LOS DERECHOS HUMANOS Y EL REGISTRO CIIVL EN LA REPUBLICA DOMINICANA

REPÚBLICA DOMINICANA 2013 INFORME DERECHOS HUMANOS RESUMEN EJECUTIVO República Dominicana es una democracia representativa constitucional con una población de aproximadamente 9,7 millones de dólares, además de un estimado de 900, 000 a 1,2 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría haitianos o sus descendientes. En mayo de 2012 los votantes eligieron a Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como presidente para un mandato de cuatro años. Observadores extranjeros imparciales evaluaron estas elecciones como libres y ordenadas, a pesar de las irregularidades, incluyendo el fraude electoral, el acceso desigual a los medios de comunicación, y las deficiencias en el marco legal que regula el uso de los recursos públicos y la financiación de las campañas. Las autoridades a veces no mantienen un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. En algunos casos, los elementos de las fuerzas de seguridad cometieron abusos contra los derechos humanos. Los problemas más graves de derechos humanos fueron la discriminación contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, entre ellos la sentencia dictada en septiembre por el Tribunal Constitucional que declaró que los descendientes de las personas que se consideran de manera ilegal en el país, la mayoría de los cuales son de origen haitiano, no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, así como la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, la violación y el feminicidio. Otros problemas de derechos humanos, incluyen homicidios extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, las condiciones de hacinamiento en las cárceles y peligrosamente deficientes, arrestos y detenciones arbitrarias, la detención preventiva prolongada, débil estado de derecho, la impunidad de la corrupción, la trata de personas, la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género, y la aplicación inadecuada de las leyes laborales. Aunque el gobierno tomó medidas para castigar a los funcionarios que cometieron violaciones, hubo una percepción generalizada de impunidad oficial, especialmente en relación con los funcionarios de rango superior. Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluyendo libertad de: a. Privación arbitraria o ilegal de la vida Ni el gobierno ni sus agentes cometieron asesinatos por motivos políticos; sin embargo, se informó que las fuerzas de seguridad estuvieron involucrados en asesinatos que eran ilegales, injustificados, o en un uso excesivo de la fuerza. Las estadísticas sobre homicidios policiales variaron, pero la información reportada demostró que persiste un problema. La Policía Nacional informó que sus oficiales asesinaron 117 personas entre enero y septiembre. Según las últimas cifras disponibles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una organización no gubernamental (ONG), estimó que hubo más de 200 asesinatos de la policía en 2012. La metodología utilizada para llegar a esta cifra no estaba clara. Las ONG de derechos humanos afirmaron que, como en años anteriores, la policía emplea fuerza letal injustificada contra presuntos delincuentes. Amnistía Internacional también ha documentado numerosos casos de homicidios ilegales. La policía operó en un entorno peligroso: la posesión de armas fue generalizada, y la tasa de homicidios fue elevada, especialmente en las zonas urbanas. El fiscal general informó de 809 homicidios entre enero y mayo. La policía continuó justificando el uso de la fuerza letal como una respuesta apropiada a un intercambio de disparos con los presuntos delincuentes. Según el Departamento de Información y Estadísticas de la Policía Nacional, 35 policías murieron en acto de servicio entre enero y septiembre. Aunque la policía defendió su conducta, los informes de Amnistía Internacional y de las ONG indicaron que agentes de la policía hicieron uso de fuerza desproporcionada a la amenaza que se enfrentaban. Los miembros del Congreso y muchos ciudadanos, sin embargo, apoyaron públicamente las ejecuciones extrajudiciales, como un medio para contener el creciente nivel de delincuencia. El 12 de marzo, los grupos de la sociedad civil testificaron contra el alto índice de asesinatos de la policía antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los grupos afirmaron que las investigaciones policiales de estos homicidios carecían de transparencia. Durante su presentación, los grupos mostraron un video de un policía disparando a un civil. Las autoridades dominicanas informaron que el poder judicial estaba revisando el caso en cuestión. El 14 de mayo, agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y oficiales de la Policía Nacional entraron con violencia en la casa del inmigrante haitiano Jean Robert Lors de 31 años de edad, durante una redada de repatriación masiva en la localidad de Juan Dolio. Se informó que Lors trabajaba como carpintero y tenía una visa de trabajo. Las autoridades le impidieron a Lors mostrar sus documentos de trabajo o vestirse antes de que lo sacaran de su casa. Agentes de la DGM golpearon a Lors con las culatas de sus armas y le dieron patadas. Después de las reiteradas peticiones del hermano de la víctima, las autoridades llevaron a Lors al hospital, donde murió el 23 de mayo por insuficiencia cardiorrespiratoria causada, al parecer, por las lesiones sufridas durante la golpiza. El 12 de junio, la CIDH condenó la muerte e instó al gobierno a investigar si el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de DGM y la policía había causado su muerte. Durante el año, los juzgados pusieron en libertad bajo fianza a Rafael Báez Severino, un teniente de la policía acusado de haber participado en la muerte a tiros de Víctor Alfonso Brito Vaquez en octubre de 2012. El juicio de Báez Severino quedado pendiente, y los demás agentes presuntamente implicados en el incidente quedaron bajo investigación. El 19 de marzo comenzó el juicio contra el cabo Jairon Ramón Medrano Germosén por su presunto asesinato del estudiante de medicina William Florián Ramírez en noviembre de 2012. La audiencia prevista para el 18 de octubre se aplazó hasta enero de 2014. b. Desapariciones No hubo informes de desapariciones por motivos políticos. El Río Piedras, Puerto Rico, el capítulo del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y miembros de la familia del activista de derechos humanos Juan Almonte Herrera, quien desapareció en 2009, continuaron afirmando que el gobierno no ha cumplido con las peticiones de la CIDH de investigar el paradero de Almonte y proporcionar una protección adecuada para su familia. c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Aunque la ley prohíbe la tortura, las golpizas y el abuso físico de los detenidos y presos, hubo casos en que miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la policía, continuaron con tales prácticas. La Procuraduría General de la Nación informó que policías estuvieron involucrados en incidentes que resultaron en la mutilación o lesión grave a civiles desarmados. Amnistía Internacional denunció el uso de descargas eléctricas durante el interrogatorio de los sospechosos. Las mejoras en la supervisión, conciencia y responsabilidad llevaron a una percepción de que la policía estaba haciendo esfuerzos para reducir los incidentes de abuso físico a los detenidos. La ley establece penas para la tortura y el maltrato físico, incluyendo sentencias de 10 a 15 años de prisión. Los fiscales civiles en ocasiones presentaron cargos contra funcionarios policiales y militares, alegando maltrato físico y delitos conexos. Las autoridades a menudo envían los casos de abuso físico a los tribunales penales civiles, sobre todo después de la abolición de los tribunales separados para los policías y militares. Las fuerzas de seguridad manejan algunos casos de abuso de internos, y, según las ONG, muchos casos de violaciones de derechos humanos permanecen impunes. El juicio contra los agentes de la policía John Gilbert Valenzuela Valera y Eddyson Javier Sufron quedaron pendientes; las autoridades reabrieron el caso el 11 de noviembre, pero no se asignaron a un tribunal determinado. En marzo de 2012 los dos agentes presuntamente detuvieron a una joven pareja, enviaron al varón de 17 a buscar dinero (para el soborno), y retuvieron a la mujer de 18 años en custodia y la agredieron sexualmente. La CNDH informó que la policía continuó utilizando diversas formas de abuso físico y mental para obtener confesiones de los sospechosos detenidos. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación locales, funcionarios de seguridad maltrataron a civiles, detenidos, prisioneros y migrantes. Según la CNDH, los métodos excesivos utilizados para obtener confesiones incluyen cubrir las cabezas de los prisioneros con bolsas de plástico, golpear a los prisioneros con palos de escoba, obligarlos a estar durante la noche sin sentarse, y golpear a los presos en los oídos con guantes o paños para no dejar marcas. Ex detenidos han contado a Amnistía Internacional que fueron esposados, colgados de barras o clavos por sus esposas, y golpeados cuando intentaron poner sus pies en el suelo. Otro reportó abusos que incluyen casos de deportaciones ilegales, trato degradante de los prisioneros, y redadas masivas que se utilizaron como oportunidades de extorsión. Los casos de trato cruel e inhumano implicaron con mayor frecuencia a los inmigrantes haitianos indocumentados en las zonas urbanas pobres, así como a lo largo de la frontera del país con Haití. Altos mandos policiales trataron con seriedad la prohibición del abuso físico y el trato inhumano, pero la falta de supervisión y formación a lo largo de la aplicación en gran parte de la ley y los sistemas penitenciarios menoscaban los esfuerzos para contener el problema. Aunque los observadores coincidieron en que las condiciones mejoraron un poco, debido a un aumento del número de funcionarios penitenciarios profesionales, grupos de derechos humanos y prisioneros reportaron abuso físico de los detenidos, con mayor frecuencia, golpizas. Se asignaron abogados de la Oficina del Fiscal del Distrito Nacional para vigilar el proceso de investigación con el fin de asegurar que los derechos de los detenidos se respetan en las comisarías de policía de alto volumen de actividad y en varias oficinas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD ). La CNDH reportó que 400 agentes de la policía asistieron a la capacitación en derechos humanos hasta septiembre. Las prisiones y centros de detención Las condiciones Las condiciones de reclusión fueron desde justas hasta extremadamente duras. Las amenazas a la vida y la salud incluyen enfermedades transmisibles, el saneamiento deficiente, la falta de acceso a servicios de salud, la falta de guardias de prisión bien entrenados, y presos brutales hacia otros reclusos. Estos problemas se vieron exacerbadas por el hacinamiento severo y la dificultad para dotar de personal a las prisiones debido Al riesgo de contraer enfermedades infecciosas, la incapacidad para segregar a decenas de miles de presos en espera de juicio, así como los internos con enfermedades transmisibles de la población general . Condiciones físicas: Hasta octubre, había aproximadamente 25,500 reclusos en 37 cárceles con una capacidad prevista total de 14,656. La población reclusa siguió aumentando, casi el doble desde 2006. De las 37 prisiones, 19 eran instalaciones tradicionales, 17 eran nuevas “cárceles modelo”, conocidos como Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR ), y una prisión de menores detenidos. Además hubo cinco palacios de Justicia para albergar a los detenidos temporales. El CRC acogió 9,546 prisioneros, con una capacidad prevista para 8,827. Prácticamente, todas las prisiones y centros de detención están superpoblados, el CRC operó con poco más de la capacidad máxima. La cárcel de La Victoria, por ejemplo, que es la prisión más grande y de mayor hacinamiento del país, retuvo 7,666 presos en una instalación diseñada para menos de 2,011 prisioneros. La cárcel de Najayo para hombres, la segunda más grande del país, fue construida para 950 reclusos y mantiene más de 2,500 prisioneros. Las prisiones tradicionales fueron segregadas, con excepción de la cárcel de La Romana. Los presos de los CIC fueron divididos por sexo, y había estructuras permanentes separadas en las cárceles de Najayo, Baní y Rafey para las prisioneras. En noviembre, había aproximadamente 667 reclusas. De la población reclusa en el CRC, 9,081 eran hombres y 465 mujeres. Los policías y exmilitares condenados por actividades delictivas se llevaron a las secciones especiales de las cárceles o los Palacios de Justicia. Reclusos en prisión preventiva y los enfermos, sin embargo, no estaban separados de los demás reclusos. Sólo dos cárceles alojan hospitales. El hacinamiento y las enfermedades transmisibles constituyeron problemas graves. La mayoría de las muertes reportadas estuvieron relacionadas con enfermedades, como la tuberculosis y el VIH / SIDA. Según la Dirección de Prisiones, hasta octubre, murieron 49 presos en los centros penitenciarios . La salud y las condiciones sanitarias eran generalmente pobres, y las prisiones en general no proveen cuidado médico a los presos. La frecuencia de enfermedades entre los prisioneros continuó aumentando debido al hacinamiento. Enfermedades comunes incluyeron resfriado, gripe, bronquitis, infecciones de las vías respiratorias superiores, enfermedades intestinales, gastroenteritis, infecciones de la piel, parásitos, tuberculosis, hepatitis, diabetes, hipertensión y VIH / SIDA. De acuerdo con la Dirección de Lucha contra las Enfermedades de Transmisión Sexual y el VIH / SIDA, el 9% de la población carcelaria era VIH / SIDA positivo. Sin embargo, sólo dos prisiones del sistema proveen en el lugar servicios de tratamiento y atención del VIH / SIDA. Otras prisiones habrían sacado los pacientes de VIH / SIDA para los hospitales provinciales una vez al mes, para recibir medicación y dar seguimiento al tratamiento. Una logística eficiente y el transporte oportuno desde y hacia los hospitales fueron un problema. Muchos presos no podían asistir a sus citas mensuales. De acuerdo con el director del CRC, en solo dos de las 17 cárceles modelo había presos con VIH / SIDA y a todos se les daba tratamiento y atención. Los reclusos en las prisiones modelo que tenían casos graves de VIH / SIDA o enfermedades terminales fueron trasladados a hospitales temporalmente y, con frecuencia fueron beneficiadas sus solicitudes para cambiar las sanciones a arresto domiciliario. Según el director general de prisiones, los reclusos reciben tres comidas al día, pero muchos de los reclusos en las prisiones tradicionales informan que compran los alimentos a las personas en las inmediaciones de la prisión, los obtuvieron de los familiares o recurrieron a la mendicidad. Los informes de malos tratos y la violencia en las prisiones fueron comunes, así como los informes de acoso, extorsión y revisiones inapropiadas a los visitantes de la prisión. No se registraron muertes atribuidas a los abusos cometidos por guardias de la prisión . Algunas prisiones estaban efectivamente fuera del control de las autoridades, y hubo acusaciones de drogas y tráfico de armas, prostitución y abuso sexual en las prisiones. Un sentimiento común entre los guardias de la prisión en las cárceles tradicionales fue que mientras los guardias pueden controlar el perímetro, los reclusos suelen controlar el interior