenatal, mientras que en el 2005 este
porcentaje disminuyó en ocho puntos porcentuales, lo que significa que un 27%
de las embarazadas no recibían atención prenatal, este aumento en la atención
podría ser resultado de la ampliación en la red hospitalaria del país.
La atención institucional del parto ha aumentado sistemáticamente de 53.8%
en 1996 al 62% en 2001; mientras a la par ha disminuido el parto domiciliario.
82
Este crecimiento ha ocurrido en todas las áreas de residencia, particularmente
en el área rural. Sin embargo, es necesario enfatizar en las medidas para
aumentar el parto por atención calificada ya que un porcentaje importante de
muertes maternas y problemas en el recién nacido o la recién nacida ocurren
alrededor de este periodo.
El rol de las parteras en los nacimientos asistidos en casas es fundamental,
sobre todo en el área rural; a pesar de ello, de acuerdo con la información
levantada hasta la fecha, solo se cuenta con un programa de capacitación para
parteras ejecutado por la Secretaría de Salud que inició en 1998 y actualmente
se realiza de manera puntual en los CESAR.
“En las mujeres de 15 a 49 años, se observa en la atención post parto
(determinada a través del último nacido o nacida viva), un incremento de la
atención puerperal de 34.3% en 1996 a 38% en 2001, siendo mayor en
Tegucigalpa y San Pedro Sula. El 12.7% de las prestaciones se realizó en los
primeros 10 días, es importante mencionar que este período es sumamente
crítico ya que las estadísticas de muertes indican que una proporción
significativa de las muertes maternas ocurren en el post-parto inmediato”
(Secretaría de Salud: 2006).
Según datos oficiales la mortalidad materna ha pasado de 182 por cada 100,000
nacidos vivos en 1990 a 108 en 199710 . En este mismo periodo se encontró que
pasó de representar el 21.5% del total de muertes de mujeres en edad
reproductiva en 1990 a 8.5% en 1997, siendo la quinta causa, sin embargo y a
pesar de esta significativa reducción, Honduras se ubica como uno de los países
de Latinoamérica con las tasas de muerte materna más elevadas.
De acuerdo con información de la Jefatura del Departamento de Salud Integral
a la Familia de la Secretaría de Salud, el total de muertes maternas para el
2002 fue de 140, para el año 2006 fue de 83 por cada 100,000 nacidas y nacidos
vivos. Entre las principales causas encontramos las siguientes: hemorragia
(57%); trastornos hipertensivos (23%) e infecciones (10%). Según esta misma
fuente el descenso de las infecciones podría deberse a los esfuerzos realizados
para asegurar un parto limpio, especialmente en los nacimientos atendidos por
parteras.
10 De acuerdo a análisis realizado por el Instituto Nacional de la Mujer en el 2003, éstos son los datos oficiales
mismos que aparecen en la Política de Salud Materno Infantil en el año 2006. Por otra parte, la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud 2005-2006 no reporta datos sobre la muerte de las mujeres, limitándose a
consignar solo la de niños y niñas.
83
Las mujeres con menor atención prenatal son las menores de 20 años, las que
tienen 6 o más hijos, las de menor nivel educativo, pobres, que viven en áreas
rurales, especialmente en Colón, El Paraíso y Copán (RAMNI: 2008).
A partir del año 2002 la muerte materna se concentra en el grupo de edad
comprendido entre los 18 a los 35 años con un 69%, a diferencia de periodos
anteriores en los que sucedía con mayor frecuencia en los grupos de edades
extremas. Otro dato alarmante en relación con la muerte materna es el hecho
de que el 65% de las muertes ocurre en los hospitales.
La Política de Salud Materno-Infantil de la Secretaría de Salud explica que el
100% de las muertes maternas por hemorragia y sepsis son evitables si se
dispone de los requerimientos para brindar cuidados obstétricos esenciales. Se
ha estimado que el 50% de las muertes causadas por trastornos hipertensivos
es prevenible.
La elevada tasa de mortalidad por causas prevenibles se debe en parte a la baja
cobertura del parto institucional, 61% en 2001y a la deficiente calidad de los
servicios de salud (Secretaría de Salud: 2001).
VIH y Sida
En relación a la infección por VIH y Sida, ésta aparece como la primera causa
de muerte de mujeres en edad reproductiva con el 17%. Esto se explica por la
magnitud de la epidemia en el país y por las deficiencias de los programas de
salud pública (OPS: 2005). En Honduras se producen la mitad de todos los
casos de Sida de la subregión registrados, alrededor de 27,021 casos
reportados hasta marzo de 2009, de los cuales cerca del 79% de estos ocurren
por transmisión heterosexual, un 15% homosexual/bisexual, un 6% vertical y
1% por transfusiones sanguíneas concentrada en la población de 20 a 39 años.
(Secretaría de Salud: 2009).
Actualmente se estima que existe una predominancia de la infección entre las
mujeres que está aumentando. La relación entre la tasa de infección de
hombres y mujeres es de 1=1 (Centro de Estudio de la Mujer: 2008). La
epidemia está concentrada en la ciudad de San Pedro Sula, otras ciudades
principales del departamento de Cortés, la costa norte del país y Tegucigalpa.
Según la investigación “La vida vive en mi cuerpo" del Centro de Estudios de la
Mujer- Honduras, los datos oficiales ocultan una compleja realidad, ya que se
estima que solo 17% de los hombres y 11.9% de las mujeres sexualmente
activas se han hecho el examen para detectar el VIH alguna vez.
84
Entre los factores de riesgo identificados para las mujeres está la violencia, que
las ubica en una débil posición para tomar decisiones sobre su sexualidad,
especialmente para negarse a tener relaciones sexuales cuando consideran que
su pareja puede infectarlas.
La violencia de género como un problema de salud pública
Las mujeres representan el 92% de los casos de violencia doméstica y el 88% de
los casos atendidos por violencia sexual en el Sistema de Salud Pública. Según
datos de la Oficina de Medicina Forense de la Secretaría de Salud durante el
2007, los casos de violencia sexual en las zonas centro, sur y oriente del país
ascendieron a 658, de los cuales 540 eran casos de mujeres (82.1%). De este
grupo las más afectadas fueron las mujeres entre 10 a 14 años (34%), seguidas
del grupo en edades comprendidas entre 15 a 19 años (31.6%). En los meses de
enero a abril del año 2008, los delitos sexuales reportados en la zona noroccidental
eran 120, de los cuales 89 fueron casos correspondientes a mujeres,
mientras que en la zona centro-sur los casos reportados sumaron 247, de los
cuales 193 eran mujeres (Medicina Forense: 2008).
El síndrome de la mujer agredida agrupa una serie de signos y síntomas físicos
y/o emocionales que afectan su salud y bienestar. No todas las mujeres
violentadas acuden a consulta por este problema y las que acuden no refieren
que sus malestares se deben a violencia de algún tipo; en la mayoría de los
casos referidos los diagnósticos son adulterados con términos ambiguos.
Incidencia de Cáncer
En el Estudio Indicadores de Salud- Enfermedad de Hombres y Mujeres en
Honduras 2007 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), uno de los
principales problemas de salud que aqueja a la mujer hondureña en la etapa
reproductiva y post reproductiva son los tumores cancerígenos, afectando a un
67.1% de la población femenina y al 55.4% de la población masculina.
(Secretaría de Salud: 2009).
Más del 50% de los casos de cáncer son de útero; a pesar de ello, en el sistema
de salud persisten los problemas relacionados con acceso al examen de
citología, tardanza en los resultados, calidad y oportunidad para el
tratamiento. La alta mortalidad de cáncer cérvico uterino se vincula
claramente a la discriminación de género y a la falta de reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos. Este tipo de cáncer está asociado a
Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) no tratadas o tratadas
inadecuadamente, generalmente relacionadas con la violencia masculina, las
condiciones de mala calidad de vida, pobreza y falta o limitado acceso a
85
servicios de salud, siendo ésta una enfermedad prevenible y curable en etapas
tempranas.
El cáncer de mama ocupa el segundo lugar, sin embargo, solamente el 3.1% de
mujeres se han hecho una mamografía y un 18.7% el autoexamen de mama, el
cáncer de piel ocupa el tercer lugar y afecta a ambos sexos con ligera
desventaja para las mujeres, el cáncer prostático afecta al 0.9% de los hombres
y aún no se cuenta con suficiente información, por lo que se requieren
estrategias de diagnóstico temprano al alcance de la población pobre y de
atención integral de calidad.
Los resultados de cáncer son preocupantes debido a que los recursos necesarios
como quimioterapia, radioterapia y otros no están al alcance económico de la
población, además las mujeres necesitan cuidados especiales que difícilmente la
familia les puede brindar por estar dedicadas al cuidado de los demás
miembros del núcleo familiar.
Aborto
En lo relacionado a la problemática del aborto, por ser éste un delito según el
Código Penal hondureño, se realiza en condiciones de inseguridad y bajo la
amenaza tanto para la persona que lo atiende, como para la mujer que se
somete a la interrupción del embarazo; esto implica que no sea posible disponer
de registros oficiales. Desde inicios de los años ochenta, el aborto es la segunda
causa de egreso hospitalario después del parto En el 2005, egresaban
diariamente 21 mujeres de los hospitales nacionales con un diagnóstico de
aborto y en 2008 ocurrieron un total de 9,151 abortos. Aún cuando no se
reconozca, evidentemente las cifras dan cuenta de que es un problema de salud
pública que debe ser abordado de manera prioritaria (CLADEM-CDM: 2007,
Secretaría de Salud: 2009).
Enfermedades Crónico- Degenerativas
Según estudios de la OPS/OMS un 9.4% de los hombres y un 7.8% de mujeres
padece diabetes tipo 2, el 19.2% de la población sufre de hipertensión arterial
presentándose en hombres una leve desventaja respecto a las mujeres.
El sobrepeso afecta más a los hombres mientras que la obesidad está afectando
al 55.6% de las mujeres en comparación con 14% de los hombres. Los altos
niveles de colesterol constituyen un factor de riesgo que afecta por igual a
hombres y mujeres; no así los niveles de triglicéridos en los que resultan más
afectados los hombres. Estos factores de riesgo posiblemente se relacionan con
la ingestión indiscriminada de comidas con alto contenido en grasas y
carbohidratos.
86
Las enfermedades cardiovasculares se presentan en 217.0 de cada 100,000
hombres y 239.8 de cada 100,000 mujeres.
Toda esta problemática amerita la participación integral de varios sectores por
su relación con patrones alimentarios, sedentarismo, consumo de alcohol,
cigarrillos y otros hábitos de vida que demandan estrategias de prevención y
atención integral.
Marco legal e institucional
La Secretaría de Salud, a través de la red hospitalaria de todo el país, es el
organismo responsable de velar por la salud integral de mujeres y hombres.
Este organismo cuenta con más de 900 unidades de salud distribuidas en
diferentes regiones del país; existen 29 hospitales, sin embargo la tecnología de
punta y la disponibilidad suficiente de médicos y médicas se concentra en seis
hospitales nacionales, de los cuales se ubican cinco en la capital y uno en San
Pedro Sula. Actualmente existen también hospitales públicos en algunas
cabeceras departamentales (6 hospitales regionales y 16 hospitales de área) se
ofrece servicios en cinco clínicas materno-infantiles, 200 centros de salud con
médico (CESAMO) y más de 600 centros de salud rural sin médico (CESAR). El
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tiene tres hospitales y el
sector privado ofrece servicios en 56 hospitales del país.
La Secretaría de Salud brinda cobertura al 60% de la población, mientras el
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cubre el 11% y solo el 8% como
asegurados directos. Además existen unas 200 organizaciones no
gubernamentales e instituciones privadas que prestan servicios en el campo de
salud, como la Asociación Hondureña de Planificación Familiar
(ASHONPLAFA) y la Liga de Lactancia Materna.
En lo que respecta a la atención del VIH y Sida la Secretaría de Salud tiene un
departamento para la atención de esta epidemia. En el año 2002, surge el Foro
Nacional de Sida como brazo ejecutor y de participación ciudadana ampliada,
además se llevan a cabo diversos programas y proyectos coordinados con la
cooperación internacional, sociedad civil y el Estado.
A nivel legal en 1999 se aprobó la Ley Especial del VIH y Sida y se creó una
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA), encargada de coordinar las políticas,
estrategias y programas para la atención directa a las personas positivas. A
nivel presupuestario es importante señalar que apenas 15% de los recursos
destinados a salud (3% del PIB) son invertidos en la prevención y atención del
VIH y Sida.
87
La Secretaría de Salud ha elaborado e implementado tres planes estratégicos
quinquenales: PENSIDA I -1998-2002, PENSIDA II 2003-2007 y PENSIDA III
2008-2015; sin embargo, en ninguno de estos planes se han identificado
estrategias específicas “para las mujeres sexualmente activas, a excepción de
las trabajadoras sexuales y las mujeres embarazadas con el fin de prevenir la
transmisión de madre a hijo e hija” (CLADEM-CDM: 2007). En el proceso de
construcción de estos planes han participado las organizaciones sociales y de
mujeres con la finalidad de incorporar acciones afirmativas de atención y
prevención para ellas, sin que este aspecto se haya tomado en cuenta.
Para la atención de la problemática de violencia contra la mujer en los servicios
de salud, se dispone de dieciocho Consejerías de Familia a nivel nacional que
no cuentan con presupuesto para ejecución de actividades, ya que dependen del
presupuesto asignado a cada región de salud. El Programa Nacional de Salud
Mental, conjuntamente con personal médico, de enfermería y de las Consejerías
de Familia ha elaborado un protocolo de atención en casos de violencia
doméstica, también ha desarrollado manuales de formación en género y
atención en violencia, dirigidos a personal de enfermería en la Secretaría de
Salud (Secretaría de Salud: 2009).
A nivel de políticas públicas de salud se cuenta con la Política Nacional de
Salud, la Política de Salud Materno Infantil y la Política de Salud Sexual y
Reproductiva, únicamente la primera tiene un plan de ejecución, mientras que
la segunda está estancada y hasta la fecha no ha sido difundida (INAM: 2008).
En la revisión de la Política de Salud Sexual y Reproductiva no se encontró un
eje de atención destinado a violencia contra las mujeres o la relación entre
violencia y salud sexual y reproductiva, no obstante esta Política se encuentra
a mayo del 2010 en proceso de revisión y actualización.
Presupuestos
No se encontraron datos sobre presupuesto desagregado por sexo asignado a la
atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres en el último año (2008).
El informe de presupuesto 2006 establece que se gastaron en atención médica
general en mujeres, 51709,729.00 lempiras y en hombres 31767,319.00
lempiras; probablemente hace la variación el gasto en el ciclo reproductivo de
las mujeres, lo que no es posible corroborar.
En este sentido cabe mencionar que de acuerdo a datos de la ENDESA se
estima que a nivel nacional en el año 2006, el 76% de las enfermas y enfermos
ambulatorios pagaron su internamiento con recursos propios, afirmando que
este pago es mayor entre las mujeres del área rural y personas que solo
cuentan con nivel básico de primaria. En el año 2007 la Secretaría de Salud
destinó apenas el 6.99% de su presupuesto a la atención materno infantil a
88
nivel nacional de acuerdo a estimaciones realizadas en base a los detalles de
ejecución del presupuesto nacional (CLADEM-CDM: 2007).
Sistemas de información y rendición de cuentas
Las redes de mujeres han coordinado en el nivel local con las municipalidades,
hospitales y centros de salud para la atención y detección de cáncer de mama y
cérvico uterino en los departamentos de Francisco Morazán, Intibucá, La Paz,
Atlántida y Colón como parte de la negociación de Agendas de las Mujeres en el
marco de compromisos previos firmados con las y los aspirantes a alcaldes o
alcaldesas a nivel municipal (OXFAM: 2008).
Sobre los sistemas de información estadística encontramos que en los
hospitales regionales donde existe Medicina Forense, se cuenta con una base de
datos sobre atención en violencia doméstica, en ella se establece el tipo de
agresión (psicológica, física y/o sexual) y esta misma unidad lleva registros
separados para los casos de violencia sexual (Medicina Forense: 2008).
La Oficina de Medicina Forense recaba y unifica los datos a nivel nacional, sin
embargo éstos difieren en gran medida de los presentados por las
organizaciones de mujeres quienes llevan un seguimiento de hemeroteca de los
casos aparecidos en los periódicos y noticias nacionales, lo que puede indicar un
subregistro (OXFAM- Honduras: 2008). La información de Medicina Forense
está disponible y es de fácil acceso para la población a nivel urbano y central de
Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, aunque existe menor disponibilidad
de información en el resto del país.
El Instituto Nacional de Estadística y la Secretaría de Salud coordinan
programas para la realización de Encuestas de Demografía y Salud, así como
censos de salud, sin embargo la información solo está disponible a nivel central
y por Internet.
89
AGENDA POLÍTICA
POLÍTICA 1
El Estado garantiza políticas de salud con enfoques de igualdad, equidad de
género e interculturalidad en sus planes, programas y proyectos, asegurando el
derecho de las mujeres al disfrute pleno de la salud durante todo su ciclo de
vida.
Objetivos estratégicos
OE 1.1.
Incorporar en el Plan Nacional de Salud 2021 los enfoques de género, de
derechos e interculturalidad y garantizar la asignación de recursos humanos y
económicos necesarios para el funcionamiento de los programas de salud
dirigidos a mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores.
OE 1.2.
Diseñar, promover e implementar campañas y estrategias de comunicación
permanentes de prevención, promoción, diagnóstico temprano, tratamiento
oportuno, atención y rehabilitación de salud de las mujeres, con especial
atención en el cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS), VIH y Sida, enfermedades catastróficas,
degenerativas, crónicas, discapacidades y salud mental.
OE 1.3.
Introducir en la currícula de formación de los y las profesionales y prestadores
de servicios de salud, en las universidades y demás instituciones educativas,
las necesidades específicas de salud de las mujeres, las adolescentes, las niñas
y las adultas mayores, de acuerdo a sus características psicológicas,
fisiológicas, sociales y culturales, con énfasis en la problemática de violencia.
OE 1.4.
Revisar y fortalecer desde una perspectiva de equidad de género, derechos e
interculturalidad el actual sistema oficial de información, monitoreo,
evaluación y difusión sobre el estado de salud de la población, que sirva de
soporte a la vigilancia de la morbilidad y mortalidad, garantice la integralidad
de las acciones y la medición de impactos. El sistema de información debe ser
amigable y accesible para toda la población.
OE 1.5.
Establecer mecanismos de rendición de cuentas, basados en los sistemas
nacionales de información estadística, con desagregación según sexo, edad,
90
etnia y territorio, que permitan visibilizar la inversión del sector en programas
y proyectos de salud de las mujeres y hacer los reajustes necesarios.
OE 1.6.
Integrar una representación del INAM y una de las organizaciones del
movimiento de mujeres elegida en foro propio por este sector, en los
mecanismos institucionales de decisión y coordinación de las políticas al más
alto nivel del sector salud.
POLÍTICA 2
El Estado garantiza el acceso y servicios de salud de calidad, medicamentos del
cuadro básico, así como atención gratuita de emergencias de salud en los
establecimientos e instituciones públicas o privadas, conforme a los principios
de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Los servicios deben
ser adecuados a las realidades culturales diversas.
Objetivos Estratégicos
OE 2.1.
Ampliar y garantizar la cobertura y gratuidad de los servicios de salud,
infraestructura, equipos y personal, atención de emergencias, así como la
provisión adecuada de medicamentos en las unidades de salud pública y
clínicas privadas en las zonas rurales, priorizando la atención de la población
indígena, afrodescendiente, mujeres con discapacidad y adultas mayores.
OE 2.2.
Implementar y fortalecer las Redes de Atención Domiciliaria con servicios
amigables e integrales de salud para las mujeres, adolescentes, niñas y adultas
mayores, para la prevención y tratamiento del cáncer de mama, cáncer cérvico
uterino, enfermedades comunes, información sobre ITS, VIH y Sida,
enfermedades degenerativas y salud mental, en articulación con las Oficinas
Municipales de la Mujer. La Atención Domiciliaria deberá responder a las
normas y protocolos médicos establecidos por la Secretaría de Salud.
OE 2.3.
Promover y asegurar el acceso de las mujeres de todas las edades a los servicios
de salud para la prevención y tratamiento del cáncer de mama, cáncer cérvico
uterino, ITS, VIH y Sida, enfermedades catastróficas, degenerativas, crónicas,
discapacidades y salud mental.
OE 2.4
Fortalecer la estrategia de Municipios Saludables e incorporar los enfoques de
género, derechos e interculturalidad, asegurando la creación de programas,
91
espacios públicos, actividades de salud ocupacional y recreación, que
contribuyan al desarrollo de la salud mental de mujeres y hombres, tomando en
cuenta las condiciones específicas de las personas adultas mayores.
OE 2.5.
Asegurar las condiciones jurídicas e institucionales para que las mujeres
organizadas realicen acciones de vigilancia ciudadana y auditoría social sobre
las políticas de salud, la calidad de los servicios y la inversión de los recursos,
fomentando una cultura de exigibilidad de derechos para el mejoramiento de la
atención.
POLÍTICA 3
El Estado garantiza el derecho de las mujeres a la alimentación adecuada como
condición fundamental del derecho a la salud en el marco de una cultura de
soberanía alimentaria.
Objetivos Estratégicos
OE 3.1.
Incorporar el enfoque de género en la planificación y ejecución de la Políticas
Nacionales de Nutrición y Agraria, asegurando la participación de las mujeres
organizadas en los niveles de toma de decisiones.
OE 3.2.
Promover el diseño e implementación de programas y proyectos con enfoque de
género para la producción de alimentos, orientados a garantizar la
autosuficiencia alimentaria del país, tomando en cuenta las condiciones locales
y las necesidades particulares de nutrición de mujeres y hombres según el ciclo
de vida.
OE 3.3.
Promover desde una perspectiva de equidad de género y derechos la
implementación de programas de información nutricional, rescatando el valor
cultural y nutricional de los productos alimenticios propios de las diferentes
regiones del país, aportando a la construcción de una cultura de soberanía
alimentaria desde las familias, en articulación con la Política Nacional de
Nutrición.
POLÍTICA 4
El Estado garantiza la implementación de la Política Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva, asignando recursos humanos y financieros así como
infraestructura y servicios especializados.
92
Objetivos Estratégicos
OE 4.1.
Incorporar los enfoques de equidad de género, derechos e interculturalidad en
la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, a través de un proceso de
evaluación, reforma y actualización, a la luz del II PIEGH y otros compromisos
del Estado a nivel internacional.
OE 4.2.
Difundir e implementar la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
como Política Prioritaria de Estado, asegurando la asignación de recursos
financieros necesarios y personal especializado para la atención integral en
todos los sectores involucrados.
OE 4.3.
Asignar los recursos necesarios a todas las unidades y programas de salud a
nivel nacional, para cubrir la demanda de servicios de salud sexual y
reproductiva y salud mental de la mujer durante todo el ciclo de vida.
OE 4.4.
Integrar una representante permanente del INAM en los mecanismos
institucionales de coordinación de las políticas de salud, especialmente de la
Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
POLÍTICA 5
El Estado formula y ejecuta la política nacional de salud para la prevención,
atención y asistencia de embarazos en adolescentes, así como en la prevención,
atención y erradicación del acoso y abuso sexual, desde una perspectiva de
género y derechos.
Objetivos Estratégicos
OE 5.1.
Implementar, en todas las unidades de salud del país, programas de difusión de
información sobre sexualidad responsable, riesgos, formas de protección y
dotación de paquetes básicos de métodos anticonceptivos y la profilaxis post
exposición a la infección del VIH, priorizando a adolescentes y jóvenes de
ambos sexos.
OE 5.2.
93
Producir materiales informativos sobre salud y sexualidad responsable dirigida
tanto a las y los proveedores de servicios de salud como a usuarias y usuarios,
priorizando a adolescentes y jóvenes de ambos sexos.
OE 5.3.
Ampliar en todas las unidades de salud, especialmente en los CESAMOS,
servicios integrales de prevención del embarazo adolescente y atención
especializada para adolescentes embarazadas, considerando los impactos
sicológicos, económicos y sociales de esta problemática en su desarrollo
personal.
OE 5.4
Revisar y formular instrumentos legales, normativas, protocolos sanitarios, de
atención en hospitales y otras unidades de salud, que aborden las diferentes
formas de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultas
mayores, así como los servicios de salud integral adecuados para la atención,
referencia y contra referencia de casos.
POLÍTICA 6
El Estado garantiza la aplicación de mecanismos jurídicos e institucionales
para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
particularmente el derecho a tomar decisiones informadas.
Objetivos Estratégicos
OE 6.1.
Adecuar las normas y servicios en salud con el objetivo de garantizar la
atención en cuanto a la salud de las mujeres sobre su vida sexual y
reproductiva, especialmente sobre mecanismos dentro del esquema nacional de
salud que les permita decidir sobre el espaciamiento de sus embarazos
OE 6.2.
Capacitar a las y los proveedores de servicios de salud en el abordaje y entrega
de información sobre salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva de
equidad de género, bajo los principios de igualdad y no discriminación,
especialmente por género, edad, discapacidad, orientación sexual, pertenencia
étnica y territorial.
OE 6.3.
Implementar en todas las unidades de salud del país, programas de difusión de
información sobre sexualidad responsable, riesgos, formas de protección y
dotación de paquetes básicos de métodos anticonceptivos tradicionales y la
94
profilaxis post exposición a la infección del VIH, tomando en cuenta las
especificidades de cada grupo según sexo, edad, discapacidad, religión,
orientación sexual, pertenencia étnica, territorial y otras.
OE 6.4.
Incluir el condón femenino y otros métodos de anticoncepción para uso de
mujeres y hombres en el programa básico de medicamentos e insumos de la
Secretaría de Salud.
OE 6.5.
Promover y apoyar la realización de estudios e investigaciones especializadas
sobre derechos sexuales y reproductivos, comportamientos, prevalencia en el
uso de anticonceptivos, relaciones inequitativas de poder entre los géneros,
ejercicio de la sexualidad y las realidades culturales diversas, como insumo en
la formulación de políticas.
POLÍTICA 7
El Estado garantiza la provisión de infraestructura adecuada, personal
especializado y servicios de salud de emergencia que posibiliten el ejercicio del
derecho a una maternidad segura y saludable en todo el país.
Objetivos Estratégicos
OE 7.1.
Asegurar la asignación permanente de recursos en todos los hospitales y otras
unidades de salud del país, para la aplicación efectiva y seguimiento de una
política prioritaria para la Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y la
Niñez.
OE 7.2.
Implementar y fortalecer los programas de mejoramiento de las prácticas al
interior de la pareja, familia y comunidad sobre el auto cuidado durante el
periodo prenatal, postnatal y de atención a las y los recién nacidos, que
promuevan la co-responsabilidad de mujeres y hombres.
OE 7.3.
Desarrollar programas de capacitación especializada dirigidos al personal de
las unidades de salud y a las parteras, para la atención de complicaciones
obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio, procurando el
involucramiento de la comunidad, en el marco de la Estrategia Individuo-
Familia- Comunidad, con apoyo de los Comités Permanentes de Control
Materno.
95
OE 7.4.
Dotar a las unidades de salud de personal especializado, infraestructura física,
equipo y medicamentos para la atención de posibles complicaciones obstétricas
durante el parto y el puerperio inmediato, particularmente en las zonas más
alejadas de los centros urbanos.
