*En entes de seguridad nacional no caben esas organizaciones, aseguran proyectistas
Los sindicalistas del R. N. P. arguyen que el nuevo decreto no terminará con el caos en esa institución, mientras los políticos sigan metiendo las manos.
TEGUCIGALPA.- El Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Sitrarenape) tiene los días contados a partir del último decreto del Congreso Nacional que le da a ese ente el estatus de "institución de seguridad nacional".
En síntesis, la reforma legislativa crea un régimen especial laboral dentro de esa institución, en el que no hay cabida para activistas ni recomendados políticos. Tampoco tienen espacios los comúnmente denominados "paracaidistas", mucho menos los sindicalistas.
Es más, bajo ese decreto, los 1,400 empleados del RNP serán sometidos a una evaluación técnica para privilegiar la meritocracia y, a la par, se prevé un pasivo de 200 millones de lempiras para cesantear a los trabajadores incompetentes.
Otra connotación del instrumento legislativo es que al elevar el RNP al rango de una institución de seguridad nacional, se elimina la organización sindical, aunque los empleados que logren pasar la evaluación conservarán los mismos derechos que el resto de los incluidos en el régimen del servicio civil hondureño, como estabilidad, promoción, remoción, licencias, vacaciones pagadas, previsión social, licencias. De hecho, se crea la Carrera de los Funcionarios y Empleados del Registro de las Nacional de las Personas.
NO HAY SINDICATO
Los proyectistas afirmaron que en las instituciones de seguridad nacional, como las secretarías de Defensa y Seguridad, no pueden existir sindicatos, de tal forma que el RNP, bajo el nuevo instrumento, cae en esa misma categoría. Aunque el reciente decreto no lo abarca, existe también la idea que esa excepción aplica igual para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde recientemente surgieron pretensiones de conformar un sindicato.
El Sitrarenape fue fundado a mediados de 2004 al calor de la euforia electoral de ese momento, pero la clase política coincide en que su existencia ha venido a empeorar más las deficiencias de la institución con frecuentes paros de labores por reivindicaciones salariales, afectando a miles de hondureños que se abocan diariamente a esas oficinas.
Incluso, entre sus bases tampoco hay satisfacción por la forma de conducción de la dirigencia actual a la que acusan de crear grupos privilegiados y no rendir cuentas de los ingresos y gastos. A la fecha se reportan más de 80 empleados que han renunciado de la organización y hasta amenazaron con formar un sindicato paralelo.
En lo que respecta al nuevo decreto, la dirigencia se mostró renuente a aceptar esa iniciativa, al considerarla más como un motivo para eliminar al sindicato que para cambiar el caos que impera en la institución en los servicios registrales, entre ellos, la entrega de las tarjetas de identidad, el principal documento que busca salvaguardar el proyecto.
En recientes publicaciones, LA TRIBUNA ha puesto en evidencia la fragilidad de esa institución frente a las mafias del crimen organizado que buscan identidades falsas. Es conocido también el manoseo de los políticos en el manejo de las tarjetas de identidad, las que suelen repartirse como naipes en tiempos electorales.
SEGUIRA EL CAOS
Según la presidenta del Sitrarenape, Ana Julia Arana, el nuevo decreto no tiene pies ni cabeza, porque no explica el estatus de seguridad nacional que se da a la institución y carece de un mecanismo de entrega de las tarjetas de identidad que, a su juicio, es el punto donde radica toda la problemática del RNP. "Se perdió una gran oportunidad para profundizar en la reforma", señaló.
Desde su óptica, el decreto violenta también la Constitución de la República y los tratados internacionales inherentes al trabajo y la organización sindical e insiste que su creación tiene como propósito eliminar el sindicato para mantener ocultas las irregularidades que suceden en el RNP, donde los políticos siguen metiendo sus manos.
Como prueba, expuso que los recomendados políticos devengan entre todos ellos más de cuatro millones de lempiras mensuales, a pesar del déficit presupuestario que le impide a la institución hacerle frente a los compromisos con sus proveedores de insumos.
En este momento, dijo, existen alrededor de 140 mil solicitudes de tarjetas de identidad paralizadas por falta de material, mientras que otras fuentes aseguran que a por lo menos un millón de trámites -entre registros de divorcios y defunciones- no se les ha dado curso por las mismas causas económicas.
Debido a que el decreto fue aprobado en doble sesión de la cámara legislativa, el jueves pasado, los días empiezan a correr para el sindicato. La última palabra la tiene el Presidente Manuel Zelaya Rosales, quien puede vetarlo aunque, dicen los conocedores del tema, pero sería difícil que lo haga por tratarse de un proyecto que tiene la bendición de los partidos políticos, a los que el mandatario no se atrevería a desafiar.
Empleados sorprendidos con
firmas para sindicato en TSE
Un sindicato en el TSE sería peligroso para los procesos electorales o la celebración de los comicios, según algunos analistas y políticos.
Empleados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunciaron a varios de sus compañeros de haber usado sus firmas sin su consentimiento para formar un sindicato en esa institución.
Según los denunciantes, los dirigentes aprovecharon una nota firmada por ellos y que tenía como propósito solicitar un incremento salarial a la Secretaría de Finanzas, para presentarla como respaldo a la creación de la organización sindical.
El movimiento sindical en el TSE comenzó hace más de tres meses, pero todavía no se ha constituido legalmente a falta de las 30 firmas requeridas por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. De momento, sólo 14 trabajadores han firmado la solicitud a pesar que esa secretaría de Estado les concedió un plazo de 60 días para llenar el requisito.
La resolución final está por conocerse en las próximas horas de parte de Trabajo, en medio de la expectación de varios analistas y dirigentes políticos, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Baín, quienes se oponen a la organización sindical en el TSE, debido el peligro intrínseco que supone para los procesos electorales.
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