con sus propias reglas y sistemas de justicia. En general, esta situación difería de la CRC, donde los guardias de prisiones civiles mantuvieron el control de las áreas de la prisión. El 30 de junio, Wady Encarnación, un preso en la cárcel de La Fortaleza en El Seibo, violó violentamente a una joven de 16 años de edad, que visitó la cárcel con un ministro para distribuir material religioso. La víctima sufrió desgarramiento vaginal severo y hematomas, y pérdida de sangre. El fiscal de Distrito Henry Estévez comenzó una investigación sobre el caso. El 30 de septiembre, la prensa informó que la policía disparó armas para restablecer el orden en la prisión de San Pedro de Macorís, hiriendo a cinco personas. Dos de los internos heridos fueron ingresados en el hospital local. El mismo día, un agente de seguridad disparó y mató a un preso cuando intentaba escapar de la cárcel de La Victoria. Aunque la ley establece que los presos deben estar separados de acuerdo con la gravedad del delito, las autoridades no tienen la posibilidad de hacerlo. Según las estimaciones de la Dirección de Prisiones, el 47% de los presos se encontraban en prisión preventiva o preventiva. La ley establece que el período de espera antes del juicio no debe ser superior a tres meses, pero puede prolongarse hasta 18 meses en ciertos casos complejos. Los juveniles fueron procesados en los tribunales de menores especializados y generalmente se mantienen en los centros de menores, aunque la prensa informó de que se mantenían algunos menores en cárceles comunes. En el caso de los CRC, algunos presos con discapacidad mental se separaron, y recibieron tratamiento, incluida la terapia, por sus enfermedades. No hubo esfuerzos para proporcionar servicios a los reclusos con discapacidad mental en las prisiones tradicionales. Administración: El control de registros en las cárceles fue insuficiente, sobre todo debido a la falta de recursos. El director general de prisiones reconoció este problema y tomó medidas para mejorar las prácticas de mantenimiento de registros durante el año. Las autoridades usaron penas alternativas para los delincuentes no violentos, sin embargo, la información sobre leyes específicas, las órdenes ejecutivas y estadísticas exactas no estaban disponibles. Aunque no hubo un ombudsman penitenciario específico, los prisioneros podían presentar denuncias por el trato recibido verbalmente o por escrito, y la mayoría de las veces lo hicieron a través de familiares, abogados o defensores de los derechos humanos. Los defensores públicos también ofrecen servicios legales a los prisioneros y, en algunos casos asistidos con ciertas quejas. Algunas quejas se refieren a la Dirección de Prisiones. Los prisioneros podían observar sus prácticas religiosas y tenían acceso a los visitantes, pero los visitantes a menudo tenían que sobornar a los guardias de la prisión para visitar a los prisioneros. A los reclusos se les permite recibir visitas conyugales, y a prisioneras que dieron a luz en la cárcel se les permitió mantener a sus bebés con ellas hasta por un año. Algunos CCR proporcionan un área de recreo para los bebés de los internos. Los presos a menudo no fueron transportados a sus juicios, a menos que pagaran sobornos a los guardias. Del mismo modo, los detenidos tuvieron que pagar sobornos para que se les permitiera asistir a la formación profesional que se ofrece en algunas instalaciones . Los funcionarios de prisiones aceptaron dinero a cambio de una recomendación de que un prisionero recibiera un permiso o fuera liberado por razones de salud. Hubo denuncias creíbles de que los prisioneros podían obtener la libertad condicional mediante un soborno. El programa CRC sirvió como un centro de rehabilitación para preparar a los detenidos para un eventual retorno a sus comunidades. Los CRC proporcionaron educación, trabajo y oportunidades artísticas para rehabilitar a los detenidos en un ambiente de respeto y disciplina. En el CRC Najayo, la administración se asoció con una universidad técnica local para proporcionar a los reclusos clases por la mañana cinco días a la semana. Estas clases se extendieron desde la primaria hasta el nivel de secundaria. A diferencia de las cárceles tradicionales, las prisiones modelo se operaban en su totalidad por los guardias civiles entrenados, no estaban abarrotadas, y en general satisfacen las necesidades nutricionales básicas de los internos. En las cárceles tradicionales, aunque un guardia que reportara al fiscal general era técnicamente responsable del funcionamiento de cada centro penitenciario, la policía o los oficiales militares (generalmente nombrados por un período de sólo tres a seis meses y responsables de brindar seguridad) por lo general, estaban a cargo. Según la Dirección de Prisiones, el personal militar y de policía vigilaban las cárceles tradicionales, mientras que un cuerpo de guardias civiles capacitados proporcionan seguridad en los CRC. Monitoreo independiente: El gobierno permitió visitas y supervisión por parte de observadores independientes no gubernamentales y medios de comunicación. Mejoras: El gobierno logró avances con los CCR más reciente, donde los prisioneros experimentaron condiciones ligeramente mejores en comparación con otras instalaciones. Con el traslado de los reclusos de las cárceles tradicionales a las modernas, el número de prisioneros en los CIC se incrementó en más de 4,000. El gobierno amplió con su encuesta en septiembre de 2012 la prisión de La Romana para incluir todas las cárceles, con el objetivo de obtener estadísticas para separar los presos por la gravedad del delito y la condena. d. Arresto o detención arbitraria El Código de procedimientos penales (CPC) prohíbe la detención sin una orden judicial a menos que un sospechoso sea detenido durante la comisión de un hecho delictivo o en otras circunstancias limitadas. Las autoridades pueden detener a una persona sin cargos durante un máximo de 48 horas. Los arrestos y detenciones arbitrarias continúan siendo un problema y hubo numerosos informes de personas detenidas y posteriormente puestas en libertad con poca o ninguna explicación por la detención. Según la CNDH, más de 100 personas fueron detenidas de forma arbitraria, de enero a septiembre. Papel de la Policía y las Fuerzas de Seguridad La Policía Nacional, la Policía de Turismo, el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), la DNCD, el Consejo de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil (CESAAC), la Policía Metropolitana, la Autoridad de Seguridad Portuaria (CESEP) , los guardias de la frontera (CESFRONT), y las fuerzas armadas (Ejército, Fuerza aérea y Armada) forman las fuerzas de seguridad. La Secretaría de Interior y Policía es responsable de tomar las decisiones políticas que afectan a la fuerza policial. Los militares, CESAAC, CESEP, y CESFRONT están bajo el ministro de las Fuerzas Armadas, el DNI y la DNCD, que tienen personal de la policía y los militares, informan directamente al Presidente. El presidente Medina desarrolló un plan de seguridad ciudadana para crear y ejecutar iniciativas de políticas, reglamentos y una reforma administrativa. Como parte de este plan, en octubre de 2012, el presidente Medina creó una comisión para la reforma de la Policía Nacional, con el objetivo de aumentos salariales para los agentes de policía, la prestación de un mejor equipamiento y mayor nivel de educación de los miembros de la fuerza policial. En mayo, el presidente creó un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y estableció que la función del Observatorio de la Ciudadanía creado en julio de 2012 era recoger, consolidar, procesar y analizar la información sobre delincuencia del país. El presidente Medina también redefinió a los miembros del Operativo Unidad Técnica del Observatorio para incluir la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Instituto de Ciencias Exteriores, la Oficina del Fiscal, la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Oficina Nacional de Estadística, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional para niños y adolescentes, y el Ayuntamiento de Santo Domingo. Como parte de esta iniciativa, el presidente Medina presentó patrullas callejeras mixtas militar-policial, designó nuevos funcionarios policiales de rango superior y un nuevo jefe de policía, y aprobó un nuevo código penal. El Presidente también ordenó desplegar a 4,000 miembros del ejército en un intento por reducir el delito y mejorar la seguridad ciudadana en general. Fueron procesados o despedidas autoridades o policías que se encontró que actuaron fuera de los procedimientos policiales establecidos. Por ejemplo, el 24 de julio, Ricardo Antonio Sánchez Caraballo fue condenado a un año de prisión preventiva, mientras las autoridades investigan su participación en asesinato el 22 de julio de Hairo Parra Reynoso, durante una patrulla de la policía en Puerto Plata. El Departamento de Información y Estadística de la Policía Nacional informó que 533 policías fueron despedidos por mala conducta, de enero a septiembre. La Unidad de Asuntos Internos investigó cargos de falta grave por miembros de la Policía Nacional. Estos casos se referían a agresión física o verbal, amenazas, uso indebido de un arma de fuego, asaltos, y robo. Asuntos Internos realizó 1,192 investigaciones de enero a octubre. De éstos, 391 fueron por uso excesivo de la fuerza, 175 por agresión, 171 por amenazas de muerte, y 222 por corrupción policial. Las investigaciones dieron como resultado 149 despidos y 420 sanciones, aunque la oficina de estadísticas sólo podría proporcionar los nombres de los 139 funcionarios cancelados y los 40 sancionados. Se prosiguió enjuiciamiento o investigación de funcionarios de alto nivel sospechosos de haber participado en actividades ilícitas en menor desfalco. Asuntos Internos informó que de enero a octubre, se investigaron 129 oficiales superiores por actividades ilícitas, lo que resultó en siete despidos y 26 acciones disciplinarias. La formación de militares y personal alistado y oficiales de la DCND, así como miembros de la policía nacional, incluyó la instrucción en materia de derechos humanos. Según el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional y de la Información, 1,411 agentes de la policía fueron sometidos a la formación en derechos humanos en el Instituto Policial de Estudios Superiores de enero a septiembre, y unos 3,302 policías y civiles recibieron capacitación en derechos humanos en el Instituto de Policía de la Dignidad Humana. El Ministerio de las Fuerzas Armadas ofreció capacitación u orientación de derechos humanos para oficiales de varios rangos, así como a los civiles durante el año. CESFRONT impartió formación obligatoria en derechos humanos en sus instalaciones de entrenamiento para varios cientos de funcionarios de fronteras. El director de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario informó que la escuela capacitó a 2,636 personas de enero a octubre. La escuela también cuenta con programas de postgrado en el que participan miembros militares y civiles del Congreso, las oficinas de abogados del distrito, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios del gobierno, la Policía Nacional y el Comisión Central Electoral. Procedimientos de arresto y trato de los detenidos La Constitución establece que un acusado puede ser detenido hasta por 48 horas sin una orden judicial antes de ser presentados a las autoridades judiciales. También ofrece la posibilidad de recurrir a los procedimientos de hábeas corpus para pedir la liberación de los que son retenidos ilegalmente. El CPC establece un límite de tiempo de 24 horas más restrictivo para hacer una acusación formal, que se observó, en general. Todo preso detenido durante más de 48 horas sin ser formalmente acusado tiene derecho a presentar una petición de hábeas corpus. El presidente del tribunal en la audiencia de hábeas corpus está facultado para ordenar la liberación del prisionero cuando el recluso ha estado detenido durante más de 48 horas sin ser acusado formalmente, o cuando no hay pruebas suficientes de que el detenido ha cometido un delito que merece mayor detención. La decisión del juez de liberar a un prisionero es objeto de apelación por el fiscal de distrito. La ley también permite a las autoridades policiales detener sin orden judicial a un acusado sorprendido en el acto de cometer un delito o que podría razonablemente estar vinculado a un delito, como en los casos de persecución o presos fugados. En ocasiones, la policía detuvo a sospechosos para investigación o interrogatorio más de 48 horas. En ocasiones, la policía detuvo a todos los sospechosos y testigos en un delito y utilizaron el proceso de investigación para determinar las personas que eran inocentes y merecían ser liberadas y aquellos a quienes deberían seguir investigando. Aun así, las audiencias de hábeas corpus redujeron estos abusos significativamente. Aunque previamente otorgadas sólo a unos pocos acusados, la fianza se hizo más común en el marco del CPC, que requiere la revisión judicial de las detenciones en un punto anterior en un caso criminal. El sistema no impidió que los acusados en libertad bajo fianza pasaran a la clandestinidad. En algunos casos, los observadores sospecharon que la concesión de la libertad bajo fianza y posterior desaparición del sospechoso se debían a la corrupción o ineficiencia en el sistema judicial. La constitución da a los defensores públicos reconocimiento constitucional y la ley exige la prestación de un abogado a los acusados sin recursos. La mayoría de los detenidos y presos que no pueden pagar los servicios de defensa no tuvieron acceso a un abogado inmediatamente. La Oficina Nacional de Defensa Pública proporcionó asesoría y representación legal a personas sin recursos, pero las limitaciones de recursos, dieron como resultado niveles inadecuados de dotación de personal. Al nivel nacional hay 22 oficinas de defensa pública, con 167 defensores públicos, 25 abogados de tribunales criminales, 34 investigadores y 28 coordinadores, 22 de los cuales gestionan las oficinas de defensa y seis de los cuales manejan las funciones administrativas. El gobierno continuó con su programa de formación de defensores públicos en cuanto a los cambios pertinentes causados por la aplicación de la CPC y para ampliar la formación de los fiscales. La ley prohíbe el interrogatorio de los menores por la policía o en presencia de la policía. Los fiscales y los jueces manejan los interrogatorios de menores. El 20 de junio, el Senado redujo la pena máxima para los menores que cometen infracciones de la ley de 15 años a ocho años de prisión. Detención arbitraria: La policía continuó la práctica de hacer redadas o esporádicas redadas en zonas de bajos ingresos, comunidades de alta criminalidad, durante los cuales arrestaron y detuvieron a personas sin orden judicial, supuestamente, para combatir el delito. Durante estas redadas la policía arrestó a un gran número de residentes y confiscó bienes personales presuntamente utilizados en la actividad criminal. Prisión preventiva: Muchos sospechosos sufrieron prisión preventiva largas. En virtud del CPC el juez tiene autoridad para ordenar que el detenido permanezca bajo custodia policial entre tres y 18 meses. Según la Dirección de Prisiones, el 47% de los presos se encontraban en prisión preventiva, y el tiempo promedio de detención preventiva era típicamente entre tres y seis meses; tomó de uno a tres años para recibir una sentencia. El tiempo cumplido en