OE 7.5.
Difundir información sobre los Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales,
adecuados a las realidades particulares de las diferentes regiones del país y a
la diversidad cultural de las mujeres.
OE 7.6.
Fortalecer e implementar los programas de capacitación, actualización y
registro de parteras en las diferentes localidades del país, en articulación con
las unidades de salud, organizaciones no gubernamentales especializadas y las
Oficinas Municipales de la Mujer.
OE 7.7.
Fortalecer los servicios de calidad en las clínicas maternas para atender las
complicaciones obstétricas derivadas de los abortos, a fin de contribuir a la
reducción de la tasa de mortalidad materna.
POLÍTICA 8
El Estado garantiza la incorporación del enfoque de igualdad y equidad de
género en el diseño e implementación de programas nacionales y servicios de
atención integral en salud para la prevención y tratamiento del VIH y Sida e
Infecciones de Transmisión Sexual.
Objetivos Estratégicos
OE 8.1
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en el Plan Estratégico
de Lucha Contra el SIDA- PENSIDA e involucrar en su ejecución a las
instituciones sectoriales del Estado a través de la CONASIDA, a las
organizaciones no-gubernamentales y particularmente a las organizaciones de
mujeres infectadas y afectadas por el VIH y Sida.
OE 8.2.
Promover políticas y programas para disminuir y erradicar en el largo plazo,
todo tipo de discriminación en el ámbito familiar, laboral, educativo,
institucional, social y cultural hacia las mujeres infectadas y afectadas por el
VIH y Sida.
96
OE 8.3
Revisar y modificar desde un enfoque de igualdad y equidad de género, el
protocolo existente en las unidades de salud para asegurar el acceso a los
antiretrovirales y su respectiva medicación para las infecciones oportunistas,
considerando a los grupos de atención prioritaria a mujeres embarazadas,
víctimas de violencia sexual, indígenas, afrodescendientes, adolescentes y
privadas de libertad.
OE 8.4
Desarrollar protocolos de atención especializados para mujeres infectadas y
afectadas por el VIH y Sida que han sufrido o sufren cualquier forma de
violencia de género.
OE 8.5.
Promover programas y servicios de atención integral para las mujeres
infectadas y afectadas por el VIH y Sida, en coordinación con las Consejerías de
VIH y Consejerías de Familia, garantizando el enfoque de igualdad y equidad
de género.
OE 8.6
Crear y asegurar la sostenibilidad financiera de centros de acogida con
servicios de salud especializados, para las mujeres viviendo con VIH y Sida que
son discriminadas y expulsadas por sus propias familias.
OE 8.7
Promover la revisión y actualización de la Ley de VIH y Sida desde el enfoque
de igualdad y equidad de género, asegurando la participación de las
organizaciones de mujeres.
97
MAPEO DE ACTORES RESPO SABLES DE EJECUCIÓ E I STITUCIO ES
DE APOYO RELACIO ADOS
EJE DE DERECHOS INSTITUCIONES
EJE 3: PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y
GARANTÍA DE LA SALUD DE LAS
MUJERES DURANTE TODO EL CICLO DE
VIDA Y DE SUS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
INSTITUCIÓN RESPONSABLE:
• Instituto Nacional de la Mujer
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN:
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Salud
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Educación
• Secretaría de Estado en los Despachos de
Cultura, Artes y Deportes
• Universidades
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad
• Secretaría de Estado en los Despachos de
Trabajo y Seguridad Social (STSS)
• Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS)
• Servicio Autónomo Nacional de Acueductos
y Alcantarillados (SANAA)
• Fondo Hondureño de Inversión Social
(FHIS)
• Ministerio Público
• Poder Judicial
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Desarrollo Social
• Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Oficinas Municipales de la Mujer (OMM)
• Alcaldías Municipales
• Instituto Nacional de la Juventud (INJ)
• Programa de Asignación Familiar (PRAF)
• Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación Externa (SEPLAN)
INSTITUCIONES DE APOYO
• Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)
• Alianza Nacional de Mujeres Municipalistas
de Honduras (ANAMMH)
• Organizaciones Feministas y de Mujeres
• Organizaciones de la Niñez
• Otras Organizaciones Sociales Trabajando
en Salud
98
EJE 4
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN, LOS DERECHOS CULTURALES E INTERCULTURALIDAD
Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Derecho a la educación
El sistema educativo en Honduras tiene algunas deficiencias, especialmente
con la cobertura, el acceso y la calidad, sobretodo en la población rural.
El acceso de las mujeres a la educación primaria y secundaria, tanto en el área
urbana como rural, ha aumentado en los últimos años; según el Censo de
población y vivienda 2001, el 51% de niñas culminó la primaria y el 49% de
niños, el 59% de mujeres terminaron la secundaria y el 41% de varones. En el
rango de edad de 13 a 15 años, se incremento en 5.9% la tasa de asistencia
escolar a favor de las niñas. El 3.7% de mujeres y 4.1% de hombres tienen
estudios superiores. Pese al mejoramiento de los índices en los niveles
educativos de las mujeres, éstos no se traducen en mejoras en el acceso a
empleos de calidad, ni a condiciones laborales e ingresos óptimos. (Instituto
Nacional de Estadísticas, Mayo, 2007)
De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano Honduras 2006, las mujeres
ganan el 66% de lo que ganan sus compañeros varones por el mismo trabajo a
pesar del mejoramiento en los niveles de acceso a la educación.
Según la Trigésima Octava Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos
Múltiples – EPHPM, de Mayo del 2009, la tasa de mujeres de 5 a 18 años que
asisten a algún centro de enseñanza es de 60.7%, 56.9% del área rural y 65.9%
del área urbana), los hombres que asisten a algún centro de enseñanza
representan el 57.6% (53.0% del área rural y 64.6% del área urbana).
Lineamiento
Incorporar en el Plan de Nación y en los Planes de Gobierno la
promoción, protección y garantía del derecho de las mujeres a la
educación, la cultura, la interculturalidad y el acceso a las tecnologías de
información y comunicación.
99
Mientras que en el rango de edad de 6 a 15 años, el 48.4% son mujeres (38.7%
del área urbana y 61.3% del área rural) y 51.6% son hombres (61.6% del área
rural y el 38.4% del área urbana). De estos la Tasa de repitencia es de 8.9%, de
las cuales 7.3% son mujeres y 10.4% hombres.
Del total de personas que acceden a un centro de enseñanza, el 56.6% son
desertores de los cuales 27.8% son mujeres y el 28.7% son hombres (Sosa:
2003).
La tasa de analfabetismo total en Honduras es de 16.4%, siendo 16.3%
población de hombres y 16.6 % de mujeres, incrementándose la condición en los
rangos de edades de 35 años en adelante, con una tasa total de analfabetismo
de 24.1% de los cuales 22.8% son hombres y el 25.3% son mujeres adultas cuya
carga de trabajo productivo y reproductivo, así como la falta de oportunidades
que compatibilicen el tiempo y las responsabilidades familiares son obstáculos
para su acceso a la educación en todos los niveles (Sosa: 2003).
Existe poca información sobre la situación de educación y género, sin embargo
las brechas se mantienen con mayor fuerza en el área rural que en la urbana,
entre 1998 a 2001 la tasa de analfabetismo rural femenino pasó de 34.7% a
19.8%, reducción mayor que la tasa de analfabetismo masculina que paso del
33.9% al 20.2% en el mismo período.
De igual manera existen insuficientes recursos técnicos y financieros que
permitan el mejoramiento de la educación media, la ampliación en su cobertura
y que a su vez garanticen un marco efectivo para la regulación y protección de
los derechos de las mujeres, así como la carencia de políticas y estrategias
estatales para su acceso a la tecnología y al desarrollo científico. Cabe
mencionar que pese a los avances en el Currículo Nacional Básico, aún persiste
la división sexual en las carreras y especialidades educativas, sobre todo a nivel
de la educación técnica (Sosa: 2003).
Otro aspecto a señalar es la falta de Educación Sexual en todos los niveles
educativos. El INAM en conjunto con otras Instituciones del Estado,
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), consideran que éste es un tema
de política pública y se inscribe en el marco de una educación y Estado laicos.
La educación sexual desde un enfoque de género, favorecería el desarrollo de
conductas asociadas con el conocimiento del cuerpo, la sexualidad responsable,
la comunicación, incidiendo de manera directa sobre la disminución de la alta
tasa de embarazo adolescente y la prevención del VIH y Sida (CLADEM-CDM,
2007), tal como se señala en las Recomendaciones del Comité de la CEDAW al
Estado de Honduras en el 2007.
100
Derechos culturales e interculturalidad
Los derechos culturales e interculturales de las mujeres, especialmente de las
indígenas y afrodescendientes, se gestan de manera específica en la década de
los 90´s, como parte del surgimiento social y político del movimiento indígena
en América Latina. Estos procesos de movilización permitieron avanzar más
allá de las categorías de ruralidad y campesinado, hacia el rescate de sus
identidades étnicas, como referentes claves de su quehacer, situación y
condición en la vida nacional, regional y mundial.
Un aspecto importante a tener en cuenta es el que tuvo lugar en México en
1975 a través de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la que los Estados
miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a emprender todos los
esfuerzos para incluir a las mujeres en las políticas y proyectos de desarrollo
como agentes y beneficiarias. Las principales actoras de este proceso fueron las
mujeres rurales y campesinas en el marco de la estrategia Mujer en el
Desarrollo (MED), por las grandes brechas de pobreza y desigualdad que
conllevan.
Posteriormente, en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995),
los Estados como parte de la Plataforma de Acción Mundial suscriben entre las
12 áreas de especial preocupación a las mujeres rurales, concretamente
manifiestan la necesidad de “Mejorar la condición de todas las mujeres y
procurar prestar especial atención a grupos que se encuentren en situación de
alto riesgo, como es el de las indígenas, con discapacidad, refugiadas y
desplazadas” (ONU: 1995).
La Declaración y Plataforma de Beijing, igualmente, busca la inserción de las
mujeres en el desarrollo de sus pueblos, tomando en cuenta las necesidades y
limitaciones particulares de las indígenas y afrodescendientes, así como las
barreras específicas que las atañen por su particularidad como la pobreza, la
degradación del medio ambiente, poca accesibilidad a la educación, al empleo,
vivienda y toma de decisiones.
Un instrumento legal a nivel internacional de promoción y defensa de los
derechos de los pueblos afrodescendientes constituye el Programa de Acción de
Durban (Sudáfrica: 2001), suscrito por el Estado, producto de la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas
Conexas de Intolerancia. El Programa de Acción de Durban establece
recomendaciones especiales para las mujeres afrodescendientes: “Insta a los
Estados a que garanticen el acceso a la educación y a las nuevas tecnologías de
modo que los africanos y los afrodescendientes, en particular las mujeres, niñas
101
y niños, dispongan de suficientes recursos para la educación, el desarrollo
tecnológico y el aprendizaje a distancia en las comunidades locales”.
El mismo Plan de Acción de Durban, para el caso de las mujeres indígenas
demandan a los Estados: “Que adopten políticas públicas y den impulso a
programas en favor de las mujeres y las niñas, con el fin de promover sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, poner fin a su
situación de desventaja por razones de género y origen étnico, resolver los
apremiantes problemas que las afecten en materia de educación, salud física y
mental, vida económica, el problema de la violencia en el hogar y eliminar la
situación de discriminación exacerbada que padecen al combinarse el racismo y
la discriminación sexual”.
El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (1989), en su
artículo 3.1 señala que “los pueblos indígenas y tribales gozarán plenamente de
los Derechos Humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni
discriminación a los hombres y mujeres de estos pueblos”.
La violación a los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes no
está fundamentada únicamente en el género, sino también en su condición de
clase y etnia. En algunos casos específicos de sociedades con estructuras socioculturales
complejas, puede incluir la casta y la religión, éstos son los
argumentos principales que explican su doble y triple discriminación.
En este marco, las mujeres indígenas y afrodescendientes señalan la necesidad
de ampliar los Derechos Humanos para que éstos reconozcan y trabajen sobre
la intersección de sus identidades individuales y colectivas, ya que a pesar de
haber emprendido múltiples esfuerzos en este sentido, todavía falta mucho por
hacer en materia de políticas públicas.
El último Censo Nacional de Población realizado en el año 2001 estimó que la
población indígena y afrodescendiente en Honduras era de 400,000 personas,
pero no registra datos desagregados por sexo.
De la información proporcionada por las Federaciones Indígenas y
Afrodescendientes a la Secretaría de Gobernación y Justicia, el número de
comunidades y población por grupos étnicos autóctonos es el siguiente:
Grupo étnico No. De
Comunidades o
Tribus
Población Departamentos Federación
Tolupanes 30 18,000 Yoro y Francisco Morazán FETRIXY
Pech 10 3,800 Olancho, Gracias a Dios y Colón FETRIPH
Lencas 1500 720,000 Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Valle,
Francisco Morazán, Ocotepeque, Comayagua, y
La Paz
COPIN Y ONILH
102
Maya-Chortí 52 10,600 Copán y Ocotepeque CONIMCHH
Tawahkas 5 1,200 Gracias a Dios y Olancho FITH
Miskitos 420 76,000 Gracias a Dios MASTA
Garífunas 47 300,000 Atlántida, Colón, Cortés OFRANEH
Isleños 46 80,000 Islas de la Bahía, Atlántida y Cortés NABIPLA
De la escasa información que existe sobre la situación y condición de las
mujeres en los diferentes pueblos étnicos de Honduras se evidencia que la
mayoría de mujeres indígenas se dedican a la agricultura y cuando emigran a
las ciudades pasan a formar parte de la economía informal o de labores de
trabajo doméstico remunerado, por su parte las mujeres afrodescendientes se
dedican a actividades como: costura, panadería, venta de casabe y comida
La FAO señala que “además de las desigualdades en los ingresos, la mayor
pobreza queda manifiesta en la gran responsabilidad que tienen en las tareas
domésticas del hogar y el cuidado de niños y niñas; así como el menor grado de
capacidad para tomar decisiones sobre el uso de los ingresos, comparada con la
que tienen los hombres….La edad promedio de las jefas de hogar es mayor que
la de los hombres, especialmente en el área rural donde alcanza los 50 años.
Esto refleja que probablemente, asumen la jefatura de hogar al enviudar o
separarse” (FAO: 2008).
De acuerdo al estudio sobre núcleos de mujeres indígenas y afrodescendientes
en Honduras, el nivel de educación de las mujeres indígenas es bajo, la mayoría
de mujeres Tolupanes no completaron la primaria y son pocas las que sí lo
hicieron, además el 65% de las mujeres lencas entrevistadas son analfabetas
(Meléndez: 2009); las mujeres procedentes de las Islas de la Bahía y las
Garífunas, tienen un mayor grado de escolaridad, ya que entre sus integrantes
todas han completado la primaria, otras han completado el nivel básico y pocas
han logrado ingresar a la universidad.
Los centros de salud están alejados de las comunidades indígenas y
afrodescendientes, en muchos casos la atención que reciben no es de calidad; la
falta de agua y el aislamiento en el que se encuentran las comunidades limitan
el acceso a los servicios y por tanto el ejercicio de su derecho a la salud integral.
Aunque la población garífuna se ha extendido por todo el país, en la costa
caribeña se concentran 53 comunidades distribuidas en los departamentos de
Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, representando
aproximadamente el 10% de total de habitantes que tiene el país. Los pueblos
garífunas han destacado por la conservación de su cultura, la unidad social a
través de los tiempos y la lucha organizada, pero necesitan apoyo técnico y
económico, que les garantice la seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios
para vivir en armonía plena.
103
Las mujeres lencas son uno de los grupos mayoritarios en relación a los pueblos
indígenas, pero son las que presentan mayores niveles de discriminación en
salud11, educación y acceso al trabajo calificado. De acuerdo a un estudio de
caso llevado a cabo en la región de Intibucá y Lempira, realizan el 80% del
trabajo doméstico remunerado, con ingresos máximos de 1,500 lempiras,
alrededor de $80 dólares, en jornadas laborales entre 12 a 14 horas, bajo
condiciones precarias y de esclavitud, señalando además que la mayoría solo
cuenta con medio día libre, lo que implica que trabajan seis días y medio a la
semana. En el caso de las mujeres que migran del área rural a la urbana no
cuentan con permisos de salida, la retribución del trabajo es vestido y
alimentación, sin remuneración monetaria (Las Hormigas: 2008). También se
dedican a la producción de café, siendo las responsables del 70% del trabajo en
el proceso de corte, secado y procesamiento, lo que implica una sobrecarga de
trabajo para ellas (Servicio Holándes de Cooperación al Desarrollo: 2006).
Otra de las dificultades es el acceso a la tierra y sus recursos, puesto que los
títulos están a nombre de la comunidad y en los casos en que es propia, la
titulación se encuentra a nombre de los varones, ya sean compañeros de hogar,
padres o hijos que heredan la tierra a sus descendientes varones (Meléndez:
2009). Una de las propuestas de las organizaciones de mujeres de la región es
el “dominio pleno compartido”, donde el dominio útil del terreno en áreas
comunitarias sea registrado a nombre de la pareja. Esta propuesta ha sido
acogida e implementada por algunos municipios de los departamentos de
Lempira e Intibucá (SNV: 2006).
Cabe anotar, que los procesos organizativos de las mujeres indígenas y
afrodescendientes, se han constituido especialmente con el apoyo de la
Secretaría de Gobernación y Justicia, lo que les ha permitido fortalecerse como
colectivo, hacer demandas específicas sobre sus derechos, incursionando
organizadamente en proyectos de desarrollo agrícola, comercializando sus
productos artesanales o de alimentación y en muchas poblaciones étnicas
relacionadas con el turismo, por ejemplo, mediante cabañas de hospedaje,
servicios de alimentación y centros turísticos.
La instancia responsable a nivel gubernamental para el desarrollo de los
pueblos indígenas y afrodescendientes es la Secretaría de Gobernación y
Justicia, que coordina programas y proyectos con las Federaciones de los
Pueblos étnicos y cuenta con el “Programa de Apoyo a los Pueblos indígenas y
negros de Honduras” PAPIN, desde el cual se realizan algunas iniciativas con
mujeres indígenas como el otorgamiento de capital, semilla e insumos para la
11 Intibucá y Lempira se encuentran entre los departamentos que reportan mayor problema de acceso a la
salud, según la Encuesta de Demografía y Salud ENDESA, 2005-2006.
104
formación de pequeñas micro-empresas en núcleos seleccionados (Secretaría de
Gobernación y Justicia: 2006).
En el área de género, la Secretaría no realiza un trabajo directo con las
organizaciones de mujeres afrodescendientes o indígenas, limitándose a
coordinaciones puntuales; sin embargo, en el 2007 se presentó una propuesta
de Ley Especial para la protección de los Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes, que incluía artículos para garantizar la equidad de género.
Dicha propuesta fue vetada por las Federaciones y no llegó a aprobarse por
considerar que violentaba derechos consuetudinarios de estos pueblos como en
casos de violencia contra las mujeres que son solucionados de manera comunal
(OFRANEH: 2008), basados en el Convenio 169 en lo relativo al respeto de las
creencias y costumbres de los pueblos étnicos para justificar casos como
estupro, violación y rapto (CSJ, Fundación Justicia y Género: 2007).
Los casos de violencia contra las mujeres son solucionados de manera comunal,
utilizando el Convenio 169 en lo relativo al respeto de las creencias y
costumbres de los pueblos indígenas para justificar la violencia contra las
mujeres, como el estupro, la violación o el rapto.
Acceso a la cultura, expresiones artísticas, bienes y patrimonios culturales
La Secretaría de Cultura, Artes y Deportes en coordinación con el Instituto
Hondureño de Antropología e Historia, desarrollan un programa a nivel
nacional destinado al fortalecimiento de la producción cultural y artesanal de
las mujeres que se implementa en 8 departamentos del país. El programa
ofrece asistencia técnica y financiera a los grupos de mujeres organizadas en
torno a actividades de creatividad y desarrollo de expresiones artísticas
(www.ihah.hn).
La Secretaría de Cultura también apoya las casas de la cultura, red de
bibliotecas públicas, red de hemeroteca y archivo nacional. Actualmente, las
tres últimas son coordinadas por mujeres (Diario El Heraldo: 2008).
La producción artística de las mujeres en el país es escasa y existen pocas
investigaciones al respecto (Secretaría Regional de Cultura, Artes y Deportes:
2008). Los estudios realizados hasta la fecha, pertenecen al campo de la
literatura y la producción artesanal de las mujeres, sin embargo no existe un
inventario de su patrimonio cultural de las mujeres. (Umaña: 1997, Meza:
2001-2007-2008, y Folleti: 2006).
105
Derecho a la información y medios de comunicación
No existe información estadística ni estudios especializados sobre el
tratamiento de los Derechos Humanos en igualdad y equidad de género de las
mujeres en la publicidad y en los medios de comunicación; sin embargo, es
conocido que en Honduras, al igual que en otros países de América Latina, los
discursos, lenguajes e imágenes de los medios se caracterizan por ser sexistas y
discriminatorios. De igual manera se manejan las noticias sobre violencia de
género como crónica roja, sin poner en evidencia la grave problemática que está
detrás, incluida la pornografía, la trata y explotación sexual de mujeres, niñas,
niños y adolescentes.
Marco legal e institucional
Educación Formal
A nivel gubernamental la rectoría del sistema educativo está dividida entre el
sector de la Educación Superior Universitaria que corresponde al Consejo de
Educación Superior y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), y los niveles de pre-básica, básica y media a la Secretaría de
Educación (INAM: 2005).
La Secretaría de Educación tiene como marco referencial de acción el Plan
Estratégico Sectorial de Educación y el Plan de Educación para Todos (Plan
EFA 2003-2015) que se rigen por la Ley Orgánica de Educación. A nivel
sectorial se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Gobernación y
Justicia, el Programa Nacional de Educación para la Etnias Autóctonas y Afro
antillanas de Honduras (PRONEEAAH) que inició en el año 1998 y se
mantiene en la actualidad. Cabe señalar que no existe una política de género
específica para educación.
La Secretaría de Educación, conjuntamente con el INAM han impulsado
algunas acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos
definidos en la Plataforma de Acción Mundial de la Mujer de Beijing. En tal
sentido, en el marco del Acuerdo Nacional de Transformación para el
Desarrollo Humano, liderado por el Foro Nacional de Convergencia12, se
elaboró el Plan de Acción y Estrategia 2002-2006 de la Secretaría de Educación,
donde se adquiere el compromiso nacional para la aplicación de la legislación
vigente en materia de género, considerando la Ley Contra la Violencia
Doméstica, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y la Política
Nacional de la Mujer.
12 Entidad creada en 1999 mediante Ley Especial, con la función de debatir y sugerir soluciones a los
problemas nacionales y articular un proyecto de país en el que se incluya la equidad e igualdad de género
como eje para el desarrollo educativo y social.
106
Uno de los problemas para la efectiva incorporación de la igualdad y equidad de
género en el ámbito educativo es la carencia de una política sistemática sobre
género (Sosa: 2003), a pesar de que este enfoque está considerado dentro del
currículo educativo nacional vigente, queda a criterio de las y los docentes la
definición de estrategias, mecanismos y herramientas para su incorporación,
especialmente en los textos escolares donde predominan los estereotipos de
género y el lenguaje sexista. No obstante, el INAM desarrolla actualmente
acciones coordinadas con la Secretaría de Educación, destacándose la
elaboración de una propuesta de “Apoyo para una Cultura de Igualdad y
Equidad en la educación” formal, no formal y en la formación profesional.
Una de las causas más visibles de discriminación contra las mujeres en el
ámbito educativo es la estigmatización y expulsión a las adolescentes
embarazadas, obviando la aplicación del artículo 35 de la Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer que establece la concesión de permiso por
maternidad sin poner en peligro la continuidad de su educación (CLADEMCDM:
2007).
El Sistema Educativo dispone de dos espacios de rendición de cuentas: los
Comités de Padres y Madres de Familia y los Colegios Magisteriales, con
representación en el ámbito departamental y municipal, estos últimos a pesar
de luchar por causas gremiales se mantienen al margen de las acciones por la
equidad de género en el país (Movimiento de Mujeres: 2008). Es importante
destacar que su dirigencia es predominantemente masculina, no obstante que
el 75% de docentes en el país son mujeres (Secretaría de Educación: 2004).
Educación no formal
La Educación no Formal se refiere a todas aquellas instituciones, ámbitos y
actividades de educación que, no siendo escolares, han sido creados
expresamente para satisfacer determinados objetivos, adquirir y acumular
conocimientos y habilidades para facilitar determinadas clases de aprendizaje a
grupos específicos de la población.
En Honduras, la Educación no Formal está a cargo de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO), el
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y el Centro Nacional de
Educación para el Trabajo (CENET).
La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no
Formal (CONEANFO) surge con la finalidad de generar oportunidades de
107
educación dirigidas a la población sin acceso a los servicios educativos del
sistema formal; tiene como funciones satisfacer las necesidades básicas de
educación, formación integral y capacitación laboral, así como formular
políticas en materia de Educación Alternativa No Formal.
El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) presta el servicio de
capacitación a las y los trabajadores hondureños, tiene a su cargo la política de
capacitación de recursos humanos para contribuir a la modernización del país y
responder a las necesidades de mejorar la competitividad laboral. Enfoca su
oferta hacia la formación profesional en los distintos sectores de la economía y
niveles de empleo, capacitando al sector agrícola, industrial, comercial y de
servicios.
El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) facilita procesos
educativos a población joven y adulta en situación de pobreza, para potenciar la
generación de oportunidades de trabajo y el desarrollo sostenible de las
comunidades; mediante programas de inserción laboral, con modelos de
protección de la niñez indígena enfatizando la educación para el trabajo en los
gobiernos locales y comunidades rurales.
108
AGENDA POLÍTICA
POLÍTICA 1
El Estado promueve y garantiza una educación laica, no sexista y no
discriminatoria, a través de la coeducación, la incorporación de género en la
currícula, el uso de metodologías y materiales educativos fundamentados en los
Derechos Humanos y la igualdad de género.
Objetivos Estratégicos
OE 1.1.
Incorporar el enfoque de género e interculturalidad en los planes, programas y
políticas de todo el Sistema Educativo, asegurando el derecho a la educación
laica, de calidad, gratuita, obligatoria y regida bajo los principios de igualdad y
no discriminación.
OE 1.2.
Establecer programas e implementar las medidas necesarias para la
prevención y erradicación de todas las formas de violencia de género en el
ámbito educativo.
OE 1.3.
Establecer programas y políticas de formación y capacitación especializada en
género y Derechos Humanos para docentes de los niveles de educación prebásica,
básica, media y superior, de obligatorio cumplimiento para la promoción
profesional docente.
OE 1.4.
Incorporar el enfoque de género y de interculturalidad en el currículo de
educación pre-básica, básica, media y superior, en los materiales didácticos,
textos, espacios y práctica educativa en el aula.
OE 1.5.
Asegurar las condiciones jurídicas e institucionales para que la comunidad, las
madres y padres de familia participen activamente y realicen acciones de
vigilancia ciudadana y auditoría social a los procesos educativos, a fin de
garantizar condiciones de seguridad y bienestar estudiantil para mujeres y
hombres, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
OE 1.6.
Promover programas de capacitación y sensibilización para madres y padres de
familia en Derechos Humanos, igualdad, equidad de género y violencia contra
las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
109
POLÍTICA 2
El Estado promueve la erradicación del analfabetismo de las mujeres,
considerando las realidades y necesidades específicas de las indígenas,
afrodescendientes y adultas mayores.
