viernes, 16 de enero de 2009

ANTECEDENTES DEL REGISTRO CIVIL HONDURAS A PARTIR DE SU REORGANIZACION RNP1983-2008

Lunes 24 Septiembre 2007


Guillermo Pagán S.
El Registro Nacional de las Personas, RNP fue creado en la administración de Roberto Suazo Córdova, con el objetivo de superar el desorden prevaleciente en los registros civiles municipales, en aquel entonces a cargo de las alcaldías municipales y el Concejo del Distrito Central.
Como todo lo nuevo, hubo expectativas de que se trataba de una institución responsable y confiable donde con seriedad se trataría el registro civil de las personas, desde el nacimiento, hasta la muerte, registrándose todos los actos del ciudadano. Además se disponía la elaboración del censo electoral, con la información obtenida de la solicitud de la nueva tarjeta de identidad.
El documento de identidad personal venía a sustituir una libreta que servía para tales propósitos y emitida por las autoridades municipales, que se prestaba al fraude y a la falsificación. La Dirección de Migración y Política Migratoria, que conducía el coronel Gutiérrez Minera, ya difunto, dependiente de la Secretaría de Educación y a cargo del coronel Cristóbal Díaz (QDDG) había hecho un ensayo en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés sobre un documento de identificación, que culminó en el formato que ahora conocemos como tarjeta de identidad.
Con la adquisición de la tecnología de punta de aquel entonces y bajo la dirección política-administrativa del Consejo Nacional de Elecciones, ahora Tribunal de Elecciones, inició sus operaciones el Registro Nacional de las Personas, señalándose en la ley que estaría a cargo de un director que lo fue Orlando Iriarte (Q.D.D.G.) para dar la seguridad en el mando.
Pero la clase política de ayer, que sólo cambió de escenario pero no de artistas ni de libreto, introdujo la reforma para que las rotaciones de mando se hicieran en la dirección, subdirección y divisiones del Registro Civil y del Registro Electoral, cayendo en la contaminación partidista en la que hoy se encuentra, a la vez que se dividían el activo laboral.
De nada sirvieron las medidas de seguridad para la emisión de las tarjetas de identidad, pues los activistas políticos se prestaban a todo tipo de triquiñuelas para emitir documentación falsa o alterada, a cambio de dinero recibido de los tramitadores o directamente de influyentes personajes; los decesos no se registraban y los difuntos(as) seguían y siguen votando en las elecciones generales; se registran divorcios sin que uno de los cónyuges esté enterado; las identidades se sustraen sin ningún control y se encuentran en basureros y solares baldíos; por dos mil lempiras un tramitador logra una tarjeta de identidad, pero si lo hace por la vía legal, si tiene suerte la consigue a cinco años mínimo, los empleados son desatentos, pero como ahora el activismo político se disfraza de sindicalismo, y el trato al público es deprimente.
Y si agregamos la falta de material para atender a la ciudadanía en todos los registros, la escasez de material para emitir identidades, las huelgas de los trabajadores para seguir consumiendo el presupuesto, la ausencia de ingresos por servicios, las moras en la extensión de documentos y últimamente una campaña propagandística para querernos engañar que hay eficiencia, nos hace concluir en que hace falta una reingeniería gerencial en esa estructura de seguridad nacional, y a corto plazo.
Las denuncias escandalosas seguirán sabrá Dios hasta cuándo, en perjuicio del interés nacional. Todo ello por la politización partidista de toda institución que debe manejarse técnicamente.

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