prisión preventiva se contabiliza para los efectos de completar una sentencia. El Ministerio Público continuó con la implementación de un sistema de seguimiento de casos automatizado que permitió a los fiscales realizar un seguimiento de los casos de detención preventiva más eficaz, y aunque no es su propósito principal, el sistema reduce el número de ocasiones en que se han superado los límites de tiempo de la CPC. La incapacidad de las autoridades penitenciarias para presentar a los acusados en las citaciones judiciales provocó un porcentaje significativo de los aplazamientos del juicio. Se posponían a menudo las fechas ante el tribunal debido a que no se trasladaron de la cárcel al tribunal o porque su abogado, coacusados o testigos no comparecieron. El gobierno no proporcionó fondos para el transporte de todos los acusados entre la prisión y el tribunal. A pesar de las protecciones adicionales para los acusados en el CPC, en algunos casos, las autoridades retuvieron a los internos más allá de los plazos estipulados a pesar de que no hubo cargos formales en su contra. El poder judicial ha creado oficinas de atención en varias ciudades para manejar los asuntos urgentes que requieren un juez, como la obtención de una orden de arresto o de allanamiento y la realización de lectura de cargos. Estas oficinas de servicios judiciales fueron parte de un esfuerzo por aumentar la eficiencia y reorganizar los tribunales para ajustarse a la CPC . La detención de solicitantes de asilo rechazados o apátridas: Durante el año se registraron casos aislados de solicitantes de asilo detenidos debido a la falta de documentación. Los apátridas enfrentan riesgos constantes de detención y deportación, incluso mediante redadas masivas y deportaciones llevadas a cabo por las autoridades de migración (Ver secciones 2.d. y 6). e. Denegación de un juicio público justo La ley establece un poder judicial independiente, sin embargo, a pesar de aumentar la independencia judicial, los casos de influencia política en la toma de decisiones fueron aun evidentes. La interferencia de de las entidades públicas, cuando, tendía hacia pronunciamientos públicos sobre casos activos y procesamiento selectivo. En ocasiones parecía que los jueces de los tribunales superiores intentaron influir en las decisiones de tribunales inferiores. Además, la corrupción sigue siendo un problema grave (Ver sección 4). Procedimientos judiciales La ley establece la presunción de inocencia, el derecho de apelación, y el derecho a enfrentar o interrogar a los testigos. La ley establece el derecho del ciudadano a no ser privado de libertad sin juicio o formalidades legales o por razones distintas de las previstas por la ley, el derecho contra la autoincriminación, y el derecho a la defensa en un juicio imparcial y público. Los acusados tienen derecho a permanecer en silencio. La ley también proporciona un abogado de defensa pública para cada persona que no puede pagar un abogado, pero los niveles de dotación de personal eran insuficientes para satisfacer la demanda. Los juicios son públicos, pero no se utilizan jurados. De acuerdo con la Constitución y la ley, los acusados tienen derecho a estar presentes y consultar con un abogado en el momento oportuno. Hubo denuncias creíbles de que las autoridades violaron estos derechos en algunos casos, pero no había una mayor adhesión al debido proceso, ya que las autoridades se hicieron cada vez más familiarizados con las modificaciones a la CPC. La Oficina del Fiscal de Distrito debe notificar al acusado y abogado acerca de los cargos penales, así como la evidencia de la oficina presentará en la corte. Los acusados y los abogados tienen acceso a las pruebas en poder del gobierno y pueden enfrentarse a testigos de cargo, pero sólo después de la audiencia preliminar, cuando el juez ha aprobado el acta de acusación. Los acusados tienen derecho a presentar sus propios testigos y pruebas. Los tribunales militares y policiales comparten la jurisdicción sobre casos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad. Mientras que los tribunales tienen jurisdicción sobre casos que implican romper las reglas y los reglamentos internos, los tribunales penales civiles manejan los casos de homicidios y otros delitos graves supuestamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Presos y detenidos políticos No hubo informes de prisioneros o detenidos políticos. Procedimientos y recursos judiciales civiles Hay sistemas judiciales separados para las reclamaciones en virtud del derecho penal, derecho mercantil y civil, y el derecho laboral. Los tribunales mercantiles y civiles fueron supuestamente sometidos a largas demoras en la adjudicación de casos, aunque sus decisiones se aplican generalmente. Al igual que en los tribunales penales, la influencia política o económica indebida en las decisiones de los tribunales civiles sigue siendo un problema. Los ciudadanos recurrieron al recurso de amparo, una acción para pedir reparación de toda violación de un derecho constitucional, incluida violaciones por los funcionarios judiciales. Este recurso fue utilizado rara vez, excepto por aquellos con abogados más experimentados. Los casos relacionados con violaciones de los derechos humanos de una persona pueden ser presentadas a través de peticiones por individuos u organizaciones a la CIDH, la cual a su vez puede presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La corte puede ordenar los recursos civiles, incluyendo una justa indemnización a la persona afectada. Decisiones de la Corte Regional de Derechos Humanos Desde 2005, el gobierno no ha cumplido plenamente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el país tenía la obligación legal de reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en la República Dominicana hijos de migrantes bajo su constitución, así como en virtud de convenios internacionales. El gobierno realizó pagos ordenados por el tribunal a los dos peticionarios e hizo algunos cambios en los procedimientos para la inscripción tardía de los nacimientos. El 8 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la audiencia final para el caso de Benito Tide Méndez contra la República Dominicana. La CIDH había presentado anteriormente una solicitud ante el tribunal en el que argumentó que Benito Tide Méndez y otras 26 personas fueron detenidos y expulsados hacia Haití de manera arbitraria. La CIDH afirmó que el gobierno no siguió los procedimientos de repatriación en vigor en el momento y que los individuos fueron sometidos a des expulsiones de facto y sin ningún tipo de apoyo legal o posterior revisión administrativa o judicial. Algunas de las personas expulsadas eran nacionales dominicanos que tenían la documentación pertinente, pero que no tenían la oportunidad de mostrarlos. En algunos casos, los funcionarios dominicanos destruyeron los documentos que se presentaron. Asimismo, la CIDH presentó un patrón de discriminación, y señaló en un comunicado de prensa que, “ características fenotípicas y un color de piel más oscuro, fueron factores decisivos cuando se seleccionaron a los individuos para la detención y posterior expulsión, lo que indica un patrón de discriminación”. El fallo del tribunal seguía pendiente al fin de año. El gobierno volvió a abrir el caso del periodista Narciso González Medina tras el fallo unánime Febrero 2012 por la Corte Interamericana, que la República Dominicana fue el responsable de su desaparición forzada en 1994 después de haber criticado al gobierno . A fin de año el Gobierno aún tenía que cumplir con el fallo unánime de mayo de 2012 de la Corte Interamericana, que el Ejército aplicó el uso innecesario de la fuerza letal durante la Masacre de Guayubín. En junio de 2000, miembros del ejército dominicano en la frontera con Haití abrieron fuego contra un vehículo que transportaba a un grupo de haitianos, matando a siete personas e hiriendo a varios otros. Los actos fueron procesados en tribunales militares, pero después de varios años de proceso, la justicia militar absolvió a los soldados involucrados. El tribunal ordenó al gobierno a hacer un reconocimiento público de responsabilidad internacional, reabrir la investigación, juzgar y sancionar a los responsables de sus actos, y establecer el paradero de los cuerpos de los fallecidos , y repatriarlos a sus familias. Además, el tribunal ordenó al gobierno a brindar tratamiento psicológico a las víctimas durante el tiempo que sea necesario, la implementación de programas de capacitación para los funcionarios encargados del control de la inmigración y las fronteras, pagar una indemnización por daño material e inmaterial, y reembolsar a los demandantes por los costos y honorarios legales. Además, el tribunal ordenó al Estado llevar a cabo una campaña en los medios sobre los derechos de los migrantes regulares e irregulares en el territorio dominicano. Se resolvió que el Estado deberá rendir un informe anual durante tres años consecutivos, lo que indica las acciones que se han tomado en este sentido. f. Interferencia arbitraria con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia La ley prohíbe la entrada arbitraria en una residencia privada, excepto cuando la policía esté en persecución de un sospechoso o cuando un sospechoso es sorprendido en el acto de cometer un delito. La ley establece que todas las demás entradas en los hogares requieren una orden de detención o una orden de allanamiento expedida por un juez, sin embargo, la policía realizó allanamientos y confiscaciones ilegales, incluyendo las redadas sin orden judicial en residencias privadas en muchos barrios pobres. Aunque el gobierno negó el uso de escuchas telefónicas no autorizadas u otros métodos subrepticios para interferir con la vida privada de los individuos y las familias, los grupos de derechos humanos y políticos de la oposición alegaron que dicha interferencia continúa. Sección 2 . Respeto por las libertades civiles, incluyendo: a . Libertad de Expresión y de Prensa La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno en general respetó estos derechos. La libertad de prensa: Los medios independientes se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricción. Los individuos y grupos en general pudieron criticar al gobierno públicamente y en privado sin represalias, aunque hubo varios incidentes en los que las autoridades intimidan a los periodistas u otros profesionales de la información. Violencia y Acoso: Los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación a menudo fueron acosados y agredidos físicamente. El 11 de abril, las autoridades de la Policía Nacional y militares amenazaron al periodista Marcelo Contreras con una pistola mientras filmaba policías locales desalojando a los ocupantes ilegales que se asentaron en tierras de cultivo de Los Limones, cerca de la norteña ciudad costera de Nagua. El director delegado para el desalojo se acercó a Contreras, le exigió que dejara de grabación, confiscó su cámara, y lo arrestó. Se informó que el jefe del destacamento aconsejó Contreras que no hablara de lo que había sucedido. La policía comenzó una investigación, pero no se reportaron resultados. En agosto, una fuente de la agencia de noticias EFE informó que dos generales de la policía presuntamente planeaban secuestrar y matar a Fausto Rosario Adames, director del diario en línea acento.com.do. Ese mismo mes, los periodistas del Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Periodistas enviaron una carta al Presidente Medina para solicitar una investigación sobre el caso. Posteriormente, el presidente Medina ordenó la Procuraduría General de la Nación realizar una investigación. El 2 de septiembre, la policía local amenazó verbalmente al periodista Ramón Benzan del sitio de medios digitales en línea Ciudadoriental.org y a un fotógrafo del periódico Hoy, mientras intentaban fotografiar a un ciudadano dominicano de ser arrestado. Restricciones o censura de contenido: La Constitución establece la protección completa de la confidencialidad de las fuentes periodísticas e incluye una “cláusula de conciencia”, permitiendo que los periodistas se nieguen a asignaciones. Sin embargo, los periodistas seguían practicando la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los dueños de los medios. El 9 de octubre, dos periodistas de la revista La Lupa, Nicanor Leyba y Mercedes González, fueron llamados a una audiencia en el Senado para ser interrogado sobre dos artículos que imputaban actos de corrupción por el senador Félix Bautista. El artículo publicado por González acusó a la Oficina de Supervisión de Ingenieros de Obras Públicas de inflar el costo de construcción de las cárceles públicas; el senador Bautista era el encargado de la oficina cuando se construyeron las cárceles. El Senado interrogó a los periodistas acerca de sus fuentes y métodos de investigación. Las leyes de difamación / seguridad nacional: En 2012 un tribunal de Nagua condenó al periodista Johnny Alberto Salazar a seis meses de cárcel y una multa de indemnización de un millón de pesos (aproximadamente US$23,600 ) por difamación y calumnia. Los cargos se derivaron de observaciones emitidas al aire de Salazar acusando a Pedro Baldera, un funcionario local, de “proteger delincuentes vinculadas al crimen organizado”. Salazar, elegido miembro del consejo y crítico local muy conocido, dijo antes de su detención que había recibido amenazas del gobierno por su crítica a los funcionarios. En junio de 2012 un tribunal de apelaciones rechazó la decisión, lo que habría sido la primera vez que las leyes de difamación penal del país llevaron al encarcelamiento de un periodista por actividades profesionales. La fiscalía pidió una condena de un año y una multa de 4,675 millones de pesos, pero el caso seguía pendiente. Libertad en Internet No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a Internet o informes creíbles de que el gobierno vigilara el correo electrónico o las salas de conversación de Internet sin autorización legal adecuada. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 12% de los hogares tenía acceso a Internet en 2011, mientras que el 45% de los ciudadanos utilizaba el Internet en 2012. Libertad académica y eventos culturales No hubo restricciones gubernamentales a la libertad académica o eventos culturales. b . Libertad de reunión y de asociación pacíficas La ley establece la libertad de reunión y de asociación, con algunas excepciones, y el gobierno generalmente respetó estos derechos. Libertad de reunión La ley establece la libertad de reunión, pero las marchas y reuniones públicas requieren permisos, que normalmente concede el gobierno. En varias ocasiones, los agentes de policía utilizaron la fuerza para disolver manifestaciones y mató o hirió a manifestantes o transeúntes. El 9 de octubre, la prensa informó de un violento enfrentamiento entre la policía y manifestantes durante una huelga de 24 horas en Santiago. Los manifestantes en la provincia de Navarrete pedían mejoras en la infraestructura, el suministro de electricidad y agua potable para su comunidad. Dos personas resultaron heridas durante el enfrentamiento. La audiencia preliminar en relación con la presunta participación del capitán Santo León Genao en el tiroteo de 2012 que provocó la muerte de Johan José Medina durante una protesta en Cotui se retrasó de su fecha inicial de 8 de enero. El fiscal de distrito en Cotui informó que la familia de la víctima resolvió el caso fuera de los tribunales y retiró los cargos contra el oficial. En septiembre de 2012 la policía disparó contra un grupo que protestaba contra las actividades de La compañía minera de oro Barrick Gold, hiriendo a 37 civiles y cuatro periodistas que cubrían el evento. El jefe de la policía presentó de inmediato el caso al fiscal general para la investigación, destituyó al comandante regional coronel Miguel Ángel Menéndez y a un grupo de oficiales de rango medio involucrados en el incidente, y colocó el agente sospechoso de disparar contra civiles en reclusión preventiva a la espera de que el caso se presente ante los tribunales civiles. Libertad de asociación La ley establece la libertad de asociación, y el gobierno generalmente respetó este derecho. c . Libertad religiosa Ver el Informe del Departamento de Libertad Religiosa Internacional del Estado en www.state.gov/j/drl/rls/irf/ . d. Libertad de circulación, personas desplazadas internamente, protección de los refugiados y apátridas La ley establece la libertad de movimiento interno, los viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó estos derechos, con algunas excepciones. El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la prestación de protección y asistencia a los refugiados y solicitantes de asilo . Movimiento en el país: Los grupos locales e internacionales de derechos humanos informaron que potencialmente cientos de miles de personas sin la debida documentación, incluidos los migrantes haitianos y las personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, enfrentan obstáculos para viajar tanto dentro como fuera del país. La DGM no dio a conocer las estadísticas sobre el número de personas expulsadas a Haití durante el año. A lo largo del año los agentes del gobierno continuaron violando el debido proceso o las directrices internas de derechos humanos, a pesar de los términos de un acuerdo bilateral de 1999 con Haití en relación con la repatriación de los haitianos indocumentados, que estipula que la República Dominicana realizaría deportaciones durante el día, permiten a los deportados a llevar sus pertenencias, y mantener sus documentos de identidad. En 2011, el entonces presidente Fernández promulgó regulaciones que implementan parcialmente la Ley de Migración de 2004. El reglamento define los cuerpos burocráticos que manejan las cuestiones de migración, solicita la inscripción de todos los extranjeros en el país, exige el registro de los bebés nacidos de extranjeros no residentes en un registro especial (libro rosado), establece los requisitos para obtener la residencia legal, diseña un esquema para la importación de mano de obra temporal (lo que hace a los empleadores responsables del regreso de los trabajadores que traen), y reitera explícitamente la política existente, que somete a todos los inmigrantes indocumentados con la deportación / expulsión. Las ONG que observan las prácticas de los funcionarios de migración reportaron indicios de que la discriminación racial era un criterio clave que se utiliza para justificar la detención y deportación de individuos. Durante el año, se informa que muchos dominicanos de ascendencia haitiana fueron deportados por su apariencia y / o la falta de documentación. Debido a la naturaleza sumaria de los procedimientos de deportación, el derecho a la integridad de la familia y el derecho a la propiedad fueron violados comúnmente. De acuerdo con la ONG de derechos humanos, Centro Bono, el 9 de septiembre, los funcionarios de policía en la zona turística del este, Bávaro, detuvieron y deportaron a un presunto dominicano de origen haitiano que no pudo proporcionar una tarjeta de identificación nacional ‒que aseguraba poseer‒ mientras buscaba empleo. El individuo informó que las autoridades lo detuvieron en el Centro de Detención de Haina durante tres días antes de trasladarlo a Elías Piña en la frontera haitiano-dominicana, donde fue deportado. El individuo más tarde regresó a la República Dominicana a través de la ciudad fronteriza de Jimaní, aunque no estaba claro si regresó legal o ilegalmente. Según los medios locales, el Centro de Atención a los Inmigrantes era el único centro de detención del país para los inmigrantes sujetos a un proceso de deportación. Las ONG informaron que las condiciones y el trato de los detenidos en el centro eran deplorables y reivindican que la DGM no mantuvo ningún registro de los procesados en el centro. Al finalizar el año no se informó ninguna protección legal de las garantías procesales para las personas que se procesan para su deportación. La Constitución establece que ninguna autoridad podrá imponer medidas directas o indirectas para privar a las personas de su libertad, pero esto no se cumple en la práctica. El perfil racial por la DGM coloca a miles de dominicanos en riesgo de deportación y de convertirse en apátridas. Esto creó una cultura de temor entre las personas en riesgo de ser deportados por la DGM, limitando así su libertad de movimiento . Protección de los Refugiados El acceso al asilo: El gobierno estableció un sistema para proporcionar protección a los refugiados, pero no lo ha puesto en práctica de manera efectiva. El gobierno, sin embargo, expresó un renovado compromiso de proporcionar protección a los refugiados. El solicitante de la condición de refugiado debe ser referido por la Oficina Nacional de Refugiados en la Dirección de Migración al Subcomité Técnico de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), que está presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El subcomité tiene la responsabilidad de hacer una recomendación a la comisión, compuesta por miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores, la DNI, y la DGM. El pleno de la comisión tiene la responsabilidad de la decisión final sobre la solicitud. La comisión se reunió en junio de 2012 por primera vez desde 2005, cumpliendo una promesa hecha por el gobierno en la reunión ministerial del ACNUR en 2011 para reactivar CONARE y seguir colaborando con el ACNUR en la evaluación de las solicitudes de asilo. La comisión llegó a una decisión con respecto a 19 casos. En octubre de 2012 el presidente Medina se reunió con miembros de CONARE y pidió a la comisión a reunirse regularmente, para desactivar todas las reclamaciones pendientes en colaboración con la ONU, y presentar un informe a él dentro de los seis meses. CONARE no evaluó otras solicitudes de asilo ni presentó un informe al presidente Medina. De acuerdo con los datos disponibles más recientes recopilados durante el censo de ACNUR de 2012, había 203 casos de asilo pendientes, correspondientes a 822 demandantes individuales y sus familias, mientras que CONARE reportó 381 casos y 800 miembros de las familias para el mismo tiempo. Según ACNUR, más del 95% de estos solicitantes de asilo eran de Haití, y algunos de estos casos habían estado esperando una decisión desde 2001. Otros solicitantes de asilo eran de Sri Lanka, Cuba, Colombia e Irán. En el momento de la solicitud de asilo, a los solicitantes no se les permite trabajar. CONARE se reunió regularmente durante todo el año y emitió resoluciones en 231 casos de asilo pendientes, aprobó cuatro solicitudes y rechazó 227 casos. De los casos de asilo aprobados, tres familias eran haitianos y uno colombiano. Según el ACNUR, estos individuos pudieron de obtener los documentos de identidad y permisos de trabajo. El ACNUR atribuyó la alta tasa de rechazo a los criterios cada vez más duros empleadas por CONARE. CONARE explicó las 227 solicitudes fueron rechazadas porque las familias carecían de credibilidad, no cumplían con uno de los seis criterios establecidos en la Convención de la ONU de 1951 sobre el Estatuto los Refugiados, o carecían de pruebas suficientes. De acuerdo con la última información disponible, el ACNUR identificó 144 familias de refugiados haitianos en el país, que comprenden 725 individuos, a quienes se les concedió la residencia y la documentación de refugiados por el gobierno. Desde el año 2000 los derechos de estos refugiados supuestamente se han retirado como consecuencia de la imposibilidad del gobierno de renovar la documentación de los refugiados. Devolución: Aunque el gobierno proporcionó alguna protección contra la expulsión o devolución de personas a países donde su vida o su libertad pudieran verse amenazadas por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, opinión política, o casta, había un riesgo de deportación. La protección se aplica generalmente a las personas que lograron acceso a la condición de refugiado y se habían emitido pruebas de que eran refugiados o eran solicitudes pendientes. Los documentos que se conceden no otorgan derechos legales importantes, como la residencia, ni tampoco evitan la interrupción de los estudios educativos más allá del octavo grado a los hijos de refugiados. Debido a la falta de formación, no todos los funcionarios que pudieran detener a una persona así pueden reconocer estos documentos. Acceso a servicios básicos: A los hijos de refugiados haitianos se les niegan sistemáticamente los certificados de nacimiento, así como la educación, la salud, la seguridad y la documentación. Apátridas La Constitución de 2010 establece que toda persona nacida en el país es un nacional dominicano, excepto los hijos de diplomáticos, los niños nacidos de padres que están “en tránsito”, o los niños nacidos de padres que están en el país ilegalmente. En 2005 el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la Ley General de Migración de 2004, que redefinió el término “en tránsito” de un extranjero como el que entró en el país para llegar a otro destino a todos los trabajadores temporales, y más tarde a los migrantes irregulares. Según la ley, la excepción constitucional que niega la nacionalidad a los hijos nacidos en territorio dominicano de personas en tránsito ya no se aplica sólo a los padres que transitan por el país por un período de 10 días o menos, sino en cambio, considera que todos los no residentes tienen un estatus “en tránsito”. La ley define no residentes ampliamente para incluir turistas, estudiantes, trabajadores temporeros extranjeros, así como cualquier migrante indocumentado. El Registro Civil, administrado por la Junta Central Electoral (JCE), aplicó retroactivamente la ley de migración y se negó a emitir nuevos documentos de identidad o renovar la documentación vencida, a los sospechosos de ser hijos de padres extranjeros que no habían probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana, manteniendo que se les habían expedido indebidamente certificados de nacimiento. Aun antes de la aplicación de la Constitución de 2010, las autoridades les negaron la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes indocumentados. Antes de 2004, las leyes de migración concedían privilegios “en tránsito” a los extranjeros que ingresaron al país “con la intención principal de proceder a través del país a un destino exterior”. En 2007, la JCE instaló un sistema de registro conocido como el “libro rosado” que permitía a los niños nacidos en el país de padres que no son residentes legales recibir un certificado de nacimiento especial. Estos niños, cuyos padres tenían la documentación de su país de origen pueden estar registrados en el libro, después de lo cual a los padres se les daría un informe oficial de la natalidad que no confiere la ciudadanía. Las ONG locales e internacionales informaron que desde la implementación del libro rosado, los hospitales y los registros civiles no registraron numerosos hijos de inmigrantes haitianos ni a sus descendientes. Se estima que entre 10,000 y 20,000 niños nacieron de migrantes haitianos y sus descendientes cada año, pero pocos de los niños registrados en el libro rosa eran de ascendencia haitiana. Las ONG informaron de que algunos padres haitianos que estaban en el país legalmente y cuyos hijos eran nacionales dominicanos bajo la ley dominicana, estaban obligados a registrar los nacimientos de sus hijos en el libro de los extranjeros. Las autoridades del Registro Civil comenzaron simultáneamente a revisar la situación legal y la documentación civil de los dominicanos de ascendencia haitiana. Muchas de estas personas nacieron en territorio dominicano en un momento en que se aceptaba generalmente que el jus soli de la Constitución les otorgaba la nacionalidad dominicana. Desde 2007, sin embargo, los funcionarios del gobierno han tomado medidas enérgicas contra la dar la ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana, cuyos padres no pudieron documentar su estancia legal en el país. Estas medidas incluyen la negativa a renovar los documentos de nacimiento y de identidad dominicanos, dando lugar a la apatridia de jure. El Gobierno declaró que esas denegaciones se basan en la evidencia de documentación fraudulenta, pero los grupos de defensa alegaron que las acciones estaban dirigidas a personas cuyos padres eran haitianos o cuyos nombres sonaban haitianos y constituyeron actos de desnacionalización. . Como resultado de estas políticas, los descendientes de los inmigrantes haitianos que trabajaron y se establecieron en el país durante todo el siglo XX ‒ que nacieron en el país antes de 2010 y disfrutaron de un derecho a la nacionalidad dominicana‒ enfrentan un mayor riesgo de convertirse en apátridas. Esto se vio agravado por el hecho de que hasta junio de 2012, la Constitución haitiana no permitía la doble ciudadanía. Las personas de ascendencia haitiana que han obtenido la nacionalidad dominicana perdieron su derecho a la ciudadanía haitiana. Además, la adquisición de la nacionalidad haitiana mediante la aplicación de un marco nacionalidad jus sanguinis podría plantear problemas para las personas cuyos padres han perdido vínculos significativos con Haití y / o no tenían pruebas de ciudadanía haitiana como resultado de su presencia de larga data en la República Dominicana. Estos problemas se hicieron más graves para las personas de segunda o incluso tercera generación nacidos en la República Dominicana. El 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional (TC ) dictaminó que los niños nacidos en el país a los extranjeros “en tránsito” no se consideran nacionales dominicanos. La decisión del TC se reflejó en un caso presentado por la nacionalidad de Juliana Deguis Pierre, una joven de 29 años de edad, hija de nacionales haitianos y madre de cuatro hijos. El TC decidió que, aunque Deguis Pierre fue registrada como un ciudadano dominicano al nacer, ella, de hecho, no cumplía con los criterios para la adquisición de la nacionalidad dominicana porque los padres de Deguis Pierre residían ilegalmente en el país en el momento de su nacimiento. El TC ordenó a la JCE auditar su registros de nacimientos desde 1929, para identificar los extranjeros que podrían estar registrados indebidamente y transferirlos a una lista de registro de nacimientos extranjeros aparte. El fallo del TC también exhortó al Poder Ejecutivo a implementar un Plan Nacional de Regularización propuesto originalmente en la Ley de Migración de 2004. El TC señaló que los extranjeros en tránsito podrán modificar su estado de inmigración para obtener la residencia permanente legal. Las principales organizaciones de la sociedad civil consideraron la decisión como una violación del artículo 110 de la Constitución de 2010, que establece que una ley promulgada no se puede aplicar con carácter retroactivo, y las organizaciones internacionales criticaron el fallo. Las organizaciones dominico-haitianas de derechos humanos protestaron frente a la TC, y los guardianes de la sociedad civil expresaron su preocupación por aquellas personas cuyos