Objetivos Estratégicos
OE 2.1.
Establecer programas y políticas de alfabetización desde un enfoque integral,
intercultural y de Derechos Humanos tendientes a la erradicación del
analfabetismo de las mujeres diversas.
OE 2.2.
Promover la elaboración de material didáctico desde una perspectiva de género
e interculturalidad para los programas y políticas de alfabetización.
POLÍTICA 3
El Estado garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso y
permanencia en todo el sistema educativo.
Objetivos Estratégicos
OE 3.1.
Garantizar el acceso y permanencia de la niñez y adolescencia en todos los
niveles de educación, asegurando un currículo acorde a las necesidades y
características regionales, étnico culturales y discapacidades.
OE 3.2.
Coordinar acciones en el marco de los planes y programas de Seguridad Pública
y Ciudadana, con el objeto de garantizar la seguridad de la niñez y adolescencia
en los centros educativos de todos los niveles, asegurando su integridad
personal y su permanencia en el sistema educativo.
OE 3.3.
Establecer medidas de acción positiva como becas y estímulos para niñas y
adolescentes en situación de pobreza, a fin de asegurar su acceso y
permanencia en el sistema educativo, garantizando la igualdad y la no
discriminación.
OE 3.4.
110
Promover programas y acciones orientadas a fomentar la corresponsabilidad
familiar en las labores domésticas y del cuidado, a fin de promover cambios
culturales en las relaciones de género y erradicar la deserción escolar de las
niñas y adolescentes.
POLÍTICA 4
El sistema educativo garantiza la incorporación del enfoque de género como eje
de los procesos de educación formal y no formal en los niveles técnico y
superior.
Objetivos Estratégicos
OE 4.1.
Asegurar que las políticas y programas de educación a nivel superior y técnica,
incorporen la perspectiva de género, reconociendo las diversidades etáreas,
étnicas, territoriales y las realidades específicas de las mujeres con
discapacidad, así como el acceso a las carreras tradicionales y no tradicionales.
OE 4.2.
Establecer medidas de acción afirmativa y promoción de becas que garanticen
la formación técnica, tecnológica y científica de las mujeres, en igualdad de
condiciones y oportunidades.
POLÍTICA 5
El Estado garantiza la obligatoriedad de la educación sexual en el Sistema
Educativo desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos,
fundamentada en la promoción de la autoestima procreación responsable y las
relaciones familiares equitativas.
Objetivos Estratégicos
OE 5.1.
Incluir la educación sexual desde una perspectiva de género y de Derechos
Humanos, dentro del currículo de la educación pre-básica, básica y media en el
sistema formal y no formal.
OE 5.2.
Promover la capacitación y sensibilización del personal docente, madres y
padres en educación para la sexualidad desde una perspectiva de género y la
producción de materiales educativos de apoyo para el ejercicio de una
sexualidad sana y responsable.
111
OE 5.3.
Establecer mecanismos jurídicos e institucionales para la prevención,
detección, sanción y erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo
y brindar las garantías para la vigilancia y auditoría social.
POLÍTICA 6
El Estado garantiza la incorporación del enfoque de interculturalidad y su
articulación con el enfoque de género, así como la participación de las mujeres
indígenas y afrodescendientes en las políticas educativas estatales, a nivel
nacional, regional/departamental y municipal.
Objetivos Estratégicos
OE 6.1.
Establecer medidas de acción afirmativa para garantizar el derecho de las
mujeres indígenas y afrodescendientes a la educación, al trabajo, a los recursos
financieros y no financieros, a la salud y al patrimonio cultural en condiciones
de igualdad y equidad.
OE 6.2.
Brindar el apoyo técnico y financiero necesario para el fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes, a fin de potenciar su
liderazgo, actoría social y política.
OE 6.3.
Promover la producción y difusión de información estratégica de género,
cultura e interculturalidad.
OE 6.4.
Promover la formulación y ejecución participativa de un plan nacional de
capacitación de los pueblos étnicos, articulando los enfoques de
interculturalidad, igualdad y equidad de género.
POLÍTICA 7
El Estado garantiza el reconocimiento, valoración y acceso de los saberes
ancestrales y la producción científica e intelectual de las mujeres, así como su
aporte a la memoria histórica del país.
Objetivos Estratégicos
OE 7.1.
112
Fortalecer y reconocer los conocimientos y saberes ancestrales de las mujeres:
agricultura, medicina tradicional, saberes culinarios, derechos de propiedad
intelectual, educación bilingüe, arte y creación en la formulación e
implementación de las políticas de igualdad de género.
OE 7.2.
Promover e impulsar investigaciones, estudios y producciones realizadas por
mujeres en los diferentes campos de la ciencia, informática y tecnología
científica, así como del rescate de su memoria histórica.
OE 7.3.
Promover y asegurar becas y recursos suficientes para la producción intelectual
e investigativa orientada al desarrollo cultural que contribuyan a la igualdad y
equidad de género.
POLÍTICA 8
El Estado promueve y garantiza los valores culturales y patrimoniales de las
mujeres, así como las diversas expresiones culturales, artísticas, ancestrales y
contemporáneas desde una visión de género e interculturalidad.
Objetivos Estratégicos
OE 8.1.
Impulsar, promover y fortalecer las diversas expresiones y manifestaciones
culturales y artísticas de las mujeres a fin de garantizar sus derechos
culturales y su autonomía económica.
OE 8.2.
Promover y brindar el apoyo necesario para visibilizar las diferentes
manifestaciones de creatividad artística de las mujeres, orientadas al cambio
de patrones culturales de género.
POLÍTICA 9
El Estado garantiza el derecho a una información y comunicación no
discriminatoria en los medios de comunicación, la publicidad y las nuevas
tecnologías de información, en el marco del respeto a los Derechos Humanos, la
igualdad y equidad de género.
Objetivos Estratégicos
OE 9.1.
113
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en el marco normativo
de los medios de comunicación y publicidad para eliminar la producción y
difusión de mensajes que promuevan la violencia de género, el racismo,
sexismo, comercio y explotación sexual de niñas, mujeres y adolescentes.
OE 9.2.
Establecer incentivos a los medios de comunicación, formadores y formadoras
de opinión para la creación de discursos, mensajes, noticias y productos
publicitarios, con el objeto de fomentar los Derechos Humanos de las mujeres,
niñas y adolescentes.
OE 9.3.
Brindar las garantías necesarias para que las mujeres organizadas realicen
acciones de veeduría y vigilancia ciudadana, mediante los observatorios de
medios de comunicación u otros mecanismos de control social, exigiendo la
aplicación de sanciones consignadas en el marco legal existente.
OE 9.4.
Promover e impulsar campañas de difusión y promoción de derechos de las
mujeres, orientadas al cambio de los patrones sociales de género.
114
MAPEO DE ACTORES RESPO SABLES DE EJECUCIÓ E I STITUCIO ES
DE APOYO RELACIO ADAS
EJE DE DERECHOS INSTITUCIONES
EJE 4: PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y
GARANTÍA DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN, LOS DERECHOS
CULTURALES E INTERCULTURALIDAD Y
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN RECTORA:
• Instituto Nacional de la Mujer
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN:
• Consejo de Educación Superior
• Secretaría de Estado en el Despacho De
Educación
• Comisión Nacional de Educación Alternativa
no Formal (CONEANFO)
• Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL)
• Fondo Hondureño de Inversión Social
(FHIS)
• Instituto Nacional De Formación
Profesional (INFOP)
• Secretaría de Estado en los Despachos de
Cultura, Artes y Deportes
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Salud
• Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia
• Secretaría de Turismo
• Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Oficinas Municipales de Mujer (OMM)
• Alcaldías Municipales
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad
• Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación Externa (SEPLAN) - Consejo
Hondureño de Ciencia y Tecnología
(COHCIT)
INSTITUCIONES DE APOYO
• Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)
• Alianza Nacional de Mujeres Municipalistas
de Honduras (ANAMMH)
• Asociación de Medios de Comunicación Y
de Prensa Hondureña
• Organizaciones Feministas y de Mujeres
• Organizaciones Sociales Trabajando en
Educación (CONCORDE)
• Organizaciones de Pueblos Autóctonos
• Organizaciones Magisteriales
115
EJE 5
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
ECONÓMICOS, TRABAJO, EMPLEO, ACCESO, USO Y CONTROL DE LOS
RECURSOS.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
De acuerdo con la Trigésimo Octava Encuesta Permanente de Hogares de
Propósitos Múltiples- EPHPM del mes de mayo de 2009, Honduras tiene una
población nacional de 7,869,089 habitantes, de los cuales 3,800,102 (48.3%) son
hombres y 4,068,987 (51.7%) son mujeres. Del total de la población 4,286,293
habitantes viven en el área rural y 3,582,796 en el área urbana. Según género
el 49.9% (2,137,728) de los hombres y el 50.1% (2,148,566) de las mujeres viven
en el área rural.
La Población en Edad de Trabajar- PET13 es de 6,090,408 habitantes, de este
total 2,887,210 (47.4%) son hombres y 3,203,198 (52.6%) son mujeres; sin
embargo, la Población Económicamente Activa- PEA está constituida por
2,086,874 (64.5%) hombres y 1,149,986 (35.5%) mujeres, ascendiendo en total a
3,236,860 habitantes que representan el 41% de la población nacional y el 53%
de la PET.
Lo anterior se explica, porque en el proceso de diferenciar la PEA de la PET,
queda un conjunto de inactivos e inactivas, entre los cuales se encuentran las
mujeres, que por factores culturales y por la falta de habilitación laboral no
participan plenamente en el ámbito del trabajo remunerado, así mismo se
encuentran las personas jubiladas, pensionadas, estudiantes que no trabajan y
las personas con alguna incapacidad para trabajar.
13 PET: Conjunto de personas de 10 años y más que se encuentran en edad activa para trabajar.
Lineamiento
El Estado garantiza la implementación de acciones que permitan el
ejercicio de los derechos económicos de la mujer y la reducción de los
índices de pobreza desde una perspectiva de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
116
Adicionalmente, la baja participación femenina puede explicarse, en parte, por
la no contabilización del trabajo doméstico no remunerado en las cuentas
nacionales y por el sub registro de la participación de las mujeres en el trabajo
productivo agrícola.
La PEA, considerada por dominio geográfico se distribuye en el área rural
entre 1,241,186 hombres y 475,777 mujeres, mientras que en el área urbana es
de 845,688 hombres y 674,209 mujeres.
La Tasa de Participación (TP) para los hombres fue de 72.3 y para las mujeres
de 35.9. Sólo una de cada tres mujeres trabajaba o estaba en busca de trabajo,
lo que demuestra que la participación de la mujer en el mercado laboral aún es
baja. Considerando rangos de edad, la situación es igual, así tenemos que la
Tasa de Participación Activa (TPA) proyecta indicadores superiores en los
hombres, oscilando entre 58.9 a 97.0 entre los rangos de 15 a 18 y de 45 a 49
años, en cambio la mujer presenta indicadores mucho más bajos oscilando
entre 18.6 y 54.5 en los mismos rangos de edad.
Por otra parte, la revisión de la PEA indica que están ocupados 2,033,135
(64.8%) hombres y 1,102,429 (35.2%) mujeres. Los desocupados son 53,739
(53.1%) hombres y 47,557 (46.9%) mujeres, sumando un total de 101,296
habitantes.
Las mujeres económicamente activas cuentan con 7.8 Años de Estudios
Promedio (AEP) y los hombres con 6.6 años, superando las mujeres 1.2 años
(EPHPM: 2009). Es probable que esta tendencia se mantenga en el futuro, ya
que la asistencia a clases en la secundaria por parte de la mujer (31.0%) es
mayor que la del hombre (20.8%). Esta relación se mantiene en el área rural,
donde 17 de cada 100 mujeres (17.6%) asisten, frente a 13 de cada 100 hombres
(13.5%).
Asimismo la EPHPM de mayo 2009, refleja que un 69.2% de hogares tienen
jefatura masculina y el 30.8% tienen jefatura femenina. Del total de hogares el
58.8% son pobres y el 36.4% se encuentran en situación de extrema pobreza. En
el área urbana, los hogares a cargo de hombres constituyen un 63.8%, mientras
que en el área rural este porcentaje es mayor (74.7%). La jefatura femenina en
los hogares urbanos llega al 36.2%, presentando un porcentaje menor en el área
rural de 25.3%.
La mujer es reconocida como jefa principalmente cuando no tiene pareja, sin
embargo, si se utiliza el criterio de mayor aportante al ingreso familiar para
117
identificar al jefe, se encontraría que una mayor proporción de mujeres son
jefas de familia (por la suma del trabajo remunerado y no remunerado que
realizan), especialmente en los hogares biparentarentales.
Trabajo y empleo
Según la EPHPM de mayo 2009, la “Población Ocupada” Total es de 3,135,564
personas, incluyendo hombres y mujeres, conformada por las y los asalariados
que comprenden: a) “Públicos”, que ascienden a 189,541 correspondiendo el
56.7% a mujeres y 43.3% hombres; b) “Privados”, que suman 1,162,352, estando
las mujeres representadas por el 24.0% y los hombres por el 76.0%; c)
“Domésticos” que ascienden a 78,248; representando las mujeres el 91.1% y el
8.9% hombres, lo que muestra que el mercado laboral continua segmentado en
detrimento de las mujeres.
El trabajo de las empleadas domésticas reemplaza o complementa al de las
“amas de casa” consideradas económicamente inactivas y en general, al de las
mujeres, aun cuando trabajen en forma remunerada. Se trata de una actividad
económica ya que por ello se obtiene una retribución monetaria y, en algunos
casos, también en especie (comida, alojamiento).
Asimismo, la Población Ocupada No Asalariada incluye las categorías: a)
“Cuenta Propia” que suman 1, 157,147, representando las mujeres el 36.6% y b)
Trabajo Familiar no Remunerado que asciende a 332,466, comprendiendo
hombres y mujeres, estas últimas representan el 32.9% del total indicado. Del
total de Mujeres Ocupadas 987,360 únicamente son asalariadas el 46.0%
(454,011), incluyendo las que laboraban en el sector público, privado y las
domésticas asalariadas, el resto (533,349) o sea el 54.0% son “No Asalariadas” e
incluyen las que trabajan “Por Cuenta Propia” y “Trabajadoras Familiares no
Remuneradas”, con predominio de las primeras (INAM: 2008).
Estudios realizados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)
señalan que la participación laboral femenina es determinante por su peso y
por el tipo de labores que realizan en el sector agroexportador, en plantas
exportadoras de camarón, en manejo de pequeñas unidades de agroindustria
rural y las maquilas (Rosales:2001). No obstante, su ingreso al mercado de
trabajo no representa un mejoramiento en sus condiciones de vida y en la
mayoría de los casos las mujeres no gozan de los beneficios establecidos por las
leyes laborales (Secretaría de la Presidencia: 2003).
De acuerdo con la información disponible sobre las modalidades de trabajo en
las que se encuentran ocupadas las mujeres, hacia finales de los 90´s, en la
118
industria del camarón representaban aproximadamente el 90% de la mano de
obra empleada en limpieza y empaque; en el banano eran el 40% en las plantas
empacadoras y aproximadamente el 60% del personal en el cultivo del café En
cuanto a derechos laborales, las mujeres tenían acceso a la seguridad social y
vacaciones, aunque esto no se cumplía en las fincas individuales. El 64% de
trabajadoras en estas áreas estaban organizadas en sindicatos (Oseguera:
2003)..
Según la investigación Mujer Rural Hondureña, las mujeres entrevistadas
señalaron como “limitantes para su organización el hecho de que la mayoría
eran madres solteras, sin apoyo en el trabajo doméstico; las casadas, por su
parte, adujeron que los maridos eran celosos y no les permitían participar en la
organización sindical”(Oseguera: 2003).
En el ámbito del trabajo generado por la maquila en el país, el incumplimiento
de los derechos laborales es una constante. Algunas tendencias observadas por
el movimiento de mujeres son: empleo inestable, salarios bajos, metas de
producción intensivas e inalcanzables, jornadas extenuantes, discriminación a
las mujeres embarazadas y falta de condiciones de higiene y seguridad14.
En cuanto al trabajo doméstico remunerado se estima que más del 94% de las
personas empleadas son mujeres y oscilan entre los 14 a 24 años. Una
problemática que se enfrenta actualmente es que no existen instrumentos
jurídicos para establecer el salario mínimo, ni las condiciones de trabajo de
estas mujeres (AGEM: 2008).
Los datos proporcionados por el estudio Situación de la mujer rural 2008 de la
Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), indican que las mujeres que laboran en la cosecha del melón en la zona
sur del país, trabajan en una actividad temporera y carecen de seguridad
social; el salario por día era de 95 lempiras, es decir 5 dólares
aproximadamente, con una jornada laboral de 10 a 11 horas diarias. Entre las
entrevistadas en ese estudio, sólo un 29% había finalizado la educación
primaria y un 70% eran madres solteras.
Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), la maquila tiene un peso
del 6% en el Producto Interno Bruto (PIB), genera empleos de hasta el 30% en
14 El estudio sobre “Salud y mujer en las maquilas de Honduras” de la colectiva de mujeres hondureñas (CODEMUH) expresa que: “Las jornadas
laborales diarias de las obreras de maquila son extensas ya que una trabajadora de maquila trabaja un promedio 10 horas por día; sólo el 6% lo hace
durante 8 y 9 horas diarias, mientras que el 63.4% labora más de 9 y hasta 10 horas y casi un tercio de esa población trabaja más de 10 horas por día.
De acuerdo al Artículo 322 del Código del Trabajo, las obreras tienen una jornada laboral de 44 horas a la semana, sin embargo es evidente que en la
industria de la maquila éste no se cumple. Cabe mencionar que existe la modalidad del trabajo a destajo o por cuotas, lo cual puede influir en que la
jornada se intensifique y se extienda. El incumplimiento de dichas metas conlleva a extender la jornada hasta cumplirla, sin reconocimiento de horas
extra”.
119
el sector manufacturero y representa más de un 4% de la PEA. Alrededor de
240 maquilas registradas en el país proveen 130 mil empleos directos, de los
cuales el 60% es desempeñado por mujeres jóvenes de entre 18 a 25 años,
excepcionalmente hasta los 28 años.
El ingreso promedio per cápita femenino en el año 2001 equivalía al 52.4% del
ingreso masculino en salarios, capital (utilidades, intereses, alquileres, rentas)
y transferencias (jubilaciones, pensiones, subsidios, bonos y remesas); para el
2003 descendió en 10.4 puntos porcentuales (Kennedy: 2006).
Según el Informe sobre Desarrollo Humano de Honduras 2006, el salario de las
mujeres, en iguales condiciones laborales e iguales capacidades, sólo representa
aproximadamente el 67.6% del salario promedio devengado por los hombres en
las mismas condiciones (PNUD-IDH, 2006).
Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA 2005-
2010, el 53% de las mujeres deciden por sí mismas en qué usar el salario que
reciben, frente al 46% que toman la decisión junto a su esposo o compañero de
hogar, por otro lado la posibilidad de decidir cómo usar sus ingresos aumenta
en mujeres de mayor edad, 59% frente al 48% de las más jóvenes. También es
mayor entre las mujeres con más de cinco hijos en comparación con quienes no
tienen hijos (53% y 47% respectivamente), las mujeres sin educación y las
ubicadas en el estrato más pobre.
En menor desproporción, se encuentran las mujeres con educación superior,
entre las cuales el 21% declara ganar lo mismo que la pareja, el 9% más que su
pareja y el 48% menos que su pareja. La mayor inequidad en los ingresos se
observa entre las mujeres de 15 a 19 años: el 79% declaran ganar menos que su
pareja, el 14% lo mismo y apenas un 6% más.
Trabajo doméstico no remunerado
Según Bravo y otros autores “en el año 2002, las mujeres representaron el
51.8% del total de personas que necesitó la economía para alcanzar la
producción nacional, aportando el 33% del trabajo mercantil y el 94% del
trabajo doméstico no remunerado”. De igual forma, 55 de cada 100 mujeres
realizan trabajo doméstico como actividad principal; en cambio sólo 4 de cada
100 hombres se encargan de dichas tareas. Un factor adicional importante es
que las niñas en edad escolar entre 10 a 18 años desempeñan tareas
domésticas, lo que muchas veces significa un obstáculo para su permanencia en
el Sistema Educativo (Secretaría de la Presidencia: 2003).
El trabajo reproductivo que realizan las mujeres, tanto en el hogar como a nivel
comunitario, se asume como natural y por esta razón no es valorado ni en la
120
familia ni socialmente. Un factor poco estudiado es el impacto de las políticas
en la conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer, motivo por el cual es
difícil mapear el alcance que han tenido las políticas de igualdad en variables
claves a nivel económico tales como el empleo y el ingreso (UNIFEM-Comisión
Europea: 2008).
Acceso a la tierra
Desde la década de los 50´s las principales políticas de Reforma Agraria, a nivel
latinoamericano, incluida Centroamérica se concentraron en beneficiar a las
familias o comunidades campesinas, pero en esta asignación fueron excluidas
las mujeres, la mayoría indígenas y afrodescendientes. Los diferentes gobiernos
asumieron estas políticas desde una supuesta neutralidad en cuanto a género,
sin embargo, terminaron siendo sesgadas y beneficiaron, principalmente, a “los
jefes de hogar”, además la participación de las mujeres en los diferentes
programas de reformas agrarias es insignificante o baja en el país.
En los años de aplicación de las políticas de Reforma Agraria, desde 1962 a
1993, únicamente en el año 1979 se cuenta con información desagregada por
sexo, en el que se registra que apenas el 3.8% de mujeres fueron beneficiarias.
Los años anteriores y subsiguientes no se recogió información de las y los
beneficiarios, al igual que en muchos países de la región. Estas políticas
tuvieron lugar pese a que las mujeres rurales y campesinas participaron muy
activamente en las invasiones de tierra y en las luchas campesinas que muchas
veces terminaron en confrontaciones con la fuerza militar y policial(Deere-
León: 2000).
Recién en los años 90´s, Honduras, entre otros países, “tomaron medidas
tendientes a modificar las disposiciones antes discriminatorias en su legislación
y fue uno de los tres países pioneros en la región en introducir la posibilidad de
la adjudicación y titulación conjunta de tierras a las parejas” (Deere-León:
2000).
Según datos del Instituto Nacional Agrario (INA), relacionados con la ejecución
del Programa de Titulación de Tierras, para el período comprendido entre 1983
y 2003, se entregaron 193,331 títulos de propiedad en un área total de
1,254,632 hectáreas de tierra. La cantidad de títulos entregados a hombres fue
de 144,550 y 48,781 a mujeres, equivalente a una relación de tres hombres por
cada mujer, lo que visibiliza la clara desventaja de las mujeres en el acceso a la
titulación de tierras.
Acceso a la vivienda y los servicios básicos
121
En relación a la vivienda los resultados de la EPHPM 2009 señalan que existen
1,659,290 viviendas en el país de las cuales 49.1% se encuentran en el área
urbana, las que albergan 1,690,775 hogares con 7,869,089 personas. El
promedio por hogar es de 4.7 personas a nivel nacional; las diferencias se
presentan de 5 personas por hogar en el área rural y 4.3 en el área urbana.
Al desagregar la información según jefatura de hogar, la misma fuente señala
que, del total de hogares encabezados por mujeres el 8.3% vive en hacinamiento
y de los encabezados por hombres el 11.3% (EPHPM: 2009).
En cuanto a los servicios básicos, el 13.4% de las viviendas no cuentan con agua
potable y saneamiento, en cambio, en el área urbana el 94% de las viviendas si
cuentan con este servicio y de ellas el 36.1% son privados (juntas de agua,
patronatos y empresas). Al desagregar la información por sexo, se constata que
las mujeres jefas de hogar con acceso al servicio público son el 33.8% y los
hombres jefes de hogar el 66.2%; en cambio, en el acceso a servicios privados
las mujeres representan el 27.3% y por medio de río el 19.1% (EPHPM: 2007).
Cabe resaltar que en el área rural hay comunidades que han denunciado la
contaminación de ríos debido a la presencia de agroquímicos, así como de
explotaciones mineras a cielo abierto (Movimiento Ambientalista de Olancho:
2008) y la instalación de hidroeléctricas en áreas protegidas (Fundación Parque
Pico Bonito: 2008).
Con relación al acceso a la red eléctrica, en el año 1996 solamente el 53.4% de
la población contaba con este servicio, al año 2007 este porcentaje se
incrementó en 19 puntos. A nivel rural, apenas el 33.9% tiene acceso a este
servicio, mientras que en el área urbana es del 66.1% (Fundación Parque Pico
Bonito: 2008). Los datos muestran también que, de los hogares con acceso al
servicio público, el 31.6% tienen jefatura femenina y el 68.4% jefatura
masculina (Centro de Derechos de Mujeres: 2004).
El 85.8% de hogares en el área rural utilizan leña para preparar sus alimentos,
lo que evidencia las precarias condiciones en las que realizan el trabajo
reproductivo las mujeres campesinas; su recolección y uso requiere de un
esfuerzo y tiempo adicionales que incide en la sobrecarga y decadencia de sus
condiciones de salud (FAO: 2008).
Las trabajadoras y los trabajadores migrantes
En 2007, las remesas enviadas del exterior por migrantes mujeres y hombres,
constituyeron la tercera fuente de ingresos de los hogares a nivel nacional el
10.1%, superada únicamente por los salarios que representan el 42.6% y las
ganancias por cuenta propia con el 36.9% Las mujeres que migran del área
122
rural a la urbana, se ubican en empleos en la maquila o en el trabajo doméstico
remunerado (EPHPM: 2007).
Actualmente, no se cuenta con investigaciones e información cualitativa y
cuantitativa sobre la migración desagregada por sexo. Sin embargo,
testimonios brindados por mujeres en las Jornadas de Consulta para la
Formulación de este Plan, visibilizan que la migración afecta directamente a
las mujeres, quienes se responsabilizan, en la mayoría de los casos, de la
crianza y sustento de hijos e hijas y otros dependientes de quienes migran.
Las entrevistas realizadas por el INE, permitieron constatar que todas las
mujeres con familiares cercanos viviendo en los Estados Unidos realizaban
actividades productivas y de negocios para sostener a su familia. Cabe destacar
que las abuelas se quedan con nietas y nietos, lo que representa una carga de
trabajo que incide en su salud.
Por otra parte, una investigación sobre Trabajo Infantil Doméstico realizada en
el 2004, refleja que las mujeres que migran del área rural a la urbana, se
emplean mayormente en las maquilas o en el trabajo doméstico remunerado
(Kennedy: 2004).
Acceso a la seguridad social
La Secretaría de Salud brinda cobertura al 60% de la población, mientras el
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) brinda cobertura al 11% de la
población y solo al 8% como asegurados directos. Además existen unas 200
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas que prestan
servicios de salud.
En el caso de las mujeres que trabajan en las transnacionales de producción de
melón o camaroneras, son pocas las que acceden al Sistema de Seguridad Social
al igual que las que realizan labores agrícolas propias o por trabajar a
“destajo”, lo que implica la contratación por días, sin obligaciones patronales
(CODEMUH: 2006). Un reto pendiente es la realización de estudios sobre el
impacto del uso de plaguicidas en las meloneras y otros cultivos, en la salud de
las mujeres, a fin de generar propuestas de políticas de protección a los
derechos de las mujeres.
La Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM) y su Reglamento
establecen que se debe incluir a las trabajadoras domésticas remuneradas y a
las trabajadoras rurales en el Sistema de Seguridad Social. En cumplimiento a
esta disposición en el año 2008, se estableció un mecanismo de obligatoriedad
para que los y las empleadoras inscriban a sus trabajadoras y trabajadores
123
domésticos remunerados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS)15.
Con relación al trabajo doméstico no remunerado, no existe legislación ni
políticas orientadas al cumplimiento de los derechos de las mujeres, tampoco se
encuentra registrado el aporte de las mismas en las Cuentas Nacionales, lo que
representa un gran desafío para incidir en la elaboración, aprobación y/o
reformas del marco jurídico y la construcción de herramientas para la medición
de los aportes del trabajo doméstico no remunerado en el hogar y en la
economía, así como la importancia de emprender acciones en el ámbito de
servicios de cuidado a niños, niñas, personas enfermas y adultas mayores. Un
avance importante es la inclusión de preguntas sobre el Uso del Tiempo de las
mujeres y hombres en la EPHPM de mayo 2009, a partir de lo cual se podrían
realizar análisis y propuestas sobre el reconocimiento del trabajo no
remunerado en la economía del cuidado.
Acceso a los recursos
En Honduras no existen disposiciones formales que explícitamente discriminen
o limiten el acceso de las mujeres a los servicios financieros y existe una
Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño - PEGAH, donde se
establecen objetivos estratégicos destinados a apoyar a las mujeres; sin
embargo, desde la emisión del Decreto No. 8 de 1974 a julio del 2002, solamente
un 4% de mujeres campesinas han tenido acceso al crédito agrícola.
La falta de acceso de las mujeres al financiamiento se relaciona con la
persistencia de obstáculos legales, institucionales, sociales y culturales;
destacándose entre ellos: las altas tasas de interés, exigencia de garantías,
ausencia de fondos para inversiones, trámites complicados y burocráticos, alta
morosidad, altos costos de transferencia, alta percepción de riesgo, requisitos y
procedimientos inequitativos e inflexibles, baja productividad y rentabilidad de
las productoras (la mayoría ubicadas en el nivel de emprendimientos, nulo
valor agregado), desarticulación del mercado, baja calidad de los productos y la
ausencia de cobertura del seguro agrícola (INAM:2004).
Según el estudio Situación de la Mujer Rural en Honduras (2008), el principal
problema identificado por las mujeres son los reducidos volúmenes de
producción y comercialización, vinculados con la extensión de la superficie
cultivada, la carencia de mercado, la innovación tecnológica, la débil asistencia
técnica y cooperación recibida; así como una escasa, inadecuada o inexistente
infraestructura de apoyo a la producción y a la comercialización.
15 Acuerdo No. 007-50-2008 de aprobación del Reglamento del Régimen Especial y de Afiliación Progresiva
de los Trabajadores Independientes o Autónomos. La Gaceta, 2008-12-12 No. 31785.
124
Aunque numerosos estudios dan cuenta de las actividades productivas que las
mujeres realizan, no siempre se dispone de información cuantitativa
desagregada por sexo, ubicación geográfica, etnia, sector productivo y otros. En
tal sentido, únicamente la Encuesta Agrícola Nacional del 2001 registró
información por sexo (FAO: 2008).
El subregistro del trabajo de las mujeres y de su rol como productoras
constituye un obstáculo para el acceso a los recursos productivos y su exclusión
en programas y proyectos de desarrollo agrícola. De forma explícita o implícita,
no se les considera como sujetas económicas, o si lo hacen, las apoyan con
montos de crédito menores a los que asignan a los hombres, evidenciando
patrones culturales que consideran los ingresos de las mujeres como
complementarios a los de los hombres. De ahí que es necesario hacer una
actualización de investigaciones sobre la situación de la mujer rural y su
inserción en las cooperativas y empresas campesinas para la implementación
de acciones afirmativas que permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres
del sector (FAO: 2008).
Al comparar cifras estadísticas entre el año 2004 y 2007, se puede observar un
crecimiento de casi tres puntos porcentuales en la población femenina ocupada,
específicamente en el trabajo por cuenta propia, el trabajo familiar no
remunerado y el trabajo doméstico. Este hecho demuestra que su mayor
incorporación al mercado laboral no necesariamente implica una mejoría de sus
ingresos, dado que se concentran en sectores de más bajas remuneraciones y
productividad (Fernández: 2005).
Por otra parte, las políticas de apertura comercial y los acuerdos
internacionales firmados por el Estado y su adhesión a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), así como a los Tratados de Libre Comercio
bilaterales y multilaterales con Centro América, Chile, República Dominicana,
México y Estados Unidos traen como consecuencia la reducción del empleo en el
sector formal que beneficia a una tercera parte de la población femenina,
contrario al sector informal que atrae a dos terceras partes de las mujeres
(Centro de Derechos de Mujeres: 2007).
Marco legal e institucional
Honduras no cuenta con una política fiscal de género, aunque sí existen
experiencias de presupuestos sensibles al género; en el año 2000 se desarrolló
un programa entre la Secretaría de Finanzas y el Instituto Nacional de la
Mujer, con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, cuyos
principales resultados en la primera fase fueron la creación de las Unidades de
Género en la Secretaría de Finanzas - SEFIN y en la Secretaría de Recursos
125
Naturales- SERNA. La unidad de género fue creada como dependencia de la
Secretaría de Finanzas con el objeto de incorporar la perspectiva de género en
la administración financiera del Estado, con especial énfasis en el monitoreo y
evaluación del Programa de Inversiones Públicas. Dentro de este programa se
logró además incorporar un indicador desagregado por sexo en el Sistema de
Administración Financiera del Estado- SIAFI para cada proyecto o asignación
de presupuesto en cada una de las Secretarías. Uno de los desafíos es retomar
el fortalecimiento de los mecanismos institucionales, con el objeto de continuar
implementando los presupuestos sensibles a género.
Es importante resaltar la voluntad política de las autoridades de Finanzas en
los periodos 2000-2002 y 2003-2005, para la elaboración, planificación y puesta
en marcha del proyecto, lo que facilitó el seguimiento al trabajo técnico y
político entre la SEFIN y el INAM en la creación de alianzas y estrategias de
trabajo con los diferentes actores involucrados en el proyecto. Esta constituye
una experiencia exitosa en la medida que articuló un tejido social y una
sinergia entre los diversos involucrados en la asignación de presupuesto de
género o gastos etiquetados de acciones afirmativas para las mujeres en
diferentes Secretarías de Estado.
En el área de empleo y trabajo Honduras cuenta con importantes avances en la
legislación laboral y con la ratificación de un número significativo de Convenios
de la Organización Internacional del Trabajo -OIT. Sin embargo, es evidente
que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social - STSS, las organizaciones de
empleadores y las organizaciones de trabajadores, así como las y los
magistrados y jueces y juezas laborales, podrían fortalecer sustancialmente sus
capacidades y conocimientos sobre la legislación laboral y sobre los alcances de
las Normas Internacionales del Trabajo, con lo cual se lograría una mejora
significativa en los sistemas de administración de la justicia laboral y la
solución de conflictos. Asimismo se considera necesario profundizar los avances
alcanzados en materia de diálogo social, lo que representa un factor favorable a
la concertación de políticas y programas de empleo, trabajo decente y reducción
de la pobreza.
El Código del Trabajo vigente data de 1959 y es un instrumento garante de los
derechos laborales, sobre el cual diferentes actores sociales señalan la urgente
necesidad de reformarlo a partir de una Política Laboral que incorpore los
nuevos tipos de actividades económicas que se generan en el contexto de la
globalización y la implementación de políticas de libre mercado, tales como la
instalación de transnacionales maquiladoras, empresas de ropa, franquicias de
comida, entre otras. Dichas reformas requieren la inclusión del enfoque de
igualdad y equidad de género como un elemento esencial para potenciar el
pleno empleo, la producción y productividad en condiciones de justicia y
equidad(CDM: 2008).
126
Por otra parte, existen los Convenios Internacionales de la OIT que Honduras
ha ratificado, relacionados con el empleo como el Convenio 95 relativo a la
Protección del Salario, Convenio 111 sobre la Discriminación en el Empleo y
Ocupación, Convenio 100 relativo a la Igualdad de Remuneración y
particularmente el Convenio 122 sobre Política de Empleo. Los mismos,
representan un significativo avance en el marco legal y fortalecen las bases
jurídicas de una Política de Empleo. Es necesario que la Secretaría de Trabajo
dé seguimiento al cumplimiento de todos los Convenios internacionales y la
reforma o creación de la legislación nacional para que se establezcan los centros
de cuidado infantil en los centros de trabajo, donde existan más de 30 mujeres
empleadas (LIOM) y más de 20 según el Código de Trabajo.
En lo que se refiere a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza -ERP, se
mantiene el desafío de reducir los altos niveles de pobreza de manera
significativa y continua mediante un mayor acceso a los factores de producción,
incluyendo el desarrollo del capital humano y la provisión de redes de
seguridad social, se plantea además como un eje transversal la equidad e
igualdad de género, expresando que “es indudable que la mujer desempeña un
papel trascendental en el sostenimiento de los hogares y un aporte valioso,
aunque no valorizado en el desarrollo socioeconómico del país”.
Las Leyes de Reforma Agraria, Modernización Agrícola y Propiedad, establecen
que los títulos de propiedad serán entregados a las parejas siempre y cuando
éstas se encuentren en matrimonio o en unión de hecho; sin embargo, para las
parejas en relaciones consensuales, no se establece claramente si se les
contempla dentro de las leyes mencionadas a pesar de que en Honduras un
porcentaje significativo de mujeres viven en este tipo de relación: 38% en las
zonas rurales y 31% en las urbanas. También el Código de Familia contempla
la celebración de las capitulaciones con el fin de que las parejas puedan
disponer el régimen económico que legalizará sus bienes en el matrimonio.
La Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola – Decreto No. 31-92,
anteriormente denominada Ley de Reforma Agraria, modifica el mecanismo de
expropiación o forma tradicional de otorgamiento de tierras, permite el acceso
de la tierra a las mujeres, pero a sus vez baja las causales de afectación de
tierras, volviéndose inviable, pues como se enuncia en el artículo 51 de esta
Ley “antes de afectar cualquier parcela de tierra debe avisarse al interesado
con una anticipación de 24 meses”, lo cual permite hacer cualquier transacción
que vuelva la tierra inafectable.
A partir de la Década de la Mujer (1975-1985), diferentes instituciones públicas
y privadas han venido realizando acciones para mejorar su participación en el
desarrollo integral del País, entre ellas: el Instituto Nacional Agrario - INA, la
127
Secretaría de Agricultura y Ganadería - SAG y el Colectivo de Mujeres
Campesinas organizadas , que agrupa entre otras a la Federación Hondureña
de Mujeres Campesinas - FEHMUC, Asociación Nacional de Mujeres
Campesinas - ANAMUC, Asociación Nacional de Campesinos de Honduras -
ANACH y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina -
CODIMCA.
Como parte de esos esfuerzos, en 1991 se logró la derogación de los artículos 79
y 84 de la Ley de Reforma Agraria, así como la eliminación de los factores de
discriminación hacia la mujer relacionados con el acceso a la tierra. Se
realizaron estudios específicos, se revisaron las políticas agrícolas y se aprobó
en el año 2000, a través del Consejo de Desarrollo Agrícola -CODA, la Política
para la Equidad de Género en el Agro Hondureño - PEGAH.
A raíz de la aprobación de la PEGAH, desde el año 2000, las diferentes
instituciones que conforman el sector agrícola han llevado a cabo acciones para
implementar las medidas de política establecidas, tales como la creación de
unidades de género en las direcciones estratégicas de la SAG, la Política de
Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-
2021, esta última explicita en el capítulo 4 la equidad de género entre las
políticas sectoriales para el desarrollo agroalimentario incluyente y el bienestar
rural.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería como la institución rectora de las
políticas del Agro, tiene entre sus objetivos: 1) desarrollar estrategias y ejecutar
acciones para aumentar la competitividad del sector agroalimentario de
Honduras, 2) ejecutar acciones destinadas a coordinar la formulación, diseño y
evaluación de la política sectorial agrícola y del sector público agroalimentario.
3) ejecutar y coordinar las acciones que desde el sector público se dirigen hacia
las áreas de producción primaria y la generación de valor agregado en el país y
4) representar al sector agroalimentario hondureño a nivel regional e
internacional.
La Secretaría del Trabajo y Seguridad Social es la entidad del Estado rectora
de las políticas y estrategias del mercado laboral y la protección social; sin
embargo, es necesario que la misma junto con las organizaciones empleadoras,
de trabajadores y trabajadoras, operadores y operadoras de justicia en el área
laboral fortalezcan sus capacidades y conocimientos sobre la legislación y los
alcances de las Normas Internacionales del Trabajo, con el fin de lograr una
mejora significativa en los sistemas de administración de la justicia laboral y la
solución de conflictos. Asimismo, se considera necesario profundizar los
avances alcanzados en materia de diálogo social, lo que representa un factor
favorable a la concertación de políticas y programas de empleo, trabajo decente
y reducción de la pobreza.
128
Mediante decreto 135-2008 se crea la Ley para el Fomento y Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - MIPYME, con la
finalidad de fomentar su desarrollo en la competitividad y productividad del
área urbana y rural con el objeto de promover el empleo y el bienestar social y
económico de todas las y los participantes en dichas unidades económicas. El
INAM forma parte de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, organismo de participación, discusión de
propuestas, asesoría y consulta establecido en la Ley y rectorado por la
Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio.
Una iniciativa desarrollada desde el año 2007 en coordinación con la OIT es el
Plan Nacional de Generación de Empleo Digno - PNED, en el marco del cual se
estableció la necesidad de aplicación y cumplimiento efectivo de las Normas
Internacionales del Trabajo y la ratificación de convenios de relevancia como el
No. 144 de la OIT relativo a la consulta tripartita de Sociedad Civil, Empresa
Privada y Estado. Adicionalmente, en el marco de éste se elaboró una
estrategia de género para el mejoramiento de las condiciones laborales de las
mujeres.
Aunque existen avances en la conceptualización en el marco de políticas,
programas y planes, se requiere de la implementación de acciones y
presupuesto en la planificación sectorial, municipal y gubernamental.
129
AGENDA POLÍTICA
POLÍTICA 1
El Estado garantiza el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres,
asegurando su incorporación al trabajo remunerado en igualdad de condiciones
y oportunidades, sin discriminación por razones de maternidad y estado civil.
Objetivos Estratégicos
OE 1.1.
Establecer políticas y programas de empleo para mujeres, a nivel estatal,
regional/departamental y municipal, asegurando el derecho a la no
discriminación por razones de sexo, edad, ideología, origen étnico-cultural,
orientación sexual y discapacidad.
OE 1.2.
El Estado establece y/o fortalece mecanismos legales e institucionales para
garantizar el cumplimiento de los Convenios 100 de Igualdad de Remuneración
y 111 de Discriminación en el Empleo y Ocupación, de la Organización
Internacional del Trabajo.
OE. 1.3
Crear y/o asegurar las condiciones jurídicas e institucionales para que las
mujeres organizadas realicen acciones de auditoría social tendientes a velar por
el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres, especialmente el
derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor.
OE 1.4.
Establecer programas interinstitucionales, con la participación de instituciones
gubernamentales y no-gubernamentales de capacitación, promoción y
calificación de la mano de obra femenina para asegurar el acceso al empleo de
las mujeres hondureñas sin ningún tipo de discriminación, incluyendo su
acceso a oficios y actividades no tradicionales.
OE 1.5
Promover políticas integrales, desde el enfoque de Derechos Humanos, para la
protección de los derechos de las mujeres de familias de emigrantes,
promoviendo servicios de atención a la población migrante de los Consulados en
el exterior, así como programas orientados a potenciar la inversión, la
educación y capacitación para el incremento de la productividad, de los ingresos
generados por las remesas.
130
OE 1.6.
Promover políticas de atención integral a las mujeres retornadas.
OE 1.7.
Promover campañas de sensibilización y capacitación para la inclusión de
familias de migrantes en programas y proyectos de inversión generados por las
remesas.
POLÍTICA 2
El Estado garantiza la erradicación de toda forma de discriminación de género,
edad, condición étnica o discapacidad en el ámbito laboral, incluido el trabajo
precario de las mujeres, especialmente horarios de trabajo extendidos,
remuneraciones inequitativas, salarios diferenciados por regiones, acoso sexual
y laboral, ausencia de condiciones de salud, higiene, ambiente y flexibilización
laboral en todos los sectores de producción.
Objetivos Estratégicos
OE 2.1.
Promover reformas a la legislación nacional, la ratificación del Convenio 183 de
la OIT referente a la Protección de la Maternidad, los contratos colectivos, y
otros instrumentos jurídicos, para la incorporación de la protección y garantía
de los derechos laborales de las mujeres, especialmente de las trabajadoras de
maquila, la banca, escuelas privadas, restaurantes, empacadoras de mariscos,
las que realizan trabajo doméstico remunerado y comercio en general.
OE 2.2.
Promover la reforma del Código de Trabajo con enfoque de género para
garantizar la vigencia plena de los derechos laborales de las mujeres, incluidas
aquellas que realizan trabajo doméstico remunerado.
OE 2.3.
Promover la creación de un sistema de incentivos para las empresas,
empleadoras y empleadores que cumplen con la normativa que protege los
derechos laborales de las mujeres.
OE 2.4.
Establecer los mecanismos legales e institucionales necesarios para la
prevención y sanción de la violación de los derechos laborales de las mujeres,
especialmente la discriminación laboral de las mujeres jóvenes y adultas
mayores, así como por VIH y embarazo.
131
OE 2.5.
Promover políticas y programas que garanticen el empleo digno en todos los
sectores laborales, tomando en cuenta las necesidades específicas de las
mujeres jóvenes y las adultas mayores, para lo cual coordinará acciones con el
Plan Nacional de Empleo Digno.
OE 2.6
Participar activamente en los esfuerzos de coordinación interinstitucional
necesaria para la implementación efectiva del Plan Nacional de Erradicación
Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil.
OE 2.7.
Asegurar las condiciones jurídicas e institucionales para la realización de
auditorías sociales y de vigilancia al cumplimiento de los derechos laborales de
las mujeres.
POLÍTICA 3
El Estado promueve e incentiva la generación y desarrollo de iniciativas
económicas alternativas, innovadoras y solidarias, mediante el acceso, uso y
control de los recursos, los activos productivos, información, capacitación,
tecnología, asistencia técnica, tierra, agua y crédito que contribuyan a mejorar
equitativamente las condiciones de vida de las mujeres.
Objetivos Estratégicos
OE 3.1.
Impulsar políticas y programas estatales interinstitucionales en el ámbito
nacional, regional/departamental y municipal que posibiliten mejorar y ampliar
la participación económica de las mujeres, especialmente las indígenas,
afrodescendientes, campesinas, jóvenes, adultas mayores, con discapacidad,
viviendo con VIH y jefas de hogar; considerando medidas de acción positiva en
el acceso al crédito, tierra, agua, capacitación, asistencia técnica, tecnología e
infraestructura.
OE 3.2
Implementar políticas y programas de crédito y microcrédito, capacitación,
asistencia técnica y acceso a la tecnología, para la generación de
emprendimientos económicos, alternativos, solidarios y comercialmente
sostenibles que faciliten el acceso y uso de los activos productivos para las
mujeres, a nivel nacional, regional y municipal.
132
OE 3.3.
Establecer políticas de titularización de tierras aptas para la producción, a
favor de las mujeres, en condiciones de equidad en el marco de la Ley de
Modernización Agrícola.
OE 3.4.
Desarrollar y/o fortalecer iniciativas de comercio justo como alternativas de
generación de ingresos para las mujeres, que permitan visibilizar sus
conocimientos ancestrales y potenciar sus capacidades para el manejo y
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, incluyendo los saberes sobre el
uso de plantas medicinales, entre otras.
OE 3.5.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en todos los planes de
desarrollo, así como en los programas y presupuestos que se deriven de estos
como la Estrategia de Reducción de la Pobreza y los Programas de Protección
Social, estableciendo medidas de acción positiva para la generación de empleo y
acceso a los recursos para las mujeres.
POLÍTICA 4
El Estado reconoce el trabajo reproductivo como actividad económica que
genera riqueza y bienestar social y elabora un sistema de valoración del trabajo
de cuidado.
Objetivos Estratégicos
OE 4.1
Establecer mecanismos jurídicos e institucionales orientados al reconocimiento
del trabajo reproductivo de las mujeres y su incorporación en las cuentas
nacionales y en el Producto Interno Bruto.
OE 4.2.
Promover la generación de estadísticas económicas desagregada por sexo, en
todos los instrumentos que elabora el Instituto Nacional de Estadística y
coordinar acciones interinstitucionales para el fortalecimiento del sistema
estadístico nacional en el análisis de la perspectiva de igualdad y equidad de
género.
OE 4.3
Desarrollar, implementar y publicar la Encuesta del Uso del Tiempo, de modo
que oriente la formulación de políticas de igualdad de género en materia
laboral y la valoración del trabajo reproductivo en las cuentas nacionales.
133
POLÍTICA 5
El Estado promueve políticas para fomentar la corresponsabilidad del trabajo
reproductivo no remunerado realizado tanto en el ámbito del hogar como en el
comunitario que facilite el acceso de las mujeres al trabajo remunerado.
OE 5.1
Desarrollar estrategias jurídicas e institucionales, incluyendo la ratificación del
Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras con
responsabilidades familiares, para garantizar la corresponsabilidad del trabajo
reproductivo no remunerado entre hombres y mujeres.
OE 5.2
Promover reformas legales, creación de políticas, programas y planes para el
establecimiento de centros de cuidado diario infantil, de personas adultas
mayores y con discapacidad, en todos los centros de trabajo, tanto a nivel
urbano como rural, garantizando el reconocimiento y la valoración equitativa
del trabajo del cuidado realizado por las mujeres.
OE 5.3
Promover reformas al Código de Familia orientadas a establecer
procedimientos expeditos para el reclamo de pensiones alimenticias y la
división equitativa del patrimonio, estableciendo mecanismos y estrategias
adecuadas en el Sistema Judicial para garantizar el cumplimiento de estas
obligaciones.
OE 5.4.
Promover campañas educativas conjuntas con la Secretaría de Educación y los
medios de comunicación sobre la corresponsabilidad del trabajo reproductivo no
remunerado realizado tanto en el ámbito del hogar como en el comunitario.
POLÍTICA 6
El Estado garantiza el derecho de las mujeres a la seguridad social,
especialmente en el caso de las que realizan labores de cuidado, dentro y fuera
del hogar, que trabajan en el sector informal, realizan trabajo para el autosustento
en el campo, desempleadas, jefas de hogar, adultas mayores, que se
encuentran en estado de viudez, con discapacidad y con enfermedades
catastróficas y/o degenerativas.
Objetivos Estratégicos
OE 6.1.
134
Incidir en reformas a las leyes y reglamentos que rigen a las instituciones de
seguridad y previsión social, asegurando el acceso a todas las mujeres que
trabajan en el sector formal e informal y las que realizan el trabajo doméstico
remunerado y no remunerado.
OE 6.2.
Establecer mecanismos de control y vigilancia de las empresas y patronos, para
garantizar la afiliación efectiva de las mujeres trabajadoras y el ejercicio pleno
de sus derechos a las prestaciones de la seguridad social, incluidas las que
realizan trabajo doméstico remunerado.
OE 6.3.
Promover la realización de estudios actuariales para el financiamiento del
acceso de todas las mujeres a la seguridad social.
OE 6.4.
Incorporar el enfoque de género en las prestaciones y servicios del Sistema de
Seguridad Social.
POLÍTICA 7
El Estado garantiza el derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a
producir y acceder a alimentos sanos, seguros y suficientes para lo cual asegura
su soberanía alimentaria, en el marco de una reforma agraria integral.
Objetivos Estratégicos
OE 7.1
Establecer políticas, programas y proyectos integrales e interinstitucionales de
producción y comercialización auto sostenible de alimentos sanos, nutritivos y
suficientes; implementando acciones de capacitación agroecológicas, tecnología,
dotación de semillas, abonos orgánicos, sistemas de riego, acompañamiento
técnico y mecanismos de sostenibilidad financiera, que aseguren su acceso a las
mujeres, niñas, niños y adolescentes.
POLÍTICA 8
El Estado garantiza a las mujeres el acceso, uso y control de los recursos
económicos: crédito, tierra, agua, tecnología y capacitación, para la generación
de ingresos en condiciones de igualdad y equidad.
Objetivos Estratégicos
OE 8.1.
135
Establecer políticas de titularización masiva de tierras a favor de las mujeres
diversas de Honduras, en el marco de la Ley de Modernización Agrícola.
OE 8.2.
Desarrollar programas interinstitucionales a nivel gubernamental para
garantizar medidas de acción positiva en el acceso al crédito, tierra, agua,
capacitación y tecnología para las mujeres campesinas.
POLÍTICA 9
El Estado garantiza el derecho a una vivienda digna, a la propiedad y el acceso
a servicios básicos en condiciones de habitabilidad, seguridad y espacio
saludable.
Objetivos Estratégicos
OE 9.1.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en los programas y
políticas de vivienda para asegurar el derecho a una vivienda digna y a su
titularidad por parte de las mujeres, especialmente jefas de hogar.
OE 9.2.
Promover y desarrollar mecanismos jurídicos e institucionales para la
legalización y titularización de vivienda en beneficio de las mujeres sin ningún
tipo de discriminación.
OE 9.3.
Diseñar, implementar y evaluar mecanismos de financiamiento ágil y oportuno
para vivienda, considerando a las mujeres del sector informal de la economía.
O.E. 9.4
Asegurar el enfoque de igualdad y equidad de género en los programas y
políticas a nivel estatal, regional/departamental y municipal para asegurar el
acceso de las mujeres a los servicios de saneamiento básico: alcantarillado,
eliminación de excretas, basura y agua potable.
POLÍTICA 10
El Estado promueve políticas económicas con igualdad y equidad de género que
permitan a las mujeres integrarse en mejores condiciones a los procesos de
globalización, apertura comercial e integración regional.
OE 10.1.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en las políticas
macroeconómicas: monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal.
136
OE 10.2.
Crear capacidades para el análisis de género, la incidencia técnica y política en
la economía nacional y regional, fortaleciendo la participación de las mujeres
en la negociación de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación.
OE 10.3.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en los mecanismos de
integración regional como una alternativa de desarrollo en el contexto de la
globalización y apertura comercial.
137
MAPEO DE ACTORES RESPO SABLES DE EJECUCIO E I STITUCIO ES DE APOYO
EJE DE DERECHOS INSTITUCIONES
138
EJE DE DERECHOS INSTITUCIONES
EJE 5: PROMOCIÓN,
PROTECCIÓN Y GARANTÍA
DE LOS DERECHOS
ECONÓMICOS, TRABAJO,
EMPLEO Y ACCESO, USO Y
CONTROL A LOS RECURSOS
INSTITUCIÓN RECTORA:
• Instituto Nacional de la Mujer
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:
• Banco Central de Honduras (BCH)
• Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI)
• Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
• Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT)
• Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
• Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
• Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
• Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
• Institutos de Pensiones y Jubilaciones
• Instituto Nacional Agrario (INA)
• Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y
Ganadería (SAG)
• Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
• Programa de Asignación Familiar (PRAF)
• Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
(PRONADERS)
• Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y
Justicia
• Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y
Comercio (SIC)
• Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
• Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales
y Ambiente (SERNA)
• Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)
• Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y
Seguridad Social (STSS)
• Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo
• Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
• Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y
Deportes
• Corte Suprema de Justicia (CSJ)
• Ministerio Público (MP)
• Secretaría de Estado en los Despachos de Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
• Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
(SEPLAN)
• Congreso Nacional
• Alcaldía Municipal
• Oficinas Municipales de la Mujer (OMM)
INSTITUCIONES DE APOYO
• Alianza Nacional de Mujeres Municipalistas de Honduras
(ANAMMH)
• Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
• Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
• Instituciones Financieras Privadas.
• Organizaciones Sociales Trabajando en Economía
• Organizaciones Feministas y de Mujeres
• Organizaciones Gremiales
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
• Mecanismos Regionales de Integración
139
EJE 6
GÉNERO, ACCESO, USO SOSTENIBLE Y CONTROL DE LA
BIODIVERSIDAD, LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL
RIESGO
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
La incorporación del eje de derechos, género, acceso, uso sostenible y control de
la biodiversidad, los recursos naturales y gestión del riesgo, constituye una
diferencia fundamental con respecto al I Plan de Igualdad de Oportunidades.
Para la formulación de propuestas en esta materia nos remitimos al concepto
de desarrollo sostenible, entendido como la satisfacción de las necesidades de
mujeres y hombres sin comprometer los recursos de las generaciones futuras
para su propia supervivencia. Esto implica una distribución equitativa de los
beneficios generados para mejorar la vida de las personas, procurando armonía
y equilibrio con la naturaleza.
El modelo de desarrollo sostenible requiere de la participación equitativa de
mujeres y hombres, reconociendo sus diferencias étnicas-culturales, socioeconómicas,
de edad, sexo, de orientación sexual, entre otras.
En este marco, la articulación de género y ambiente significa lograr la
comprensión e integración de las relaciones y diferencias en los roles, derechos
y oportunidades, considerando la forma en que la degradación ambiental afecta
a hombres y mujeres y lo relacionado con el acceso, uso, manejo y conservación
de los recursos naturales (González: 2008).
Honduras es un país con una biodiversidad excepcionalmente rica, debido a su
ubicación tropical privilegiada entre el océano Pacífico y el Atlántico, sus
condiciones topográficas particulares albergan una variedad de hábitats, desde
bosques nublados a arrecifes coralinos (PNUD:2009). Esas mismas condiciones
que favorecen la biodiversidad implican riesgos en la conservación de los
Lineamiento:
El Estado promueve la participación activa de las mujeres diversas en la
adopción de toma de decisiones relativas al medio ambiente en todos los
niveles, integrando la perspectiva de género en la elaboración, ejecución
y evaluación de las políticas y programas a favor del medio ambiente y
del desarrollo sostenible.
140
recursos ambientales y por tanto en el desarrollo; su ubicación y características
hacen que sea altamente vulnerable a catástrofes naturales como inundaciones,
sequías y huracanes. Adicionalmente el territorio “sufre de contaminación del
aire, pérdida de áreas naturales, forestales y biodiversidad así como el uso
indiscriminado de plaguicidas” (FAO: 2008).
De acuerdo al estudio de Situación de las Mujeres Rurales en Honduras,
realizado por la FAO, son ellas precisamente quienes juegan un rol
preponderante en el uso, manejo y conservación de los recursos naturales, sin
embargo no se ha profundizado sobre esta materia ni producido suficiente
información estadística desagregada por sexo, lo que impide visibilizar
apropiadamente la relación entre género y ambiente.
Uno de los problemas ambientales sobre los cuales se ha investigado es el uso
de cocinas (fogones) de leña en las viviendas de zonas rurales, debido a los
daños que ocasionan a la salud de las mujeres por no expulsar el humo en
forma apropiada; al respecto se han hecho esfuerzos de sustituirlos por cocinas
ecológicas por su ahorro de energía.
A pesar de las limitaciones a nivel de información cuantitativa y cualitativa, los
datos que presentamos a continuación permiten entender la posición y
condición de las mujeres frente a los recursos naturales.
Sector agrícola
Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos
Múltiples - EPHPM, mayo 2009, el 83.2% de la fuerza de trabajo femenina
ocupada está concentrada en tres Ramas de Actividad Económica: Comercio por
Mayor/Menor, Hoteles/Restaurantes (36.9%), Servicios Comunales, Sociales y
Personales (26.8%) y la Industria Manufacturera (19.6%), y el 74.7% de la
fuerza de trabajo masculina ocupada está concentrada en las siguientes Ramas
de Actividad Económica: Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca (50.7%), en
Comercio por Mayor/Menor, Hoteles/Restaurantes (14.1%) y en la Construcción
(9.9%).
A ello se suma que suelen postergar sus intereses personales a favor del
bienestar de otros miembros de la familia (Bradshaw- Linneker:2003, citadas
en Geske: 2007). Al respecto, no existen datos de medición de estos factores
como incidentes en los mayores niveles de pobreza de las mujeres, lo que es una
tarea pendiente en la producción de información estadística oficial (FAO: 2008).
141
Es importante mencionar que se cuenta con una Política para la Equidad de
Género en el Agro Hondureño (PEGAH), lo que representa un instrumento
valioso para la aplicación de medidas a corto y largo plazo en el sector agrícola.
Zonas protegidas
Las zonas protegidas son extensiones geográficas reconocidas legalmente,
destinadas a preservar in situ los ecosistemas y las especies que la integran,
tienen como objetivo asegurar que estas áreas se mantengan lo más natural
posible.
En nuestro territorio existe una gran diversidad de ecosistemas lo que hace que
las áreas protegidas sean clasificadas en diferentes categorías, para facilitar los
objetivos de la conservación, las más importantes son: Parque Nacional, Parque
Nacional Marino, Reserva Biológica, Reserva de la Biosfera, Jardín Botánico,
Refugio de Vida Silvestre, Reserva Forestal, Área de Producción de Agua,
Monumento Natural, Monumento Cultural y Áreas de Uso Múltiples.
Con el propósito de preservar las áreas protegidas en el año de 1993 se creó el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras - SINAPH, cuyos
componentes son Legal, Institucional, Socioeconómico y Biofísico.
Honduras tiene 95 áreas protegidas, de las cuales solo 61 tienen decreto
legislativo, 17 poseen mandatos de creación y 18 se encuentran a nivel de
propuesta.
Las principales actividades de la población son la agricultura, caza y pesca; en
el caso de las mujeres, una actividad económica importante es la producción,
venta de artesanías, la extracción y el procesamiento de productos naturales de
la zona, para la venta de comida preparada en base a productos marítimos y
costeros.
En la revisión bibliográfica para la elaboración de este análisis de situación, el
enfoque que predomina es el de relación entre medio ambiente y familias, sin
aportar datos sobre las condiciones específicas de género, a no ser en relación al
detrimento del ambiente.
Impactos de los desastres
El paso del Huracán Mitch en 1998 dejó un saldo de casi 11500,000
damnificados, 5.657 muertos, 8.058 desaparecidos, 12.272 heridos y 285.000
personas que perdieron sus viviendas y tuvieron que refugiarse en más de
1.375 albergues temporales. Sin embargo no se dispone de información
desagregada por sexo en situaciones de emergencia.
142
Se estima que el 60% de la infraestructura vial del país resultó seriamente
dañada, quedando inutilizados 424 caminos, 107 carreteras y destruidos 189
puentes, lo que provocó que 81 ciudades quedaran incomunicadas (OPS: 2005).
Esta situación convocó a diferentes actores de la sociedad civil y del Estado
para la elaboración del Plan Maestro de Reconstrucción Nacional en el periodo
1998-2002 (Gobierno de la República: 1998). Las organizaciones de mujeres
formularon propuestas de inclusión de sus derechos en el Plan que
lamentablemente no fueron incorporadas (Centro de Estudios de la Mujer:
2000).
Actualmente existen pocas investigaciones en el país sobre los efectos de los
desastres en la vida de las mujeres, desde una perspectiva de género, entre las
que cabe resaltar la sistematización de la experiencia de desastres y
reconstrucción desde la mirada de las mujeres, realizada por el Centro de
Estudios de la Mujer - Honduras, donde a partir de testimonios, se reconoce su
capacidad de respuesta en situaciones de emergencia y su rol protagónico en
todo el proceso “después del huracán Mitch, se involucraron en Guatemala y
Honduras construyendo casas, cavando pozos, canales, remolcando agua y
construyendo refugios. A menudo, contra los deseos de los hombres, han estado
dispuestas y sido capaces de asumir un papel activo en tareas que se
consideran tradicionalmente masculinas” (OPS: 2001).
Marco legal e institucional
En las últimas décadas, Honduras ha adherido y ratificado varios convenios,
protocolos y otros compromisos de carácter internacional, en diferentes
aspectos sobre ambiente y desarrollo, incluyendo temas y enfoques
directamente relacionados con la gestión ambiental y de los recursos naturales,
así como otros que vinculan la temática ambiental y el área social.
De los diferentes instrumentos jurídicos internacionales suscritos, se derivan
varios compromisos y mandatos de actuación y normatividad nacional que
determinan de manera directa, la vinculación del enfoque de equidad de género
y las temáticas de la gestión ambiental como:
• Convención sobre Diversidad Biológica: el Convenio sobre Diversidad
Biológica (CDB) entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993, con carácter
obligatorio a partir de su ratificación por Honduras mediante Decreto
Legislativo No. 30-95 del 21 de febrero de 1995. El Punto Focal de la CDB,
del Mecanismo de Facilitación y del Organismo de Asesoramiento Científico,
Técnico y Tecnológico de dicha convención es la SERNA, que a través de la
Dirección General de Biodiversidad (DIBIO) actúa como instancia
coordinadora de todas las comunicaciones nacionales para su
143
implementación.
• Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción
(CITES): Decreto No. 771 de 1979.
• Convención para la Conservación de la Biodiversidad y la Protección de Áreas
Silvestres Prioritarias en Centro América. Decreto No. 183-94 del 15 de diciembre de
1994.
• Convención sobre el Cambio Climático: ratificada en 1995 mediante el
convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Decreto
Legislativo 26-95), firmando el protocolo de Kyoto (1997) por Decreto
Legislativo No. 37-2000 del 17 de marzo.
Sin embargo, ninguno de estos instrumentos incorpora las desigualdades de
género como elemento sustancial del debate y de la construcción de propuestas.
Es solo a partir del 2006 que el Women’s Mayor Group, en el marco de la XIV
Reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable
logra incorporar la tesis de que el cambio climático tiene características
específicas de género (PNUD: 2008).
• Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía: la Convención de
las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
(CNULCD) fue ratificada por Honduras mediante Decreto Legislativo No.
35-97, del 28 de abril de 1997 y tiene como objetivo principal luchar contra
la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados.
(INAM: 2008)
• Convención sobre la Conservación de Humedales – Ramsar: tiene su origen
en la ciudad de Ramsar, Irán, a inicios de 1971, entrando en vigor en 1975.
A nivel del marco jurídico internacional específico de los Derechos Humanos de
las mujeres existen varios referentes, siendo la Plataforma de Acción de Beijing
la que hace un tratamiento más explícito al respecto y plantea el fomento de la
participación activa de las mujeres en la toma de decisiones sobre los asuntos
medioambientales a todos los niveles, la integración de la perspectiva de género
en los programas y proyectos de desarrollo sostenible, así como la necesidad de
establecer mecanismos de evaluación al impacto de las políticas ambientales y
de desarrollo sobre la vida de las mujeres.
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente - SERNA, es la responsable
de administrar en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, las
áreas protegidas y el cuidado del ambiente. Entre los años 2002 y 2005 se
formuló la Política de Equidad de Género para el Manejo Sostenible de los
144
Recursos Naturales y Ambiente - PEGSERNA, la que no cuenta con datos sobre
la participación de la mujer y el cuidado del medio ambiente o la relación entre
género, medio ambiente y salud. En el 2003 se conformó el Comité Técnico de
Enlaces Permanentes de Género - COTEPEG, cuya función es dar seguimiento
a la política, pero actualmente se encuentra desarticulado (SAG: 2004).
La Comisión Permanente de Contingencias - COPECO, comité de carácter
nacional, es el encargado de dar respuesta en materia de prevención, atención y
seguimiento a los desastres nacionales relacionados con fenómenos climáticos
(COPECO: 2008). Durante el año 2008 se desarrolló un diagnóstico
institucional sobre la situación de género, pero está pendiente la integración
del enfoque en todos sus niveles: producción estadística, investigación y
acciones sobre el impacto de género en los desastres. En el 2009 inició el
proceso de elaboración de una política de género en coordinación con la
Asociación de Organizaciones No Gubernamentales - ASONOG.
En el marco del Proyecto Mitigación de Desastres Naturales, coordinado por el
Grupo de apoyo a la asistencia externa, conformado por la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Gobernación y Justicia y el Banco Mundial, se está
desarrollando un trabajo de priorización de los municipios altamente
vulnerables ante los fenómenos climáticos, estos son: Atlántida, Cortés,
Ocotepeque, Choluteca e Intibucá. En el enfoque de gestión ambiental
comunitaria aplicado, se sugiere un diagnóstico de las capacidades municipales
desde las acciones de participación social, concepto bajo el cual se invisibiliza el
rol y trabajo de las mujeres (PNUD - Fondo del Japón de la Mujer en
Desarrollo: 2006).
A partir del 2004, se puso en marcha la Estrategia Nacional de Ecoturismo -
ENE, con el objetivo de garantizar el aprovechamiento sostenible de los
espacios naturales y culturales del país. La ENE busca desarrollar productos
eco-turísticos novedosos y atractivos en el mercado internacional que
contribuya a fortalecer el sector y consecuentemente el desarrollo nacional a
largo plazo.
En Honduras es un reto pendiente el debate de la Ley de Minerías y Ley de
Hidrocarburos, la diversidad biológica y el acceso al agua desde una
perspectiva de género articulada con la auto-determinación y defensa de los
pueblos, temas sobre los que ya se han pronunciado diversas organizaciones
étnicas y ambientalistas a nivel nacional (Organización Fraternal Negra
Honduras: 2009).
En diciembre del 2009, entró en vigencia la Ley del Sistema Nacional de
Riesgos (SINAGER), que contempla la Creación de un Sistema Nacional de
145
Riesgos, conformado por las diferentes instituciones del Gobierno Central y
Municipal, Empresa Privada, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs),
Sociedad Civil del país; con la finalidad de generar un marco institucional
donde se definan, planifiquen y ejecuten acciones relacionadas con la
prevención, adaptación, atención y asistencia a la gestión de riesgos de
desastres.
Uno de los principios orientadores del SINAGER es la “no discriminación,
enfoque de género y acciones afirmativas, a favor de niños, niñas, adolescentes,
mujeres embarazadas, madres, adultos mayores y personas con necesidades
especiales, así como los grupos étnicos y a los grupos de mayores limitaciones
de recursos o de riesgos inminentes, en la gestión integral de riesgos.
La Visión de País contempla en su Objetivo No. 3 el aprovechamiento
sostenible de sus recursos y la reducción de la vulnerabilidad ambiental. Así
mismo, establece entre sus principios orientadores el enfoque en el ser humano
y su desarrollo equitativo e integral, la equidad de género como eje transversal,
el respeto a la dignidad de la persona humana y el desarrollo sostenible en
armonía con la naturaleza. Por otra parte, el Plan de Nación tiene como uno de
sus lineamientos estratégicos el “Desarrollo Regional, Recursos Naturales y
Ambiente; lo cual nos plantea el desafío de construir políticas ambientales y de
prevención del riesgo con enfoque de género.
146
AGENDA POLÍTICA
POLÍTICA 1
El Estado garantiza que las políticas, planes, programas y proyectos de uso
sostenible, manejo, conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales
incorporen los principios de igualdad y equidad de género, así como el enfoque
de interculturalidad, asegurando la participación amplia de las mujeres en los
espacios de toma de decisiones al más alto nivel.
Objetivos Estratégicos
OE 1.1.
Incorporar los enfoques de igualdad y equidad de género, derechos e
interculturalidad en el diseño e implementación de los planes de desarrollo
sustentable a nivel nacional, regional/departamental y municipal.
OE 1.2.
Fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las instituciones u
organizaciones vinculadas al sector ambiental para incorporar el enfoque de
género en el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas públicas sobre el uso sostenible, manejo, conservación de la
biodiversidad y los recursos naturales.
OE 1.3.
Promover la reforma al marco jurídico e institucional de la Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente desde una perspectiva de equidad de género,
con el objeto de fortalecer su función de supervisión y control sobre el
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de uso sostenible,
manejo, conservación de la biodiversidad y recursos naturales.
OE 1.4
Impulsar la creación de mecanismos de vigilancia y auditoría social de los
compromisos internacionales suscritos por el Estado hondureño en materia de
conservación del ambiente, recursos naturales, cambio climático y prevención
de desastres, asegurando la participación de las organizaciones de mujeres.
OE 1.5.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en las políticas
nacionales de pago por servicios ambientales, asegurando la distribución
equitativa de los beneficios en las comunidades.
OE 1.6.
Incorporar los enfoques de igualdad, equidad de género e interculturalidad en
147
las políticas, programas y proyectos de mitigación y adaptación para el cambio
climático, asegurando la participación de las mujeres en todos los espacios de
toma de decisiones, a nivel municipal, regional/departamental, nacional,
regional y global.
POLÍTICA 2
El Estado garantiza la formulación y ejecución de políticas de ordenamiento
territorial en articulación con las políticas ambientales y agrarias, que incluyan
las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres, con
especial atención a las mujeres indígenas, afrodescendientes, con
discapacidades, jóvenes, adultas mayores y las que viven en zonas rurales.
Objetivos Estratégicos
OE 2.1.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en los procesos de
planificación del desarrollo local y políticas municipales, para la ubicación y
disponibilidad de servicios básicos, posibilitando a las mujeres el acceso, uso y
control de los recursos naturales y la biodiversidad.
OE 2.2.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en las políticas y
programas de conservación de humedales, arrecifes, especies en peligro de
extinción y manejo de cuencas hidrográficas para posibilitar el acceso, uso y
control de los recursos naturales, el uso sostenible de la biodiversidad,
visibilizando el rol de las mujeres en la conservación y protección de zonas
productoras de agua, cuencas y sub cuencas hidrográficas.
POLÍTICA 3
El Estado garantiza políticas ambientales y agrarias que incorporen los
enfoques de igualdad y equidad de género e interculturalidad para asegurar el
acceso, uso y control de los recursos naturales de manera sostenible.
Objetivos Estratégicos
OE 3.1.
Promover la inclusión del enfoque de género en las leyes del sector agua y
saneamiento de manera que se visibilice la propiedad de las mujeres sobre este
recurso, que sean partícipes y tomadoras de decisiones sobre el control
equitativo del servicio en las juntas de agua y otros espacios comunitarios.
OE 3.2.
148
Diseñar e implementar programas de capacitación, asistencia técnica y crédito
para el desarrollo de actividades en el sector pesquero, recursos marítimos,
turismo, agroforestal y microempresas con recursos no maderables, desde una
perspectiva de género, de conservación de la biodiversidad y los recursos
naturales.
OE 3.3.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en las políticas,
programas, planes, proyectos y sus respectivos presupuestos de manejo
sostenible de los bosques nacionales, privados, ejidales, tribales y comunales,
con el objeto de asegurar la conservación de zonas de patrimonio natural, paliar
la desertificación, la sequía y lograr la reforestación permanente con la
participación de mujeres y hombres.
OE 3.4.
Promover políticas de capacitación en zonas rurales y semi urbanas, para el
manejo adecuado de los suelos en laderas, valles y áreas de uso especial en
zonas de amortiguamiento, posibilitando la diversificación de cultivos,
utilización de abonos orgánicos, erradicación de insecticidas y plaguicidas
contaminantes, para el mejoramiento de las cosechas y generación de fuentes
de ingresos, respetuosas tanto de los recursos naturales como de la igualdad y
equidad de género.
OE 3.5.
Establecer mecanismos de información para mujeres y hombres respecto a sus
derechos y responsabilidades, visibilizando los múltiples impactos sobre todo en
el acceso, uso sostenible y control de los recursos naturales, como insumo básico
para la participación, acción ciudadana y democrática.
POLÍTICA 4
El Estado promueve y garantiza una cultura de conservación y protección
ambiental de los recursos naturales, asegurando el desarrollo sostenible y
calidad de vida de la población desde una perspectiva de igualdad y equidad de
género.
Objetivos Estratégicos
OE 4.1.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en las políticas,
programas, planes, proyectos de educación ambiental y sus respectivos
presupuestos, visibilizando el rol de las mujeres en la conservación de la
biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales para generar mayor
involucramiento de la comunidad.
149
OE 4.2.
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en las investigaciones
ambientales, así como en las metodologías de producción y análisis de
indicadores, en concordancia con la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de
Educación Ambiental y la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.
OE 4.3.
Diseñar e implementar campañas nacionales de concienciación sobre el uso de
los recursos naturales: agua, luz, tierra, aire, bosques, recursos marítimos
costeros y diversidad biológica, que constituyen elementos fundamentales para
la supervivencia y el desarrollo armonioso de la vida de mujeres y hombres,
bajo principios de solidaridad y equidad.
OE 4.4.
Promover y apoyar iniciativas de manejo sustentable de desechos sólidos,
reciclaje y re-utilización de materia prima, desde un enfoque de igualdad y
equidad de género, como fuente alternativa de ingresos para mujeres y familias
en situación de pobreza.
OE 4.5.
Promover la creación de organizaciones rurales con la participación de mujeres
y hombres para la conservación, reforestación y/o recuperación de áreas
comunitarias, que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y ambiente desde una perspectiva de igualdad y equidad de género.
POLÍTICA 5
El Estado garantiza la incorporación del enfoque de género en las políticas,
planes, programas y proyectos de gestión integral del riesgo de desastres, en
articulación con las estrategias, acciones de mitigación y adaptación para el
cambio climático.
Objetivos estratégicos
OE 5.1.
Promover la institucionalización de una política de gestión integral de riesgo y
desastres con enfoque de género en COPECO y otras instancias involucradas
en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, asegurando estrategias y
acciones de prevención, así como mecanismos de coordinación a nivel local.
OE 5.2.
Potenciar la participación de las Oficinas Municipales de la Mujer en todas las
etapas de los programas de gestión integral del riesgo a desastres, como parte
de una estrategia para reducir la vulnerabilidad en la comunidad.
150
OE 5.3.
Desarrollar conjuntamente con las mujeres y hombres que habitan en zonas de
riesgo, tanto en el área urbana como rural, sistemas de alerta temprana
oficiales e informales para la prevención del riesgo en la casa, escuela y
comunidad, así como en la etapa de recuperación socio-emocional, visibilizando
y valorando el rol de las mujeres en el proceso.
OE 5.4.
Incorporar el enfoque de género en los programas y proyectos de ayuda
humanitaria orientados a atender a la población en zonas de desastre, en
coordinación con las Oficinas Municipales de la Mujer.
OE 5.5
Establecer programas y servicios de salud integral, prevención de la violencia
sexual y atención a las víctimas de los desastres en los albergues y refugios,
que incluyan normas de vigilancia, supervisión y protección a la población
desplazada de acuerdo a los estándares internacionales de ayuda humanitaria.
OE 5.6
Incorporar el enfoque de igualdad y equidad de género en las políticas de apoyo
económico para la recuperación post-desastre, de manera que mujeres y
hombres tengan aseguradas las condiciones de vida necesarias.
OE 5.7.
Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el abordaje
de Género y Derechos Humanos en la COPECO, en los Comités de Emergencia
Municipal – CODEM y otras instancias involucradas en el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos, así como instituciones de protección civil y de coordinación
de sistemas para la prevención y atención de desastres.
151
MAPEO DE ACTORES RESPO SABLES DE EJECUCIÓ E I STITUCIO ES
DE APOYO RELACIO ADAS
EJE DE DERECHOS INSTITUCIONES
EJE 6
GÉNERO Y ACCESO, USO SOSTENIBLE Y
CONTROL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS
RECURSOS NATURALES
INSTITUCIÓN RESPONSABLE:
• Instituto Nacional de la Mujer
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN:
• Universidades
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Salud
• Comisión Permanente de Contingencias
• Instituto Nacional Agrario (INA)
• Secretaría de Estado en los Despachos de
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
• Secretaría de Estado en los Despachos de
Agricultura Y Ganadería (SAG)
• Programa Nacional de Desarrollo Rural
Sostenible (PRONADERS)
• Secretaría de Gobernación y Justicia
• Secretaría de Estado en el Despacho de
Educación
• Secretaría de Estado en los Despachos de
Cultura, Artes y Deportes
• Instituto de Conservación Forestal (ICF)
• Instituto Nacional de Estadística (INE)
• Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos Y Alcantarillados (SANAA)
• Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE)
• Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación Externa (SEPLAN)
• Alcaldías Municipales
• Oficinas Municipales de la Mujer (OMM)
INSTITUCIONES DE APOYO
• Alianza Nacional de Mujeres
Municipalistas de Honduras (ANAMMH)
• Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)
• Juntas de Administración de Agua
• Organizaciones Sociales y de Mujeres
Trabajando en Ambiente
152
CAPITULO IV
Marco Institucional y
Presupuestario del II Plan
de Igualdad y Equidad de
Género de Honduras
2010-2022
153
MARCO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTARIO DEL II PLAN
DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO DE HONDURAS
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
En el proceso participativo de evaluación del I Plan de Igualdad de
Oportunidades – I PIO, se subrayó que uno de los más importantes desafíos es
incorporar al conjunto de la institucionalidad pública del Estado en la ejecución
del II PIEGH.
La falta de compromiso y decisión política de otras instituciones del Estado se
ve reflejada en la evaluación del I PIO 2002-2007 y en el balance realizado por
el equipo técnico del INAM, que señala que resultan aún incipientes los
procesos de capacitación, creación de herramientas, normativa, así como la
asignación de recursos financieros suficientes que permitan implementar
políticas y programas efectivos para garantizar la transversalidad del enfoque
de género y la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas y
adolescentes.
La formulación de políticas públicas de igualdad y equidad de género requiere
de información estratégica que dé cuenta de la situación de mujeres y hombres
y de las brechas de inequidad. En este sentido, uno de los retos señalados tanto
en el proceso de evaluación como en el de las consultas para el II PIEGH, es la
necesidad de desarrollar sistemas de registro de todas las actuaciones y los
servicios en las instituciones, así como producir información estadística
desagregada por sexo de manera permanente, con el fin de visibilizar los
cambios en la situación de las mujeres, el impacto diferenciado de las políticas
públicas y los programas llevados a cabo por las diferentes instituciones del
Estado.
La concertación de agendas, planes operativos y presupuestos, con el conjunto
de instituciones del Estado y actores claves de la sociedad civil, constituye un
desafío fundamental para el INAM; es necesario iniciar la ejecución del II
PIEGH con la inclusión de sus Políticas y Objetivos Estratégicos en la Visión de
País y el Plan de Nación y en los planes de gobierno, al mismo tiempo arrancar
con el proceso de planificación estratégica interinstitucional a fin de
operativizar las políticas de igualdad y equidad de género en Honduras. Este es
un ejercicio que deberá ser realizado tanto en la planificación estratégica global
para el periodo 2010-2022, como en la planificación operativa anual en cada
institución.