nacimientos son re-inscritos en la lista de registro de nacimiento extranjero, y señalaron que la ubicación en esta lista podría erosionar los derechos civiles y legales, en una población ya vulnerable. La CIDH, el ACNUR y la CARICOM expresaron su profunda preocupación por la sentencia. En su comunicado, el ACNUR señaló que el fallo “podría hacer apátridas a innumerables personas nacidas en la República Dominicana de ascendencia haitiana, muchos de los cuales han vivido en la República Dominicana desde hace décadas. Debido a su efecto retroactivo, esta decisión tiene el potencial de afectar a decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana”. La Comunidad del Caribe (CARICOM ) instó al país a adoptar medidas para proteger los derechos humanos y las preocupaciones de las personas que se verían afectados por el fallo . El Registro Civil de la JCE estima que 24,392 personas fueron irregularmente registradas en el registro civil, 13.672 de los cuales eran de ascendencia haitiana. Un estudio de la Oficina Nacional de Estadística y de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) de 2012 estimó la población haitiana total en el país en 668,145, de los cuales 458,233 fueron identificados como inmigrantes haitianos y 209,912 fueron clasificados como personas de ascendencia haitiana. El número exacto de personas indocumentadas sigue sin estar claro. El 29 de noviembre, el presidente Medina decretó un Plan de Regularización de Extranjeros. El plan plantea una “vía especial para la naturalización” que beneficiaría a los extranjeros que ingresaron al país de manera irregular; extranjeros que ingresaron con regularidad, pero superaron el tiempo en el país o violaron las condiciones de su estancia, y a los menores inscritos en el registro civil que han nacido en el país de madres residentes. Grupos de la sociedad civil criticaron los elementos del plan y argumentaron que el gobierno no tuvo en cuenta las observaciones formuladas por la sociedad civil o los órganos de la ONU. La CIDH realizó una visita in loco a la República Dominicana del 2 al 5 de diciembre para observar la situación en relación con los derechos a la nacionalidad, la identidad y la igualdad de protección, sin discriminación, junto con otros derechos y temas relacionados. En sus conclusiones preliminares, la CIDH consideró que la sentencia implica una privación arbitraria de la nacionalidad y que la decisión tuvo un efecto discriminatorio, que despoja de la nacionalidad con carácter retroactivo, y da lugar a la apatridia para las personas que no se consideran ciudadanos dominicanos. Las personas nacidas en territorio dominicano de origen haitiano que carecían de documentos de ciudadanía o de identidad enfrentaron obstáculos para viajar dentro y fuera del país. Además, los indocumentados no pueden obtener cédulas de identidad (cédulas) ni tarjetas de votación. Las personas que no tienen una cédula o partida de nacimiento tenían acceso limitado a empleos en el sector formal, a la educación pública, al matrimonio y al registro de nacimientos, a los servicios económicos formales, como bancos y préstamos; a los tribunales y los procedimientos judiciales, y a la propiedad de la tierra o la propiedad en general. El Movimiento de Mujeres Dominico-haitianas (MUDHA) , una organización no gubernamental creada en 1983 para defender a los inmigrantes haitianos y a sus descendientes que viven en los bateyes, con especial énfasis en las mujeres y los derechos de los niños, continuó compilando las cuentas personales de las personas afectadas por la falta de documentación. Esbozó en varias visitas a las autoridades de la JCE los intentos fallidos para obtener la documentación necesaria para acceder a los servicios de salud, la educación superior, y ciertos tipos de empleo, así como para introducir a sus hijos en el registro nacional. MUDHA identificó más de 350 casos durante el año, y en cada uno de los casos, la JCE rechazó sus esfuerzos. Más de 200 personas afectadas interpusieron recursos de amparo contra el registro civil solicitando la emisión de certificados de nacimiento y documentos de identidad nacionales. Las decisiones de los tribunales de San Pedro de Macorís y El Seibo afirmaron que las autoridades habían violado los derechos de la nacionalidad de estas personas al negar sus documentos de identidad y de instrucciones a los registros civiles para entregar su documentación. La JCE, sin embargo, presentó una apelación y se negó a cumplir con las sentencias. Las ONG locales, así como periodistas, informaron que los funcionarios de la JCE y de la policía hostigaron a los demandantes tras las decisiones judiciales. Funcionarios de la JCE se presentaron en las casas de los demandantes y a la fuerza les pidieron que firmaran documentos legales, así como el registro de extranjeros (libro rosado). Sección 3. El respeto de los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno La ley otorga a los ciudadanos el derecho de cambiar su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos ejercieron este derecho a través de elecciones periódicas, libres y justas, celebradas sobre la base del sufragio casi universal. Policías en servicio activo y personal militar no pueden votar o participar en la actividad política partidista. Elecciones y participación política Elecciones recientes: En mayo de 2012, el candidato del PLD Danilo Medina ganó la presidencia en una elección que fue en general libre y ordenada, a pesar de algunas irregularidades. El Partido Revolucionario Dominicano ganó la mayoría de los votos electorales de un solo partido, pero el PLD ganó el voto popular con el apoyo de los partidos de la coalición. La Organización de Estados Americanos, que tuvo una misión de observación electoral presente en todo el proceso electoral, señaló varias deficiencias en el marco legal que rigen el proceso electoral, incluyendo el uso de los recursos públicos, el financiamiento de campañas y el acceso equitativo a los medios de comunicación. La misión de observadores y otros observadores independientes recibieron quejas relativas al derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana a votar. Debido a las políticas de registro civil restrictivas impuestas por la JCE, miles de dominicanos de ascendencia haitiana no pudieron obtener los documentos de ciudadanía necesarios para participar en las elecciones de 2012. Los observadores fueron testigos de varios simpatizantes del partido político comprando cédulas de identidad y votos en la jornada electoral. Los observadores también informaron sobre el uso de propaganda electoral en los centros de votación. Participación de las mujeres y las minorías: Por ley, los partidos deben reservar el 33% de los puestos en sus listas de candidatos para la Cámara de Diputados y los ayuntamientos para las mujeres. Había cuatro mujeres en el Senado de 32 miembros, 39 mujeres en la Cámara de Diputados de 190 miembros, tres mujeres en el gabinete, cuatro mujeres en la Corte Suprema de Justicia de 17 plazas, y tres mujeres en TC de 13 miembros. La ley requiere que los candidatos de cada partido para alcalde y vice alcalde, sean de diferentes géneros; había 12 alcaldesas y 143 alcaldes auxiliares femeninos. Sección 4. La corrupción y la falta de transparencia en el gobierno La ley prevé sanciones penales por corrupción oficial; sin embargo, el gobierno no implementó la ley efectivamente y los funcionarios participaron con frecuencia en prácticas corruptas con impunidad. Durante el año, el gobierno tomó medidas limitadas para reducir las oportunidades de corrupción, incluso, exigir a los funcionarios que firmen un código de ética. El Fiscal General investigó a otros funcionarios presuntamente corruptos, pero la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y una queja pública clave. Corrupción: La Oficina del Fiscal Especial para la Persecución a la Corrupción Administrativa (DPCA) reportó 31 investigaciones desde agosto de 2012 hasta julio de 2013 para casos contra funcionarios de menor nivel y de nivel medio. Esta estadística incluye cuatro casos en la etapa de audiencia preliminar, 15 casos concluidos, y tres casos que fueron objeto de apelación. Los funcionarios del gobierno estaban renuentes a investigar en serio y prepararse para casos que incluían altos funcionarios actuales y anteriores. El Ministerio Público, encabezado por el fiscal general, fue el responsable de investigar y procesar los casos de corrupción a través de DPCA, antes conocido como el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. La Cámara de Cuentas ha contribuido a la rendición de cuentas del gobierno a través de auditorías e investigaciones, que constituyó la base de los casos de corrupción del DPCA. DPCA, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General operaron de manera independiente, y parecieron libres de influencia política, aunque la falta de enjuiciamientos exitosos de funcionarios públicos de alto perfil por corrupción indicó un muy bajo nivel de compromiso del gobierno para combatir la corrupción. La sociedad civil participa activamente en las campañas de lucha contra la corrupción a través de organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación. En agosto seis organizaciones líderes de la sociedad civil protestaron contra la impunidad y la corrupción frente al Palacio Nacional durante tres semanas para exigir que los funcionarios corruptos fueran llevados ante la justicia. Las agencias gubernamentales tuvieron limitada y a menudo contradictorias relaciones con los miembros de la sociedad civil y los funcionarios gubernamentales continuaron caracterizando las acusaciones de corrupción como puramente por motivos políticos. Mientras que las agencias gubernamentales se quejaron de la falta de recursos, el mayor obstáculo para una investigación eficaz fue la falta de voluntad política para aplicar la ley y perseguir a los delincuentes, en particular los políticos de alto nivel. En 2012, el fiscal general solicitó a la Corte Suprema de Justicia para desocupar las decisiones en la administración anterior de suspender la investigación del senador Félix Bautista, acusado de sobornar al presidente de Haití, Michel Martelly y otros funcionarios para obtener lucrativos contratos de construcción después del terremoto de Haití valorados en 15 mil millones pesos (US$354 millones ), y el senador Amable Aristy Castro, acusado de malversación de hasta 250 millones de pesos (US$5,9 millones) cuando era secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Ambos senadores negaron vehementemente las acusaciones. En septiembre, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció que una auditoría de las 19 cuentas que implicaban al senador Bautista reveló indicios de delito, aunque la comisión bicameral continuó investigando las acusaciones de malversación de fondos y secretas contribuciones de 19,5 millones de pesos (US$460,000 ) a la campaña presidencial fallida del expresidente peruano Alejandro Toledo. En octubre, la Corte Suprema desestimó una demanda contra el expresidente Leonel Fernández, alegando que desvió fondos públicos y lavado de dinero para la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que él encabeza. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la práctica generalizada de la adjudicación de puestos en el gobierno como clientelismo político y el supuesto de que muchos funcionarios públicos, conocidos como “botellas”, no tenían que realizar funciones de trabajo para justificar su salario. Un exdiplomático criticó públicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores por tener más de 1,500 funcionarios en el extranjero, mientras que sólo el 25% de ellos estaban acreditados y realizaban funciones oficiales en el país asignado. En muchas ocasiones los funcionarios policiales intentaron solicitar sobornos de los individuos que enfrentaban arrestos o la imposición de multas. Los observadores locales de derechos humanos informaron de que las autoridades de inmigración y de la policía detuvieron a trabajadores de la construcción en situación irregular y a otros trabajadores manuales de ascendencia haitiana para obtener dinero de ellos. Las ONG informaron de incidentes de corrupción entre los funcionarios militares y de migración estacionados en la frontera y los puestos de control fronterizos. El uso de sanciones no judiciales continuó. Estas medidas incluyeron el despido o transferencia de personal militar, agentes de policía, jueces y otros funcionarios menores del gobierno que participaron en sobornos y otros comportamientos corruptos. Una actitud generalizada de tolerancia hacia ciertas formas de corrupción complica los esfuerzos anticorrupción. Protección de denunciantes: La ley establece la protección a los empleados públicos y privados para que hagan revelaciones internas o divulgaciones públicas legítimas de pruebas de la ilegalidad, como la solicitud de sobornos u otros actos de corrupción, desperdicios graves o fraude, mala administración, abuso de poder, o peligros sustanciales y específicos para la salud y la seguridad pública. Las autoridades implementaron la ley de manera efectiva para proteger a los denunciantes de represalias. El gobierno mantuvo una línea directa, accesible por teléfono o en línea, para denunciar la corrupción pública, delitos, o el comportamiento inadecuado de los empleados del gobierno. De acuerdo con la Oficina de Tecnología y Comunicaciones, dependiente de la Oficina de la Presidencia, el 30 de noviembre, los ciudadanos hicieron 1.455 denuncias. Divulgación de información financiera: La ley exige que el presidente, vicepresidente, miembros del Congreso, algunos jefes de agencias y otros funcionarios, incluyendo recaudadores de impuestos y derechos de aduana declaren sus bienes personales dentro de un mes después de ser contratados, así como cuando terminan sus responsabilidades. La constitución requiere además que los funcionarios públicos declaren la procedencia de sus bienes, aunque esto no es extensivo a los activos e ingresos de los cónyuges e hijos dependientes. Los funcionarios del gobierno en general se ajustan a la ley. El Ministerio Público está a cargo de la revisión de estas declaraciones, pero no hay sanciones penales para las infracciones de esta ley, y no había indicios de que los informes se verificaron debidamente. El Ministerio Público informó que, en el periodo entre el 20 de septiembre de 2013 y hasta 20 de diciembre de 2013 recibió 590 declaraciones. La Dirección General de Impuestos Internos recoge los ingresos públicos en una “cuenta única”, una iniciativa de transparencia clave para centralizar la recaudación y el desembolso de los recursos públicos. Como parte de esta iniciativa, el gobierno eliminó 2,832 de las aproximadamente 6,000 cuentas públicas, aunque las agencias del gobierno con otras fuentes de ingresos mantienen las 4,000 o más cuentas separadas restante , con poca o ninguna supervisión gubernamental . La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG ) continuó operando con un fuerte mandato político, pero con resultados mínimos. En julio, periodistas investigadores acusaron públicamente a la cabeza de DIGEIG, Marino Vinicio “Vincho” Castillo, de falsificar sus formularios de información financiera y el lanzamiento de un “reino del terror” contra sus enemigos políticos. Castillo fue un destacado abogado, presidente del partido nacionalista de la Fuerza Nacional Progresista, y anfitrión de un programa de televisión semanal, en el que denunció la denuncia de uno de los periodistas