De la misma manera que tiene importancia la coordinación con las
instituciones del Estado, la articulación del INAM con la sociedad civil, en
154
particular con las organizaciones feministas y de mujeres, en las diferentes
fases de la política pública de igualdad y equidad de género, constituye una
alianza estratégica fundamental. En este sentido, el gran desafío es construir
mecanismos de relacionamiento que posibiliten la participación activa de las
mujeres organizadas en la definición, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas, así como en los procesos de control y vigilancia
ciudadana.
Otro aspecto de gran importancia es superar la concepción de que la igualdad y
equidad de género es una política del gobierno de turno, cuando en realidad es
y debería ser una política de Estado, sistemática, permanente, consensuada,
que aporta al fortalecimiento de la democracia y que responde a los
compromisos asumidos por el Estado Hondureño al ratificar los diversos
instrumentos de Derechos Humanos.
Para dar respuesta a este conjunto de desafíos es necesario fortalecer al
Instituto Nacional de la Mujer (INAM) dotándole de recursos humanos y
financieros, potenciando su capacidad técnica, para que pueda desempeñar con
eficiencia y eficacia las funciones especializadas de rectoría de políticas
públicas de género.
El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer – CEDAW, en sus recomendaciones (2007)
insta al Estado Hondureño a que “fortalezca al mecanismo nacional de la mujer
para que esté dotado de los poderes y facultades que le permitan influir en la
actividad normativa del Estado, promover mejor el uso de la estrategia de
incorporación de una perspectiva de género por parte de todos los ministerios y
niveles del Gobierno, y la atención a los aspectos de igualdad y equidad de
género en todas las leyes, políticas y planes de acción nacional”.
Es igualmente un mandato para el Estado difundir los compromisos
internacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres, de manera
particular la CEDAW, así como las recomendaciones generales y las
observaciones realizadas al Estado de Honduras, en particular a “los
ministerios de gobierno, los legisladores, la administración de justicia, los
partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y el
público en general, a fin de alentar su uso efectivo”.
155
AGENDA POLÍTICA
POLÍTICA 1
El Estado asume como política pública de obligatorio cumplimiento el II Plan
de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022, promoviendo y
garantizando los mecanismos jurídicos, institucionales y la asignación de
presupuestos para su efectivo cumplimiento.
OE 1.1.
La Visión de País, el Plan de Nación y sus Planes de Gobierno incorporan el II
PIEGH como Política prioritaria de Estado, de obligatoria aplicación en las
políticas de planificación, ejecución y seguimiento del gobierno a nivel nacional,
regional/departamental y municipal.
OE 1.2.
Establecer mecanismos y estrategias para el diseño, ejecución, seguimiento e
institucionalización y presupuestación de políticas públicas de género a nivel
nacional, regional/departamental y municipal.
POLÍTICA 2
El Estado garantiza la incorporación de los enfoques de género y derechos en su
planificación, presupuestación y ejecución en todos los niveles de gobierno.
OE 2.1.
Incorporar el enfoque de género en la planificación, la política fiscal, la política
de inversión y en el Presupuesto General del Estado a nivel central,
regional/departamental y municipal, estableciendo instrumentos técnicos que
permitan realizar el seguimiento y control del presupuesto desde una
perspectiva de género.
OE 2.2.
Promover la producción y difusión sistemática y periódica de información
estadística oficial con enfoque de género, como insumo para la planificación y
presupuestación de las políticas públicas, así como para la rendición de
cuentas.
POLÍTICA 3
El Estado garantiza el fortalecimiento de la institucionalidad pública del
Instituto Nacional de la Mujer como organismo rector de las políticas de
igualdad y equidad de género.
156
OE 3.1.
Incidir en el proceso de reforma del Estado para garantizar el fortalecimiento
de la institucionalidad del INAM como organismo público, rector de las
políticas de igualdad y equidad de género.
OE 3.2.
Promover un proceso participativo para la reforma a la Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer, la Ley del INAM y sus respectivos reglamentos,
con el objeto de crear un sistema nacional de la institucionalidad para la
igualdad y equidad de género.
OE 3.3.
Asignar recursos técnicos y financieros al INAM para el fortalecimiento de su
rol rector, potenciando las capacidades técnico-políticas que aseguren el
monitoreo y seguimiento de la implementación del II PIEGH en el Estado.
POLÍTICA 4
El Estado garantiza la creación, fortalecimiento y sostenibilidad de
mecanismos institucionales de género en todos los organismos de la
Administración Pública.
OE 4.1.
Establecer las condiciones jurídicas e institucionales para la creación de
mecanismos de género en todas las instituciones de la función pública, a nivel
central, regional/departamental y municipal, vinculados a los procesos de
planificación estratégica, operativa y presupuestaria.
OE 4.2.
Establecer la normativa y los procedimientos administrativos para incorporar
la perspectiva de género en la gestión institucional, políticas administrativas y
de recursos humanos del Estado.
OE 4.3.
Incorporar el enfoque de género en la formación profesional de las servidoras y
servidores públicos, orientada a potenciar las capacidades y a brindar
instrumentos técnicos y políticos para avanzar en la incorporación de la
transversalidad de género en las políticas públicas del Estado.
157
POLÍTICA 5
Los Gobiernos Locales garantizan la incorporación del enfoque de género en su
planificación, presupuestación y gestión institucional del desarrollo local, para
la promoción de la igualdad y equidad de género.
OE 5.1.
Garantizar la transversalidad del enfoque de género en la Política Nacional de
Descentralización, creando los mecanismos institucionales de género, así como
el fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas en los municipios.
OE 5.2.
Incidir en el proceso de descentralización para garantizar la incorporación del
enfoque de igualdad y equidad de género en la gestión regional/departamental
y municipal, así como la creación de mecanismos institucionales pro-igualdad
de género.
POLÍTICA 6
Todas las instituciones del Estado garantizan de la generación y provisión de
información oportuna y pertinente con enfoque de género, rendición de cuentas
públicas, transparentes y periódicas sobre la planificación, presupuestación y
gestión de la administración pública a su cargo, en materia de igualdad y
equidad de género.
OE 6.1.
Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional para asegurar la generación,
análisis y publicación de estadísticas periódicas sensibles al género en todos los
instrumentos de producción de información en las instituciones del Estado.
OE 6.2
Establecer mecanismos jurídicos e institucionales para garantizar la
transparencia y rendición de cuentas en materia de igualdad y equidad de
género de obligatoria aplicación en todas las instituciones del Estado a nivel
nacional, regional/departamental y municipal.
OE 6.3
Establecer un sistema de evaluación de impactos de género en las políticas
públicas macroeconómicas, macro-sociales, macro-administrativas y de
recursos humanos, así como las políticas sectoriales a nivel nacional,
regional/departamental y municipal, estableciendo un sistema de indicadores
de género que permitan visibilizar la situación de las mujeres y hombres para
vigilar el cumplimiento del II PIEGH, vinculado al sistema de indicadores del
Plan de Nación 2010-2022.
158
MAPEO DE ACTORES RESPO SABLES DE EJECUCIÓ E I STITUCIO ES
DE APOYO RELACIO ADAS
MARCO DE INSTITUCIONALIZACION INSTITUCIONES
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE GÉNERO EN EL
ESTADO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS
MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y
ARTICULACIÓN PARA SU
IMPLEMENTACIÓN
INSTITUCIÓN RECTORA:
• Instituto Nacional de la Mujer
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN:
• Instituciones del Poder Ejecutivo
• Instituciones del Poder Legislativo
• Instituciones del Poder Judicial
• Ministerio Público
• Universidades
• Alcaldías Municipales
• Oficinas Municipales de la Mujer (OMM)
• Organismos de Control del Estado
INSTITUCIONES DE APOYO:
• Asociación De Municipios De Honduras
(AMHON)
• Organizaciones Feministas y de Mujeres
• Organizaciones Sociales
159
CAPITULO V
Sistema de Seguimiento y
Monitoreo a la
Implementación del II
PIEGH
2010-2022
160
Antecedentes:
El mayor obstáculo que enfrentó la evaluación del I Plan de Igualdad de
Oportunidades 2002-2007 para dar lugar a un nuevo plan para el período 2010-
2022, lo constituyó la fase de revisión cuantitativa de la implementación y los
logros obtenidos durante los seis años de su implementación, debido a la
limitada disponibilidad de datos estadísticos con perspectiva de género que
permitieran visibilizar el avance de las Políticas de Género en el país.
Importancia de Implementar un Sistema de Monitoreo y Seguimiento:
No se puede concebir la formulación y ejecución de una política pública, sin que
a la par exista un sistema de monitoreo y evaluación de los procesos e impactos
de su aplicación.
En el caso de las políticas públicas de género, es primordial en primer lugar
que se recolecte, compile, analice y desagregue por sexo y edad las estadísticas,
de modo que reflejen los problemas y cuestiones relativas a hombres, mujeres,
niñas y niños en la sociedad. En segundo lugar, es necesaria la formulación de
indicadores socioeconómicos y otros pertinentes que den cuenta del
comportamiento en la aplicación de las políticas públicas relacionadas con el
avance de las mujeres en la sociedad.
En este contexto la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, establece las
siguientes medidas:
- “Velar porque se recojan, compilen, analicen y presenten por sexo y edad
estadísticas sobre la persona, que reflejen los problemas relativos al
hombre y a la mujer en la sociedad;
- Recoger, compilar, analizar y presentar periódicamente datos
desglosados por edad, sexo, indicadores socioeconómicos y otros
pertinentes, incluido el número de familiares a cargo para utilizarlos en
planificación y aplicación de políticas y programas”.
Para lo anterior, todas las instituciones involucradas en la ejecución de las
políticas públicas de Estado, deben preocuparse por fortalecer sus sistemas
estadísticos, incorporando género como una categoría de análisis. Por lo tanto
el Instituto Nacional de Estadísticas como ente encargado ejercer el rol rector
del Sistema de Información Estadístico debe ser fortalecido, a fin de integrar la
información generada considerando género como eje transversal.
En esa medida, el Estado estará en la capacidad de poder generar los informes
de cumplimiento que den cuenta de la correcta aplicación de la legislación y
161
convenios suscritos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, haciendo
los correctivos necesarios en las Políticas Públicas o incorporando nuevas
acciones en materia de igualdad y equidad de género.
Objetivos del Sistema:
• Tomar decisiones oportunas que permitan resolver dificultades que se
presenten durante la intervención en las instituciones responsables.
• Sistematizar las experiencias obtenidas durante la implementación.
• Valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos durante el periodo
de implementación del plan y el impacto generado.
• Redefinir las estrategias de acompañamiento en futuras intervenciones,
así como la formulación de nuevas políticas públicas necesarias para
avanzar en el logro de los objetivos planteados.
Los indicadores propuestos para dar seguimiento a la Implementación del II
PIEGH 2010-2022, han sido formulados considerando las metas y funciones de
las instituciones responsables de su ejecución y el cumplimiento a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), tomando en cuenta la viabilidad de medición
y la información disponible.
Ejecución del Sistema de Monitoreo y Seguimiento:
La matriz de indicadores está compuesta por seis elementos:
1. Código de Política: está asociado al número que tiene el lineamiento de
Política en el eje de derecho.
2. Indicador: dato o situación cuantitativa de una política sobre la cual se
propone realizar un monitoreo de su cumplimiento y/o avance.
3. Descripción: explicación de lo que representa el indicador y qué aspectos
específicos medirá el mismo.
4. Unidad de Medida: explicación sobre la forma de medir el indicador.
5. Desagregación: niveles de detalles de los cuales se requieren los datos
del Indicador.
6. Fuente: institución o dependencia que producirá y suministrará la
información.
162
Retos de la implementación del Sistema de Seguimiento y Monitoreo:
• Negociar con todas las áreas gubernamentales identificadas como
productoras de información estadística para que la suministren dentro
de la periodicidad y desagregaciones indicadas.
• Lo anterior implica un trabajo previo de revisión y/o elaboración de
instrumentos de recolección de la información partiendo de una línea
base.
• Ejecución directa de algunas de las acciones que proporcionarán datos
para la comprobación del logro de algunos indicadores (estudios
cualitativos específicos) o negociación directa con los organismos del
Estado especializados que permitirán la obtención de algunos datos o
información sin sumar nuevos esfuerzos nacionales (censos, encuestas
nacionales, registros administrativos y otros).
163
I DICADORES PRIORIZADOS
Eje 1: Promoción, protección y garantía a la participación social y política y el
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres
Código
Política
Indicador Descripción del
indicador
Unidad de
Medida
Desagregación Fuente
2 % de
ciudadanos en
cargos de
elección popular
presentando
informes
públicos sobre
su contribución
al logro de los
objetivos de
igualdad y
equidad de
género.
Representa el
número de
ciudadanos y
ciudadanas en
cargos de elección
popular que han
contribuido al
logro de los
objetivos de
igualdad y equidad
de género.
Número de
ciudadanos y
ciudadana en
cargos de
elección
popular que
presentan
informes
públicos
Sexo
Partido político
Mirador Electoral
3 Porcentaje de
mujeres
ocupando
cargos de
designación en
el Estado
Representa el
número de mujeres
nombradas por
designación en
puestos de la más
alta dirección
Mujeres
nombradas
Institución
Cargo
Secretaría de
Gobernación y
Justicia,
Secretaria del
Despacho
Presidencial
4 Porcentaje de
mujeres
inscritas en
Planillas de
cargos electivos
en elecciones
primarias por
cargo
Representa el
porcentaje de
mujeres inscritas
en Planillas de
elecciones
primarias a fin de
verificar el
cumplimiento de
la cuota del 30%
establecida en la
LEOP
Número de
mujeres
inscritas
Cargo
Departamento
Municipio
Movimiento
Político
Partido Político
y
Candidaturas
Independientes
Tribunal
Supremo
Electoral (TSE)
4 Porcentaje de
mujeres electas
en cargos de
elección popular
Mide el porcentaje
de mujeres electas
en elecciones
generales
Mujeres
electas
Cargo
Departamento
Municipio
Partido Político
y
Candidaturas
Independientes
Tribunal
Supremo
Electoral (TSE)
164
I DICADORES PRIORIZADOS
Eje 2: Promoción, protección y garantía del derecho de las mujeres, niñas y
adolescentes a la paz y a una vida libre de violencia
Código
Política
Indicador Descripción del
indicador
Unidad de
Medida
Desagregación Fuente
1 y 3 Personal
policial, de
salud, justicia y
docentes aplican
la normativa
vigente sobre
Violencia
Basada en
Género (VBG)
Representa la
cantidad de
personas formadas
y sensibilizadas en
VBG de las
diferentes
instituciones
Número de
personas
formadas y
sensibilizadas
Sexo
Institución
Departamento
Municipio
Registros de
Secretarías de
Seguridad, Salud
y Educación
5 Porcentaje de
sentencias en
relación a las
denuncias en
casos de
violencia de
género
Número anual de
sentencias en
relación al total de
denuncias
Número de
sentencias y
número de
denuncias
Edad
Departamento
Zona
Municipio
Tipo de
Violencia
ejercida
Registros de
CEDIJ, Corte
Suprema de
Justicia
3 y 6 Número de
muertes de
mujeres por
causas
relacionadas
con VBG
Número anual de
muertes violentas
de mujeres
Número de
mujeres
muertas
Edad
Zona
Municipio
Departamento
Unidad de
investigación de
muerte violenta
de Mujeres -
Ministerio
Público
165
I DICADORES PRIORIZADOS
Eje 3: Promoción, protección y garantía de la salud de las mujeres durante todo
el ciclo de vida y de sus derechos sexuales y reproductivos
Código
Política
Indicador Descripción del
indicador
Unidad de
Medida
Desagregación Fuente
2 Número de
mujeres que
tienen
Acceso a
servicios de
detección de
cáncer cérvicouterino
y de
mamas.
Número de
mujeres que tienen
acceso a pruebas
de detección de
cáncer
N° de
mujeres con
acceso a
servicios de
detección
Edad
Municipio
Región
Departamental
Informes Anuales
IHSS
Boletín de
Atención
Ambulatoria SS
SIIS
5 % de partos de
mujeres entre 10
y 19 años
Numero de
Atenciones
Prenatales Nuevas
N° de
Atenciones
Prenatales
Nuevas
Edad
Municipio
Región
Departamental
Informes Anuales
IHSS
Boletín de
Atención
Ambulatoria SS
SIIS
7 Porcentaje de
muertes de
mujeres por
causas
relacionadas
con embarazo,
parto y
puerperio
Muertes maternas
ocurridas durante
el embarazo, parto
y 42 días
siguientes a la
culminación del
mismo, debido a
cualquier causa
relacionada o por
falta de atención
N° de
muertes de
mujeres por
causas
relacionadas
con embarazo
y parto
Edad
Municipio
Región
Departamental
Departamento de
Estadísticas SS
SIIS
ASHONPLAFA
ENDESA
8 Prevalencia de
VIH en mujeres
Porcentaje de
mujeres cuyas
muestras de sangre
resulten positivas
en pruebas de VIH
Número de
casos nuevos
de VIH en
mujeres
Sexo
Edad
Municipio
Región
Departamental
Departamento de
Estadísticas
Departamento de
ITS, VIH y Sida
de la SS
166
I DICADORES PRIORIZADOS
Eje 4: Promoción, protección y garantía del derecho a la educación, los derechos
culturales e interculturalidad y el derecho a la información
Código
Política
Indicador Descripción del
indicador
Unidad de
Medida
Desagregación Fuente
1 Porcentaje de
docentes del
sistema de
educación
formal
capacitados en
enfoque de
género y
derechos
humanos
Representa el
porcentaje de
docentes
capacitados en
género y Derechos
Humanos
Número de
docentes
capacitados y
total de
docentes
laborando en
el sistema
educativo
Sexo
Edad
Municipio
Departamento
Nivel
Educativo en el
que labora
Secretaría de
Educación –
INICE
2 Tasa de
analfabetismo
femenina
Representa el
número de mujeres
analfabetas de 15
años y mas,
expresado como
porcentaje de la
población
Número de
mujeres
analfabetas y
número total
de la
población
Edad
Municipio
Departamento
INE - EPHPM
3 Tasa de
finalización neta
del sexto grado
de niñas
Número de
alumnas que llega
a finalizar el sexto
grado en relación
al total de
matrícula del
mismo grado
Número de
niñas
egresadas y
total de
matrícula de
sexto grado
Municipio
Departamento
Edad
Dominio
INE
4 Número de
alumnas
beneficiadas
con becas,
bonos y
matricula gratis
Representa el
porcentaje de niñas
de escasos recursos
beneficiadas por el
Estado
Número de
niñas con
beneficios
económicos
estatales y
total de niñas
matriculadas
en los CE
Municipio
Departamento
Edad
Dominio
Secretaría de
Educación -
Dirección de
Servicios
Educativos
6 Número de
niñas que
culminan sus
estudios en el
Sistema de
Educación
Intercultural
Bilingüe
Representa el
porcentaje de niñas
pertenecientes a
grupos étnicos
matriculadas en los
CEIB
Número de
niñas
indígenas y
afro
descendientes
matriculadas
y total de
niñas
matriculadas
en los CEIB
Edad
Grupo Étnico
Municipio
Departamento
Nivel Escolar
Secretaría de
Educación –
Dirección de
Servicios
Educativos
167
I DICADORES PRIORIZADOS
Eje 5: Promoción, protección y garantía de los derechos económicos, trabajo,
empleo, acceso, uso y control de los recursos
Código
Política
Indicador Descripción del
indicador
Unidad de Medida Desagregación Fuente
1 y 2 Tasa de
participación de
mujeres en el
mercado laboral
Porcentaje de
mujeres empleadas
en diferentes tipos
de ocupación con
relación al total de
personas
empleadas
Número de mujeres
en el mercado
laboral y la cantidad
total de la Población
Económicamente
activa
Dominio
Rango de Edad
Rama de Actividad
Ocupación
Años de escolaridad
Número de Hijos e
Hijas entre 0-5 años
Quintil de ingresos
Encuesta
Permanente de
Hogares de
Propósitos
Múltiples
(EPHPM - INE)
1 Tasa de
desempleo de
mujeres
Porcentaje de
mujeres
desempleadas
Número de mujeres
desempleadas y la
cantidad total de la
Población
desempleada
Dominio
Rango de Edad
Años de escolaridad
Número de Hijos e
Hijas entre 0-5 años
Encuesta
Permanente de
Hogares de
Propósitos
Múltiples
(EPHPM/ INE)
3 Porcentaje de
préstamos para
la producción
otorgados a
mujeres
Monto aprobado
anualmente a
mujeres para el
acceso a recursos
productivos con
relación al total de
prestamos
otorgados
Monto de préstamos
otorgados a mujeres
y el monto total de
prestamos otorgados
Monto y
Número de
prestamos otorgados
Rango de edad
Estado civil
Actividad
económica
Modalidad de
préstamo
Departamento
Municipio
Registros de las
Instituciones
Financieras
Públicas o que
apoyan con
crédito.
3 Porcentaje de
títulos de
propiedad
otorgados a
mujeres en el
Sector
Independiente
Representa la
cantidad de títulos
de propiedad
otorgados a
mujeres con
relación al total de
títulos otorgados al
Sector
Independiente
Número de títulos de
propiedad otorgados
a mujeres y total de
títulos otorgados al
Sector Independiente
(con sus respectivas
hectáreas)
Número de Títulos
Número de
Hectareas
Estado civil
Modalidad de titulo
Município
Departamento
Registros de la
División de
Titulación de
Tierras del
Instituto
Nacional
Agrario (INA)
6 Porcentaje de
mujeres con
acceso a
préstamos para
vivienda
Número de
préstamos de
vivienda otorgados
a mujeres con
relación al total de
prestamos
otorgados
Número de
préstamos para
vivienda otorgados a
mujeres y el monto
total de prestamos
otorgados
Monto y
Número de
prestamos
Rango de edad
Estado civil
Modalidad de
préstamo
Registros de las
Instituciones
Financieras
Públicas o que
apoyan con
crédito
168
Departamento
Municipio
I DICADORES PRIORIZADOS
Eje 6: Género, acceso, uso sostenible y control de la biodiversidad, los recursos
naturales y gestión del riesgo
Código
Política
Indicador Descripción del
indicador
Unidad de
Medida
Desagregación Fuente
1 Porcentaje de
mujeres
participando en
espacios de
toma de
decisiones
vinculados al
tema ambiental
Porcentaje de
mujeres integradas
a los consejos
consultivos y
comunitarios
vinculados con el
tema ambiental
con relación al
total de
participantes
Número de
mujeres
integradas y
el total de
personas
integradas en
los Consejos
Consultivos y
comunitarios
Cargo
Periodo
Municipio
Departamento
Tipo de
Organización
Instituto de
Conservación
Forestal (ICF) y
Corporaciones
Municipales
3 Porcentaje de
mujeres
participando en
espacios de
toma de
decisiones
vinculados al
manejo del agua
Porcentaje de
mujeres integradas
a las Directivas de
Juntas de Agua o
Comisiones
Municipales de
Agua y
Saneamiento con
relación al total de
participantes
Número de
mujeres
participando
y el total de
personas en
cargos
directivos
Cargo
Periodo
Municipio
Departamento
Tipo de
Organización
Ente Regulador
de Servicios de
Agua y
Saneamiento
(ERSAPS) y
Corporaciones
Municipales
5 Porcentaje de
mujeres
participando en
puestos claves
en los Comités
de Emergencia
Municipal
Porcentaje de
mujeres integradas
a las Directivas de
los Comités de
Emergencia
Municipal con
relación al total de
participantes
Número de
mujeres
participando
y el total de
personas en
cargos
directivos
Cargo
Periodo
Municipio
Departamento
Tipo de
Organización
Comité
Permanente de
Contingencias
(COPECO) y
Corporaciones
Municipales
169
I DICADORES PRIORIZADOS
Marco Institucional y Presupuestario del II Plan de Igualdad y Equidad de
Género de Honduras
Código
Política
Indicador Descripción del
indicador
Unidad de
Medida
Desagregación Fuente
2 Porcentaje del
Presupuesto
General de la
República
etiquetado por
género
Porcentaje del
presupuesto de las
instituciones del
Estado que ha sido
etiquetado por
género en relación
al Presupuesto
General de la
República
Presupuesto
General de la
República
etiquetado
por género
Institución
Sector
Programa
Proyecto
Secretaría de
Finanzas (SIAFI)
2 Porcentaje del
presupuesto
sectorial
asignado a la
ejecución del
PIEGH
Porcentaje del
presupuesto
sectorial destinado
para la
implementación
del II PIEGH en
relación al
Presupuesto
Sectorial asignado
Presupuesto
sectorial
etiquetado
por género
Institución
Sector
Secretaría de
Finanzas (SIAFI)
2 Número de
metas
institucionales
cumplidas
enmarcadas en
el II PIEGH
Número de metas
institucionales
cumplidas en el
marco del II
PIEGH en relación
a las metas
programadas
Número de
metas
cumplidas
Institución
Sector
Región
Indicador
Presupuesto
UPEGs de las
Instituciones
Secretaría de
Finanzas (SIAFI)
4 Número de
mecanismos de
género creados
en las
instituciones del
Estado
Número de
instituciones del
Estado que cuentan
con mecanismos
de género
Mecanismos
de género
creados
No aplica Instituto Nacional
de la Mujer
5 Porcentaje de
Oficinas
Municipales de
la Mujer
(OMM)
funcionando
Porcentaje de
OMMs creadas y
funcionando en
relación al total de
municipios
Número de
OMMs
Departamental Instituto Nacional
de la Mujer
6 Número de
Instituciones del
Instituciones de la
Administración del
Número de
instituciones
No aplica Instituto Nacional
de Estadística
170
Estado que
cuentan con
sistemas de
información
estadística y
registros con
perspectiva de
género
Estado que han
incorporado la
perspectiva de
género en sus
Sistemas de
Información
Estadística
171
A EXOS
172
SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
AEP Años de Estudios Promedio
AMHON Asociación de Municipios de Honduras
ANACH Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
ANAMMH Alianza de Mujeres Municipalistas de Honduras
ANAMUC Asociación Nacional de Mujeres Campesinas
ARV Antirretrovirales
ASDI Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
ASHONPLAFA Asociación Hondureña de Planificación Familiar
ASONOG Asociación de Organizaciones No Gubernamentales
BANADESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
BANHPROVI Banco Hondureño para la Producción y Vivienda
BCH Banco Central de Honduras
CAIAM Centro de Atención Integral al Adulto Mayor
CDB Convenio sobre Diversidad Biológica
CDM Centro de Derechos de Mujeres
CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
CEDIJ Centro Electrónico de Documentación e Información
Judicial
CEIB Centro de Educación Intercultural Bilingüe
CEM-H Centro de Estudios de la Mujer de Honduras
CENET Centro Nacional de Educación para el Trabajo
CESAMO Centros de Salud con Médico
CESAR Centro de Salud Rural
CIF Comisión Interinstitucional sobre Femicidios
CIM Comisión Interamericana de las Mujeres
CITES Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies en
Peligro de Extinción
CLADEM Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos
Humanos de las Mujeres
CNULCD Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía
CODA Consejo de Desarrollo Agrícola
CODEMUH Colectiva de Mujeres Hondureñas
CODIMCA Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina
COHCIT Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología
COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada
COMAS Comité Municipal de Agua y Saneamiento
CONADEH Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
CONASIDA Comisión Nacional de Sida
173
CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones
CONCORDE Coordinadora Nacional de Redes Educativas
CONE Cuidados Obstétricos Neonatales Esenciales
CONEANFO Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación
Alternativa No Formal
CONIMCHH Consejo Nacional Indígena Maya Chorti de Honduras
COPECO Comisión Permanente de Contingencias
COPIN Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
COTEPEG Comité Técnico de Enlaces Permanentes de Género
CSJ Corte Suprema de Justicia
DIBIO Dirección General de Biodiversidad
DNIC Dirección Nacional de Investigación Criminal
EFA Educación para Todos (En Inglés)
ENDESA Encuesta Nacional de Demografía y Salud
ENE Estrategia Nacional de Ecoturismo
ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica
EPHPM Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples
ERP Estrategia de Reducción de la Pobreza
ERSAPS Ente Regulador de Servicios de Agua y Saneamiento
FAO Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
FEHMUC Federación Hondureña de Mujeres Campesinas
FETRIPH Federación de Tribus Pech de Honduras
FETRIXY Federación de Tribus Xicaques de Yoro
FHIS Fondo Hondureño de Inversión Social
FITH Federación Indígena Tawahka de Honduras
ICF Instituto de Conservación Forestal
IDG Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género
IDH Índice de Desarrollo Humano
IEC Información, Educación, Comunicación
IHAH Instituto Hondureño de Antropología e Historia
IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social
II PIEGH II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras
2010-2022
INA Instituto Nacional Agrario
INAM Instituto Nacional de la Mujer
INE Instituto Nacional de Estadística
INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional
IPG Índice de Potenciación de Género
ISO Organización Internacional para la Estandarización (En
Inglés)
ITS Infecciones de Transmisión Sexual
174
LEOP Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas
LIOM Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer
MASTA Mosquitia Asla Takanka (Organización Misquita)
MED Mujer en el Desarrollo
MIG Mesa Interagencial de Género
MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa
NABIPLA Asociación de Profesionales y Trabajadores Nativos Isleños
(En Inglés)
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OE Objetivo Estratégico
OEA Organización de Estados Americanos
OFRANEH Organización Fraternal Negra de Honduras
OGM Oficina Gubernamental de la Mujer
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMM Oficina Municipal de la Mujer
OMS Organización Mundial de la Salud
ONILH Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras
ONU Organización de las Naciones Unidas
OPS Organización Panamericana de la Salud
OXFAM Proviene del Comité de OXFORD de Lucha contra el
Hambre
PAPIN Programa de Apoyo a los Pueblos Indígenas y Negros de
Honduras
PEA Población Económicamente Activa
PEGAH Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño
PEGSERNA Política de Equidad de Género para el Manejo Sostenible de
los Recursos Naturales
PENSIDA Plan Estratégico de Lucha contra el Sida
PET Población en Edad de Trabajar
PIB Producto Interno Bruto
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
PIO I Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer 2002-
2007
PNED Plan Nacional de Generación de Empleo Digno
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (En
Español)
PRAF Programa de Asignación Familiar
PROELEN Proyecto de Educación en Lempira
PRONADERS Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
175
PRONEEAAH Programa Nacional de Educación para la Etnias Autóctonas
y Afro Antillanas de Honduras
RAMNI Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y de la
Niñez
SAG Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y
Ganadería
SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados
SERNA Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente
SEPLAN Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa
SGJ Secretaría de Gobernación y Justicia
Sida Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIIS Sistema Integrado de Información en Salud
SINAPH Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras
SINAGER Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
STSS Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
TGF Tasa Global de Fecundidad
TP Tasa de Participación
TSE Tribunal Supremo Electoral
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras
UNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (En
Inglés)
UNICAH Universidad Católica de Honduras
UNIFEM Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer
VBG Violencia Basada en Género
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
176
BIBLIOGRAFÍA
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Remunerado en Honduras.
• Bradshaw y Linneker 2003 citadas en: Geske Dijkstra. (2007). Género y los
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Honduras.
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• Centro de Estudio de la Mujer. (Agosto, 2008). La vida vive en mi cuerpo. Situación
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• Centro Electrónico de Información y Documentación Judicial, C. (2007). Memoria
2002/2007. Tegucigalpa, Honduras.
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Tegucigalpa, Honduras.
• CODEMUH. (2006). Trabajo y Salud. Situación de las Obreras de la Maquila de
Honduras. Tegucigalpa, Honduras.
• Comité sobre para Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, C. (2007). Observaciones finales del Comité sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer a los informes periódicos cuarto, quinto y sexto
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II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
DE HONDURAS 2010-2022
GLOSARIO
Acciones afirmativas: conjunto de medidas especiales, de carácter temporal,
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, que no
podrán considerarse como un acto discriminatorio hacia el hombre (Artículo 4,
numerales 1 y 2 de la CEDAW).
Acceso, uso y control recursos: se refiere a que la mujer y el hombre puedan contar
con los recursos o medios necesarios para su desarrollo integral, el control, poder de
decisión o dominio que ejercen sobre estos recursos para usarlos de acuerdo a sus
necesidades prácticas y estratégicas y el acceso o posibilidad real de participación,
utilización y beneficio derivado de las oportunidades que provienen de la familia y de
la sociedad.
Acoso Sexual: define el hecho de quien en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose
de su superioridad en autoridad o poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar
o económica, acose, persiga, hostigue y asedie física o verbalmente, con fines
sexuales, generalmente a una mujer afectando su integridad corporal y por tanto su
dignidad humana.
Actos de lujuria: tocamientos sexuales sin acceso carnal, incluidos los manoseos
lascivos, los frotamientos, tales como la masturbación y otras conductas análogas,
que una persona generalmente hombre realiza en contra de una menor, adolescente
o mujer.
Ámbito Privado: constituye el espacio y las acciones que están vinculadas a la
familia y lo doméstico, donde las mujeres tienen la mayor responsabilidad, que no es
valorada en todas sus dimensiones por la sociedad.
Ámbito Público: espacio y acciones relacionadas con la producción y la política, donde
se definen las estructuras económico-sociales de la sociedad y que constituyen el
espacio tradicionalmente masculino.
Análisis de Género: estudia las relaciones entre mujeres y hombres (relaciones de
género), así como las diferencias y disparidades en el acceso y control sobre recursos,
decisiones, oportunidades, retribuciones y todos los aspectos del poder.
El género es un elemento central en las construcciones sociales de dominación.
182
Androcentrismo: organización de la sociedad, sus estructuras económicas y socioculturales,
a partir de la imagen del hombre como parámetro o modelo de lo humano
y el único observador válido de cuanto sucede en el mundo, el único capaz de dictar
leyes, de imponer la justicia y de gobernar.
Según la visión androcéntrica es precisamente esta mitad de la humanidad la que
posee la fuerza, domina los medios de comunicación de masas, gobierna la familia y
la sociedad y tiene en sus manos el poder de decisión.
Apertura Comercial: se denomina apertura comercial a la capacidad de un país de
transar bienes y servicios con el resto del mundo, lo cual depende de las barreras
arancelarias y para-arancelarias establecidas por el país. Desde el enfoque de la
economía feminista dicha apertura debe contribuir a disminuir la pobreza extrema y
las desigualdades sociales, incluidas las desigualdades de género. Por lo tanto no solo
interesa conocer cifras desagregadas por sexo que demuestren los roles que
desempeñan hombres y mujeres en las cadenas de valor,
Auditoría Social de Género: denominada como “auditoria participativa de género”, es
una herramienta que examina los aciertos y las deficiencias de la incorporación de la
perspectiva de género en las prácticas y procedimientos de trabajo de una
organización, sea ésta pública o privada. Por su carácter participativo, refuerza las
capacidades organizacionales de evaluación y aprendizaje de la propia experiencia,
al tiempo que contribuye a la consolidación de equipos, el intercambio de información
y el aumento de la conciencia y la sensibilidad de género entre los miembros de una
organización.
Autoestima: experiencia de fidelidad a una misma, amor a si misma o amor propio,
es el respeto a una misma, la capacidad de recabar todo lo bueno y de cuidar de
forma vital el propio Yo en su integridad, desde el cuerpo hasta las emociones como
ser y como mujer en el mundo. Está conformada por los pensamientos,
conocimientos, intuiciones, dudas, invenciones y creencias acerca de una misma pero
también por las interpretaciones que elaboramos sobre lo que nos sucede, lo que nos
pasa y lo que hacemos que suceda.
El concepto de autoestima está estrechamente ligado al de empoderamiento en la
medida en que se trata del proceso de toma de conciencia de género, su consecuente
toma de posición con respecto al poder ejercido por las sociedades patriarcales y el
accionar personal y colectivo de las mujeres.
Cargos de designación: funciones públicas cuyos/as titulares son nombrados/as
mediante procedimientos directos, establecidos en la Constitución de la República,
leyes o normativas para un cargo u objetivo determinado; actualmente no existe una
cuota en este tipo de designaciones, aunque es una demanda de las mujeres de los
partidos políticos y los movimientos feminista y de mujeres.
183
Cargos de elección popular: funciones públicas cuyos titulares son determinados por
la población mediante una elección directa en los procesos electorales. La Ley de
Igualdad de Oportunidades para la Mujer y la Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas establecen una cuota mínima del 30% de participación política de las
mujeres en las planillas de elecciones primarias, con incremento paulatino hasta
llegar a la paridad.
Ciudadanía Plena de las Mujeres: se refiere al ejercicio efectivo de los derechos de
las mujeres; tanto en ámbito privado como en el público.
En el ámbito privado, las mujeres no pueden ejercer una ciudadanía plena si en sus
relaciones de pareja y al interior de sus familias no gozan de capacidad para tomar
decisiones libres sobre su vida. En el ámbito público, se materializa en su
participación, capacidad de propuesta y construcción de nuevos derechos, a la vez
que exige condiciones y recursos para ejercer los históricamente logrados.
Se trata entonces de una ciudadanía que comienza en el hogar y determina la
participación activa de las mujeres en todas las dimensiones de sus vidas.
Esta ciudadanía activa se expresa en lo individual como participación y en lo social
como responsabilidad, solidaridad, cooperación en la esfera pública-social y en el
ámbito político como exigencia, fiscalización y rendición de cuentas, así como
propuestas de intervención, creación de leyes y de políticas públicas que beneficien a
la comunidad.
Comercio Justo: se basa en la justicia social, calidad de producto y el cuidado de la
naturaleza, fomenta una vinculación directa y de largo plazo entre las personas
productoras y consumidoras y contribuye a la construcción de un modelo de
desarrollo sustentable y solidario. En el comercio justo, las personas productoras
obtienen un ingreso digno y estable que impulsa sus propios procesos de desarrollo
económico, social y cultural. Por otro lado, las consumidoras reciben un producto de
calidad certificada, elaborado con respeto a la salud y cuidado a la naturaleza.
Conciliación: Medio alternativo de resolución de conflictos legales, mediante el cual
las partes resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio. En el ámbito de
la violencia de género, puesto que se trata de la integridad física, sicológica, sexual y
patrimonial, desde el enfoque de Protección Integral de los Derechos Humanos de las
Mujeres es inaceptable.
Conciliación entre la vida laboral y familiar: es una de las dimensiones de las
políticas del cuidado que a la vez hacen parte de las Políticas de Igualdad de Género.
Al respecto circulan muchos prejuicios culturales e incluso mitos en torno a los costos
de las políticas conciliatorias, cuando en realidad es todo lo contrario; tal como se ha
visto en los países desarrollados, la adopción de políticas conciliatorias aporta a la
productividad de las empresas, al sostenimiento y ampliación de las capacidades
productivas y a generar trabajo decente, de manera particular para las mujeres.
184
Según la OIT, la falta de políticas conciliatorias tienen consecuencia negativas que
van más allá de situaciones individuales porque generan costos sociales y amenazan
el rendimiento de la economía del país en tres dimensiones: a nivel macroeconómico,
a nivel de las unidades productivas y en la calidad de vida de las personas y sus
familias.
En este contexto, la participación del sector privado es fundamental para la
implementación de políticas laborales y de conciliación laboral-familiar que den
cumplimiento a la normativa vigente sobre Derechos Humanos y Laborales de las
mujeres trabajadoras y sus familias.
Consejerías de Familia: dependencias de la Secretaría de Salud que contribuyen a la
reeducación del agresor y a la elevación de la autoestima de la mujer en los casos de
Violencia Doméstica.
Convención: expresión formal de voluntad entre los Estados en el macro del Derecho
Internacional, mediante la cual se establecen obligaciones jurídicas que tienen
carácter vinculante, es decir, pueden exigirse jurídicamente y una vez ratificados
forman parte del Derecho Interno.
Cuentas Nacionales: son un registro contable de las transacciones realizadas por los
distintos sectores de la economía, en el cual se brinda una perspectiva global del
sistema económico y se registran datos macroeconómicos claves, como el Producto
Interno Bruto del país.
De acuerdo con la economía feminista, el funcionamiento de la economía incluye tres
niveles: micro, meso y macro; en los que existe un sesgo de género implícito. Nos
aporta la visión que los niveles meso y macro de la reforma económica tienen una
orientación masculina que perpetúa las relaciones discriminatorias entre hombres y
mujeres. La economía feminista por ello, plantea la importancia de analizar las
instituciones sociales, las relaciones monetarias, el funcionamiento de los mercados,
las empresas y las dependencias de Gobierno como no neutrales, sino más bien como
portadoras de género, puesto que están permeadas en toda su estructura
institucional de múltiples sesgos discriminatorios.
En este sentido, las cuentas nacionales tienen un sesgo de género y no incluyen, ni
valoran el trabajo no remunerado de las mujeres tanto en el ámbito doméstico como
privado.
Cultura no Discriminatoria: conjunto formas y expresiones de una sociedad
determinada, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas de comportamiento y
sistemas de creencias, que tienen por objeto garantizar la igualdad de trato entre las
personas, cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza, origen étnico, religión,
discapacidad, edad u orientación sexual.
185
Cuota de Participación Política: mecanismo de la democracia, que alude al derecho
que tienen hombres y mujeres de participar en igualdad de condiciones en la vida
pública. Supone entonces un derecho político de todas las personas ante la Ley, tal
como lo establece la Constitución. En el caso de Honduras, la Ley de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas,
establecen una cuota mínima del 30% de participación política de las mujeres en las
planillas de elecciones primarias, con incremento paulatino hasta llegar a la paridad.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: instrumento que define el conjunto
de objetivos estratégicos y las medidas que deben adoptar los gobiernos, la
comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado
para eliminar los obstáculos para el adelanto de la mujer. Fue aprobado en 1995 en
el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, en la ciudad de Beijing.
Derecho a la Paridad: para poder hablar de una democracia plena no sólo han de
cumplirse los criterios de voto individualizado, diversidad de partidos y periodos
electorales, sino corregir también las fallas de la representatividad. De ahí que el
feminismo entiende la paridad como un derecho que asegura la representatividad
proporcional de los sexos, garantizando el derecho civil de las mujeres a ser electas y
también a representar políticamente a la ciudadanía. No es una concesión a la
representatividad de las mujeres que dependa del voluntarismo de los partidos
políticos, es un derecho que no puede ser alterado dependiendo de las circunstancias
políticas, exactamente igual que el derecho al voto y por ello debe ser registrado
como un derecho constitucional de las mujeres. Sin embargo, podemos constatar la
resistencia a la admisión de este derecho, cuando sólo unos partidos suscriben las
cuotas de representación de las mujeres y otros las niegan formalmente. Estamos
aún lejos de un Pacto de Estado en torno a los derechos de las mujeres. (Alicia
Miyares: 2010)
Derechos de las Mujeres: el concepto de “los Derechos de las Mujeres como Derechos
Humanos” es actualmente aceptado después de una muy larga y compleja historia
que se remonta al siglo XIX. En efecto, según Alda Facio, al menos seis conceptos
tuvieron que establecerse antes de que los derechos humanos internacionales de las
mujeres pudieran ser reconocidos.
Durante este proceso, fue necesario develar el sesgo androcéntrico en la teoría y
práctica de los derechos humanos internacionales. Esto se produjo hacia finales de
los años ochenta, cuando las pensadoras feministas iniciaron su crítica del
paradigma de los derechos humanos. “Esta crítica no sólo develó que el modelo de lo
humano era un hombre, blanco, occidental, padre de familia, adinerado,
heterosexual, sin discapacidades visibles, etc. sino que borró la distinción artificial
entre las esferas pública y privada”. Esta crítica al sesgo androcéntrico en los
derechos humanos, también llevó a las feministas a proponer uno más inclusivo,
186
género sensitivo, que incluyera mujeres de todos los colores, edades, capacidades,
regiones, y prácticas sexuales, religiosas y culturales.
Es importante destacar el proceso de construcción de los derechos humanos de las
mujeres como un fenómeno dinámico en el que intervienen factores tales como la
creciente fuerza de movilización de las mujeres, los aportes teóricos, metodológicos y
políticos del feminismo a nivel internacional desde la década de los sesentas y los
avances logrados por los movimientos de mujeres en el campo de las Naciones
Unidas y su concreción en instrumentos internacionales. Todos estos significativos
esfuerzos se cristalizaron en 1975, declarado por la ONU como el Año Internacional
de la Mujer, y posteriormente en las Conferencias Internacionales de la época de los
noventas: sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), Derechos Humanos (1993),
Población y Desarrollo (1994), de la Mujer (Beijing 1995), Desarrollo Social (1995),
Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000).
Derechos Civiles y Políticos: Aquellos regidos por el principio de la libertad, llamados
también "derechos de primera generación", que comenzaron a ser exigidos en el siglo
XVI. Incluyen el derecho a la vida y la integridad física, a pensar y expresarse
libremente, a participar del Gobierno del propio país, a no ser detenido sin un motivo
legal, a ser juzgado con garantías de imparcialidad y a tener propiedad, entre otros.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: se refieren a la existencia de
condiciones de vida y acceso, uso y control de los bienes materiales (propiedad,
tierra, medios de producción, tecnología, información, y capacitación) y culturales en
términos adecuados a la dignidad inherente a la persona humana y a sus pueblos o
nacionalidades.
Durante la última década, los derechos económicos, sociales y culturales de las
mujeres fueron atrayendo cada vez más la atención de la Comunidad Internacional.
El mayor reconocimiento del aporte esencial de las mujeres a la economía global, por
medio de su trabajo productivo y reproductivo, así como del reconocimiento de su
continua marginalización social, incluyendo nuevas tendencias en la vida social y
cultural que buscan limitar el acceso de la mujer a los procesos de decisión política
pública, han llevado la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales de
las mujeres a la primera plana. Después de que fueran considerados temas
meramente periféricos en la agenda de derechos humanos, la de los derechos de las
mujeres (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y su indivisibilidad
resulta hoy más clara que nunca, siendo que este reconocimiento implica que para
que las mujeres accedan a todos sus derechos humanos es esencial que se cumplan
sus derechos económicos, sociales y culturales.
187
Derechos Sexuales y Reproductivos: es el reconocimiento del derecho básico de todas
las parejas y personas a decidir libre y responsablemente el número, el
espaciamiento y el intervalo entre sus hijos e hijas, a disponer de la información y los
medios para hacerlo, a alcanzar el más alto nivel de satisfacción sexual y salud
reproductiva, así como tomar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir
discriminación, coacciones ni violencia.
Descentralización: se refiere al proceso de traslado/transferencia de competencias y
por tanto de la toma de decisiones en los gobiernos regionales y locales más cerca de
los o ciudadanos.
Puede consistir en la descentralización política, que otorga a los ciudadanos o a sus
representantes electos mayor poder en la elaboración de decisiones públicas; la
descentralización administrativa, que redistribuye la autoridad, la responsabilidad y
los recursos financieros para el suministro de los servicios públicos en los diferentes
niveles de gobierno; y la descentralización fiscal, que permite a los gobiernos locales
recaudar ingresos y les concede la autoridad para tomar decisiones sobre los gastos.
Desarrollo Local con Enfoque de Género: comprende procesos de cambios políticos,
institucionales, sociales y culturales que, de una u otra manera, permiten la
apertura de espacios y medios de participación para la sociedad local, con las
mujeres como protagonistas. Para ello, habrá que comenzar por reconocer, valorar y
potenciar los papeles que éstas desempeñan en cada contexto específico y sus aportes
al desarrollo, así como superar las limitaciones de la división de los roles sexuales y
de género, la exclusión y subordinación que las afecta.
Parte fundamental en este proceso, es el acceso de las mujeres a los espacios de
decisión en los gobiernos locales y el reconocimiento y promoción de su participación
y sus derechos. (INMUJERES: 2009)
Desigualdad de Género: es la que se produce entre hombres y mujeres y las
diferentes oportunidades que tienen ante sí, atraviesa todas las clases sociales y se
agrava en las menos favorecidas económicamente y en los países subdesarrollados.
La razón es clara: en estos casos, la mujer se ve sometida a condiciones de vida de
menor calidad, situación que es reforzada por la desigualdad de oportunidades ante
el sexo masculino.
Discriminación contra la Mujer: denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar y anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales en las esferas civil, política, económica, social, cultural o en cualquier
otra esfera sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer.
188
División Sexual del Trabajo: es la forma en que se divide el trabajo entre los hombres
y las mujeres de acuerdo con sus roles de género, lo cual no involucra el trabajo
remunerado solamente, sino en general el trabajo, las tareas y las responsabilidades
que son asignadas a las mujeres y los hombres en su vida cotidiana y las cuales
pueden determinar ciertos patrones en el mercado de trabajo y tiene una relación
directa con lo que cada sociedad percibe como adecuado para ambos sexos; al hombre
se le ha asignado el rol de “proveedor” de la familia y a la mujer el de “reproductora”,
responsable del hogar y la crianza de los hijos e hijas.
El mercado de trabajo, la educación y la formación profesional, está fuertemente
segregado por géneros, con diferencias entre regiones y culturas, en las cuales los
hombres dominan ciertos sectores y ocupaciones y las mujeres otros. Este fenómeno
se denomina ‘segregación ocupacional’ y comúnmente se divide en una dimensión
horizontal y otra vertical.
En el contexto de género, la segregación horizontal se refiere al grado en que los
hombres y las mujeres se encuentran en diferentes sectores ocupacionales, en
general las mujeres están altamente concentradas en los sectores que requieren
menos habilidades, que brindan pocas oportunidades para el adelanto profesional y
que están relacionadas con el cuidado de personas, los cuales a menudo coinciden
también con los menos remunerados. Por otra parte, la segregación vertical se
refiere al grado en que los hombres y las mujeres ocupan diferentes posiciones
jerárquicas dentro del mismo sector ocupacional, las mujeres tienden a ocupar los
menores rangos de la escala jerárquica y consecuentemente reciben los salarios más
bajos (UNIFEM-ITC/OIT-UE: 2009)
Empoderamiento: el término ha sido acuñado por los movimientos feministas y de
mujeres para describir el proceso de toma de conciencia de género, así como para la
toma de posición con respecto al poder en sociedades patriarcales y el accionar
personal y colectivo que les conduzca a diseñar formas alternativas para su ejercicio.
También puede entenderse como el “proceso que experimentan individual y
colectivamente los seres humanos que sufren la discriminación, entre ellos las
mujeres, en el cual adquieren valoración de sí mismas, conocimientos, destrezas y
habilidades que les permiten, gradualmente, decidir su propio destino...”
Enfermedades Crónicas: son enfermedades de larga duración y progresión lenta
como cardiopatías, accidentes cerebro vasculares, cáncer, enfermedades respiratorias
crónicas y diabetes, son por mucho la principal causa de mortalidad en el mundo
representando el 60% de las muertes. De los 35 millones de personas que murieron
de enfermedad crónica en 2005, la mitad eran menores de 70 años y la mitad de ellas
fueron mujeres.
Enfermedades Degenerativas: las enfermedades degenerativas son enfermedades no
infecciosas que se caracterizan por una discapacidad progresiva. A menudo los
pacientes pueden vivir durante años con estas enfermedades y aunque pueden no
morir a causa de enfermedades degenerativas, los síntomas por lo general
189
aumentan, produciendo discapacidades y las personas que la padecen sucumben a
las complicaciones de sus trastornos.
Enfermedades Catastróficas: son enfermedades cuyo tratamiento implica un
desembolso monetario importante y que excede algún umbral considerado normal.
Estos padecimientos, generalmente, impactan con fuerza en el presupuesto familiar
y, eventualmente, dejan a las familias en un estado de insolvencia financiera
temporal o definitiva.
Enfoque de Género: Es la forma de observar y analizar la realidad con base en las
variables sexo y género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, étnicocultural
e histórico determinado, permite visualizar y reconocer la existencia de
relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres expresadas en
opresión, injusticia, subordinación y discriminación mayoritariamente hacia las
mujeres.
Podría homologarse con los términos análisis o perspectiva de género, debido a que
se define como el enfoque o contenido conceptual para analizar la realidad y
fenómenos diversos, evaluar las políticas, la legislación y el ejercicio de derechos,
diseñar estrategias y acciones orientadas a superar las brechas de discriminación
contra las mujeres.
Ente Rector y Normador: institución facultada para regular, dictar normas y brindar
asistencia técnica que contribuyan a la coordinación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas para garantizar la promoción, protección y
reparación de derechos. En el caso de Honduras, el Instituto Nacional de la Mujer es
el ente rector y normador de las políticas públicas de género.
Equidad de Género: se refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en relación al
trato de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. “Es dar a cada cual
lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características especificas de cada
persona o grupo y el reconocimiento de la diversidad” sin que esto implique razones
para discriminar.
Estereotipos de Género: son formas de ubicar a las personas bajo una lista de
características de acuerdo con su raza, sexo, orientación sexual, procedencia, edad.
Se refieren también a estereotipos sexuales y reflejan las creencias y los patrones
culturales sobre las actividades, roles, rasgos, características o atribuciones que
distinguen a los hombres de las mujeres.
Etnia: proviene del vocablo griego que significa pueblo. Se trata de una comunidad
humana que puede ser definida por la afinidad cultural, lingüística o racial, sus
integrantes se identifican entre si ya que comparten una ascendencia común y
diversos lazos históricos, reclaman un territorio propio y una estructura política a fin
con sus necesidades sociales. Más allá de la historia compartida los miembros
190
mantienen en el presente prácticas culturales y comportamientos sociales similares.
Explotación Sexual Comercial: es la utilización de niños, niñas, adolescentes y
mujeres para la satisfacción sexual de personas a cambio de una remuneración en
dinero o en especie, constituye una forma de coacción y violencia contra las mujeres,
se cataloga como una forma contemporánea de esclavitud y una de las peores
violaciones a los Derechos Humanos. Incluye la prostitución, la pornografía y el
tráfico con fines de lucro.
Femicidio: muerte violenta de una mujer por razones asociadas a su género y por el
deseo de los hombres de obtener poder, dominación y control. Alude a un término
sociológico nuevo, que implica el reconocimiento jurídico, formal de la “muerte de
una mujer” ya que el término “Homicidio” alude a la “muerte de un hombre”.
Sin embargo, la clasificación de femicidio va más allá de la simple mención de un
vocablo o neologismo, ya que esta muerte en particular conlleva ciertas
particularidades, ya que no es una muerte de tipo contingencial. Un elemento
característico del mismo, es la intencionalidad y el ensañamiento (mutilación,
desmembramiento del cuerpo etc.), utilización de múltiples medios causantes de la
muerte, la significación política de los asesinatos (mensajes dejados sobre el cuerpo)
las masacres (asesinatos de la mujer y sus hijos menores) en general y la crueldad
deliberada sobre el cuerpo de la mujer.