quien presentó una demanda por difamación. En 2012 la Cámara de Cuentas presentó 16 informes de auditoría al Congreso con hallazgos significativos de malversación de fondos públicos y falta de procedimientos adecuados. Estos informes corresponden a las acciones tomadas entre 2004 y 2010 e implicaron tanto a autoridades municipales, como a los miembros del Gobierno central. Algunos de los implicados han sido llevados ante los tribunales, mientras que otros casos aún estaban siendo investigados. Un estudio del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas realizado a petición de la Cámara de Cuentas y utilizando su información, reveló debilidades sistemáticas y falta de transparencia en los gobiernos locales, con sólo 53 de los 155 ayuntamientos y 36 de 230 distritos municipales que informaron su manejo de los fondos públicos como lo requiere la ley . Acceso público a la Información: La Constitución garantiza el acceso público a la información gubernamental. La ley pone límites a la disponibilidad de dicha información únicamente en circunstancias específicas, como para proteger la seguridad nacional. Las autoridades están obligadas a revelar o responder a las solicitudes de acceso dentro de los 15 días laborales, y el proceso es gratuito o la cuota es muy razonable. La ley prevé penas de hasta dos años de prisión y una prohibición de cinco años para ocupar cargos de responsabilidad pública para los funcionarios públicos que obstruyan el acceso a la información pública. La Corte Suprema de Justicia puede revisar la decisión de un organismo de negar el acceso a la información. Las respuestas fueron a menudo oportunas pero incompletas, y el gobierno rechazó regularmente las solicitudes posteriores. Aunque mucha información estaba fácilmente disponible en la Red, a veces era inexacta o inconsistente con otros informes del gobierno. Hubo poca consistencia en la determinación de cuál era la información pública y lo que no lo era, debido a la falta de un organismo único de supervisión, lo que también hizo imposible recopilar datos estadísticos sobre el número de solicitudes de información recibidas, o el resultado de estas peticiones. Bajo la Iniciativa Participativa Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales llevaron a cabo actividades de divulgación y capacitación pública oficial para fomentar el uso eficaz de la ley. Sección 5. Actitud del gobierno respecto de investigaciones internacionales y no gubernamental de presuntas violaciones de los Derechos Humanos Varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos operaron generalmente sin restricción gubernamental, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Si bien los funcionarios del gobierno a menudo cooperaron y fueron receptivos a sus puntos de vista, los grupos de derechos humanos que abogan por los derechos de los haitianos y las personas de ascendencia haitiana fueron una excepción y enfrentaron el acoso ocasional del gobierno. Órganos de Derechos Humanos del Gobierno: La Constitución establece el cargo de Defensor del Pueblo, y el 13 de mayo, el Senado designó a Zoila Martínez, exfiscal de distrito de Santo Domingo, para un mandato de seis años. Las funciones del Defensor del Pueblo, como se indica en la Constitución, son para salvaguardar los derechos humanos fundamentales de las personas y proteger los intereses colectivos establecidos en la Constitución y la ley. Una organización no gubernamental de derechos humanos describió el nombramiento de Martínez como un triunfo para las organizaciones que participan en el movimiento de derechos humanos, pero señaló que no había asumido un papel activo en su nueva posición. Sección 6. Discriminación , abusos sociales y trata de personas Aunque la Constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, idioma, y posición social, existía ese tipo de discriminación. El gobierno rara vez reconoció que la discriminación ocurrió, o hizo esfuerzos para abordar el problema. Mujeres La violación y la violencia doméstica: La ley penaliza la violencia contra las mujeres, y el Estado puede perseguir la violación, el incesto, la agresión sexual, y otras formas de violencia en el hogar. Las penas por estos delitos van de uno a 30 años de prisión y multas de 700 a 245 mil pesos. Las sanciones por violación, incluida la violación conyugal, son de 10 a 15 años de prisión y una multa de 100,000 a 200,000 pesos. Para los casos que involucran a una persona vulnerable o un niño, o si se produjo violación en otras circunstancias atroces, la pena es de 10 a 20 años de prisión. El Código Penal modificado castiga la violencia doméstica entre cuatro y 10 años de prisión y una multa significativa. Cuando la violencia doméstica causa la incapacidad de la víctima durante más de 90 días, el infractor enfrenta una pena de prisión de 10 a 20 años, mientras que los que causan lesiones o daños permanentes enfrentan un máximo de 30 años de prisión. A pesar de la ley, la violación era un problema grave y generalizado. Los sobrevivientes de violación suelen no d

enuncian el delito, debido al temor al estigma social, temor a las represalias, y la percepción de que la policía y el sistema judicial dejarían de proporcionar reparación. El Estado puede procesar a un sospechoso de violación aunque la víctima no presente cargos, y las víctimas de violación pueden presentar cargos en contra de los cónyuges. Generalmente, la policía anima a las víctimas de violación a pedir ayuda a la unidad especializada de violencia de género dentro de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, defensores públicos o las ONG . A pesar de los esfuerzos del gobierno para mejorar la situación, la violencia contra las mujeres continuó siendo generalizada. La Unidad de Violencia de Género de la Policía Nacional recibió 417 informes de víctimas de violencia hasta septiembre. El fiscal general informó que de enero a noviembre se registraron más de 60,000 denuncias de violencia de género a las autoridades al nivel nacional, en comparación con 70,000 denuncias presentadas en 2011. Se incluyen en esta cifra más de 9,000 denuncias de delitos sexuales. El número de casos de violencia contra las mujeres superó la capacidad de la Fiscalía General para hacer frente a la situación. Según la Policía Nacional, más de 1,117 mujeres perdieron la vida debido a la violencia de género entre enero de 2008 y octubre de 2013. La Unidad de Violencia de Género de la Policía Nacional informó de 117 casos de feminicidio hasta septiembre. En 2012 la Policía Nacional informó 162 casos por año. La gran mayoría de los sobrevivientes de la violencia nunca presentó su denuncia ante el fiscal general. El fiscal general informó que de enero a octubre, 140 mujeres murieron víctimas de la violencia doméstica, en comparación con 160 muertes durante el mismo período en 2012. Algunos ejemplos de enjuiciamiento exitoso tuvieron lugar: El 3 de agosto, un tribunal condenó a Freddy Antonio Sosa Vargas a 20 años de prisión por matar a su novia, Belkys Collado, después de una investigación de un año realizada por el fiscal de distrito de Valverde en la provincia Valverde-Mao. Sosa Vargas disparó y mató a Collado en julio de 2012. La prensa publicó regularmente artículos sobre la violencia doméstica y los casos de femicidio. El 28 de agosto, un periódico informó de tres casos que se produjeron 26 de agosto en Boca Chica, Jarabacoa y San Pedro de Macorís. En Boca Chica, Rafael Ramón Villar Bonilla apuñaló a su esposa, Tapia Cepeda, once veces y, posteriormente, se colgó de un árbol. En Jarabacoa, Luis Tiburcio prendió fuego a su esposa, Yokati Cepeda, en el después de que ella intentó hacerse con las llaves de la motocicleta para evitar que él condujera ebrio. Cepeda sufrió quemaduras de primer y segundo grado. En San Pedro de Macorís, Víctor del Carmen Rivera se suicidó después de que disparó e hirió gravemente a su novia de 17 años de edad, Iliana Pérez y a su madre, Fahana Pérez. Ambas sobrevivientes recibieron hospitalización, pero la policía no dio a conocer información adicional sobre el caso. Los familiares de las tres víctimas pidieron a las autoridades intensificar las medidas adoptadas contra los agresores para evitar futuros casos de violencia doméstica. La Oficina del Procurador General de la Nación supervisa la Unidad Especializada de Prevención de Violencia y Atención que tiene 17 sucursales en las 32 provincias del país. En estas oficinas los sobrevivientes de la violencia pueden presentan denuncias penales, obtienen asistencia jurídica gratuita, y reciben atención psicológica y médica. La policía tenía instrucciones para reenviar todos los casos de violencia doméstica y asalto sexual a estas oficinas. Cada oficina tiene psicólogos profesionales en su personal para orientar a las víctimas de la violencia y para evaluar la amenaza de un peligro inminente asociado con una queja. Estas oficinas tienen autoridad para emitir órdenes de restricción temporal inmediatamente después de recibir las quejas y servir como mensajeros de las víctimas para evitar el contacto entre la víctima y el agresor. A pesar de estos avances, las organizaciones de mujeres expresaron preocupación porque el número de oficinas es insuficiente. En un paso adicional hacia la solución del problema, la Oficina del Fiscal General de la Nación instruyó a todos sus funcionarios en todo el país para que no concilien los casos de violencia contra la mujer y continuar los procesos judiciales ‒aún en los casos en que las víctimas retiren los cargos. Los fiscales de distrito fueron instruidos para prestar asistencia y protección a las víctimas de la violencia y referirlas a las instituciones pertinentes para que reciban asesoría legal, médica y psicológica. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación instruyó a todos sus funcionarios que las investigaciones y la presentación de los cargos deben concluirse en un plazo no mayor de 35 días, a menos que el caso se consideró complejo. La Policía Nacional puso en marcha la Oficina de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, que integra a decenas de agentes de policía recién graduados capacitados por la ONG Profamilia, así como por la Procuraduría General de la Nación. La oficina, dirigida por la coronela Teresa Martínez, estuvo vinculado a las líneas de llamada de emergencia para facilitar los servicios de respuesta rápida. En los casos de violencia, los oficiales fueron autorizados a entrar en el domicilio de la víctima sin una orden judicial para brindar protección a las víctimas. El Ministerio de la Mujer, que tenía recursos limitados, promovió activamente la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres a través de la implementación de programas de educación y sensibilización, y la capacitación a otros ministerios y oficinas gubernamentales. El Ministerio también promueve mayores niveles de participación femenina en la vida política del país. El gobierno y varias organizaciones no gubernamentales llevan a cabo programas de capacitación y difusión sobre la violencia doméstica y los derechos legales. El Ministerio de la Mujer opera dos centros de acogida para víctimas de violencia doméstica en lugares no revelados, en los que las personas maltratadas pueden hacer informes a la policía y recibir asesoramiento. Los refugios destinados prestan a las mujeres asistencia a corto y mediano plazo de hasta tres meses para escapar de situaciones de violencia. Acoso sexual: El acoso sexual en el lugar de trabajo es un delito menor y conlleva una pena de un año de prisión y una multa de 5,000 a 10,000 pesos, sin embargo , los dirigentes sindicales informaron que la ley no fue aplicada, y el acoso sexual se mantuvo como un problema. La Procuraduría General de la Nación informó que el acoso sexual es particularmente frecuente en las zonas francas. Derechos Reproductivos : Las parejas y los individuos tenían el derecho a decidir el número, espaciamiento y el momento para tener hijos y, en general, tuvieron la información para hacerlo libre de discriminación, coerción y violencia. Cuando estén disponibles, los anticonceptivos se proporcionan sin cargo, sin embargo, muchas mujeres de bajos ingresos los utilizaba debido a un suministro irregular de los organismos públicos. Existían prejuicios sociales contra y las prohibiciones religiosas sobre el uso de métodos modernos de planificación familiar. Una investigación de UNFPA indicó que el 73% de las mujeres de entre 15 a 49 años utiliza un método anticonceptivo moderno. El Ministerio de Departamento de Epidemiología de Salud reportó 149 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos para el período de enero a noviembre. Un estudio del Fondo / UNFPA / Banco Mundial de 2012 de la Organización Mundial de la Salud / UN Children, estima que la tasa de mortalidad materna es 150 por cada 100,000 nacidos vivos en 2012, una disminución de nueve muertes maternas desde 2011. La leve mejora se atribuyó a un mayor acceso a servicios de salud reproductiva y prenatal y postnatal de la salud, buenas prácticas de salud y programas de educación y prevención exitosos. Aunque la Organización de las Naciones Unidas estima que el personal de salud calificado asistió 95% de los nacimientos en 2012, había mujeres con acceso limitado a una atención adecuada, especialmente las mujeres de ascendencia haitiana. La alta tasa de embarazos entre las adolescentes sigue siendo una preocupación. En julio, el UNFPA estima que un 22% de las adolescentes ha estado embarazada. Las elevadas tasas de embarazo han contribuido a un alto nivel de mortalidad materna; el UNFPA encontró que el 19% de las muertes maternas ocurrieron entre las adolescentes. Otros factores importantes que contribuyen a las muertes maternas y neonatales fueron la mala calidad de la atención y la falta de acceso a servicios de salud, así como las complicaciones durante el embarazo y el parto. La mayoría de las mujeres tenían acceso a algún tipo de atención postnatal, aunque la falta de atención postnatal fue mayor entre los jóvenes, las mujeres sin educación, y los de los quintiles económicos más bajos. El acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual se vio limitado por problemas técnicos, financieros y de gestión, que igualmente afectan tanto a hombres como mujeres. Discriminación: Aunque la ley brinda a las mujeres y los hombres los mismos derechos legales, las mujeres no gozan de la condición social y económica o la oportunidad igual a la de los hombres. Los hombres llevaron a cabo aproximadamente el 70% de las posiciones de liderazgo en todos los sectores. Como promedio, las mujeres recibieron el 44% menos que los hombres en trabajos de igual contenido y que exigen iguales capacidades. Se informó, que algunos empleadores hicieron pruebas de embarazo a las mujeres antes de contratarlas, como parte de un examen médico requerido. Aunque es ilegal discriminar sobre la base de estas pruebas, los líderes de las ONG informaron que las mujeres embarazadas con frecuencia no se les contrata, y que las trabajadoras que quedan embarazadas en ocasiones fueron despedidos. No había programas gubernamentales eficaces para combatir la discriminación económica contra la mujer. Niños El registro de nacimiento: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el país, excepto por los hijos de diplomáticos, los que están “en tránsito”, o de los padres que están ilegalmente en el país (Ver sección 2.d.) . Un niño nacido en el extranjero de madre y padre dominicano también puede adquirir la ciudadanía. Un niño no