Feminismo: movimiento social y político plural y diverso que tiene sus orígenes a
final del Siglo XVIII, momento en que las mujeres como colectivo levantan la voz y
exigen sus derechos contra la dominación y explotación de que han sido objeto en la
sociedad patriarcal, luchando por la igualdad entre hombres y mujeres como una
“necesidad de cambiar la condición de subordinación de la mujer, como requisito
para el desarrollo pleno de sus potencialidades”. El feminismo cuestiona las
relaciones entre la sexualidad (como género) y el poder social, económico y político.
No todas las mujeres adoptan el feminismo como una filosofía de vida, por el
contrario aceptan el rol social de subordinación total y lo reconocen como una
realidad socio-cultural que no debería ser censurada; así mismo, hay hombres que
son feministas debido a que apoyan la lucha por el reconocimiento de las mujeres y el
ejercicio de sus derechos El feminismo comenzó a ser visible a partir del siglo XX,
producto de lo cual se han producido diversos avances como el derecho al sufragio, a
solicitar el divorcio y a acceder y contar con condiciones de empleo igualitarias.
191
Feminización de la Pobreza: Es una categoría de análisis que se refiere a una
desproporcionada representación de las mujeres entre los pobres, con respecto a los
hombres.
“La pobreza suele ser más generalizada en las mujeres, entre otras consideraciones,
debido a su mayor peso poblacional y a la relación de desventaja respecto a los
hombres, producto de condiciones estructurales que poco han variado” (ERP:2008).
Existe la afirmación de que “la pobreza tiene rostro de mujer”, lo cual se evidencia en
la situación que enfrentan las mujeres pobres, quienes continúan incorporándose en
condiciones de desventaja al mercado laboral, la mayoría de las veces en trabajos
precarios, así mismo su capacidad para acceder a créditos o recursos es limitada,
dada la falta de inversión en desarrollo humano destinado al sector femenino. Dicha
situación se agudiza cuando la mujer es jefa de hogar, peor aún si es perteneciente a
una población étnica o si su hábitat es rural y subsiste de la agricultura.
Género: el término “Género” se refiere a la variedad de funciones y relaciones
socialmente construidas, rasgos de la personalidad, actitudes, comportamientos,
valores, poder relativo e influencia atribuidos a mujeres y hombres por razón de su
sexo. Dicho término puede parecer complejo, ya que tiene en cuenta una amplia
gama de factores sociales y culturales que pueden variar en el tiempo y el espacio.
La distinción entre “género” y “sexo” puede ayudarnos a llegar a una definición más
clara del término. Por una parte, el “sexo” se refiere a las características biológicas y
anatómicas genéticamente determinadas de mujeres y hombres, las cuales se
manifiestan en sus distintas funciones con respecto a la reproducción biológica. Por
otra parte, el “género” se refiere a las funciones y responsabilidades socialmente
determinadas que se atribuyen a mujeres y hombres en un determinado contexto
social y cultural, en virtud de sus características biológicas. Mientras que las
diferencias de sexo están determinadas desde antes del nacimiento y no pueden
modificarse por influencias ambientales o culturales, el género es una identidad
adquirida que se aprende y que, por tanto, cambia con el paso del tiempo, dentro y a
través de las culturas. (UNIFEM- ITC/OIT-UE: 2009).
Gestión Integral de Riesgos con Enfoque de Género: es un enfoque estructurado para
manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de
actividades que incluyen: evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para
manejarlo y su mitigación utilizando recursos gerenciales.
Implica incorporar plenamente a las mujeres a nivel local en proyectos o iniciativas
de mitigación de amenazas y evaluación de la vulnerabilidad, asegurándose que se
beneficien de programas de apoyo a ingresos y de la recuperación económica.
Gestión por Resultados: es un instrumento gerencial utilizado por el Estado y los
organismos internacionales para mejorar la gestión pública, enfatizando en la
necesidad de vincular el financiamiento de programas y proyectos y la ejecución de
los presupuestos nacionales, con el desempeño hacia el logro de resultados o metas,
previamente determinados; lo cual debe traducirse en mejoras sustanciales en los
192
índices de costo-beneficio y costo –efectividad de programas e intervenciones de
interés público en general.
La gestión por resultados propone la administración de los recursos públicos
centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en un Plan de
Gobierno, en un período de tiempo determinado. De esta forma, permite gestionar y
evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas
públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.
Por otra parte, permite la rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el destino e
impacto de escasos recursos públicos, permitiendo la retroalimentado para la toma
de decisiones.
Grupos Etáreos: Clasificación de la población en grupos de edad.
Igualdad y Equidad de Género: la igualdad es el disfrute pleno de iguales derechos y
oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres, aplicando medidas de acción
positiva a favor de las mujeres, dadas las particulares circunstancias de
discriminación y exclusión que han vivido a lo largo de sus vidas. La igualdad de
género se refiere a que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en el
punto de partida.
La equidad de género subraya la relevancia de la igualdad de resultados; llama la
atención sobre la importancia del tratamiento diferencial necesario para poner fin a
las inequidades y promover la autonomía de las mujeres como condición
indispensable para lograr la Igualdad y Equidad de Género.
La consagración de la igualdad real o sustancial, es un avance que modifica la
esencia y concepción del Estado, vence y supera los obstáculos y límites del principio
de igualdad establecidos en las leyes o normas.
Impunidad: se entiende a la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad
penal por parte de los autores a violaciones de los Derechos Humanos de las mujeres;
así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a
toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y en caso de
ser conocidos los culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización
del daño causado a sus victimas.
Indicadores de Género: tienen la función especial de señalar los cambios sociales en
términos de relaciones de género a lo largo del tiempo. Existen diversos tipos de
indicadores de género que permiten obtener información sobre la situación relativa a
las brechas, procesos, impactos y cambios producidos entre mujeres y hombres en
distintos momentos. Su objetivo es comprobar el cumplimiento de los compromisos
en materia de Derechos Humanos de las Mujeres asumidos en el ámbito regional,
nacional o supranacional.
En política pública, los indicadores de género se deben incluir en la planificación y
presupuestación pública, haciendo parte del sistema de seguimiento y monitoreo.
La construcción de indicadores no es una tarea simple ni estrictamente estadística,
como suele pensarse. Supone en primera instancia, encontrar un modelo teórico
193
sobre las relaciones de género que identifique las áreas más significativas en la
producción y reproducción de las desigualdades de género.
Índice de Desarrollo Humano (IDH): es un indicador estadístico elaborado por el
PNUD, compuesto por los parámetros de: Vida larga y saludable (Índice de
Esperanza de Vida al Nacer), Educación (tasa bruta combinada de matriculación en
educación primaria, secundaria y superior y los años de duración de la educación
obligatoria), y Nivel de vida digno (PIB per cápita PPA en dólares).
Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG): representa el análisis de
género del IDH, el cual mide las desigualdades sociales y económicas entre hombres
y mujeres, basándose en los parámetros de: Vida larga y saludable (Esperanza de
vida al nacer de cada sexo), Educación (Tasa de alfabetización de adultos y tasa
bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior y
los años de duración de la educación obligatoria) y nivel de vida digno( Medido por
las estimación de ingresos percibidos por sexo). Al igual que el IDH es elaborado por
el PNUD.
Índice de Potenciación de Género (IPG): es un indicador estadístico elaborado por el
PNUD, que mide el nivel de oportunidades de las mujeres y las desigualdades que
enfrentan, en tres dimensiones específicas: participación política y poder de decisión,
participación económica y poder de decisión, y control sobre los recursos económicos.
Institucionalización de Género: debe ser entendida como un proceso mediante el cual
se crean instituciones, es decir, pautas, normas, costumbres y usos que se hacen
habituales y sistemáticos en el quehacer estatal. Sus propósitos son variados pero
todos tienen en común el querer asentar la presencia de la mujer en el aparato del
Estado, con el fin de favorecer la equidad de género y para esto trabajar en la
superación de las brechas existentes entre hombres y mujeres.
Significa integrar y reconocer en la agenda pública del Estado la existencia del
sistema de jerarquía entre los sexos, en las relaciones y la dinámica social, como un
asunto central en las relaciones de poder.
Interculturalidad: reconocimiento de la diversidad del origen de las distintas
culturas, pueblos y/o nacionalidades con su entorno, a fin de garantizar ya no la
supervivencia, sino la convivencia armónica, mediante la reproducción de la vida
personal y comunitaria en el marco del respeto mutuo. Es además el diálogo
necesario para construir espacios que generen inclusión social.
Invisibilización de las Mujeres: es el desconocimiento y la desvalorización del trabajo
de las mujeres, sea remunerado o no, tanto en el ámbito público o privado.
194
Las formas a través de las cuales se invisibiliza a las mujeres es la omisión de sus
aportes en la historia, la cultura, la economía y el desarrollo de la sociedad, lo que ha
constituido la base de la cultura patriarcal, que tiende a perpetuar la desvalorización
e invisibilización de las mujeres y como consecuencia la violación de sus derechos
humanos, ya que al desconocer su presencia y aportes se ignoran también sus
necesidades. Esto se refleja, entre otras cosas, en la carencia de generación de
estadísticas desagregadas principalmente por sexo, edad, etnia y ubicación
geográfica.
Machismo: fenómeno cultural discriminatorio que exalta los valores masculinos, la
hombría, virilidad y poder de los hombres, expresado con violencia, fuerza y ante
todo, actitudes de superioridad y dominio sobre las mujeres.
Mecanismo de Igualdad Género / Mecanismos para el Adelanto de la Mujer: son las
instancias del Estado orientadas a fomentar el diseño, la aplicación, ejecución y
vigilancia de políticas públicas que promuevan el adelanto de las mujeres como parte
integrante del desarrollo económico, político, social y cultural general. (Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing)
Medidas Cautelares: medida jurídica orientada a garantizar el cumplimiento de las
responsabilidades familiares del agresor en los casos de violencia doméstica.
Desigualdades de género en el mercado laboral: la existencia de un orden de género
es la base de la división sexual del trabajo, enfatiza el rol doméstico de las mujeres y
limita su acceso al mercado laboral o a la generación de mejores ingresos.
En el mercado laboral, el trabajo de las mujeres produce lo mismo que el de los
hombres por menos pago; el trabajo de las mujeres se concentra en ramas de
actividad y categorías ocupacionales ligadas al rol doméstico que se atribuye a las
mujeres, lo que produce como resultado una segmentación del mercado laboral que
las discrimina a través de: menores salarios, mayor vulnerabilidad al desempleo,
condiciones precarias de trabajo y falta de provisión de servicios de cuidado.
El trabajo no remunerado constituye un soporte de la reproducción social y es
mayoritariamente llevado a cabo por las mujeres, a través de lo que actualmente se
conoce cómo el trabajo del cuidado.
Morbilidad: cualquier desviación, subjetiva u objetiva de un estado de bienestar
fisiológico o psicológico; en este sentido "malestar", "enfermedad" y "condición
mórbida" pueden considerarse como sinónimos. El Comité de Expertos en Estadística
Sanitaria de la OMS señala que la morbilidad puede medirse de tres formas: 1.-
proporción de personas enfermas; 2.- enfermedades (períodos o brotes de
enfermedad) experimentadas por esas personas; 3.- duración (días, semanas, etc.) de
la enfermedad.
195
Mortalidad Materna: es un término estadístico que describe la muerte de una mujer
durante o poco después de un embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su
terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o
puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”. Por lo general se hace una
distinción entre «muerte materna directa» que es resultado de una complicación del
propio embarazo, parto o su manejo, y una «causa de muerte indirecta» que es una
muerte asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud preexistente
o de reciente aparición. Otras defunciones ocurridas durante el embarazo y
no relacionadas al mismo se denominan accidentales, incidentales o no-obstétricas.
Movimiento Feminista / Movimiento de Mujeres: es un movimiento social organizado
que aboga por la igualdad de derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres.
Está integrado por un conjunto diverso de movimientos y organizaciones sociales que
tienen una larga historia de lucha reivindicativa de las demandas de las mujeres, de
sus planteamientos teóricos y políticos orientados a un cambio profundo que asegure
la equidad y la igualdad. Es un movimiento global que incide en la arena
internacional de las Naciones Unidas desde mediados del siglo XX y que aporta
desde la teoría feminista a la construcción de los Derechos Humanos de las Mujeres.
Necesidades Prácticas de las Mujeres: son aquellas necesidades que comparten con
la familia y se dirigen a modificar la situación o calidad de vida de las mujeres a
partir de sus requerimientos inmediatos en un contexto especifico y con frecuencia
en relación a su rol reproductivo (acceso al agua, servicios sanitarios, educación,
salud, vivienda, etc.); son de corto plazo y su satisfacción no altera los roles y las
relaciones tradicionales entre hombres y mujeres. No modifican su posición (estatus)
en la sociedad, de ahí que muchas políticas, programas y proyectos que se limitaron
a estas necesidades no han contribuido al logro de la igualdad y equidad de género.
Necesidades Estratégicas de las Mujeres: son todas aquellas que tienden a lograr un
cambio en la posición o estatus social, en la división genérica del trabajo y en las
relaciones entre los géneros, así como a facilitar su acceso a las oportunidades de
empleo, capacitación, tenencia de la tierra y toma de decisiones. Están relacionadas
con su posición de desventaja en la sociedad, son de largo plazo y consisten en
igualar con equidad la posición de hombres y mujeres en la sociedad. Una política de
genero debe tomar en cuenta las necesidades practicas y estratégicas de las mujeres
a fin de lograr la igualdad y equidad entre los géneros
196
Oficina Municipal de la Mujer: mecanismo pro igualdad de género a nivel local
dentro de la estructura organizativa de la Municipalidad, está integrada por
diferentes instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociedad civil
representadas en el espacio local, con el fin de desarrollar las acciones que contempla
la Política Nacional de la Mujer, II PIEGH para contribuir al ejercicio real de los
Derechos Humanos de las mujeres en el municipio.
Participación Política de las Mujeres: incluye la participación en organizaciones y
movimientos sociales y políticos, así como otras actividades tendientes a incidir en la
gestión del Estado o en las relaciones de poder entre los distintos grupos de la
sociedad.
Participación Social de las Mujeres: implica la organización, intervención y
movilización de la sociedad civil para la construcción de agendas, demandas,
denuncias, exigibilidad y vigilancia ciudadana de las políticas públicas para la
igualdad de género.
Patrimonio Cultural: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que mas
allá de las artes y de las letras engloba los modos de vida, los derechos
fundamentales del ser humano, sistemas de valores, las tradiciones y las creencias
(UNESCO:1982)
Patriarcado: la antropología ha definido el patriarcado como un sistema de
organización social en el que los puestos clave de poder (político, económico, religioso
y militar) se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en manos de varones.
Planificación con Enfoque de Género: Enfoque activo de la planificación en el que se
toman en cuenta, como variable o criterio clave, las diferencias entre mujeres y
hombres, y que procura incorporar explícitamente en políticas y acciones todo lo
relativo a esas diferencias, con el fin de emancipar a la mujer de su subordinación y
llevarla a alcanzar la igualdad, la equidad y el empoderamiento como una meta a
largo plazo. Por ello se hace necesario desagregar las unidades conceptuales como la
comunidad, el hogar o la familia y analizar las relaciones, la distribución y el control
de los recursos en su interior, así como las diferentes necesidades de género.
La planificación, desde esta perspectiva, reconoce e impugna la desigualdad e
incluye actividades para atender las necesidades materiales de las mujeres pero,
además, sus intereses estratégicos. (Moser: 1995).
197
Política Pública con Enfoque de Género: es un conjunto de acciones sistemáticas en
el marco de un objetivo común, generalmente concertado con los diversos actores
sociales e institucionales, orientadas a redistribuir las oportunidades de integración
social, partiendo de las necesidades prácticas e intereses estratégicos diferenciados
de mujeres y hombres, las cuales institucionalizan procedimientos operativos,
servicios de atención en la acción regular del Estado y asignación de recursos, en un
periodo determinado.
Presupuesto con Enfoque de Género: es un instrumento de planificación e inversión
pública, que incorpora la perspectiva de género desde el diseño, desarrollo, adopción
y ejecución, a fin de promover una distribución de los recursos igualitaria, efectiva y
apropiada a alcanzar una equidad de género (Plataforma de Acción de Beijing: 1995)
Los presupuestos con enfoque de género son una herramienta para evaluar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los gobiernos en materia de
Derechos Humanos de la Mujer, a través de la planificación de políticas públicas y la
asignación de recursos, así como el uso efectivo de los mismos, mejorando la gestión,
fortaleciendo los principios de transparencia, equidad, rendición de cuentas y
gobernabilidad democrática.
Son una manera de asegurar que no existe discriminación, directa o indirecta de las
mujeres en las políticas que afectan a la recaudación y gasto gubernamental y que
los recursos adecuados son señalados y están disponibles para implementar la
legislación que promueve la igualdad de género y para cumplir con los derechos
humanos de las mujeres.
Profilaxis post exposición al VIH: es una medida de prevención secundaria dirigida a
evitar el desarrollo de la infección por el VIH tras una exposición accidental al virus
por vía sexual o parenteral, fuera del ámbito sanitario. Significa tomar
medicamentos antirretrovirales (ARVs) lo más pronto posible después de haberse
expuesto al VIH, de manera tal que dicha exposición no resulte en una infección. La
Profilaxis Post Exposición (PEP) debe ser tomada tan pronto como sea posible
después de exposición al VIH pero en todos los casos dentro de 72 horas. El
tratamiento con 2 ó 3 ARVs debe seguir durante 4 semanas si se puede tolerar.
Redes de Mujeres: mecanismo de cooperación y modelo de acción colectiva para
establecer relaciones o articulaciones entre mujeres y grupos de mujeres en busca de
un objetivo común.
Reparación/ Resarcimiento: reparación de daño material, físico o moral, por violación
de derechos, que le corresponde al Estado como titular de deberes y garante de
derechos.
198
Saberes Ancestrales: son tradiciones, expresiones, conocimientos o sabiduría de
personas y pueblos, construidos mediante un proceso continuo de estructuración
social y entramados históricos y condicionados por una realidad concreta,
construyendo la memoria de una cultura.
Los saberes están inmersos en relaciones de poder y dominación que impiden ser
neutrales y permiten la recuperación de los saberes tradicionales, que ofrecen
respuestas, abran caminos y señalen nuevos rumbos a los pueblos.
Salud Sexual y Reproductiva: de acuerdo con las Conferencias Internacionales de las
Naciones Unidas la salud es entendida como un estado pleno de bienestar físico,
mental y social, lo cual significa que las personas tienen derecho al nivel más alto de
salud y al disfrute de los adelantos científicos; de manera particular, la salud
reproductiva incluye tanto la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria
como la de procrear.
La salud sexual y reproductiva debe ser incorporada como parte integral en las
políticas y servicios de salud, y debe contemplar el cumplimiento del derecho a que
tanto las parejas como los individuos puedan gozar su sexualidad sin riesgo de
embarazos no deseados, ni de contraer enfermedades de transmisión sexual y SIDA,
a que puedan decidir libre y responsablemente sobre el número y el espaciamiento
de los hijos e hijas, así como disponer de la información y medios para gozar de todos
estos derechos.
Sexismo: actitud y conducta jerárquica y discriminatoria respecto de una persona
por motivos de su sexo e identidad sexual.
Sexualidad: conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el
sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su
desarrollo.
Seguridad Alimentaria: la definición generalmente aceptada de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación (1996) da mayor fuerza a la índole multidimensional de la
seguridad alimentaria e incluye el acceso (físico y económico), la disponibilidad, el
uso y la estabilidad del suministro de los alimentos, a fin de llevar una vida sana y
saludable.
Las mujeres a menudo asumen una función más destacada para asegurar la
nutrición y la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos y también son con
frecuencia responsables de procesar y preparar los alimentos para sus familias. Las
mujeres tienden a dedicar una parte considerable de sus ingresos en efectivo a los
requerimientos alimentarios de la familia.
Soberanía Alimentaria: es el derecho de los pueblos y los Estados a definir su política
agraria y alimentaria, de las los campesinos a producir alimentos y de los
consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, como y quien lo produce
199
Socialización: proceso mediante el cual las personas pertenecientes a una sociedad o
cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de
percibir la realidad, que las dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse
en la interacción social. Desde el Enfoque de Género la socialización a lo largo de
todo el ciclo de la vida tiene sesgos discriminatorios de género, en la medida en que
los valores culturales y sociales que se transmiten a través de la familia, la iglesia, la
escuela y los medios de comunicación tiendan a perpetuar los roles y tareas
tradicionalmente asignados a las mujeres que van en contra de su discriminación.
Sociedad Civil: conjunto de ciudadanas y ciudadanos organizados para actuar en el
campo de lo público en busca del bien común, sin fines de lucro personal. Los
movimientos feministas y de mujeres hacen parte de la Sociedad Civil organizada.
Trabajo Decente: trabajo productivo, en que se protegen los derechos y genera
ingresos adecuados, con una protección social apropiada. Significa también un
trabajo suficiente, en el sentido de que todos deberían tener pleno acceso a las
oportunidades de obtención de ingresos.
El trabajo decente refleja las preocupaciones tripartas entre gobiernos,
trabajadores/trabajadoras y empleadores/empleadoras y resume las aspiraciones de
las personas en su vida laboral, en relación a oportunidades e ingresos, derechos, voz
y reconocimiento, estabilidad familiar, conciliación entre la vida familiar – laboral,
desarrollo personal, justicia e igualdad de género. Las diversas dimensiones del
trabajo decente son pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad.
Trabajo Productivo: incluye la producción de bienes y servicios para el consumo o
venta (agricultura, pesca, entre otros). Usualmente se refiere al trabajo que genera
ingresos y es el que se ha contabilizado en los censos y estadísticas nacionales.
Trabajo Reproductivo: incluye el cuidado y mantenimiento del hogar o la unidad
doméstica y de sus miembros, así como la gestación y el cuidado de hijos e hijas, la
preparación de alimentos, recolección de agua, compra de provisiones, quehaceres
domésticos y la atención de la salud familiar. Este tipo de trabajo no es considerado
como tal en la sociedad y por lo tanto no es remunerado. (América Latina Genera)
Trabajo Precario: es el aquel trabajo que se realiza en condiciones de inseguridad;
carencia de protección de la salud de las trabajadoras y trabajadores; riesgo a sufrir
accidentes, padecer enfermedades profesionales; falta de cobertura de Seguridad
Social ante el desempleo, subempleo, las enfermedades, la maternidad, accidentes,
vejez o muerte y jornadas excesivamente prolongadas; menor paga y poca
especialización de la mano de obra.
En el actual contexto de globalización y transnacionalización el trabajo precario se
ha convertido en una alternativa para trabajadoras y trabajadores migrantes de los
países del sur a los países del norte.
200
Transversalidad de Género: es una estrategia que implica actuar en distintos niveles
e instancias, articulando una red de actores diversos, tanto internos como externos,
de las dependencias públicas para garantizar la incorporación de la perspectiva de
género en los procesos de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
programas, proyectos y presupuestos.
Desde mediados de la década de los ochenta, a nivel internacional se propuso la
inclusión del género de manera transversal en las políticas públicas, buscando tener
un impacto en los procesos que intervienen en su definición, ejecución y evaluación.
De tal forma que además de afectar los programas y estrategias de intervención,
también se influya en la cultura organizacional de las dependencias públicas, dado
que la mentalidad, valores y prácticas de las y los servidores públicos se proyectan
en el diseño y ejecución de los programas y acciones públicas.
El desafío de este enfoque transversal consiste en superar la consideración del
género como unas “problemática aparte”, que impulsa a las dependencias públicas a
crear programas para las mujeres. En su lugar, propone la integración del género
como una dimensión que abarque la concepción y métodos de un trabajo con que se
diseñan, aplican y evalúan las políticas públicas.
Trata de Personas: es la captación, transporte, traslado, o recepción de personas
recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, rapto, engaño, fraude, abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral o de
otra índole.
Violación Sexual: acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se
halla privado de sentido o discernimiento, el agresor puede recurrir a amenazas o
intimidación para atemorizar a sus víctimas e inmovilizarlas. También constituye
violación sexual en el caso de que la víctima se encuentre en estado alcohólico,
drogada, inconsciente o incapacitada mentalmente para acceder a participar en lo
que legalmente se define como un acto sexual. Igualmente, se considera violación, la
relación sexual con una persona menor, que a pesar de haber consentido, no tiene la
edad de consentimiento.
Violencia Contra la Mujer/ Violencia Basada en Género: de acuerdo con la definición
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer “Convención de Belem Do Pará” la violencia contra la mujer es
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer; tanto en el ámbito público como en
el privado.
Existen diferentes formas de violencia contra la mujer: violencia física, sexual y
psicológica que producen: a. Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer; y que comprende, entre otros, violación, maltratos y
201
abuso sexual; b. En la comunidad y sea perpetuada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y ; c. Que
sea perpetuada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Violencia Doméstica: cuando el esposo, novio, compañero o la persona con la que se
hace vida marital provoca daño, dolor, sufrimiento, vergüenza, humillación y hasta
la muerte a la mujer por abuso de poder. En Honduras su sanción está consignada
en una Ley Especial, denominada Ley Contra la Violencia Doméstica, siendo una de
los adelantos jurídicos más notables de la última década a favor de los Derechos
humanos de las mujeres.
Violencia Física: es una de las formas de violencia doméstica reconocida en
Honduras, y será denominado así, todo acto u omisión que produce un daño o
menoscabo a la integridad corporal de la mujer, no tipificada como delito en el
Código Penal.
Violencia Intrafamiliar: todo acto, conducta o sentimiento que uno o más miembros
de la familia, provoca hacia otro u otros causándole daño o sufrimiento, se diferencia
de la violencia doméstica en que se extiende más allá de la violencia que se da en
una relación de pareja, constituye un delito que se castiga desde uno a cuatro años
de prisión. Se puede recurrir a esta figura penal en la reiteración de un caso de
violencia doméstica.
Violencia Patrimonial/Violencia Económica: todo acto u omisión que implica pérdida,
transformación, negación, sustracción, destrucción, retención de objetos,
documentos, bienes, valores o recursos económicos destinados a satisfacer las
necesidades de la mujer o del grupo familiar. Es también una de las cuatro formas de
violencia doméstica reconocidas en Honduras.
Violencia Psicológica: toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar y controlar
las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer, por medio de la
intimidación, manipulación, amenaza, humillación, encierro o cualquier otra
conducta que implique un perjuicio en el desarrollo integral o en la
autodeterminación de la mujer. Es conocida también con el nombre de violencia
emocional.
Violencia Sexual: toda conducta que incluya amenaza o intimidación que afecte la
integridad y determinación sexual de la mujer, tal como relaciones sexuales no
deseadas y prohibición de la anticoncepción, la obligación de visualizar material
pornográfico en contra de su voluntad, entre otras conductas no tipificadas como
delito en el Código Penal, en cuyo caso se desplazaría por una figura más gravosa
para el agresor.
202
Xenofobia: es uno de los prejuicios con más recelo, odio, fobia y rechazo contra los
grupos étnicos diferentes, contra personas cuya fisonomía social, política y cultural
es diferente.
Es una ideología del rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia,
se basa en los prejuicios históricos, lingüísticos, religiosos, culturales e incluso
nacionales