registrado al nacer es indocumentado hasta que se haga una declaración tardía, y había limitaciones en las declaraciones tardías. Un informe de 2009 de la ONG Profamilia y la UNESCO indicó que el 13% de los niños menores de 15 años no han sido registrados. Educación: La Constitución garantiza la educación pública gratuita y obligatoria hasta los 18 años. Esta disposición, sin embargo, no siempre se cumple, y muchos niños se les negó el acceso a la educación primaria por falta de documentación o debido a la discriminación contra los niños de ascendencia haitiana. Una vez que los niños llegan a la escuela secundaria, se requiere documentación legal para inscribirse, lo que desalentó a algunos niños de asistir o terminar la escuela. Muchos niños que carecían de la documentación, en su mayoría haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana, se fueron restringidos de asistir a la escuela secundaria (después del octavo grado) y se enfrentaban a problemas en el acceso a otros servicios públicos. De acuerdo con las estadísticas más recientes disponibles por el Ministerio de Educación, el 84% de los niños en edad escolar estaban matriculados en las escuelas primarias en 2008. Abuso Infantil: El abuso de niños, incluido el abuso físico, sexual y psicológico, es un problema grave. La Oficina del Procurador General de la Nación tiene la Unidad Especial para Niños y Adolescentes, que mantiene una línea telefónica donde las personas pueden llamar para denunciar los casos de abuso infantil. Pocos de esos casos llegaron a los tribunales, debido al temor a la vergüenza de la familia, la falta de recursos económicos, o la falta de conocimiento con respecto a la asistencia jurídica. La oficina del fiscal de distrito de Santo Domingo informó que en la mayoría de los casos de abuso, el acusado era una persona cercana al niño, como un familiar o amigo de la familia. La Procuraduría General de la Nación informó que hasta noviembre, recibió más de 2,000 denuncias de casos de violación de menores y 44 casos de incesto. La ley contempla el traslado de un niño maltratado a un entorno de protección. Los observadores locales reportaron que casos de maltrato infantil se no se registraron debido a la creencia generalizada de que estos problemas deben tratarse dentro de la familia. La ley contiene disposiciones sobre el abuso infantil, incluyendo el maltrato físico y emocional, la explotación sexual y el trabajo infantil. La ley establece penas de dos a cinco años de prisión y multa de tres a cinco veces el salario mínimo mensual para las personas declaradas culpables de abuso de un menor. La pena se duplicará si el abuso está relacionado con el tráfico. La Dirección Nacional del Gobierno para la Asistencia a las Víctimas coordina los esfuerzos de las entidades oficiales y organizaciones no gubernamentales para ayudar a los niños que fueron víctimas de la violencia y el abuso. Matrimonio forzado y precoz: La edad mínima legal para contraer matrimonio con el consentimiento de los padres es de 16 años para los hombres y 15 para las mujeres. Según los últimos datos disponibles de la ONU, aproximadamente el 40% de las mujeres de entre 20 a 24 se casaron antes de los 18 años, más de un tercio se casó antes de los 15 años. Un porcentaje mucho menor de los varones, sólo el 9%, se casó antes de los 18 años de edad. A menudo las niñas se casan con hombres mucho mayores. El matrimonio infantil ocurrió con mayor frecuencia entre las niñas que eran incultas, pobres, y que viven en zonas rurales. Explotación Sexual de Niños: La ley define la violación de menores como las relaciones sexuales con alguien menor de 18 años de edad. Las sanciones por violación de menores son de 10 a 20 años de prisión y una multa de 100,000 a 200,000 pesos. La ley también contiene disposiciones específicas que prohíben la pornografía infantil y la prostitución infantil, con prescripción de sanciones por el abuso sexual de los niños de 20 a 30 años de prisión y multas de 100,000 a 200,000 pesos. La prensa con frecuencia informó sobre casos de pedofilia. El 24 de junio, las autoridades arrestaron a Francisco Javier Occis Reyes, un sacerdote católico, y lo pusieron en prisión preventiva por abuso sexual de un menor. La explotación sexual comercial de los niños en general, ocurrió en los lugares turísticos y las principales zonas urbanas. El gobierno llevó a cabo varios programas de lucha contra la explotación sexual de menores de edad, incluyendo avisos en los aeropuertos y programas focalizados en lugares turísticos populares. El Ministerio de Trabajo continuó un programa de lucha contra este tipo de explotación en los destinos turísticos populares como Boca Chica, Sosúa, y Las Terrenas. Estos programas proporcionan apoyo psicológico y asistencia médica, los niños regresaron a las aulas, y reunieron a los niños con sus familias y comunidades siempre que fue posible. Los programas también proporcionaron asistencia jurídica a los niños víctimas y sus familias para detener y condenar a los explotadores. Niños desplazados: Hubo una gran población de niños que viven en las calles, compuesta principalmente de haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana (ver sección 2.d.). Un problema constante era el tráfico de niños de niños haitianos en la República Dominicana. En mayo las autoridades rescataron a un grupo de 58 víctimas de la trata infantil haitiana en Santo Domingo. Las autoridades también arrestaron a más de 20 personas sospechosas de ser miembros de una banda dedicada a la trata de niños haitianos. Secuestros internacionales de niños: El gobierno es parte en la Convención de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores. Antisemitismo La comunidad judía compuesta por aproximadamente 300 a 350 personas. No hubo informes de actos antisemitas. La trata de personas Personas con discapacidad Aunque la ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales, estos individuos sufren discriminación en el empleo y en la obtención de otros servicios. La ley prevé el acceso físico a las personas con discapacidad a todos los nuevos edificios públicos y privados y el acceso a los servicios básicos. Las autoridades trabajaron para hacer cumplir estas disposiciones, pero persistió un vacío en la aplicación. El 18 de septiembre, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, anunció un plan para asegurarse de que las rampas y la infraestructura conexa fueron completadas en todas las encuestas de votación para las elecciones nacionales de mayo 2016. El bordillo de 10 pulgadas de alto, de tres kilómetros de largo hace que sea difícil para las personas con discapacidades de movilidad para desplazarse e incluyó sólo cinco rampas para personas minusválidas, destinados principalmente para uso vehicular. El ministerio explicó que la altura significativa de la acera fue diseñado para evitar que los vehículos de aparquen en la acera El Consejo Nacional de la Discapacidad exigió la construcción de rampas de acceso para todas las personas, pero el ministerio no había respondido antes de octubre. La asociación citó la falta de transporte público accesible para personas con discapacidad como un impedimento importante. La ley de discapacidad 2000 establece que el gobierno debe garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso al mercado de trabajo, así como actividades culturales, recreativas y religiosas, pero no se aplicó de forma consistente. El Consejo Nacional de la Discapacidad promovió también los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Consejo firmó un convenio con el Jardín Botánico Nacional para garantizar el acceso al parque para los visitantes discapacitados. La discriminación contra las personas con discapacidad mental era común en todos los sectores públicos y privados. Minorías raciales / étnicas nacionales No hubo evidencia significativa de los prejuicios raciales y la discriminación contra las personas de tez oscura, pero el gobierno negó que tal prejuicio o discriminación existieran y, en consecuencia, hizo poco para abordar el problema. También hubo fuertes prejuicios contra los haitianos, que desfavorecieron a muchos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, así como a otros extranjeros de tez oscura. Funcionarios continuaron negando la educación básica, la salud y los servicios de documentación a las personas de ascendencia haitiana. Pocos funcionarios gubernamentales reconocieron la existencia de esta discriminación, mientras que otros negaron periódica y públicamente que existía. Las ONG locales informaron de incidentes en los que se les negó las personas de piel más oscura el acceso o servicios en los bancos, servicio en restaurantes y tiendas, la entrada en las discotecas, la matrícula en las escuelas privadas, y el registro de nacimientos en los hospitales. El 1 de mayo, dos médicos dominicanos alegaron que el bar “La Chismosa” ubicado en una zona de moda en Santo Domingo les negó la entrada por causa del color de su piel. Este caso fue la segunda acusación presentada contra el bar, después de que otro hombre al que se le negó la entrada debido a su complexión presentó una demanda contra los propietarios. Los haitianos continúan inmigrando al país en busca de oportunidades económicas y de socorro. La DGM, sin embargo, siguió llevando a cabo “retornos” de personas indocumentadas a Haití. Los funcionarios afirmaron que estos retiros no se deben considerar repatriaciones o deportaciones, aunque la distinción entre ambas era poco clara. Según Keder Lafortune, portavoz de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana, las redadas en los haitianos que viven en el país se produjeron de una manera sistemática y los parámetros externos que ofrece la Constitución de 2010. Según Lafortune, las autoridades maltrataron a mujeres embarazadas y niños y los señalaron para la deportación. Según ONG locales, funcionarios de migración y las fuerzas de seguridad a veces confiscaron y destruyeron documentos y pasaportes de residencia de los expulsados a pesar de las órdenes del gobierno de respetar los derechos humanos de los expulsados. En algunos casos, los expulsados con documentos legales adecuados recibieron permiso para regresar. También se informó que los empleadores utilizan las repatriaciones antes de los días de pago para evitar pagar los trabajadores por su trabajo. Algunos inmigrantes haitianos y otros vivían en barrios de chabolas o campos de trabajo conocidos como bateyes azucareros. Al igual que en muchas zonas pobres en otras partes del país, se trataba de ambientes hostiles, con poca o ninguna electricidad, agua corriente, instalaciones sanitarias, o una educación adecuada. Muchos de los residentes de los bateyes, que carecen de la documentación, sentían que no tenían más remedio que permanecer en sus comunidades, donde se sentían relativamente a salvo de los riesgos de la deportación y de acoso que existían en otras partes del país Abusos sociales, discriminación y actos de violencia basados en la orientación sexual e identidad de género Ninguna ley específica protege a las personas contra la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género, y las ONG informaron discriminación generalizada en áreas tales como la salud, la educación y el empleo. Personas LGBT enfrentan a menudo la intimidación y el acoso. Las ONG informaron que las personas LGBT se mostraron reacias a presentar cargos oficiales o denuncias por temor a represalias o humillación. En situaciones en las que las personas LGBT presentaron denuncias, muchas optaron por retirar los cargos. La comunidad transgénero informó sobre una discriminación y violencia generalizada. Según las ONG, en los 18 casos de muerte transgénero denunciados y publicitados en los cuatro años anteriores, el sistema judicial procesó a un perpetrador. Uno murió y seis resultaron heridos. Los agresores identificaron a las víctimas por su nombre, pero la respuesta del público con el incidente indicaron que los incidentes similares eran comunes. Según varios informes, las personas LGBT fueron detenidos sin razón, no contrataron trabajo, les negaron el acceso a alquilar / poseer casas, y se les negó el acceso a los servicios de salud. Las ONG LGBT informaron que la discriminación y los ataques eran más frecuentes en las afueras de Santo Domingo. El 13 de agosto, seis personas LGBT fueron atacadas durante una fiesta callejera organizada por la comunidad LGBT en Laguna Gri Gri, en la costa norte. Varios informes indican que las víctimas podrían haber sido blanco de ataques por su implicación en actividades criminales, en lugar de limitarse a su orientación sexual. Uno murió y seis resultaron heridos. Los agresores identificaron a las víctimas por su nombre, pero la respuesta del público con el incidente indicaron que incidentes similares eran comunes. Según varios informes, las personas LGBT fueron detenidos sin razón, no los contratan, les niega el acceso a alquilar / tener casas propias, y se les niega el acceso a los servicios de salud. Las ONG LGBT informaron que la discriminación y los ataques eran más frecuentes las afueras de Santo Domingo . El 18 de agosto, las ONG y la prensa informaron que dos personas LGBT fueron atacados en un espacio público, detenidas sin cargos, e insultados por la policía en la zona colonial de Santo Domingo. Fueron puestos en libertad después de una detención de 14 horas. Las ONG informaron de varios casos de estudiantes LGBT expulsados de la escuela por ningún motivo legítimo. Aunque se concedieron permisos oficiales para que las personas LGBT realizaran actividades en el espacio público, estos permisos a menudo incluyen condiciones especiales que impedían a las organizaciones LGBT la celebración de sus eventos. Los miembros de la comunidad LGBT con frecuencia se reunieron de manera informal en los espacios públicos, sobre todo en el Parque Duarte de la zona colonial de Santo Domingo. Las actividades formales de las organizaciones LGBT, sin embargo, en general se someten a la aprobación de la Junta de Comunidades de Vecinos, una institución influida por la Iglesia católica y sus puntos de vista conservadores sobre temas LGBT . Desde la primera celebración del orgullo gay en el 2001, las autoridades han rechazado o retrasado peticiones desfile posteriores por organizaciones LGBT. Pero en junio, la comunidad LGBT celebró con éxito un desfile del orgullo gay y el concierto de la solidaridad, durante el cual las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad LGBT exigieron respeto a sus derechos humanos y pidieron a las autoridades descontinuar las prácticas discriminatorias. Los participantes encontraron cierta resistencia por parte de la policía durante el desfile. Del 29 de noviembre al 8 de diciembre la comunidad LGBT celebra Outfest Santo Domingo, cuarto festival internacional anual de cine LGTB del país. Outfest fue una iniciativa creada para promover el debate sobre la realidad de los temas LGBT en la sociedad a través del medio cinematográfico. El festival, que trató de promover los derechos humanos y la convivencia social, fue organizado por una red de voluntarios con el apoyo de otras organizaciones locales e internacionales. Aunque la ley prohíbe el uso de la prueba del VIH a los empleados de la pantalla , Human Rights Watch y Amnistía Internacional informó de que los trabajadores en varias industrias las pruebas obligatorias del VIH en el lugar de trabajo . Muchos trabajadores o pacientes encontró que tenían la enfermedad no fueron contratados , fueron despedidos de sus puestos de trabajo , o se les negó asistencia médica adecuada. Sección 7. Derechos de los trabajdores a. La libertad sindical y el derecho de negociación colectiva La ley establece el derecho de los trabajadores, con excepción de los militares y la policía, a formar y afiliarse a sindicatos independientes, realizar huelgas legales y de negociación colectiva, sin embargo, pone varias restricciones a estos derechos. Además, la ley estipula que las huelgas no pueden ser convocadas hasta que se hayan cumplido los requisitos de la mediación obligatoria. A los trabajadores del sector público se les permite formar asociaciones registradas en la Oficina de la Administración Pública. La ley exige que el 40% de los empleados de funcionarios públicos esté de acuerdo con afiliarse al sindicato en una entidad gubernamental dada para que se forme. Los requisitos formales para que una huelga sea considerada legal incluyen el apoyo de la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, un intento previo para resolver el conflicto a través de la mediación, la notificación por escrito al Ministerio de Trabajo, y un período de espera de 10 días siguientes a la notificación antes de continuar con la huelga. A los trabajadores del gobierno y personal de servicios públicos esenciales no tienen permitido ir a la huelga. La ley prohíbe la discriminación contra los sindicatos y prohíbe a los empleadores despedir a un empleado por participar en actividades sindicales, además de ser parte de un comité que busca formar un sindicato. Las sanciones por prácticas laborales injustas que son contrarias a la libertad de asociación van de siete a 12 veces el salario mínimo, que puede aumentar en un 50% si el patrón repite el acto. El incumplimiento de un convenio colectivo se castiga con una multa equivalente a entre tres y seis veces el salario mínimo. Esas multas no fueron suficientes para disuadir a los empleadores de violar los derechos de los trabajadores y rara vez se aplicaban. En el sector del azúcar, por ejemplo, los informes de inspección de trabajo provistos por el gobierno , que cubrió las inspecciones desde 2007 hasta febrero de 2012, no reflejan ninguna evidencia de inspectores que preguntaran a los trabajadores o a los supervisores acerca de los problemas relacionados con la libertad de asociación, el derecho a organizarse, la afiliación sindical o la actividad, o la negociación colectiva, aunque los trabajadores informaron por separado algunos casos de empleadores los amenazan con el despido o la pérdida de la vivienda si fueran a reunirse con los compañeros de trabajo del compañero. El proceso para resolver disputas a través de los tribunales de trabajo fue a menudo largo, con los casos restantes en espera durante varios años. Las organizaciones de trabajadores fueron generalmente independiente del gobierno y de los partidos políticos. Durante el año hubo informes de intimidación, amenazas y chantajes por los empleadores para impedir la actividad sindical. En algunos sindicatos los miembros deben proporcionar la documentación legal a pesar de que todos los trabajadores dentro del territorio están cubiertos por la ley con independencia de su situación jurídica. Se informó que algunas empresas despidieron a trabajadores por sus actividades sindicales y los incluyeron en “listas negras”. Según los líderes sindicales, empresas como ACS- XERO y El Primero SJ cancelaron empleados por participar en actividades sindicales. Asimismo, las empresas crearon y apoyaron sindicatos "amarillos" o sindicatos respaldados por la empresa para hacer frente a los sindicatos libres y democráticos. Las huelgas formales no fueron comunes. Pocas empresas tienen pactos de negociación colectiva, en parte porque las empresas crean obstáculos para la formación de sindicatos y podrían permitirse el lujo de ir a procesos judiciales largos que los sindicatos nacientes no podían pagar. La Federación Dominicana de Trabajadores de la Zona Libre de Comercio (FEDOTRAZONAS ) informó que la gestión de varias empresas o de sus subcontratistas llevaron a cabo campañas antisindicales en sus respectivas empresas, que incluyeron amenazas a los miembros del sindicato, y participaron en actividades para prevenir la consecución de afiliación sindical suficiente para establecer los derechos de negociación colectiva en el marco del Código de Trabajo. El Ministerio de Trabajo intervino en algunos casos para proporcionar mediación. Por ejemplo, FEDOTRAZONAS informó que las soluciones de la empresa Business Process canceló al dirigente sindical Lixon Pérez y posteriormente despidió a otros dos dirigentes sindicales, así como a ocho miembros del sindicato. La Confederación Nacional del equipo legal de la Unidad de Comercio alegó la corrupción judicial en el caso de las apelaciones. En 2012, Frito Lay impugnó la petición de su sindicato para la negociación colectiva. El Ministerio de Trabajo actuó como mediador en la disputa entre Frito Lay y el sindicato de la empresa continuaron negociando un convenio colectivo. Durante el año el director general de Frito Lay se comprometió con los trabajadores en las actividades sindicales y se permitió la unión de utilizar los tablones de anuncios de la empresa, con la aprobación previa, para publicar información. Las denuncias continuaron, sin embargo, y los despidos selectivos, así como los reportes de problemas de salud y seguridad, y semanas laborales de 60 horas sin pago de horas extra para los subcontratistas de la empresa. Las ONG continuaron reportando que muchos trabajadores haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en las industrias agrícolas y de la construcción no ejercieron sus derechos por temor a ser despedidos o deportados. El Informe Público de Revisión de una presentación (2011-03) bajo el Tratado de Libre Comercio de República Dominicana- Centroamérica -Estados Unidos (CAFTA- DR) identificó preocupaciones similares entre los trabajadores del sector del azúcar. b . Prohibición del trabajo forzado u obligatorio La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio . La ley establece penas de trabajos forzados de hasta 20 años de prisión con multas, pero las sanciones no fueron lo suficientemente estrictas. El gobierno no hizo cumplir estas leyes. El Informe de Presentación Pública del CAFTA-DR publicado en septiembre señaló conclusiones de violaciones aparentes y potenciales de la legislación laboral en el sector del azúcar, incluso con respecto a la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio. (Ver también el Departamento de Trata de Estado de Personas en www.state.gov/j/tip/). c . Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para el empleo La ley prohíbe el empleo de niños menores de 14 años e impone restricciones sobre el empleo de niños menores de 16 años, lo que limita su tiempo de trabajo a seis horas al día. Para los menores de 18 años de edad, la ley limita el trabajo nocturno y prohíbe el empleo en trabajos peligrosos, como el trabajo con sustancias peligrosas, maquinaria pesada o peligrosa, y cargas pesadas. Los menores de edad también tienen prohibido el trabajo de vender alcohol, ciertos trabajos en la industria hotelera, el manejo de los cadáveres, y varias tareas involucradas en la producción de caña de azúcar, como la siembra, el corte, e trasporte, alzar la caña de azúcar o manipular el bagazo. Las empresas que emplean a menores de edad están sujetas a multas y sanciones legales. El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI) es el responsable de hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil. La ley prevé sanciones por violaciones de trabajo infantil, incluyendo multas y penas de cárcel. El Comité Directivo Nacional contra el plan de trabajo infantil para eliminar las peores formas de trabajo infantil fijó objetivos, identificó las prioridades, y asignó las responsabilidades para combatir el trabajo infantil explotador. En 2012, el gobierno firmó un acuerdo con la OIT para poner en práctica un proyecto para sacar a 100,000 niños y adolescentes de la explotación laboral en el transcurso de cuatro años. El acuerdo fue parte de la “Hoja de Ruta de la OIT”, los objetivos que apuntaban a eliminar las peores formas de trabajo infantil en el país en 2015 y todas las demás formas de trabajo infantil para el año 2020 mediante una serie de recomendaciones de política que incluyen la colaboración interinstitucional, el fortalecimiento de la sectores de educación y salud, así como el establecimiento de un marco regulatorio fuerte. El trabajo infantil, sin embargo, seguía siendo un problema. El trabajo infantil se produjo principalmente en la economía informal, las pequeñas empresas, los hogares y en el sector de la agricultura. En particular, hubo informes de que los niños trabajaban en la producción de ajo, papas, café, caña de azúcar, tomate y arroz. Organizaciones no Gubernamentales y el Ministerio de Trabajo también informaron que muchos niños trabajaban en el sector servicios en un número de puestos de trabajo incluidos en el servicio doméstico en hogares, vendedores ambulantes, limpiabotas, y limpiando los cristales de los automóviles. La explotación sexual comercial de niños sigue siendo un problema, especialmente en los destinos turísticos populares y zonas urbanas (véase la sección 6, niños) . Muchos de los niños que trabajaban en el servicio doméstico son víctimas de trabajo forzoso. (Ver también el Departamento de Hallazgos del Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil en http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm . d. Condiciones aceptables de trabajo En julio, la tripartita Comisión Nacional de Salarios aumentó el salario mínimo en un 14% para los trabajadores fuera de las Zonas Francas. Hubo 14 salarios mínimos diferentes, dependiendo de la industria. El salario mínimo para los trabajadores de las zonas francas era 7,220 pesos al mes. El salario mínimo para los trabajadores fuera de las zonas osciló entre 6,880 pesos y 11.292 pesos por mes. El salario mínimo para el sector público fue de 5,117 pesos por mes. Las disposiciones de salario mínimo cubren a todos los trabajadores, incluidos los migrantes. Aunque hay un estimado oficial del nivel de ingresos de la pobreza estaba disponible, el Consorcio de Derechos de los Trabajadores estimó el salario digno fue más de 18,000 pesos al mes, mientras que un grupo de centrales obreras calcula un total “razonable” para una familia de cuatro personas en 27,000 de pesos mensuales. La ley establece un período de trabajo estándar de 44 horas a la semana, y si bien los trabajadores agrícolas están exentos de este límite, en ningún caso la jornada de trabajo es superior a 10 horas. La ley estipula que todo trabajador tiene derecho a 36 horas de descanso interrumpido cada semana. La ley incluye las vacaciones anuales retribuidas y no requiere pago de horas extras, aunque la aplicación no fue efectiva. La ley prohíbe horas extras excesivas u obligatorias. El Código de Trabajo establece que los empleados pueden trabajar un máximo de 80 horas extras durante tres meses. Los trabajadores domésticos tienen derecho a vacaciones pagadas de dos semanas después de un año de trabajo continuo, así como un bono de Navidad igual a un mes de salario. El Ministerio de Trabajo establece las normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Por ley, los empleadores tienen la obligación de proteger a los trabajadores de los riesgos en el trabajo, y deben garantizar la seguridad y la salud de los empleados en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Tanto el Instituto de Seguridad Social como el Ministerio tienen un pequeño cuerpo de inspectores encargados de hacer cumplir las normas. Las sanciones por falta de pago de los salarios y las violaciones de seguridad y salud oscilaban entre tres y seis veces el salario mínimo, pero no fueron suficientes para disuadir las irregularidades y rara vez se aplican, y tampoco el ministerio siempre hace cumplir el salario mínimo. Los trabajadores se quejaron de que los inspectores no estaban bien entrenados, no respondieron a sus quejas, y respondieron a las solicitudes de los empleadores con mayor rapidez que a las peticiones de los trabajadores. FEDOTRAZONAS informó que algunas empresas establecen el “4x4” en los horarios de trabajo, en los que los empleados trabajan en turnos de 12 horas durante cuatro días. Estas prácticas dieron lugar a una pérdida de salario de los trabajadores, ya que no fueron compensados por las horas extras trabajadas. Según el Banco Central, aproximadamente el 57% de la población activa trabajaba en el sector informal, con frecuencia fuera del alcance de los esfuerzos de aplicación del gobierno. Las personas vulnerables a menudo no reciben el pleno acceso a ciertos beneficios. Los trabajadores de caña de azúcar, por ejemplo, muchas veces no reciben pensiones a pesar de pagar los descuentos salariales. En algunas plantaciones de azúcar los cortadores de caña fueron pagados según el peso de la caña cortada. Los cortadores de caña continuaron sospechando que existe fraude en el pesado de la caña por los operadores de estaciones, aunque funcionarios de la compañía lo negaron. La cantidad de caña que un trabajador podía cortar variaba, pero la mayoría de los trabajadores jóvenes sanos eran capaces de cortar de dos a tres toneladas de caña en un día de trabajo, lo que daba un salario diario de aproximado entre 160 y 300 pesos. A los trabajadores con menor capacidad, que a menudo eran más viejos, se les pagaba sólo por la cantidad de caña que cortaban, incluso si la cantidad era inferior al salario mínimo. Durante los seis meses de temporada baja, muchos de los trabajadores en las plantaciones de azúcar se mantuvieron en sus comunidades y trabajaron por horas en labores de de compensación limpiando tierras o caña de azúcar. Estos trabajadores informaron de que muchas veces no se les pagaba el salario mínimo legal. Las condiciones para los trabajadores agrícolas eran malas. Muchos trabajadores trabajaban largas horas, frecuentemente durante 12 horas al día y siete días a la semana, y fueron expuestos a condiciones de trabajo peligrosas, como la exposición a los plaguicidas, la exposición al sol durante largos períodos de tiempo, y al uso de herramientas afiladas y pesadas. Además, muchos trabajadores de la caña informaron que sus empleadores no les proporcionan equipo básico de seguridad, incluyendo guantes y botas. Las empresas no implementan regularmente las normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Por ejemplo, en un estudio sobre la rama local de la empresa Frito Lay, la Confederación Nacional de Sindicatos de la Unidad informó condiciones inseguras e inadecuadas de salud y seguridad, incluyendo la falta de equipo y vestimenta de seguridad adecuados para el trabajo; vehículos sin bolsas de aire, equipos de primeros auxilios, ventanas que funcionen debidamente o aire acondicionado; ventilación inadecuada en los espacios de trabajo y un número insuficiente de baños, y áreas para comer inseguras Durante el año hubo accidentes que causaron lesiones y muerte a los trabajadores. Según la Federación de los Trabajadores de la construcción hubo más de 1,000 accidentes registrados durante el año, si bien señalaron que la mayoría de los accidentes no fueron denunciados. Aunque los datos completos no estaban disponibles, el Ministerio de Trabajo cerró una obra de construcción, debido a la falta de cumplimiento de las normas de seguridad después de que un trabajador migrante se cayó y murió el 16 de septiembre. -0-